El abogado Juan Claudio Gaona, representante legal de uno de los ocupantes de la Finca 916 conocido como “Jardines de Remansito”, en el distrito de Villa Hayes, explicó que como parte afectada no cuestiona la validez de los documentos presentados por el Estado paraguayo para demostrar sus derechos sobre el predio que corresponde al Ministerio de Defensa Nacional.
No obstante, anunció que en representación de su cliente estarían presentando los papeles con los que cuentan en el Juicio de Reivindicación que será planteado por el Estado. El representante legal explicó que si bien, en ese juicio pueden aceptar dejar la propiedad, a la vez podrían plantear el usufructo, o venderle al Estado las mejoras realizadas.
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“Se debe encontrar una salida con alguna propuesta que sea decorosa para todas las partes. No puedo decir que mi cliente fue engañado en su buena fe, ni tampoco puedo decir que lo hizo adrede, esto seguramente el juzgado lo va a definir”, explicó.
El profesional del derecho confirmó que ha recomendado a su cliente recurrir a un escribano a fin de que se disponga la realización de un estudio treintañal de la finca, a fin de determinar quiénes son los verdaderos propietarios del inmueble y a quiénes fue transferido en el marco de una transacción. Explicó que años atrás cuando había este tipo de conflicto se recurría a este tipo de estudio treintañal, para conocer por manos de quiénes pasó la propiedad.
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Caso María Fernanda: otorgan medidas alternativas a fiscala imputada por pedir coima
El juez de Delitos Económicos, Humberto Otazú, otorgó medidas alternativas a la prisión a la fiscala suspendida en sus funciones, Gloria Rojas, imputada por un presunto pedido de coima en la investigación del feminicidio de la adolescente María Fernanda Benítez, ocurrido en Coronel Oviedo.
La resolución judicial se dio a conocer luego de la audiencia de imposición de medidas cautelares. Otazú impuso a la imputada la prohibición de salir del país, la prohibición de acercarse o comunicarse por cualquier medio con el denunciante y la de acceder a las instalaciones de la Fiscalía de Coronel Oviedo. Igualmente, se le impuso una fianza real por la suma de G. 200 millones y se la intimó por un plazo de 20 días hábiles para que comparezca la propietaria del inmueble ofrecido para aceptar la caución.
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Imputación
De acuerdo con el acta de imputación, la fiscala le planteó a uno de los procesados gestionar una salida procesal a través de un abogado. El profesional pidió G. 30 millones, suma de la cual la agente estaba en conocimiento.
En este caso, la fiscala de Delitos Económicos, Silvia González, imputó a su colega, la agente Gloria Rojas, por el citado hecho punible. En su pedido, sospecha que participó del pedido de dinero que luego fue incautado en una entrega vigilada en poder del abogado Juan Carlos Bedoya, el 26 de noviembre pasado.
El caso se inició tras la denuncia del acusado Franco Antonio Acosta, propietario de la farmacia que vendió el medicamento abortivo a la pareja de María Fernanda, quien fue asesinada y su cuerpo calcinado mientras estaba embarazada.
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Diputado señala alternativa para consensuar la edad jubilatoria con propuestas intermedias
El diputado colorado, Hugo Meza, brindó su parecer respeto a la propuesta de reforma de la Caja Fiscal, señaló que se está encontrando con dos posiciones muy antagónicas, sobre todo respecto a la edad mínima de jubilación. Por un lado, el Gobierno que no quiere negociar esa parte, y los docentes que no quieren una edad mínima.
En conversación con varios medios de prensa, explicó que se está buscando alguna alternativa y la propuesta que están barajando es la de establecer un intermedio en la edad mínima pero para todos, incluyendo a los legisladores que aportan a la caja parlamentaria.
“Eso es lo que se está cuestionando, por más que esta caja no deficitaria y muy chiquita en comparación a la caja fiscal, que hace enormes erogaciones de los impuestos que pagamos todos para poder calzar”, comentó.
Asimismo, explicó que por su parte está analizando la posibilidad de un aumento del aporte del Estado del 3 al 6 % pero de forma gradual. Recordó que actualmente el docente está ganando el salario básico que ronda cerca de G. 4 millones, está recibiendo desde el 2024 y 2025, cuando se estableció el salario universal para ellos.
Según señaló, para el año 2027 cerca de 14 mil docentes están en vía de jubilación, que serían los mayores afectados. En tanto que, los 8mil docentes que se jubilarán este año ya no serían afectados por esta ley.
Mencionó que en este debate se tiene que tener en cuenta los últimos 10 años para que los beneficios de ese nuevo salario impacten en su jubilación. Si esto no se tiene en cuenta, esos 14 mil que se jubilarán el próximo año lo harían por muchos menos de lo que hoy se prevé con esta reforma.
Insistió en que es un tema que debe ser debatido y hablado entre todos los sectores y sobre todo contextualizando la responsabilidad que está asumiendo este Gobierno.
“Muy bien, este Gobierno pudo haber dejado esta pelota tatá, que explote en otros Gobiernos a futuro y no lo está haciendo. Al contrario, interpela a la clase política para poder estudiar un tema impopular, pero necesario”, acotó.
Caja parlamentaria
Asimismo, señaló que le guste o no a sus colegas, necesariamente se deberá poner a consideración igualmente la caja parlamentaria. Al respecto, mencionó que el proyecto de Ley de reforma de la caja parlamentaria, plantea la edad mínima de jubilación que hoy está en 55 años, pase a 65 años. Mientras que el aporte de los parlamentarios que está hoy en 22 % pase al 24 % y la taza de sustitución se baje del 80 % al 70 %.
El legislador destacó que este análisis lo está tomando con mucha responsabilidad y seriedad junto a sus colegas de bancada, si es necesario tomándose el tiempo suficiente, ya que se instaló y hay un gran debate a nivel nacional.
Destacó el mérito de los medios de prensa que están haciendo las consultas con economistas, los diferentes gremios y mucha gente, lo que muestra que hay una gran conciencia de la necesidad de reformar la Caja Fiscal.
“Ahora el costo, quién es el que paga, esto no se le puede recargar todo al Estado. por eso seremos responsables, y no vamos a estudiar, ni apurarnos a aprobar a tambor batiente una ley que afecta a miles y miles de paraguayos”. acoto.
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Paraguay acelera el rediseño de su matriz energética con la mirada puesta en 2030
Por: Sofía Céspedes
En 2025 el sector privado junto al público, celebró el primer Foro Energético Nacional, donde se expuso la realidad energética paraguaya y sobre todo, qué pasará en un futuro si no se toman medidas ni acciones claras ante la demanda de energía que crece año tras año.
En conversación con La Nación/Nación Media, el presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, precisó que a través del Plan Maestro de Obras se han trazado horizontes hacia el 2033 con la transmisión y distribución de energía y al 2043 con la generación de la misma.
Explicó que todo esto se centra en tres pilares estratégicos. Primero, la soberanía energética, para garantizar la capacidad técnica para retirar y distribuir el 100 % de la energía que corresponde al país en las binacionales Itaipú y Yacyretá.
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En segundo lugar, para diversificar y acompañar el crecimiento del consumo, integrando fuentes renovables no convencionales, con énfasis en energía solar, para reducir la vulnerabilidad ante la variabilidad del régimen hidrológico.
La seguridad y robustez es el tercer punto, porque busca fortalecer el sistema interconectado nacional mediante la expansión de la red de 500 y 220 KV.
Marco normativo
Sosa abordó un tema crucial para que el plan maestro pueda llevarse a cabo: nuevas leyes. Mencionó que hoy Paraguay está comenzado su transición hacia una matriz mixta.
La ley 7452, que moderniza el régimen de Alianza Público-Privada (APP) y la recientemente promulgada ley 7599/25, de Modernización del Régimen de Generación de Energía Eléctrica a partir de Fuentes Renovables No Convencionales, buscan dinamizar la inversión en infraestructura, siendo probablemente esta última, el marco legal más transformador para el sector energético paraguayo en las últimas décadas.
“Acompañar el rápido crecimiento de la demanda eléctrica mediante un sistema modernizado y diversificado, garantizando la confiabilidad del suministro y tarifas competitivas, sin comprometer la sostenibilidad financiera del sector”, manifestó el titular de la Ande.
Dijo que para ello es fundamental continuar invirtiendo de manera sostenida en los sistemas de transmisión y distribución, con el objetivo de fortalecer la infraestructura, mejorar la calidad del servicio y reducir las pérdidas eléctricas.
“Resulta prioritario diversificar la matriz de generación de energía eléctrica para disminuir la exposición a riesgos climáticos y aumentar la resiliencia del sistema. Es necesario incrementar la capacidad de generación, para acompañar el crecimiento sostenido del consumo de energía eléctrica en Paraguay y asegurar el abastecimiento futuro”, finalizó.
Alternativas
Por su parte, el viceministerio de Minas y Energía, Mauricio Bejarano, sostuvo en contacto con La Nación que este 2026 será un año clave desde el punto de vista regulatorio. El eje central estará puesto en ajustar y completar las normativas necesarias para acelerar la incorporación de nueva generación eléctrica, especialmente a partir de fuentes renovables no hídricas.
Entre ellas, se encuentra en etapa final la reglamentación de la ley de Fomento a las Energías Renovables no Hídricas, que permitiría dinamizar inversiones en solar fotovoltaica, así como la reglamentación de las pequeñas centrales hidroeléctricas y los permisos para productores de autoconsumo y cogeneración.
Explicó que el objetivo es claro, facilitar la rápida instalación de nuevos megavatios, tanto para autoconsumo como para inyección de excedentes a la red, y acompañar los procesos licitatorios que llevará adelante la Ande. “Esto responde a una realidad concreta, la demanda eléctrica continúa batiendo récords y obliga a trabajar no solo sobre la oferta de energía, sino también sobre la gestión de la demanda”, expresó.
En ese contexto, Bejarano identificó a la energía solar fotovoltaica como la tecnología con mayor potencial de crecimiento en el corto plazo, por las condiciones climáticas del país, la facilidad de instalación y el costo relativo de la tierra.
Dijo que la experiencia ya se extiende incluso a proyectos sobre embalses, como en Itaipú. No obstante, remarcó que todas las fuentes de generación serán necesarias para responder a una demanda que seguirá creciendo de manera sostenida.
Autoconsumo
Otro eje central que mencionó es el autoconsumo y la generación distribuida, que muestra un fuerte impulso, especialmente en el Chaco. Industrias y comunidades ya instalan capacidad propia, utilizan residuos para cogeneración y venden excedentes a la red.
A esto se suma el potencial de los techos solares en hogares, comercios e industrias. Para acelerar este proceso, el viceministerio trabaja en créditos blandos, ajustes tarifarios y mecanismos que permitan repagos en plazos de seis a siete años, haciendo del autoconsumo una inversión atractiva y, al mismo tiempo, un alivio para el sistema interconectado nacional.
Bioenergía
En materia de biomasa y bioenergías, el foco está en la implementación plena de la certificación de biomasa, obligatoria desde este año. El objetivo es garantizar trazabilidad, uso de biomasa reforestada y protección de los bosques nativos.
La exigencia comenzará con un 30 % de uso de biomasa certificada y avanzará gradualmente hasta el 100 %. En paralelo, se impulsa el uso de biocombustibles, aumentando las mezclas y fortaleciendo la seguridad energética, al tiempo que se promueve la expansión de la masa forestal como nuevo motor económico.
Finalmente, el gas natural aparece como pieza estratégica de mediano plazo. Bejarano recordó que hoy se prioriza el impulso a los proyectos de gasoductos, oceánico y sur, como incentivo a la exploración local y como fuente energética para la industria y eventualmente para la generación eléctrica.
“Esto se complementa con el trabajo en la integración gasífera regional con el Mercosur y Chile y con la preparación de un marco normativo específico”, expuso.
Igualmente, hizo énfasis en que este entramado regulatorio apunta a un objetivo transversal: brindar estabilidad, previsibilidad y reglas claras para atraer capital privado. La actualización constante de leyes, decretos y reglamentaciones, sumada a las licitaciones de la Ande como comprador garantizado de energía, busca posicionar a Paraguay como un destino competitivo para la inversión energética de cara al 2030.
Momento decisivo
Desde el sector privado advierten que Paraguay atraviesa una ventana decisiva para sostener su crecimiento económico más allá del 2030. Así lo planteó el presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, a La Nación. Enfatizó que las proyecciones coinciden en un punto crítico, si no se toman decisiones en el corto plazo, el excedente eléctrico podría agotarse entre 2030 y 2032.
Desde la óptica industrial el desafío ya no pasa solo por la disponibilidad de energía limpia, sino por asegurar nuevas fuentes de generación, transmisión y distribución que acompañen la transformación de la demanda.
“Paraguay está viviendo un cambio estructural, con menor peso relativo de la criptominería y mayor protagonismo de la industria, los centros de datos, la inteligencia artificial y la economía digital, sectores altamente intensivos en energía”, dijo Duarte.
Entre los principales cuellos de botella, el titular de la UIP identificó la falta de certezas sobre la futura generación, la necesidad de seguir invirtiendo en redes eléctricas y la urgencia de diversificar la matriz, hoy fuertemente dependiente de la hidroelectricidad y expuesta a riesgos climáticos y altos costos de implementación.
A esto se suma la necesidad de un marco regulatorio moderno, con un organismo regulador y un operador del sistema que generen transparencia y atraigan capital privado.
Inversiones privadas
En cuanto a los proyectos a acelerar, el sector privado apuesta por energía solar a gran escala, por su rápida implementación y complementariedad con las hidroeléctricas, además de avanzar en acuerdos para el acceso al gas natural, reactivar pequeñas centrales hidroeléctricas, evaluar sistemas de bombeo e, incluso, analizar opciones de reactores nucleares modulares.
Duarte advirtió que la demora en las decisiones es costosa: algunos equipos para centrales a gas hoy tienen plazos de entrega globales de hasta siete años.
De cara a 2026, la UIP espera que el Estado consolide este impulso con políticas de largo plazo, cumplimiento del plan maestro de la Ande, tarifas que hagan viables las inversiones, esquemas de financiamiento y una definición clara sobre el uso del excedente eléctrico, priorizando industrias que generen empleo, tecnología y valor agregado.
Para el sector privado, la energía puede convertirse en la principal plataforma de desarrollo industrial del Paraguay, siempre que las decisiones lleguen a tiempo.
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Ande analiza alternativas de cobro de deuda histórica con el MEC
El presidente de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Félix Sosa, recibió en su despacho al ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, para analizar alternativas que permitan al MEC a hacer frente a la deuda histórica de G. 84.323 millones con la entidad estatal.
Estas conversaciones se desarrollan en cumplimiento de las instrucciones del presidente de la República, Santiago Peña, quien impulsa la regularización de las deudas históricas de las instituciones públicas, con el fin de fortalecer el servicio eléctrico y acompañar el desarrollo económico y social del país.
Durante la reunión, el ministro Ramírez propuso la cesión de propiedades del MEC como parte de pago, una opción que podría destinarse a la construcción de nuevas subestaciones y agencias regionales, que contribuirá en el fortalecimiento de la infraestructura eléctrica nacional.
Como resultado del encuentro, ambas instituciones acordaron establecer un seguimiento permanente a través de mesas de trabajo integradas por representantes legales del MEC y la Ande, junto con técnicos de la Gerencia Comercial, para seguir avanzando hacia la implementación de un mecanismo definitivo de regularización.