El titular de la Cámara de Diputados Raúl Latorre, y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, César Manuel Diesel Junghanns firmaron un convenio marco de cooperación conjunta a fin de agilizar el acceso a los Registros Públicos en tiempo real. El documento establece que la cooperación se dará, principalmente, a través de la Dirección General de los Registros Públicos, con la finalidad de interactuar con los parlamentarios en las áreas de la información, la capacitación y la investigación.
Al respecto, el diputado Latorre destacó que este convenio mejorará sustancialmente las capacidades de comunicación y de obtención de información en tiempo real. “Nos va a permitir tomar decisiones más asertivas, principalmente, para el análisis de los proyectos de expropiación; vamos a tener un acceso más rápido a todo lo que tenga que ver con los registros públicos de propiedades y va a representar un avance muy importante”, significó.
Mencionó que buscan mejorar la comunicación entre las instituciones mediante el uso de las nuevas tecnologías, permitiéndose que el intercambio de datos se realice, a opción de las partes, por vía electrónica bajo los respectivos mecanismos de seguridad que resguarden las informaciones.
“Este acuerdo es más oportuno que nunca, porque, entre otras consideraciones, hace mención específica a la coordinación con la Dirección General de los Registros Públicos, en el marco de la revisión de los proyectos de expropiación. Nosotros en la Cámara de Diputados estamos haciendo una revisión del circuito institucional por donde pasan los proyectos de expropiación”, explicó el legislador.
Agregó que la mesa directiva de la Cámara de Diputados asumió con el consenso de los liderazgos de las diferentes bancadas, las correcciones, si fueran necesarias, buscando mejorar el control de estos proyectos y tener una protección más eficiente de los bienes que pertenece a todos los paraguayos, según afirmó.
El informe oficial señala que el documento firmado contempla entre otras consideraciones, que el mandato constitucional y los requerimientos de los ciudadanos en los casos de expropiación, vivienda, urbanismo y demás temas vinculados al derecho de la propiedad, generan la necesidad de unir esfuerzos, mediante la armonización de competencias y atribuciones de las instituciones del Estado a fin de brindar respuestas oportunas y satisfactorias a la ciudadanía.
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