El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini, garantizó transparencia y legalidad en su administración con relación a la convocatoria de licitación para el seguro médico que debe ser destinado para los funcionarios de la institución y del sistema penitenciario. Las declaraciones del alto funcionario se dieron este lunes ante las denuncias de supuestas irregularidades en el proceso de adjudicación.
“Comentaron que había un tufo oscuro, un negociado para el contrato de un seguro médico que parecería estar dirigido, que había presión política e intereses espurios, un montón de mentiras y barbaridades. Quienes se encuentran armando el problema es el sector privado que perderá sus negocios y privilegios. Yo coloco a disposición todos los papeles para las investigaciones”, comentó Barchini en una conferencia de prensa.
En la licitación resultó ganador el consorcio SC IV, integrado por las empresas Cardioteq SA y Samaja SA, que presentó un monto de G. 68.000 millones para la prestación del servicio. No obstante, la Dirección de Contrataciones Públicas (DNCP) ordenó la suspensión del trámite mientras se realizan las investigaciones.
“Se dijo que el momento por el cual se licitaba era excesivo, pero es por dos años, se dijo que esta empresa no prestaba el seguro médico en ninguna institución pública, se debe averiguar en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en el Ministerio de Economía, en el Servicio Nacional de Promoción Profesional, entre otros. La única misión de este ministro y de sus funcionarios es actuar con la absoluta transparencia y honestidad”, manifestó el ministro de Justicia ante los periodistas.
Comentó que su administración terminó reajustando y ampliando el pliego de bases y condiciones del llamado a licitación con la finalidad de bloquear las licitaciones amañadas que se daban durante el anterior gobierno. Agregó que las operaciones fraudulentas del proceso se cometieron mediante los funcionarios venales y de algunos sindicatos que participaron del mismo, y que fueron beneficiados con las acciones ilegales.
“En el año 2021 se presentaron solamente dos empresas para cumplir el formalismo legal y siempre gana la misma, se habla que normalmente era el modus operandi en este ministerio. Se terminó la plata para la corona. Lo que se hizo fue reajustar y ampliar el pliego de bases y condiciones para que puedan participar todas las empresas y no solamente dos empresas para la cual estaba hecho el pliego anterior”, indicó.
“No tengo el apoyo de todos los sindicatos porque, como dije anteriormente, hay algunos que están recibiendo las prebendas de algunas empresas interesadas que perderán sus privilegios y negociados. Todo era sucio, oscuro, los centros penitenciarios son antros de corrupción y la mayoría de los funcionarios penitenciarios están involucrados en hechos de corrupción. Se terminó el carnaval y robo del dinero del pueblo, se actuará con la ley en la mano y el mejor servicio para nuestros funcionarios”, sentenció.
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Cantidad de beneficiarios
Por otra parte, cuestionó la desinformación existente y argumentó que no son 13.000 los funcionarios del ministerio, sino 3.637, entre contratados y nombrados, incluidos agentes y educadores penitenciarios que se verán favorecidos con el seguro. Añadió también que 8 firmas habían retirado el pliego de bases y condiciones, de las cuales 5 se presentaron a la licitación y el consorcio adjudicado en la licitación amplía y mejora los servicios en comparación al anterior contrato.
“Me preocupé en averiguar cuál es el servicio que prestan, el costo que se debe pagar, se adjudicó conforme al dictamen de la comisión evaluadora y hoy está en la Dirección de Nacional de Contrataciones Públicas evaluándose. La firma que salió en primer lugar fue descalificada porque no tenía todas las condiciones de la documentación formal, la segunda más barata no reunía los requisitos de los sanatorios y hospitales requeridos en toda la República. Salió adjudicado el consorcio a quien no conozco”, indicó.
Barchini comentó además que la situación administrativa de las penitenciarias estuvo signada por hechos de escándalos que van desde la provisión de alimentos en mal estado hasta la realización de orgías en los reclusorios a cambio de dinero que era proveído por el crimen organizado a los encargados de velar por la seguridad y el funcionamiento de las cárceles.