El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, rechazó que el expresidente de la República, Santiago Peña, haya abandonado la sede del Regimiento Escolta Presidencial, donde se encuentra recluido en el marco de la causa judicial que enfrenta por los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal.

“Me llegó la información y niego categóricamente la veracidad de ese hecho. El expresidente de la República guarda su reclusión en el Regimiento Escolta Presidencial y el comandante de esta unidad militar sigue estrictamente las indicaciones del juez de la causa”, refirió González en una entrevista con la 1020 AM.

Las afirmaciones del alto funcionario de Estado surgieron tras la denuncia de un vecino del exmandatario destituido vía juicio político, quien alegó a través de un vídeo que Peña acudió a un festejo en su residencia localizada en Asunción entre la noche y la madrugada del viernes 13 y sábado 14 de noviembre, en la antesala de su cumpleaños número 48 que se celebrará este lunes 16 de noviembre.

González afirmó que las autoridades militares mantienen un seguimiento y monitoreo permanente sobre Peña, tarea que recae bajo la responsabilidad directa del comandante de dicha unidad militar, el coronel José Dayub.

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A la vez, mencionó que el economista recibe únicamente las visitas autorizadas de su entorno más cercano, integrado por su esposa y su hijo, además de los encuentros periódicos con sus abogados defensores.

“Peña está con un régimen donde se encuentra seguido puntillosamente por el comandante del Regimiento Escolta Presidencial, el coronel José Dayub. Peña sigue recibiendo la visita de su familia, la exprimera dama Leticia Ocampos, sus hijos y abogados”, refirió.

Parte del acta de imputación contra Peña, generado por la causa Ueno Bank, refiere que “en ejercicio de la presidencia de la República, habría intervenido en el proceso mediante el cual organismos y entidades del Estado habrían colocado, renovado y mantenido importantes sumas de dinero en Ueno Bank S.A., entidad con la cual habría mantenido una relación económica y corporativa previa y directa”.

El documento agrega que “pese a esa vinculación, durante su administración se habría producido un incremento y una concentración relevante de fondos públicos y previsionales en Ueno Bank S.A., provenientes, entre otras entidades, del IPS, Itaipú Binacional, Yacyretá, ANDE, la Caja de Jubilados y Pensionados de la ANDE, la Caja Bancaria y Cajubi. Al mes de setiembre del 2026, dichos fondos habrían alcanzado, según cifras preliminares de la Dirección Nacional del Tesoro Público, G.3.608.550.782.201 y USD 233.400.495″.

El documento menciona además que “durante casi los dos primeros años de su mandato presidencial, Santiago Peña habría mantenido simultáneamente su condición de presidente de la República y una participación accionaria y relación corporativa en Ueno Holding S.A.E.C.A., sociedad vinculada a Ueno Bank dentro del mismo grupo empresarial”.

La imputación manifiesta también que “considerando la situación patrimonial del banco, Santiago Peña habría intervenido públicamente para sostener la confianza en la entidad en tres momentos diferentes”. Cabe recordar que el pasado 3 de noviembre el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso por unanimidad el procedimiento de resolución y disolución del banco tras detectarse que su índice de solvencia cayó por debajo del 50 % del mínimo requerido por ley.

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El presidente de la República, Pedro Alliana, destacó que el sistema financiero paraguayo está fortalecido tras la crisis generada por el proceso de resolución de Ueno Bank. En entrevista con el sitio de noticias Infobae, el gobernante mencionó que el Banco Central del Paraguay (BCP) está trabajando intensamente para cubrir a todos los afectados.

Ratificó que se tiene asegurado rescatar 600 millones de dólares en activos de Ueno Bank y que la prioridad será reponer los fondos previsionales, para dar tranquilidad a los jubilados.

Alliana aludió también a la política exterior, agradeció las demostraciones de apoyo de sus homólogos de la región y de otros continentes. Además, garantizó que Paraguay seguirá formando parte del Escudo de las Américas para combatir el crimen organizado transnacional.

En cuanto a sus prioridades, Alliana dijo que “en primer lugar, y lo más importante, la inmediata devolución de los recursos a los ahorristas en el marco institucional mediante el Fondo de Garantía del Banco Central. Hemos articulado con el Congreso Nacional una ley especial que nos permitió acelerar ese proceso. Hasta este momento más del 95 % de los ahorristas han recibido la restitución de sus recursos. En segundo lugar, asegurar la estabilidad y funcionamiento pleno del sistema financiero. Nosotros queremos poner énfasis en el servicio a la gente”.

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En ese sentido, añadió que se comenzó a “trabajar fuertemente en el sector de salud pública donde, además de la infraestructura, la prioridad está en la distribución inmediata de medicamentos para que nuestra sociedad pueda tener una asistencia sanitaria plena. Al mismo tiempo avanzamos en el desarrollo de las obras públicas de manera inmediata para mejorar la infraestructura de nuestro país”.

En cuanto a la reposición de fondos de ahorristas del banco en quiebra y de entidades previsionales, el gobernado sostuvo: “A días de la resolución de Ueno Bank respondimos con hechos. Completamos el pago de poco más del 95 % de los ahorristas, equivalente a 1.740.000 personas. El Banco Central está trabajando para seguir cubriendo a todos los afectados y en esta segunda etapa, después de pagar a los pequeños ahorristas, tiene como prioridad recuperar fondos para cubrir los depósitos de jubilaciones de las diferentes cajas”.

Acotó que está asegurado “rescatar unos 600 millones de dólares en activos de Ueno Bank que estarán disponibles. La reposición de los recursos previsionales tiene prioridad, vamos a trabajar hasta que cada familia recupere la tranquilidad que se merece”.

Acerca de la posible desconfianza que se pudo haber generado tras el escándalo que desató el caso y llevó a la destitución vía juicio político del entonces presidente Santiago Peña, el titular del Ejecutivo indicó que designó un nuevo presidente para el Banco Central del Paraguay (BCP) y miembros del Directorio.

“Les he pedido una mejora sustantiva del sistema de control para que situaciones como las que vivimos no se repitan nunca más. Al mismo tiempo quiero señalar que el caso del Banco Ueno fue una crisis puntual. El sistema financiero paraguayo, exceptuando al Banco Ueno, goza de plena salud, no fue afectado y opera con normalidad. El sistema financiero paraguayo está fortalecido, por eso pudimos responder en tan corto tiempo a esta situación y salir rápido de la crisis”, expresó Alliana.

En otro momento, destacó el apoyo internacional recibido tras asumir la Presidencia. “Mensajes de líderes de nuestra región, así como del hemisferio. También recibimos mensajes de Asia, de Oriente Medio, Europa, lo que nos anima y da mucha fuerza para seguir en este sendero de fortalecimiento de la democracia”, dijo.

Acerca de cuál la confirmación del canciller Rubén Ramírez Lezcano y si habrá un cambio en la política exterior de Paraguay, dijo: “Ya he trabajado con anterioridad junto con el canciller Ramírez Lezcano y evidentemente hemos coincidido en proseguir la senda de la política internacional del Paraguay basada en principios y valores, para sostener y proseguir con una vigorosa Inserción internacional. Es lo que el Paraguay necesita para continuar afianzado su desarrollo”.

En este punto, dijo que “la seguridad nacional es una de las prioridades de mi gobierno y en ese contexto el Escudo de las Américas es una herramienta virtuosa de nuestro hemisferio para un combate conjunto, coordinado e integrado en contra del crimen transnacional organizado. Paraguay va a seguir apoyando e implementando todos los acuerdos de instrumentos establecidos con los Estados Unidos en estos tres años en el marco de la seguridad”, remarcó el titular del Ejecutivo.

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El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.

La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación crimi­nal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.

En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la amplia­ción de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expre­sidente del BCP, por el hecho punible de asociación crimi­nal. También fueron imputa­dos por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de docu­mentos públicos de contenido falso, uso de documentos públi­cos de contenido falso, lesión de confianza y asociación cri­minal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser con­sultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modi­fica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.

La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González pre­suntas omisiones en sus debe­res de control como integrantes del directorio del Banco Cen­tral. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impul­sar oportunamente las medidas previstas en la legislación ban­caria. El acta señala que, pese a los informes técnicos dispo­nibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión pre­ventiva de determinadas ope­raciones. En particular, la Fis­calía atribuye a Marco Aurelio González una presunta parti­cipación directa en la modifi­cación de un informe institu­cional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.

Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer vier­nes. La medida afecta a Mar­cos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes debe­rán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.

En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde perma­necerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judi­cial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarro­llan las diligencias vinculadas a la causa.

El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.

“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.

Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.

El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.

La baja se da para el diésel común y las tres naftas, 88, 93 y 97 octanos.

El gobierno del pre­sidente de la Repú­blica, Pedro Alliana, informó el día de ayer la baja del precio de G. 300 por litro en los combustibles de la petrolera estatal y la reduc­ción del 50 % del impuesto selectivo al consumo (ISC) para el gasoil en lo que resta del año.

El anuncio se dio en confe­rencia de prensa por parte del presidente de Petróleos Para­guayos (Petropar), William Wilka, y el ministro de Indus­tria y Comercio (MIC), Marco Riquelme. La baja se da para el diésel común y las tres naf­tas, 88, 93 y 97 octanos.

“Esto representa una dis­minución en promedio del 4 % en todos los combusti­bles, es decir, 300 guaraníes el litro en cada uno de ellos y también esto afecta a nivel nacional”, indicó el titular de la petrolera estatal.

Además de la reducción del costo de naftas, también se anunció la reducción del 50 % al impuesto selectivo al con­sumo (ISC) para las impor­taciones del diésel, con el fin de implementar también una baja para este combustible.

“Todos los meses venimos realizando el análisis y el acompañamiento del mer­cado internacional; la gaso­lina sufrió un comportamiento a la baja, lo cual ya nos permite trasladar ese benefi­cio en forma directa a la ciu­dadanía con un ajuste directo. No así el diésel, es por ello que se tuvo que ajustar la tasa del ISC de manera a poder permi­tir esta baja”, detalló Wilka.

Explicó además que “el impuesto selectivo al con­sumo se tocó justamente para permitir al diésel que se pueda realizar un ajuste; si no se tocaba la tasa del ISC, iba a ser difícil llevar ade­lante una baja”.