La carne vacuna paraguaya sigue afianzando su posicionamiento en los mercados internacionales, impulsada por una demanda externa sostenida. Las exportaciones de la proteína roja mantienen un buen desempeño y concentran gran parte de su volumen en cinco destinos: Chile, Estados Unidos, Israel, Taiwán y Brasil.

En el desglose por participación, según el reporte del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa) al cierre de octubre, el mercado chileno reafirma su liderazgo como principal destino con una participación del 31 % al adquirir 70.828 toneladas de carne bovina por USD 505.739.655. En segundo lugar se encuentra Estados Unidos, que captó 19 % de los envíos, 49.227 toneladas por USD 315.768.389.

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Seguido, se ubica Israel, con 17 % de los embarques del producto estrella de la ganadería, al comprar 33.444 toneladas por USD 277.492.142. En el cuarto puesto se posiciona Taiwán, con 29.490 toneladas por USD 209.609.448 y cierra en el quinto lugar Brasil, con 9.712 toneladas por valor de USD 75.469.378.

Al ranking de los principales mercados se suma Canadá, con un total de 10.621 toneladas, con ingresos que representan USD 65.096.153 de enero a octubre. Continua Uruguay, que compró 5.625 toneladas que generaron USD 33.994.420; Colombia, en la octava ubicación, con 2.338 toneladas por USD 21.949.252; Rusia pasó del décimo puesto al noveno, con 3.062 toneladas por USD 15.943.937 y cierre la lista Suiza, con 2.194 toneladas por US 15.149.343.

Si bien las exportaciones de la industria cárnica muestran una reducción frente al mismo periodo del 2025, el repunte en los precios de la carne vacuna permite sostener la expansión de los ingresos.

Los envíos de carne vacuna alcanzaron al décimo mes del año 231.212 toneladas por USD 1.645 millones. Estas cifras representan una reducción de 32 % en volumen y 8 % en ingresos, ya que en el mismo periodo del 2025 Paraguay embarcó 305.542 toneladas por USD 1.787 millones. A pesar de esta tendencia, la carne vacuna paraguaya llegó a un total de 52 mercados internacionales.

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El exmandatario afronta los hechos punibles de lesión de confianza, administración en provecho propio y ahora asociación criminal; toda la cúpula anterior del BCP cayó.

La Fiscalía formuló ayer una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación crimi­nal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.

En una improvisada rueda de prensa, al agente Christian Benítez, uno de los fiscales de la causa, confirmó la amplia­ción de la imputación contra Peña y Carlos Carvallo, expre­sidente del BCP, por el hecho punible de asociación crimi­nal. También fueron imputa­dos por este mismo hecho los exintegrantes del directorio del BCP: Marco Aurelio González, Liana Caballero y Miguel Mora. El fiscal señaló que además de asociación criminal, uno de los exdirectivos fue imputado por producción mediata de docu­mentos públicos de contenido falso, uso de documentos públi­cos de contenido falso, lesión de confianza y asociación cri­minal. Se refería al exdirector Marco Aurelio González, que fue nombrado en el cargo por el expresidente. Al ser con­sultado sobre la expectativa de pena para Santiago Peña, el agente recordó que sigue siendo 15 años y que esto no se modi­fica por haber agregado el hecho punible de asociación criminal.

La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González pre­suntas omisiones en sus debe­res de control como integrantes del directorio del Banco Cen­tral. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impul­sar oportunamente las medidas previstas en la legislación ban­caria. El acta señala que, pese a los informes técnicos dispo­nibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión pre­ventiva de determinadas ope­raciones. En particular, la Fis­calía atribuye a Marco Aurelio González una presunta parti­cipación directa en la modifi­cación de un informe institu­cional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.

Por otra parte, el juez penal de Garantías Humberto Otazú decretó la prisión preventiva de los tres exintegrantes del directorio de la banca matriz que fueron detenidos ayer vier­nes. La medida afecta a Mar­cos González, Miguel Mora y Liana Caballero, quienes debe­rán permanecer bajo custodia policial durante los próximos 15 días, conforme a lo dispuesto por el magistrado.

En el caso de González y Mora, el juez ordenó su reclusión en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, donde perma­necerán durante ese periodo. Mientras que Liana Caballero fue destinada al Departamento Judicial Femenino de la Policía Nacional, también por un plazo de 15 días. La resolución judi­cial establece así medidas de prisión preventiva para los tres exdirectivos, mientras avanza el proceso penal y se desarro­llan las diligencias vinculadas a la causa.

El fiscal Francisco Cabrera sostuvo ayer que el proceso que investiga la caída de Ueno Bank debe partir de la reconstrucción de los hechos y que, a medida que avance la investigación, se podrán determinar las figuras penales que correspondan. En ese sentido, señaló que las calificaciones jurídicas pueden ampliarse o modificarse en función de los elementos que vayan surgiendo durante las diligencias.

“Son los hechos los que determinan la calificación, no al revés. El hecho de que encuentres elementos es lo que te permite realizar una calificación y no el hecho de calificar primero es lo que te permite realizar actos investigativos”, sostuvo el agente.

Agregó que “no existe una limitación; al contrario, primero hay que hacer una investigación, determinar los hechos y eso va a ser lo que va a permitir realizar una calificación. La calificación es el resultado final de la investigación, no al revés, no es el inicio de la investigación”, destacó el agente del Ministerio Público.

El juez penal Humberto Otazú admitió la imputación por asociación criminal contra el expresidente Santiago Peña, en el marco de las investigaciones que lleva adelante el Ministerio Público por el caso Ueno Bank. Con esta decisión, el exmandatario suma un nuevo cargo a los que ya le habían sido atribuidos al inicio de la pesquisa. Los primeros hechos punibles imputados fueron lesión de confianza, producción mediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio.

La admisión de la figura de asociación criminal marca un endurecimiento de la causa, ya que este tipo penal supone que los hechos investigados no habrían sido acciones aisladas, sino parte de un esquema en el que habrían participado varias personas. El proceso continúa en su etapa inicial, mientras el Ministerio Público avanza con la recolección de evidencias y la defensa del expresidente podrá presentar sus descargos ante los nuevos cargos.

Las reservas de gas natural de Bolivia descendieron en 2025 a cifras “catastróficas”, las más bajas en las últimas dos décadas, tras ser por años uno de los principales exportadores de la región, según un informe difundido este viernes por el gobierno.

Bolivia cuenta con 2,3 trillones de pies cúbicos (TCF) de gas, informó el presidente de la estatal petrolera YPFB, Sebastián Daroca, casi una sexta parte del pico de 13,45 TCF reportado en 2015 cuando el país era proveedor de Argentina y Brasil.

“Las cifras (...) son realmente catastróficas”, dijo durante la presentación el ministro de Energía, Marcelo Blanco.

Según la autoridad, “esa riqueza que vivimos supuestamente durante más de 20 años era una utopía”, en referencia a los gobiernos izquierdistas de Evo Morales (2006-2019) y Luis Arce (2020-2025). La administración de Morales llegó a asegurar que en Bolivia había un “mar de gas”.

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“Este nivel de reservas que hoy presentamos constituye el nivel más bajo (...) a lo largo de los últimos 20 años”, dijo Daroca.

Pese a que en el país el hidrocarburo todavía no escasea, el presidente centroderechista Rodrigo Paz autorizó en octubre a privados su importación para garantizar el abastecimiento del mercado interno.

Daroca estimó que Bolivia tendrá que importar gas a partir de 2030, ante la caída de la producción y la presión de una demanda interna fuertemente subsidiada.

El gobierno considera urgente aprobar en el Parlamento una nueva Ley de Hidrocarburos para atraer la inversión privada.

Un 68 % de la matriz eléctrica del país se abastece de fuentes térmicas, según datos del operador del mercado. Blanco atribuyó la histórica caída a la falta de inversión en exploración de nuevos yacimientos.

Argentina redujo además sus compras, lo que generó un desbalance en las finanzas públicas en un país cuya economía dependía del gas.

Esto arrojó un drástico descenso de los ingresos de dólares, la principal causa de la más grave crisis económica en los últimos 40 años en Bolivia.

El país aún produce unos 27 millones de metros cúbicos diarios del energético. La mitad se destina al consumo interno y el resto, para exportar a Brasil.

Fuente: AFP

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La Fiscalía formuló este viernes 13 de noviembre una nueva imputación por el supuesto hecho punible de asociación criminal contra el expresidente de la República Santiago Peña y cinco autoridades y exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la investigación por las presuntas irregularidades financieras que derivaron en el colapso de Ueno Bank.

El Acta de Imputación N.º 9, correspondiente a la causa penal N.º 92/2026, sostiene que los investigados habrían integrado una estructura organizada y jerárquica dentro del aparato estatal para favorecer los intereses del conglomerado empresarial Grupo Vázquez, controlador de la entidad bancaria.

La nueva imputación alcanza a Santiago Peña Palacios, expresidente de la República; Carlos Carvallo Spalding, expresidente del BCP; Holger Insfrán Ibarrola, exsuperintendente de Bancos; y los exdirectores Marco Aurelio González Maldonado, Liana Emilce Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora.

En el caso de los tres exintegrantes del directorio, la Fiscalía también atribuye otros hechos punibles relacionados con presuntas omisiones de supervisión y el manejo de documentos oficiales.

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Según la hipótesis del Ministerio Público, Santiago Peña habría utilizado su posición como presidente de la República para colocar y mantener en cargos estratégicos a personas de su confianza o con vínculos corporativos previos.

Los investigadores sostienen que estas designaciones habrían permitido establecer un esquema de protección institucional para Ueno Bank, mediante la participación de autoridades encargadas de regular y supervisar el sistema financiero.

La Fiscalía señala que Peña habría actuado como jefe de la presunta organización, mientras que los demás integrantes habrían cumplido funciones específicas desde sus respectivas responsabilidades públicas.

En ese contexto, el documento menciona la designación de Carlos Carvallo, expresidente de financiera ueno, como titular del BCP, además de la permanencia de Holger Insfrán en la Superintendencia de Bancos y la actuación de los tres integrantes del directorio. La imputación sostiene que el objetivo de la presunta estructura habría sido subordinar los mecanismos de control financiero a los intereses particulares del Grupo Vázquez.

Otro de los aspectos centrales del acta fiscal es la presunta relación entre el expresidente Peña y Federico Miguel Vázquez Villasanti, principal referente del conglomerado empresarial. Los investigadores sostienen que ambos habrían mantenido reuniones reservadas en Mburuvicha Róga para coordinar necesidades e intereses del grupo financiero.

De acuerdo con la imputación, Peña habría impartido directivas destinadas a evitar la intervención de Ueno Bank y frenar las alertas públicas relacionadas con su situación de insolvencia.

El documento también menciona el presunto hallazgo y entrega de USD 200.000 en efectivo, distribuidos en sobres dentro de la residencia presidencial, como parte de las contraprestaciones ilícitas que la Fiscalía atribuye al exmandatario. Estas afirmaciones forman parte de la hipótesis fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso penal.

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La imputación también señala a Carlos Carvallo Spalding, expresidente del Banco Central, como uno de los presuntos responsables de impedir la aplicación oportuna de los mecanismos regulatorios. Según el Ministerio Público, Carvallo habría paralizado procedimientos de regularización y suscrito documentación dirigida al Congreso Nacional que no reflejaba íntegramente las advertencias técnicas sobre la situación financiera de Ueno Bank.

En particular, se cuestiona la Nota BCP/P N.º 016/2026, remitida a la Cámara de Senadores, cuyo contenido habría omitido información relevante sobre operaciones financieras investigadas. La Fiscalía sostiene que estas actuaciones habrían contribuido a mantener la operación del banco sin restricciones, pese a los informes que advertían sobre su deterioro patrimonial.

En cuanto a Holger Insfrán, la Fiscalía sostiene que habría utilizado su posición al frente de la Superintendencia de Bancos para evitar la aplicación de medidas correctivas. Entre los hechos investigados figura la venta de una cartera crediticia de Ueno Bank a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones, operación que, según los informes técnicos, habría sido financiada indirectamente con recursos del propio banco.

El Ministerio Público también cuestiona el tratamiento dado a un informe elaborado por el exgerente de Supervisión Fernando Rivarola, fechado el 10 de julio de 2026, que advertía sobre presuntas irregularidades en esa operación. De acuerdo con la hipótesis fiscal, la falta de aplicación de sanciones y medidas preventivas habría permitido que la entidad continuara captando fondos del público.

La imputación atribuye a Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González presuntas omisiones en sus deberes de control como integrantes del directorio del Banco Central. Según la Fiscalía, los tres habrían conocido las alertas relacionadas con el deterioro patrimonial de Ueno Bank desde junio de 2026, sin impulsar oportunamente las medidas previstas en la legislación bancaria.

El acta señala que, pese a los informes técnicos disponibles, el directorio se habría limitado a disponer la apertura de un sumario administrativo, sin ordenar la suspensión preventiva de determinadas operaciones. En particular, la Fiscalía atribuye a Marco Aurelio González una presunta participación directa en la modificación de un informe institucional remitido al Senado, que habría omitido observaciones técnicas relevantes.

Respecto de Liana Caballero, sostiene que habría recibido una versión del documento cuestionado sin promover posteriormente una rectificación oficial. En cuanto a Miguel Ángel Mora, los investigadores señalan que habría presidido interinamente una sesión del directorio en la que no se impulsaron medidas más restrictivas contra la entidad financiera.

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El Ministerio Público sostiene que la presunta actuación coordinada de los investigados permitió que Ueno Bank continuara operando entre junio y octubre de 2026, pese a las observaciones sobre su solvencia. En ese periodo, la entidad habría desarrollado campañas comerciales para atraer nuevos depósitos y certificados de depósito de ahorro, incluyendo promociones con reintegros del 50 %.

La Fiscalía considera que la continuidad de estas operaciones habría incrementado la exposición del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y comprometido recursos públicos y previsionales. El acta señala que, al 30 de septiembre de 2026, los fondos públicos depositados en la entidad ascendían a aproximadamente G. 3,6 billones y USD 233,4 millones.

La situación desembocó en el procedimiento de resolución dispuesto por el BCP el 2 de noviembre, luego de constatarse que la solvencia del banco había caído por debajo del límite establecido por la normativa.

La nueva imputación también contiene solicitudes de medidas cautelares contra los exintegrantes del directorio del BCP. El Ministerio Público requirió la prisión preventiva de Marco Aurelio González Maldonado, mientras que para Liana Caballero Krauze y Miguel Ángel Mora solicitó arresto domiciliario.

Asimismo, pidió la inhibición general de vender y gravar bienes de los tres imputados y la identificación de sus cuentas, depósitos, inversiones y otros activos financieros, a fin de determinar eventuales medidas de inmovilización.

La imputación por asociación criminal representa una ampliación de la investigación que inicialmente apuntaba a presuntas irregularidades financieras, omisiones de supervisión y decisiones administrativas relacionadas con ueno bank.

Ahora, el Ministerio Público sostiene la hipótesis de que los hechos no habrían respondido únicamente a actuaciones individuales, sino a una presunta organización que habría funcionado mediante una división de tareas entre autoridades del Poder Ejecutivo y del Banco Central. La Fiscalía atribuye a Santiago Peña el supuesto liderazgo político de esa estructura y a las autoridades del BCP la presunta utilización de sus cargos para favorecer la continuidad operativa del banco.

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