El expresidente colombiano Álvaro Uribe fue sentenciado a 12 años de prisión domiciliaria por soborno y fraude procesal, en una decisión histórica que lo convierte en el primer exmandatario condenado y privado de la libertad en el país.

El líder de la derecha colombiana, de 73 años, recibió la máxima pena posible, en una audiencia a la que asistió de manera virtual y visiblemente molesto.

La jueza Sandra Heredia aseguró que la sentencia es de aplicación “inmediata” para evitar que Uribe quiera “eludir” la pena y abandone el país.

“¡Justicia arrodillada!”, “¡Jueza corrupta!”, gritaba una treintena de personas a las afueras del juzgado en Bogotá. El partido de Uribe, Centro Democrático, convocó a marchas el 7 de agosto en defensa de “un hombre inocente”.

Uribe también fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante más de ocho años y deberá pagar una multa equivalente a unos 837.000 dólares.

El popular expresidente, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue hallado culpable el lunes de obstruir a la justicia y manipular a testigos para evitar que lo vincularan con los paramilitares, escuadrones de ultraderecha responsables de numerosos crímenes atroces contra civiles durante el conflicto armado.

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Su defensa ya anunció que impugnará un fallo que considera politizado y bajo presión de la izquierda en el poder.

Horas antes de conocer su pena, Uribe aseguró en la red X que preparaba su apelación, refugiado en sus seres queridos y “fundamentalmente la oración”.

Al comienzo de la audiencia, la jueza se quejó de que el veredicto se hubiera filtrado a la prensa anticipadamente y aseguró que uno de los hijos del mandatario contribuyó a darla a conocer.

“Protesto enérgicamente por este tratamiento a mis hijos. Usted me ha tratado a mí de la peor manera. Se lo he respetado, pero no le acepto que se meta con mi familia”, arremetió el mandatario al cortar la intervención de la magistrada.

“¿Se puede callar, señor Uribe?”, le respondió Heredia

Cuando los abogados de la defensa apelen, el caso pasará al Tribunal Superior de Bogotá, que tiene hasta el 16 de octubre para ratificar la condena o revocarla y absolverlo. Si excede esa fecha, el proceso será archivado.

Todo inició en 2012, cuando Uribe demandó al senador de izquierda Iván Cepeda ante la Corte Suprema de Justicia por asegurar que paramilitares encarcelados decían tener nexos con el exmandatario.

En 2018 la corte dio un giro y empezó a investigar al expresidente por manipular a testigos para perjudicar a Cepeda.

Dos años después, Uribe, que entonces era senador, renunció al Congreso en una maniobra que le hizo perder sus fueros, por lo que el caso pasó a la justicia ordinaria.

En 2024 empezó el juicio y finalmente la jueza determinó que Uribe estuvo detrás de una estrategia para que los testigos cambiaran sus versiones con presiones.

• Fuente: AFP

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Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.

Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.

De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.

Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.

“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.

Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.

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El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.

“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.

Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.

Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.

Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.

Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.

Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.

“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.

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Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com)

Desde Uruguay, La Vela Puerca aterrizó una vez más a suelo paraguayo y directamente al corazón de sus fans, con quienes a lo largo de estos 30 años de vigencia de la banda, han conectado de una forma única, atravesando generaciones y demostrando que el rock no ha perdido vigencia.

“Paraguay es el único país del mundo que nos va a recibir la gente al aeropuerto, no me preguntes por qué”, relató a La Nación/Nación Media Sebastián “Cebolla” Cebreiro, una de las voces de la banda. Un grupo de 50 personas aguardó la llegada a Asunción en el aeropuerto Silvio Pettirossi de sus músicos favoritos, entre ellos estaban adolescentes e incluso niños de entre 5 y 6 años.

“Las culpables son las canciones, nosotros somos esclavos de ellas que vamos detrás defendiéndolas, ellas son más atrevidas que nosotros, porque entran a la casa de la gente sin pedir permiso. Nosotros venimos atrás, a tratar de hacernos cargo de lo que un día compusimos en alguna parte de nuestras vidas, ese gesto es increíble”, expresó.

La conexión entre la banda y el país es algo sólido, Paraguay “su segunda casa”, como dijo Cebolla, es uno de los lugares que han escogido para esta gira donde celebran los 30 años de La Vela Puerca. El público es diverso, hay adultos, personas que rondan los 60 años, pero así también hay jóvenes, niños que heredan, quizás de sus padres, la devoción hacia la banda uruguaya.

“Quiere decir que las canciones perduran, que las letras llegan, estamos contentos de que nos pase también eso acá. Para nosotros venir acá a Asunción, habernos ganado el cariño de tanta gente, que nos esperen en el aeropuerto, es un cariño muy interesante. Estamos contentos de seguir viniendo, queremos venir siempre, porque esto es para años, cada vez que venimos hacemos dos o tres amigos más”, dijo Santiago Butler, guitarrista.

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El Puerto de Asunción es el escenario de este espectáculo previsto para la noche de este sábado 2 de agosto, de la mano de G5 Pro. El setlist busca representar la esencia de la banda a lo largo de estos 30 años de historia, y hay por lo menos, una canción de cada álbum, adelantó Cebolla respecto a lo que será el show.

“Tratamos un poco de aunar sin ser egoístas ni complacientes, una parte de cada presente que vivió La Vela en su historia”, detalló. La banda cuenta con canciones que a esta altura son consideradas como himnos del rock y se han inmortalizado en el tiempo.

“Zafar”, “Llenos de Magia”, “Va a escampar”, “El Viejo” y otras más, no conocen el paso del tiempo, mientras que “Tormenta”, del álbum Discopático (2022) demostró que la banda sigue siendo una hacedora de éxitos.

“Nunca tuvimos miedo a innovar, el último disco, Discopático empezó totalmente a la inversa en la composición histórica de La Vela Puerca. Si una banda de 30 años no se anima a patear su propio tablero es una desgracia, como nosotros no somos una banda de ningún estilo musical, somos una banda de canciones, nunca hemos tenido problema con eso”, dijo con seguridad Cebreiro.

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Con una trayectoria innegable, y luego de compartir escenarios con otros gigantes del rock Latinoamericano, La Vela Puerca observa lo que trae el nuevo colectivo de artistas y especialmente Cebolla, valora el trabajo que viene haciendo el artista argentino Wos, quien será parte de quienes “estiren el carro” para las nuevas generaciones.

“Tiene letras muy rockeras, tiene una actitud muy rockera, y a mí me encanta la gente que tiene voz propia, para mí hay que acompañarlo, arroparlo, más allá de que él ya tiene su personalidad, viene de familia de artistas, me parece que los artistas veteranos como nosotros tenemos que arropar a la gente así”, afirmó.

La Cámara de Diputados analizará en la próxima sesión ordinaria, el proyecto de ley que introduce importantes modificaciones al régimen actual de financiamiento de las campañas políticas.

El objetivo es mejorar los mecanismos de control y, al mismo tiempo, simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos.

Esta iniciativa ya cuenta con media sanción de la Cámara Baja, pero fue nuevamente modificada por el Senado y ahora se encuentra en su tercer trámite constitucional, en el cual el plenario deberá definir si se allana a los cambios realizado por el Senado o se ratifica en su sanción inicial.

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Este proyecto tiene por acápite “Que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes 4743/2012 y 6167/2018”.

La propuesta de legislación responde a una creciente preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que enfrentaron las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente, según la exposición de motivos.

El documento agrega que, si bien la legislación actual establece controles, estos resultan en muchos casos excesivamente complejos o poco accesibles para las agrupaciones políticas, en especial durante las elecciones internas.

Reconocimiento anticipado de movimientos internos: la actual ley no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas. El proyecto propone formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

Digitalización de declaraciones: se propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

Presentación individual por candidato: a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Mayor transparencia y fiscalización: el nuevo texto prevé la publicación obligatoria, en un plazo de diez días hábiles, de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Además, se establece la conformación de una unidad especializada de fiscalización que verificará la veracidad y autenticidad de los documentos.

Obligaciones bancarias claras: la apertura de cuentas únicas en instituciones financieras, establecidas en el artículo 278, se refuerza en el proyecto con plazos específicos. Las entidades deberán habilitar las cuentas en un máximo de 48 horas y justificar por escrito cualquier negativa. La omisión podrá ser sancionada por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay.

Sanciones más severas: en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente.

Actualización institucional: se sustituye la mención a la Subsecretaría de Estado de Tributación por la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), como organismo encargado de emitir el identificador tributario y colaborar en los controles financieros.

De acuerdo a la exposición de motivos aclaran que la iniciativa no busca eliminar los mecanismos de control establecidos por el TSJE, sino más bien adecuarlos a las nuevas necesidades administrativas y tecnológicas, según declaran los proponentes.

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