El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.

Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.

Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.

Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.

La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.

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En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría

Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.

El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.

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A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.

También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.

Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.

Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.

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El contrato de fideicomiso fue celebrado para administrar G. 828.000 millones de los fondos jubilatorios.

El banco Atlas realizó la devolución de un millonario monto al Instituto de Previsión Social (IPS) en concepto de intereses no acreditados en el marco de un contrato de fideicomiso que data del año 2017. Son más de G. 800 millo­nes devueltos a la previsio­nal, que significan el recono­cimiento de irregularidades por parte de la entidad banca­ria de la familia Zuccolillo con el manejo de los fondos fidu­ciarios. El contrato de fideico­miso fue celebrado para admi­nistrar G. 828.000 millones de los fondos jubilatorios. Se trata de un contrato en el que una institución entrega dinero a un banco para que lo administre y lo utilice con un objetivo específico.

El IPS ya había el realizado el reclamo correspondiente, por la retención indebida de intereses millonarios, así como por la falta de respaldo documental en la adminis­tración del fideicomiso fir­mado en 2017 entre ambas partes para la construcción de cuatro hospitales, cuyos fondos fueron mal utilizados durante el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023).

El monto de intereses no acreditados en la cuenta de retención caucional ascen­dería a aproximadamente G. 803 millones, correspon­dientes al periodo compren­dido entre 2018 y 2024. El cálculo se realizó aplicando la misma tasa de interés pre­vista en el contrato original que fue utilizada para las otras cuentas del fideicomiso.

El objetivo del fideicomiso era financiar la construcción de cuatro hospitales: el hos­pital Ingavi, la Policlínica, el Hospital Día y el Centro Hemato-Oncológico. Para esas obras se fijó un fondo de 828.000 millones de gua­raníes. Pero, en la práctica, el funcionamiento del con­trato generó un esquema que otorga un enorme beneficio para el banco Atlas, ya que concentra mes a mes millo­nes de dólares del aporte de los asegurados de IPS.

El presidente de la República, Santiago Peña, se refirió esta mañana acerca del avance en las negociaciones con respecto al Anexco C del Tratado de la Itaipú Binacional. Ratificó ratificó que Paraguay está buscando lo mejor para todos los paraguayos.

Durante una charla con varios medios de prensa, el jefe de Estado aseguró que jamás aceptará, así como no aceptó en el pasado, ni lo hará ahora, un acuerdo entreguista que vaya en contra de los intereres y beneficios para los paraguayos.

“Desde el primer momento, Paraguay está buscando lo mejor para los paraguayos. Al principio cuando muchos me decían que era imposible que Paraguay pueda conseguir más recursos de Itaipú, nosotros fuimos a luchar por eso y cuando fuimos en enero de 2024, a unos meses de haber asumido, logramos negociar un ingreso mucho mayor”, comentó.

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Al respecto, recordó que esta negociación permitió desarrollar varias obras de infraestructura, compra de ambulancias, patrulleras, fortalecimento de la seguridad a través de la Policía Nacional, permitió hoy contar con la construcción de tres grandes hospitales que están en ejecución.

“Uno de los hospitales está en Curuguaty, otro en Concepción y otro en el Chaco paraguayo; así como la construcción y renovación del Gran Hospital Nacional de Itauguá, que realmente será una obra que dejaremos como un legado. No solo para los paraguayos, en materia de salud pública, sino que será un orgullo al ser un hospital de referncia”, acotó.

Finalmente, el mandatario enfatizó que personalmente es el mayor negociador, frente a las grandes pretenciones que igualmente prepara y presenta el país asociado en la Binacional que es Brasil.

“Estamos trabajando en esto, tuvimos una gran reunión con el presidente Lula (Da Silva) el día domingo, fueron varias horas de conversación; al mismo tiempo que compartíamos el evento sobre las especies migratorias, también hablamos sobre la importancia de este vínculo. Jamás hicimos acuerdos entreguistas y jamás lo vamos a hacer”, concluyó de manera enfática.

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Para el ingeniero y exasesor técnico de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), Fabián Cáceres, la discusión del Anexo C del tratado de Itaipú quedó en segundo plano para los gobiernos de Santiago Peña y el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. Agregó que el punto clave del debate gira en torno a la fijación de una nueva tarifa de la hidroeléctrica, razón por la cual persiste el manto de hermetismo desde ambas administraciones.

“Se tiene que ser bien claros, lo que realmente se pretende es extender el acuerdo (de 2024). El anexo C va por otra cuerda y ya no genera beneficios para el Paraguay. Actualmente, la tarifa es de USD 19,28 por kW/mes y el Brasil tiene la esperanza de que quede a USD 10 KW/mes“, refirió este martes al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Cáceres comentó: “Lo que se pretende de alguna forma es que la tarifa de USD 19,28 por kW/mes no vaya al piso y que por lo menos permita todavía disponer de suficientes recursos y, a la vez, enfocarse en la promoción de nuevas fuentes de generación de energía".

“Tocar el Anexo C ya no tiene sentido, además los tiempos ya no dan. Esto era de interés cuando había una gran diferencia entre lo que llevaba Paraguay y Brasil (en materia de distribución de energía). Hoy prácticamente nuestro país estará consumiendo a la par que Brasil”, afirmó Cáceres.

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La fijación del precio de la tarifa a USD 19,28 por kW/mes, en mayo del 2024, fue calificada como un acuerdo histórico tras años de negociaciones. Su vigencia se extiende hasta el año 2026 y llegó a generar alrededor de USD 280 millones de ingresos por royalties, USD 650 millones para inversión social, USD 265 millones por compensación de energía y USD 53 millones en utilidades de capital, totalizando USD 1.250 millones anuales.

Además se estableció el mantenimiento del acuerdo operativo de la Itaipu, la posibilidad inmediata para Paraguay de vender al mercado libre brasileño su parte de la energía no consumida. En dicha ocasión los gobiernos de Peña y Lula habían fijado que la renegociación del Anexo C debía concluir a finales del 2024, pero el proceso fue dilatándose en medio de una serie de conflictos como el espionaje que fue impulsado por Brasil contra autoridades paraguayas, entre junio de 2022 y marzo de 2023.

Así como el reclamo realizado por Peña a Lula, en diciembre de 2025, cuando el mandatario brasileño tomó la iniciativa de inaugurar por separado el Puente de la Integración, costeado con fondos de Itaipú. El hecho fue calificado por el economista como “una mezquindad política” que dejó un “un sabor amargo”.

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