A petición del vicepresidente segundo de la Cámara Alta, senador Dionisio Amarilla, los miembros de la mesa directiva recibieron este lunes a la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Mónica Recalde, con el objeto de interiorizarse sobre la situación de los trabajadores de prensa y, en general, respecto al cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece un incremento del 5 % del salario mínimo legal desde el 1 de julio del corriente año.

La reunión estuvo encabezada por el su titular, el senador Basilio Núñez, quien junto con los líderes y vicelíderes de bancadas recibieron el informe de la secretaria de Estado, sobre la situación laboral de los trabajadores de prensa.

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Al respecto, el senador Amarilla había solicitado información sobre las diligencias realizadas ante el Ministerio de Trabajo respecto a eventuales denuncias formales presentadas por trabajadores de medios de comunicación, la existencia de contratos colectivos invocados por las empresas y si esta situación afecta exclusivamente a los medios de prensa o constituye una práctica extendida en otros sectores.

Asimismo, el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, enfatizó la necesidad de conocer con exactitud si el incremento del 5% del salario mínimo legal vigente se aplica a todos los trabajadores y, específicamente, a los trabajadores de prensa.

En ese sentido, la ministra Mónica Recalde explicó que tomaron conocimiento de las denuncias a través de las publicaciones realizadas por diferentes gremios de periodistas. Señaló que se solicitó la conformación de una mesa tripartita con representantes de los distintos medios de comunicación, a fin de analizar el grado de cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo.

La ministra remarcó que el contrato colectivo del gremio de prensa data de 1997 y se encuentra actualmente vigente, pero no ha vuelto a ser negociado, pese a que en diferentes ocasiones se intentó avanzar en su actualización. Agregó que otro de los pedidos específicos del Sindicato de Periodistas del Paraguay (SPP) consiste en contar con una interpretación o dictamen sobre los alcances jurídicos del artículo 29, en relación con los ajustes salariales.

“Lo que tenemos como Estado es regular el salario mínimo legal. La Corte Suprema de Justicia, en un fallo, estableció que el salario mínimo no puede ser reajustado para todos, sino que solo debe ser reajustado el piso mínimo legal; los reajustes superiores al salario mínimo tienen que darse por contrato colectivo o por contratos individuales de trabajo”, señaló la ministra.

Por su parte, el senador Dionisio Amarilla refirió que presentó un proyecto de Declaración que insta al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a realizar los controles correspondientes para verificar el cumplimiento del decreto del Poder Ejecutivo que establece el incremento del salario mínimo legal y de las condiciones estipuladas en los contratos colectivos de trabajo.

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La oposición en Ñemby no logró concretar la unidad en torno a una sola candidatura. El candidato por el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Blas Lanzoni, y el candidato por el partido YoCreo, Cheng Chung Kuo, continúan en carrera para la intendencia municipal en los comicios del próximo 4 de octubre.

El representante del sector prietista denunció, a través de un posteo en redes sociales, que supuestamente el exintendente esteño Miguel Prieto y el liberal Blas Lanzoni le prepararon una “emboscada” para que decline su candidatura en favor del candidato del PLRA, y de esa forma armar la alianza.

Explicó que fue citado a una reunión con Prieto, a un lugar donde se estaba grabando una entrevista, en la que fue llegando Lanzoni. Luego se trasladaron a la sede de Yo Creo, donde la conversación fue subiendo de tono; Prieto le insistió a que se someta a una medición, que Chung Kuo rechazó.

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“Luego de una discusión acalorada, Miguel Prieto se impacientó y me retó diciendo que si no me someto a la medición, entonces él le va a tener que apoyar a Lanzoni. Igual dije que no. En consecuencia, pidió que el presidente del partido tome medidas en mi contra”, denunció el candidato a intendente.

Señaló que, al ver que la conversación había terminado, entonces se dispuso a abandonar la reunión y fue atajado por el presidente del partido, Francisco Arrúa, Daniel Fleitas y otros, quienes le insistieron en conversar. “Me preguntaron por qué no quería medir. Les dije que no existe garantía ni control y se hace fraude. Me ofrecieron la garantía y control... Estaba muy, muy cansado y ya no pude pensar claro; entonces dije que sí, pero con la condición de un buen control. Pero no firmé nada”, relató.

Finalmente, señaló que al ver que no se realizaba ningún preparativo para un control real de la medición, decidió no someterse a ello, y continuar con su candidatura a la intendencia municipal por la Lista 3 como candidato de Yo Creo. El cronograma de la Justicia Electoral establece que el plazo para la sustitución de candidaturas por renuncia o inhabilidad, ya sea en favor de una candidatura unificada o fallecimiento, venció el viernes 7 de agosto a las 13:00.

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El presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Alcides Riveros, destacó los avances en la construcción de la unidad opositora de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Aseguró que ya se logró consenso en 25 de los 71 distritos y que continuarán las conversaciones para alcanzar acuerdos en los 46 restantes.

“Hemos logrado a este momento consensuar en 25 distritos y una unidad de la oposición de los 71. Y para nosotros es muy importante y significativo y vamos a seguir hablando para conseguir los votos en los 46 distritos que quedan”, dijo a la 780 AM.

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Riveros sostuvo que el Partido Liberal seguirá recorriendo el país para consolidar candidaturas de unidad y mencionó casos como Presidente Franco y Villa Elisa, donde aún buscan consensos. Afirmó además que el PLRA tiene la conducción política necesaria para fortalecer a la oposición.

“Nosotros hemos cumplido a cabalidad con todos nuestros aliados y espero también que los otros partidos vayan cumpliendo porque hay lugares que quedaron todavía para que se pueda hacer la unidad como Presidente Franco, Villa Elisa y otros distritos de la República del Paraguay. Nosotros desde el Partido Liberal vamos a continuar construyendo la unidad”, expresó.

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El gobierno interino de Venezuela y delegados de la oposición sostuvieron el jueves en Caracas un primer encuentro en el diálogo auspiciado por Estados Unidos, que muchos esperan que desemboque en una transición política y en elecciones. Sin la presencia de la líder de la oposición y Nobel de la Paz María Corina Machado, el proceso arrancó siete meses después de la captura del mandatario Nicolás Maduro en un operativo estadounidense.

En este tiempo, la presidenta interina Delcy Rodríguez ha gobernado bajo fuerte presión de Washington. Las partes informaron que “suscribieron principios de respeto a la soberanía nacional” y “negociación de buena fe”, “protección de los derechos humanos” y “políticos de todas las fuerzas”, según una declaración conjunta difundida en las redes sociales.

La mesa fue encabezada, de un lado, por Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y hermano de la presidenta encargada, y del otro, por Dinorah Figuera, líder de la bancada opositora que ganó la mayoría legislativa en 2015, pero cuyos resultados fueron rechazados por Maduro. El proceso de diálogo “busca alcanzar la estabilización, la reconciliación política y una transición pacífica”, señaló la delegación opositora en un comunicado al término del encuentro.

La reunión se desarrolló a puertas cerradas en el Centro de Convenciones en el complejo militar de La Carlota. Solo se autorizó a los fotógrafos ingresar para una fotografía antes del inicio de las conversaciones. En esta instancia, que comenzó con varias horas de retraso, las delegaciones acordaron la metodología, los ciclos de trabajo y la agenda de discusión. En principio, sesionarán hasta el 12 de agosto.

Washington saludó el inicio del diálogo. “Estas conversaciones directas representan una oportunidad única”, indicó el Departamento de Estado en un comunicado. El texto recuerda que el objetivo del gobierno de Donald Trump para Venezuela se desarrolla en tres fases: “estabilización, recuperación económica y reconciliación política”.

Al llegar a Venezuela el miércoles desde España, donde ha vivido exiliada, Figuera dijo que este proceso busca cambios en el Tribunal Supremo de Justicia, en el órgano electoral nacional y una reivindicación de los derechos civiles y políticos de los venezolanos. El diálogo despierta expectativa entre miembros de la oposición y familiares de presos políticos.

El dirigente Juan Pablo Guanipa, cercano colaborador de Machado, destacó en X que “esta vez sí existe un garante que asegure que el chavismo cumpla su palabra”.

“Esperamos que Venezuela logre cuanto antes la liberación de TODOS los presos políticos, nuevos poderes públicos y un cronograma electoral que incluya la elección presidencial”, dijo en su mensaje, en el que proclamó a Machado “como candidata” presidencial.

Observadores aseguran que Washington veta el retorno de Machado a Venezuela, aunque el gobierno estadounidense lo niega. Trump, de su lado, alaba el trabajo de Rodríguez y ha sugerido en su red social Truth Social que Venezuela podría convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos.

Por otra parte, los venezolanos más izquierdistas no perdonan el giro de 180 grados del gobierno chavista tras 25 años de discursos antiimperialistas.

“¡Ni colonia ni tutela, la patria no se entrega!” y “Gringo go home”, gritaban militantes de izquierda venezolanos en recientes protestas en las que han quemado banderas estadounidenses.

Un grupo de familiares de presos políticos solicitaron el jueves a Figuera buscar la liberación de sus seres queridos.

Los presos políticos “no son una ficha de canje, nosotros pedimos la libertad inmediata de todos los presos políticos”, pidió a Figuera la hermana de un militar preso.

Mayra Morales, de 40 años, y decenas de personas llevan 60 días de vigilia en un campamento instalado cerca de la embajada de Estados Unidos en Caracas.

Exigen que el encargado de negocios estadounidense, John Barrett, abogue por la liberación de sus familiares, pero no han sido recibidos por el diplomático.

Fuente: AFP.