La Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el miércoles una resolución impulsada por Estados Unidos para convocar a una reunión “urgente” de cancilleres que debata acciones frente al plan del gobierno de Nicaragua de eliminar las elecciones competitivas. El Consejo Permanente de la OEA adoptó la propuesta a pocos días de que el Congreso de Nicaragua, controlado por los copresidentes Daniel Ortega y Rosario Murillo, apruebe una reforma constitucional que excluye a la oposición de los comicios y establece un mandato presidencial de siete años “renovables”.

Ortega, exguerrillero izquierdista de 80 años, y su esposa, cinco años menor, gobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad nicaragüense, tras las protestas de 2018, cuya represión dejó unos 350 muertos según la ONU, y cientos de miles de exiliados.

La reunión extraordinaria de cancilleres -en fecha aún no anunciada- fue aprobada con 29 votos a favor, uno en contra de Brasil y la abstención de México, luego de que el pasado 5 de agosto no se reunieron los apoyos necesarios.

Todo cambió después de un llamamiento que lideró Estados Unidos a “tomar acciones reales” frente al régimen de los copresidentes, sin especificar qué tipo de medidas.

“La repetición de condenas sin una acción institucional significativa enseña a Murillo y Ortega que pueden simplemente esperar a que nos cansemos”, dijo Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.

La OEA ha celebrado en los últimos años decenas de sesiones sobre Nicaragua que solo terminaron en comunicados de condena, pero una reunión de cancilleres podría promover rupturas o degradación de nexos diplomáticos o presión económica.

La decisión en la OEA fue aplaudida por la oposición en el exilio. El exprecandidato presidencial y expreso político, Juan Sebastián Chamorro, la calificó como una “apabullante victoria de la democracia en Nicaragua”.

Ortega gobernó en la década de 1980 tras la insurrección que derrocó al dictador Anastasio Somoza, volvió al poder en 2007 y se mantiene en él acusado por sus críticos de elecciones fraudulentas y de instaurar una “dictadura dinástica”.

En 2021 encarceló a los candidatos con opción de vencerlo y, al señalarlos de “traición a la patria”, los desterró y despojó de su ciudadanía, al igual que a medio millar de activistas políticos, humanitarios, intelectuales, periodistas y sacerdotes.

El gobierno de Ortega y Murillo, que no se ha referido hasta ahora a las acciones de la OEA, retiró a Nicaragua del foro en noviembre de 2023, por lo que una expulsión, como ocurrió con Cuba en 1962, no procede.

“Todos estamos a favor de los derechos humanos. Pero no queremos que ningún medicamento mate al paciente”, sostuvo el embajador de Brasil ante la OEA, Benoni Belli, que votó en contra, en referencia a eventuales sanciones que adopten miembros del foro.

Para el embajador de Argentina ante la OEA, Carlos Cherniak, la situación de Nicaragua es “urgente”. “Todos nuestros países están preocupados por organizaciones criminales. ¿No es acaso un régimen que cancela la democracia una plataforma para organizaciones criminales?”, expresó.

Pese a la presión del gobierno de Donald Trump, Estados Unidos es el principal socio comercial de Nicaragua, que también recibe crédito de bancos internacionales y del FMI, por lo que la oposición ha pedido a la comunidad internacional acciones económicas concretas.

En vísperas de la aprobación de la reforma constitucional -prevista para septiembre-, una docena de grupos opositores acordó un plan de transición política, que incluye la excarcelación de opositores y la renovación de instituciones electorales, judiciales, policiales y militares, controladas por el gobierno. Ortega camina con dificultad, padece lupus y problemas renales. La oposición en el exilio advierte que la eliminación de los comicios busca garantizar la sucesión del poder en la familia Ortega-Murillo.

Fuente: AFP.

El embajador Raúl Florentín, representante permanente del Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos, manifestó ayer ante el pleno que la OEA no puede permanecer en silencio ante la intención del presidente nicaragüense Daniel Ortega de suprimir las elecciones libres en el país centroamericano, eliminando la participación de opositores, lo que compromete la seguridad hemisférica.

“Deseamos agradecer en primer lugar a la delegación de los Estados Unidos de América por su iniciativa para la convocatoria de esta sesión extraordinaria, que contó con el copatrocinio de Paraguay, así como con el de las delegaciones de Argentina, Costa Rica, Ecuador, Panamá y Uruguay, a quienes también agradecemos, declaró Florentín durante el debate en que se planteó una reunión extraordinaria de cancilleres sobre este tema.

“Hemos escuchado con suma atención y preocupación a la relatora de Nicaragua o para Nicaragua, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, comisionada Rosa María Payá, a quien agradecemos por su presentación”, agregó el diplomático paraguayo. “Observamos como extremamente graves las declaraciones del dictador nicaragüense Daniel Ortega del 19 de julio pasado, en que mencionó que en Nicaragua nunca más se celebrarían elecciones, así como el posterior anuncio del 24 julio de llevar a cabo una modificación constitucional a inicios de septiembre próximo”.

“Parece hasta irónico que este tipo de declaraciones tengan lugar justamente en el año en que conmemoramos el vigésimo quinto aniversario de la Carta Democrática Interamericana. Solemos escuchar con frecuencia en este ámbito el rol fundamental que desempeña la OEA en materia democrática en la región y el orgullo que representa el despliegue de las misiones de observación electoral, cuya intervención, en no pocas ocasiones, salvó la democracia de los Estados miembros”, puntualizó Florentín.

El representante de Paraguay mencionó otras situaciones histórica vinculantes: “En ese sentido, me permito traer a colación un ejemplo que antecede incluso a la adopción de la Carta Democrática Interamericana, la misión de observación electoral encabezada por el entonces secretario general de la OEA, Joao Clemente Baena Soares, durante las elecciones generales celebradas en Nicaragua en 1990. Hoy sabemos que la presencia de nuestra organización fue determinante para garantizar una transición pacífica y hacer posible la toma posesión de Violeta Chamorro, la primera mujer elegida democráticamente para ejercer la presidencia de la República en el continente americano”.

“Los ejemplos del pasado también nos recuerdan la responsabilidad que como organización tenemos frente al presente y al futuro de nuestro hemisferio. No podemos permitir que la OEA permanezca en silencio ante una situación de esta gravedad, que ha dejado de ser únicamente una cuestión de violaciones de los derechos humanos y de erosión de la democracia para convertirse en un desafío que compromete la seguridad hemisférica”, refirió.

“Esta afirmación no la hacemos solo nosotros. La propia Asamblea General de la OEA, en su resolución 3022, aprobada en junio de 2024 en Asunción, ya advirtió, y cito: ‘La crisis democrática y de derechos humanos en Nicaragua afecta la estabilidad y la seguridad de otros países en la región’. Fin de la cita”, recordó el vocero del gobierno paraguayo.

“La misma preocupación fue reiterada este lunes por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su comunicado de prensa número 15.226. Al respecto, la Comisión señaló, y cito: ‘La intensificación de la represión transnacional del régimen, sumada a la migración forzada de personas nicaragüenses, ha generado serios desafíos en materia de seguridad para otros Estados de la región. A esta situación se suma el impacto del accionar del crimen organizado en Nicaragua y otros países de la región’. Fin de la cita”, acotó Florentín

Continuó: “Por último, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos ha venido advirtiendo sobre el desacato sistemático de sus decisiones por parte del Estado de Nicaragua, habiendo urgido al Consejo Permanente para la aplicación de garantías colectivas en respuesta al incumplimiento de sus fallos por parte del régimen. Esto es particularmente grave porque atenta contra la efectividad misma del sistema interamericano”.

“Como bien lo señaló el tribunal en el asunto Juan Sebastián Chamorro y otros respecto a Nicaragua, la garantía colectiva se traduce en una obligación que tienen tanto los Estados partes, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como los Estados miembros de la OEA entre sí, de proteger el efecto útil de la Convención Americana y evitar que la justicia interamericana se torne ilusoria”, dijo el embajador en la parte final.

“Me permito aquí agradecer la presencia en sala de la víctima de este emblemático asunto ante la CIDH o la Corte IDH, el señor Juan Sebastián Chamorro. Muchas gracias por estar acá”, indicó al mencionar al precandidato presidencial nicaragüense que pidió una reforma electoral y fue encarcelado por el gobierno de Daniel Ortega, cinco meses antes de los comicios de noviembre de 2021. Chamorro fue liberado en febrero de 2023, y expulsado a Estados Unidos tras serle revocada la nacionalidad.

“Señor presidente, por la gravedad de la situación que representa un abierto desafío a las democracias del hemisferio, me complace anunciar ante este Consejo el copatrocinio de la República del Paraguay al proyecto de resolución presentado por la delegación de los Estados Unidos, a los efectos de activar la reunión de consulta de ministros de Relaciones Exteriores prevista en la carta de la OEA para considerar la situación grave que estamos viviendo en Nicaragua”, concluyó el embajador de Paraguay.

Estados Unidos y países aliados propusieron ayer miércoles ante la Organización de Estados Americanos (OEA) una reunión extraordinaria de cancilleres para analizar posibles medidas contra Nicaragua, cuyo gobierno quiere excluir a la oposición de las elecciones. Esa reunión debería realizarse antes de septiembre, cuando el régimen nicaragüense prevé aprobar esa reforma constitucional, propuso Michael Kozak, responsable de la oficina para América Latina en el Departamento de Estado.

Washington formuló esa demanda al inicio de una reunión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, que agrupa a todos los embajadores de la organización regional. La moción fue bien recibida por una amplia mayoría, pero México y Brasil formularon reservas. La propuesta debía ser en principio votada este mismo miércoles, pero los representantes levantaron la sesión para seguir negociando.

“Estados Unidos, junto con Argentina, Costa Rica, Panamá y Paraguay, está presionando a la OEA para ir más allá de declaraciones sobre Nicaragua. Es hora de una acción colectiva contra el asalto de la dictadura Murillo-Ortega a las libertades del pueblo nicaragüense y a la estabilidad de nuestro hemisferio. Las palabras solas no han funcionado. La acción está retrasada”, publicó el embajador Leandro Rizzuto, representante permanente de Estados Unidos ante la OEA, en su cuenta oficial de X.

La resolución “sigue en la agenda del Consejo Permanente” pero “se necesitan más conversaciones” explicó una fuente de la OEA a la AFP bajo anonimato. Nicaragua, aislada diplomáticamente en la región, se retiró de la OEA en noviembre de 2023. El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, declaró recientemente que su país iba a acabar con las elecciones, ya que a su juicio la oposición está al servicio de Estados Unidos.

La reforma que irá a debate ante la Asamblea Nacional nicaragüense propone ampliar el periodo presidencial a siete años “prorrogables”. Los opositores, dijo Ortega la semana pasada, son “golpistas” y “traidores a la Patria”. Ortega, de 80 años, y su esposa Rosario Murillo, de 75, cogobiernan con poder absoluto y un fuerte control sobre la sociedad, especialmente tras las protestas de 2018 cuya represión dejó más de 300 muertos, según la ONU.

“Se acabó el tiempo de las declaraciones sin acciones. Ahora es el momento de una respuesta formal, institucional y colectiva”, pidió Kozak en su discurso ante los países miembros. La propuesta de resolución “propone convocar una reunión de consulta de ministros de relaciones exteriores para determinar una respuesta colectiva apropiada”, indicó Kozak.

“El texto establece explícitamente que no autoriza el uso de la fuerza armada”, precisó. “Lo que pedimos a este consejo es que defina qué deben decidir los ministros”, añadió el alto funcionario diplomático estadounidense. “En nuestra opinión, los ministros deberían reunirse antes del 1 de septiembre”, añadió.

“Los ministros deberían examinar todo el abanico de opciones lícitas disponibles en los planos diplomático, institucional, económico y de seguridad colectiva”, propuso Kozak ante la OEA. La convocatoria de una reunión de cancilleres es una de las potestades de la OEA, y sería “un espacio propicio” de debate, indicó Uruguay en su moción de apoyo.

En términos similares se expresaron la mayoría de países aliados de Washington, que suponen una mayoría (en torno a 18) en la actual composición del Consejo Permanente. Pero México consideró por su parte que “debe ponderarse adecuadamente la convocatoria a una reunión de consulta” de los cancilleres, y que hay que buscar “canales de diálogo” con Managua, explicó el embajador ante la OEA, Alejandro Encinas Rodríguez. “La organización debe desempeñar un papel constructivo, priorizando la apertura de canales de negociación”, añadió Brasil.

Fuente: AFP.

La erupción del volcán de Fuego en Guatemala, que provocó la evacuación de más de 1.700 personas de comunidades asentadas al pie del coloso, finalizó ayer miércoles, informaron expertos y autoridades. El volcán más activo de Centroamérica -a 35 km de la capital guatemalteca- empezó el lunes temprano un proceso eruptivo que se intensificó en la noche con expulsión de lava y grandes columnas de gases y ceniza.

“Tras acumular 50 horas desde su inicio (...), la erupción ha finalizado”, señaló el Instituto Nacional de Vulcanología en su más reciente informe. Sin embargo, la entidad estatal advirtió que aún persisten “amenazas” como avalanchas de material volcánico que descienden por las laderas de la montaña y la dispersión de ceniza, por lo que pidió tomar precauciones para el tráfico aéreo.

Por su parte, la jefa de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, Claudinne Ogaldes, dijo en conferencia de prensa que, ante la “visible disminución” de la actividad, ya era “seguro” el regreso de los pobladores a sus comunidades. Varias familias que permanecían en albergues habían retornado a sus viviendas de manera “voluntaria” antes de los anuncios oficiales, según protección civil.

Desde la ciudad sureña de Escuintla, adonde fueron traslados residentes de aldeas asentadas en las faldas del macizo, un periodista de AFP observó leves expulsiones de gases y ceniza. Las autoridades, que declararon el martes la alerta máxima en tres departamentos cercanos, no han reportado víctimas ni daños en estructuras hasta el momento. El volcán de Fuego, de 3.763 metros de altura, es uno de los tres activos del país, junto al Pacaya (sur) y el Santiaguito (oeste).

Algunos moradores del área aledaña ven casi con normalidad estos fenómenos, aunque otros no ocultan su temor luego de la tragedia del 3 de junio de 2018, cuando una avalancha provocada por una erupción arrasó una comunidad con saldo de 215 muertos y una cifra similar de desaparecidos.

“Para nosotros ya es costumbre que el volcán se activa y se desactiva”, dijo ayer miércoles a la AFP Bernabé Marroquín, mientras trabajaba en sus cultivos en las faldas del lado este del coloso, en el municipio de San Juan Alotenango.

“Convivimos con el volcán, sabemos cuándo se pone bravo y cuándo está tranquilón”, señaló este campesino, de 61 años, agradecido porque su casa no ha sido afectada por las erupciones.

En contraste Isabel Pérez, de 69 años, vecina del caserío El Porvenir que estaba refugiada en Alotenango, reconoce su temor por vivir al pie del furioso volcán y pide a las autoridades que faciliten un lugar seguro para reasentarse con su familia.

“¿Cuándo ya va a estar uno libre del volcán? (...), da miedo”, lamentó. En el centro de Alotenango, el salón que fue habilitado como albergue quedó ayer miércoles vacío. Las más de 360 personas que llegaron desde dos aldeas vecinas regresaron por “decisión propia”, contó un funcionario municipal.

Las más recientes fases eruptivas del volcán de Fuego ocurrieron en febrero pasado y en junio de 2025, lo que obligó a la evacuación de unas 800 personas. En 1932 otra erupción lanzó cenizas que llegaron a El Salvador (a 125 km de distancia) y Honduras (a 175 km).

Fuente: AFP.