La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), a partir de este martes, comenzó a desplegarse en Guatemala para las elecciones generales del 25 de junio, en las que se elegirá a un presidente y vicepresidente de la República, y otras autoridades.
La Misión Electoral está encabezada por el excanciller de nuestro país, Eladio Loizaga, además cuenta con 91 especialistas y observadores de 20 países. La MOE está dando seguimiento a la organización del proceso eleccionario, el uso de la tecnología, la justicia electoral, y la participación política de las mujeres, pueblos indígenas y afrodescendientes, según el comunicado compartido por la Organización.
Ayer martes se realizó una jornada de capacitación y la jefatura de la Misión de la OEA en Guatemala, dio la bienvenida a los coordinadores regionales integrantes de la Misión que estarán en los 22 departamentos del país para dar el correspondiente seguimiento a las elecciones.
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Para continuar con el análisis del proceso electoral en curso, los integrantes de la Misión se reunirán nuevamente con autoridades electorales y de gobierno, líderes políticos y representantes de la sociedad civil y la comunidad internacional. Asimismo, el domingo día de las elecciones, visitarán centros de votación en todos los departamentos de Guatemala para conocer el desarrollo de la jornada electoral, desde la instalación de las mesas hasta la transmisión de los resultados.
Según el comunicado, tras las varias reuniones con distintas autoridades del país, el equipo técnico de la MOE/OEA compiló información sobre el desarrollo del proceso, tanto a nivel nacional como departamental, y observó los simulacros del Programa Informático para la Transmisión de Resultados Preliminares.
Tal como lo realizó en las elecciones de abril pasado en Paraguay, luego de las elecciones, la Misión de la OEA presentará un informe preliminar con sus observaciones y recomendaciones. Por vigésima primera vez, la OEA despliega una Misión para observar procesos electorales en Guatemala, lo que es posible gracias a las contribuciones financieras de Canadá, España, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, Panamá, Perú y Suiza.
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Rediex impulsa acceso a centroamérica con rueda de negocios en Guatemala
La Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex) lanzó una convocatoria para que empresas exportadoras participen de un webinar clave que abrirá la puerta a una de las principales plataformas de negocios de la región: la IV Rueda Internacional de Negocios en Guatemala.
En ese marco, Rediex invita a las firmas locales a sumarse al webinar “Oportunidades para Exportar a Guatemala y Centroamérica”, organizado por la Cámara de Comercio de Guatemala y la Asociación Iberoamericana de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios (AICO). La sesión brindará información estratégica sobre el acceso a mercados, demanda regional y condiciones comerciales.
El encuentro virtual también servirá como antesala de la IV Rueda Internacional de Negocios, que se desarrollará del 10 al 12 de junio de 2026 en Ciudad de Guatemala. Este evento se consolida como una plataforma multisectorial que conecta a exportadores internacionales con importadores, distribuidores y socios estratégicos de Centroamérica.
Desde su lanzamiento en 2023, la rueda ha mostrado un crecimiento sostenido. En su primera edición participaron 50 exportadores y 300 importadores, mientras que en 2025 el evento reunió a más de 90 exportadores internacionales, más de 500 compradores locales y representantes de 12 países, generando más de 1.200 reuniones de negocios.
Según datos de la organización, la última edición proyectó oportunidades comerciales por unos USD 15 millones, reflejando el potencial de este tipo de encuentros para dinamizar el comercio internacional y diversificar mercados para las empresas participantes.
Para las firmas paraguayas, la propuesta incluye entre 12 y 16 reuniones B2B preagendadas según su perfil, acceso a networking de alto nivel, participación en el catálogo oficial de proveedores internacionales y espacios diseñados para facilitar negociaciones efectivas.
Además, el evento contempla beneficios logísticos como un escritorio corporativo para reuniones, cóctel de recepción y servicios de hospitalidad durante las jornadas, lo que apunta a maximizar la experiencia comercial de los participantes. La fecha límite de inscripción es el 15 de abril de 2026, por lo que desde Rediex instan a las empresas interesadas a asegurar su participación.
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Costa Rica y Guatemala refuerzan control migratorio tras muerte de “El Mencho”
Costa Rica empezó ayer domingo a reforzar sus controles migratorios en los vuelos procedentes de México para evitar el ingreso de narcotraficantes, después de que el ejército mexicano matara al poderoso capo de la droga Nemesio “El Mencho” Oseguera. “El Mencho”, de 59 años, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.
Costa Rica, que fue considerado por décadas uno de los países más seguros del continente, ha visto incrementado sus índices de criminalidad por grupos relacionados con el narcotráfico, lo que llevó a la presidenta electa, Laura Fernández, a prometer mano dura para resolver la crisis de seguridad.
“Buscamos impedir el ingreso a territorio nacional de cualquier persona relacionada con actividades del narcotráfico y que en medio de las especiales circunstancias que se están dando en México pretendan utilizar nuestro país para guarecerse”, dijo a periodistas el ministro costarricense de Seguridad Pública, Mario Zamora.
La medida, que contará con la cooperación de la Administración de Control de Drogas (DEA) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, se aplicará “tanto de los vuelos procedentes de México como de cualquier persona procedente de ese país en vuelos de conexión que lleguen a Costa Rica”, agregó Zamora.
Guatemala
Guatemala reforzó ayer domingo su frontera con México, después de que el ejército de ese país matara al poderoso capo del narcotráfico Nemesio “El Mencho” Oseguera, en un operativo que provocó una ola de violencia en varios estados mexicanos. “El Mencho”, de 59 años, era el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los capos más buscados por México y Estados Unidos.
En los últimos meses grupos criminales mexicanos relacionados con los carteles de la droga han incursionado en las comunidades fronterizas de Guatemala y se han enfrentado a tiros con las autoridades de este país.
Tras la muerte del capo, el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala informó en un comunicado que el ejército guatemalteco “incrementó las operaciones” de vigilancia y los patrullajes “en sectores estratégicos” de la frontera con México.
Además, “se mantienen activos los canales formales de comunicación y coordinación” con la Secretaría de la Defensa Nacional de México para la “cooperación” bilateral en materia de seguridad, añade la nota.
El ejército de Guatemala afirmó en su cuenta de X que se encontraba realizando patrullajes fronterizos con la quinta brigada de infantería para “mantener un ambiente de paz y seguridad”.
“Reafirmamos nuestro compromiso con el resguardo de nuestras fronteras, la soberanía del país y la seguridad de la población guatemalteca”, indicó el ejército de Guatemala en un mensaje que incluye dos fotos donde se ven militares con fusiles de asalto alrededor de un vehículo de combate.
En Guatemala operan varias pandillas violentas que están presuntamente relacionadas con los carteles mexicanos y que en los últimos meses han matado a policías y han protagonizado varios motines en las cárceles.
El Ministerio de Gobernación de Guatemala informó que tanto el ejército como la policía se mantienen “en alerta ante eventuales ataques por parte de grupos de narcotraficantes mexicanos”.
Fuente: AFP.
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Guatemala: el periodista Zamora cambia la prisión por arresto domiciliario
El periodista guatemalteco José Rubén Zamora salió de prisión la noche del jueves pasado, después de que un juez le otorgó arresto domiciliario por las causas abiertas por la Fiscalía en 2022 y que han sido criticadas por la comunidad internacional. Zamora, de 69 años, fundador del extinto diario El Periódico, ha pasado tres años y medio preso acusado por la Fiscalía de lavado de dinero y falsificación de documentos, cargos que organismos como Amnistía Internacional consideran un montaje para silenciarlo por sus señalamientos contra el anterior gobierno de derecha.
Arropado con una sudadera negra y pantalón de mezclilla azul, Zamora salió a pie de la cárcel Mariscal Zavala, ubicada en un cuartel militar en la periferia norte de la capital, para trasladarse en una camioneta a su vivienda, observó un periodista de la AFP. “He tenido más tiempo en prisión del debido, he experimentado una situación de tortura, de represión psicológica, he sido una especie de cadáver viviente, pero creo que ha valido la pena”, dijo Zamora más temprano a periodistas tras la audiencia en la que le concedieron el arresto domiciliario.
El juez Maximino Morales argumentó que el periodista ya cumplió con la pena por falsificación de documentos de forma continuada, como establece el código penal, por lo que “se le otorga arresto domiciliario en su propio domicilio, sin vigilancia alguna”. Sin embargo, tiene prohibido salir del país, determinó el juez tras escuchar los argumentos de la defensa y de la Fiscalía en una audiencia en el edificio de tribunales de la capital.
Zamora fue arrestado el 29 de julio de 2022 tras publicar casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), cercano a la fiscal general, Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran “corrupta” y “antidemocrática”. El diario cerró en 2023 en medio de dificultades económicas que se agravaron por la ausencia de su fundador.
“Preso de conciencia”
Un hijo del comunicador y quien está exiliado en Estados Unidos, José Zamora, comentó en X que su padre lleva 1.295 días de una “detención arbitraria”, pero ahora podrá defenderse “en libertad”.
A su vez, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) calificó el fallo como “un paso importante hacia la justicia” y pidió a la Fiscalía “cesar el uso del derecho penal para silenciar a la prensa”, según publicó en X.
Reporteros Sin Fronteras “llama ahora a la liberación definitiva de este periodista emblemático”, comentó a la AFP Artur Romeu, director de la organización para América Latina.
Zamora fue declarado en 2024 “preso de conciencia” por Amnistía Internacional, que considera que estaba encarcelado por sus labores periodísticas de investigación y denuncia de la corrupción.
Para esta organización, el comunicador guatemalteco es víctima de cargos “infundados” que “se enmarcan en un patrón de persecución penal por motivos políticos en contra de personas operadoras de justicia, periodistas y defensoras de derechos humanos que han luchado contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”.
Causas pendientes
Zamora ha reiterado que es un “preso político” y que con el tiempo que lleva en la cárcel ya cumplió una “condena anticipada”.
La semana pasada, el periodista acudió a otra audiencia en la que solicitó a la Cámara de Amparos de la Corte Suprema de Justicia que le otorgue arresto domiciliario de forma permanente por otra causa abierta, cuyo fallo está pendiente.
Un tribunal lo condenó en junio de 2023 a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2025 estuvo en arresto domiciliario, pero la medida fue revocada por petición de la Fiscalía y volvió a la prisión de un cuartel militar capitalino donde ha estado desde su arresto. Zamora recibió en 2024 el reconocimiento a la excelencia por parte de la Fundación Gabo de Colombia, y en 2023 obtuvo el premio de la Independencia de Reporteros Sin Fronteras.
Fuente: AFP.
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OEA se declara “alarmada” ante transgresión de DD. HH. en Nicaragua
La Organización de Estados Americanos se declaró ayer miércoles “alarmada” ante la situación política y social en Nicaragua y exhortó al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a respetar los derechos humanos. El Consejo Permanente de la OEA, órgano ejecutivo del bloque regional, aprobó por unanimidad una resolución que urge al país centroamericano a “poner fin a las violaciones a los derechos humanos, incluida la liberación incondicional de todas las personas detenidas injustamente, y de aquellas injustamente sujetas a arresto domiciliario”.
El último informe del grupo especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua describe "acciones de hostigamiento, persecución y atentados contra la vida que se extienden más allá de las fronteras terrestres" del país, recuerda la resolución. El texto señala que esto ocurre “incluso a través de la instrumentalización de los mecanismos internacionales de cooperación, como el uso indebido de las notificaciones rojas de Interpol”.
Nicaragua, cuya presidencia es compartida desde noviembre de 2024 por Ortega y su esposa Murillo, abandonó la OEA hace poco más de un año. El Consejo Permanente invitó al país “retornar” a la organización, en cumplimiento con los principios de la Carta Democrática Interamericana. Al mismo tiempo, pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que mantenga su monitoreo sobre la situación de los derechos fundamentales en el país, a pesar de que el gobierno de Ortega y Murillo rechaza sus visitas.
“Erosión democrática”
La oenegé Human Rights Watch (HRW) denunció el miércoles “la ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos” en el Caribe por ataques de Estados Unidos, y dijo que el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca animó a varios gobiernos de América Latina para cometer abusos. Juanita Goebertus, directora para las Américas de HRW, advirtió que a las “graves violaciones a derechos humanos” identificadas “por décadas” en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela, se suman ahora los abusos cometidos por Washington en la región, además de la retención de extranjeros deportados por Estados Unidos en El Salvador, Panamá y Costa Rica.
“La ejecución extrajudicial de 120 latinoamericanos en aguas del Caribe y el Pacífico” durante ataques estadounidenses contra embarcaciones supuestamente utilizadas para el trasiego de drogas es una de las acciones del gobierno de Trump que han agravado la situación de los derechos humanos en la región, citó Goebertus en una rueda de prensa.
Estas muertes se dieron en el contexto del despliegue naval que mantiene Washington en el Caribe, donde ha atacado botes presuntamente del narcotráfico, y que condujo al poderoso operativo militar para capturar al depuesto presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, el 3 de enero.
En su informe anual, presentado en Ciudad de México, HRW menciona también que El Salvador recluyó a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot). En esa megacárcel inaugurada en 2023 por el presidente Nayib Bukele, HRW pudo “documentar que (los deportados) sufrieron torturas sistemáticas”, añadió Goebertus en entrevista telefónica con AFP. La abogada lamentó que países “que históricamente han sido muy comprometidos con la defensa de derechos humanos, como Panamá y Costa Rica” hayan retenido a extranjeros deportados por Estados Unidos “sin ninguna justificación”.
“El gobierno de Estados Unidos ha tenido una influencia indudablemente negativa” en la región, cuyo balance frente a las políticas migratorias del republicano “es muy desafortunado”, afirmó. El recorte de Trump a la ayuda internacional de Washington, a través de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), tuvo un impacto “supremamente grave” en América Latina y el Caribe, denunció Goebertus.
“Tortura” y “desaparición forzada”
Los ecos de esta política también llegan hasta países como Ecuador y Perú, que al igual que El Salvador, lanzaron leyes “para el cierre arbitrario de organizaciones” de derechos humanos, aprovechando el “debilitamiento” de las oenegés. HRW destaca que, con resultados disímiles, gobiernos latinoamericanos que aplicaron políticas de mano dura contra la delincuencia registran un incremento en las violaciones a los derechos humanos. El informe sostiene que la administración de Bukele cometió “detenciones arbitrarias y masivas”, “tortura” y “desaparición forzada” para conseguir una importante disminución de la violencia ligada a las pandillas.
Ecuador, por otra parte, cerró 2025 con una tasa de homicidios récord de 52 asesinatos por cada 100.000 habitantes, mientras que sus fuerzas de seguridad incurrieron en “ejecuciones extrajudiciales” y “desapariciones forzadas”, según HRW. En el caso de México, Goebertus llamó a poner “la lupa” en “la erosión del sistema de pesos y contrapesos”, entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, provocada por la reforma constitucional que instauró la elección popular de jueces.
Esta reforma convirtió “a los jueces en actores sujetos a mayorías políticas y presiones electorales”, añadió la politóloga Denise Dresser en la rueda de prensa. Lisa Sánchez, especialista en seguridad y política de drogas señaló que la “militarización” de la seguridad pública no solo incrementa los riesgos de violaciones a las garantías fundamentales, sino que no ha puesto un freno a la corrupción en México.
“Las fuerzas armadas están participando igualmente en esquemas de corrupción”, dijo Sánchez, en alusión a las indagatorias por contrabando de combustible contra elementos de la Secretaría de Marina en 2025. El informe de HRW reconoce la reducción de la pobreza en México, pero “comer mejor no compensa vivir sin justicia”, subrayó Dresser.
Fuente: AFP.