Este miércoles el presidente electo, Santiago Peña, designó al exdiputado y exembajador paraguayo en Qatar Ángel Ramón Barchini como futuro ministro de Justicia. En contacto con La Nación/Nación Media, el próximo secretario de Estado habló sobre algunos de sus pilares en su futura gestión, donde la transformación de la política contra el crimen jugará un rol importante.

“Todo sistema penitenciario requiere necesariamente involucrar a otros sectores, desde la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior, hasta la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, de ser necesario. Haremos un planteamiento a los demás ministros de que el tema de la seguridad ciudadana y la seguridad jurídica es una responsabilidad de todos”, afirmó Barchini.

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El componente humano constituye una de las prioridades del futuro ministro, desde la óptica del principio del derecho penal en lo referente a la reinserción del ciudadano. Ante esto, manifestó que cada ciudadano que haya cumplido con su pena, necesita contar con verdaderas herramientas de cambio, al momento de salir de la prisión.

“Hoy en día esto no se implementa por la deuda insoluta de una política de Estado que prepare o programe una política de acción penal-criminal más allá de la reinserción. Queremos llegar incluso a convenios con el sector privado e industriales de forma tal a otorgar una verdadera calidad de vida a quienes salgan de las cárceles”, subrayó Barchini.

Comentó así que el foco principal de Santiago Peña se centra en colocar como objetivo fundamental el bienestar del ser humano. Para ello, se debe priorizar la posibilidad de ejecutar una verdadera política criminal, con un bien desarrollado de mecanismo de reinserción.

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El próximo secretario de Estado determinó para La Nación/Media la importancia de cambiar el enfoque de corruptela y consecuente ineficacia que afecta de manera integral al Ministerio de Justicia. Puntualizó que el manejo bajo el camino de la ley constituirá el único método para marcar la diferencia en la gestión.

“Traduciremos la confianza del presidente electo en resultados, en gestión y trabajo. Apuntamos a una mayor capacitación de nuestros directores de centros penitenciarios y funcionarios administrativos, aparte de desarrollar una remodelación del registro civil y algunas planificaciones que tengo para el Buen Pastor y el penal de Tacumbú”, adelantó el futuro ministro como principales ejes.

Aparte de los cambios necesarios y trascendentales que se necesitan en la cartera de Justicia en términos de tecnología, seguridad y modernización, Barchini observa la labor interinstitucional como un factor primordial que permitirá apuntalar a su futuro ministerio.

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El próximo secretario de Estado apuntó a La Nación que su visión central es la posibilidad de generar un antes y un después en su gestión. Ante esto, reivindicó que brindará a la ciudadanía la seguridad de que priorizará la honestidad y el compromiso institucional al frente del ministerio, lo cual ya constituye una característica central suya hace más de 30 años en la gestión pública.

“Tenemos aproximadamente 17.000 personas privadas de su libertad en toda la República, contamos con 17 centros de reclusión y tres cárceles más que se encuentran en proceso de culminación, aparte de cargar con la consecuencia de una política de reinserción inexistente hoy en día en nuestro sistema”, aseveró Barchini.

Ante esto, indicó que en su gestión al frente de la cartera de Justicia no puede existir un olvido hacia el posicionamiento del país en términos de respeto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, recordando que solo el 30 % de ellas cuentan con una sentencia.