Las autoridades de Indonesia reforzaron el lunes la seguridad después de que seis personas murieran en unas protestas que se volvieron violentas en enfrentamientos contra la policía. Las mortales protestas, iniciadas la semana pasada debido a unos beneficios económicos para legisladores, obligaron al presidente Prabowo Subianto a revertir las medidas.

Las manifestaciones comenzaron pacíficamente, pero se volvieron violentas al enfrentar a la unidad de élite de la policía paramilitar, luego de que se divulgaran imágenes de uno de sus equipos atropellando a un repartidor de 21 años el jueves. Desde entonces las protestas se extendieron de la capital Yakarta a otras ciudades como Yogyakarta, Bandung, Semarang y Surabaya en Java, y Medan en la provincia de Sumatra del Norte.

Otras manifestaciones estaban previstas para el lunes en varias localidades a lo largo del archipiélago de Indonesia. La policía estableció el lunes puestos de control a lo largo de Yakarta, y un portavoz policial dijo a Kompas TV que estaban patrullando la ciudad para “proteger” a los ciudadanos y dar un sentido de seguridad.

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La policía envió una caravana de vehículos armados y motos la noche del domingo al Parlamento, en una demostración de fuerza para alejar a los manifestantes. La crisis obligó a Prabowo a cancelar un viaje previsto para esta semana a China para un desfile militar conmemorativo del fin de la Segunda Guerra Mundial.

Su ministro de Defensa, Sjafrie Sjamsoeddin, advirtió el domingo que militares y policías tomarían “acciones firmes” contra “alborotadores y saqueadores”, luego del saqueo de la casa del ministro de Finanzas. Unas seis personas han muerto en las protestas, cuatro de ellas en la ciudad de Macasar, en la isla oriental de Célebes. La red social de videos TikTok suspendió el sábado temporalmente sus transmisiones en vivo en Indonesia en anticipo de más disturbios.

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Multitudes enardecidas por un incidente de brutalidad policial saquearon las residencias varios políticos indonesios y el presidente, Prabowo Subianto, afirmó este domingo que algunos actos cometidos durante las protestas constituyen “traición” y “terrorismo”. La violencia comenzó el viernes cuando se difundieron imágenes de un mototaxista atropellado por la policía en una manifestación en la capital, Yakarta, donde se habían estado registrando protestas durante toda la semana contra las dificultades económicas, la corrupción y los grandes privilegios de los legisladores indonesios.

Ese mismo día tres personas murieron en la isla de Célebes, en un incendio en un edificio público provocado por manifestantes que lanzaron cócteles molotov. En los últimos incidentes, grupos de personas saquearon el domingo por la madrugada la residencia de la ministra de Finanzas, Sri Mulyani Indrawati, en Tangerang del Sur, una ciudad vecina a Yakarta, dijeron soldados que custodiaban la residencia y un vecino a la AFP.

El residente, Damianus Rudolf, relató que los saqueadores, que calculó en más de 150 personas en dos grupos distintos, se llevaron “un televisor, un sistema de sonido, decoraciones de la sala, ropa, platos, cuencos” de la vivienda. Sri Mulyani no estaba en la vivienda cuando ocurrió el incidente, informó la agencia estatal de noticias Antara.

La mujer es una figura influyente, exejecutiva del Banco Mundial y ministra de Finanzas de tres presidentes distintos. Entre el sábado por la noche y el domingo por la madrugada grupos de personas también saquearon sendas residencias de un legislador y de una legisladora de un partido que forma parte de la coalición gobernante de Prabowo, según Antara.

Las protestas se han extendido a otras ciudades importantes tanto de Java (donde está ubicada Yakarta) como en las islas de Lombok, Bali y Sumatra. En respuesta a los disturbios, la red social TikTok, que tiene 100 millones de suscriptores en Indonesia, suspendió durante “unos días” su función de transmisiones en directo para evitar enardecer a las masas.

El presidente indonesio, por su parte, dijo el domingo que los actos violentos equivalen a “traición y terrorismo”. “Los derechos a la asamblea pacífica deben ser respetados y protegidos. Pero no podemos negar que hay señales de acciones fuera de la ley, incluso contra la ley, incluso inclinándose hacia la traición y el terrorismo”, dijo en un discurso en el palacio presidencial de Yakarta.

Prabowo se comprometió a investigar la muerte del mototaxista que encendió la violencia y siete policías permanecen detenidos por el incidente. Las protestas son las más grandes y violentas de la presidencia de Prabowo, una prueba clave para el exgeneral menos de un año después de haber asumido el poder.

Fuente: AFP.

Familiares de los israelíes secuestrados en la Franja de Gaza se han manifestado un sábado más para protestar contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, al que han exigido que acepte el acuerdo de alto el fuego y la liberación por fases a la que ha accedido el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

Einav Zangauker, una de las voces más beligerantes contra Netanyahu, ha pedido abiertamente al primer ministro que acepte el acuerdo. “Si Netanyahu firma este acuerdo este mismo domingo podríamos estar negociando la vuelta del resto de los rehenes a cambio del fin de la guerra”, ha afirmado durante un acto en Tel Aviv.

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“Si comienza la conquista de la ciudad de Gaza, no habrá acuerdo”, ha advertido antes de acusar a Netanyahu de “poner obstáculos (al acuerdo) y culpar a Hamás” mientras planifica la toma de la principal ciudad del enclave palestino.

Por otra parte, Yehuda Cohen, padre del militar secuestrado Nimrod Cohen, ha apelado al presidente estadounidense, Donald Trump, para que presione a Netanyahu para que firme un acuerdo que ponga fin a la guerra y permita liberar a todos los rehenes. “Este es el momento. Se perderán más vidas y nuestros seres queridos morirán” si no hay acuerdo, ha advertido.

También ha habido protestas en la mañana de este sábado frente al domicilio de líder del partido ultraderechista Poder Judío y ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, al que acusan de “torpedear el acuerdo”.

El pasado domingo, los familiares reunieron aproximadamente un millón de personas en las protestas -500.000 solo en Tel Aviv-, coincidiendo con una huelga general de carácter informal para exigir un acuerdo para la liberación de los rehenes.

Hamás anunció el lunes que acepta una propuesta de alto el fuego presentada por los mediadores, Qatar y Egipto. “Hamás y las facciones palestinas anuncian su aprobación de la propuesta presentada ayer por los mediadores egipcios y qataríes”, rezó un breve comunicado recogido por el diario ‘Filastín’, afín al grupo islamista.

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El Gobierno israelí insistió no obstante el domingo en que Hamás debe liberar inmediatamente a todos los secuestrados, vivos o muertos, que tienen en su poder las milicias palestinas, y exigió su desarme inmediato, así como la desmilitarización de la Franja, el control israelí del perímetro del enclave y la instauración de un gobierno ajeno a Hamás y a la Autoridad Palestina que “conviva en paz con Israel”.

Fuente: Europa Press

El titular de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), Óscar Stark, afirmó que la próxima semana se regularizará el pago de salarios a los 66 funcionarios de la firma Vox, correspondientes al mes de julio. Agregó que la alternativa más rápida para dirimir el conflicto de la institución se centra en la venta de sus inmuebles.

“Actualmente, en el caso de Copaco tenemos 16 días de atraso, debido a que los funcionarios tenían que haber cobrado el pasado 5 de agosto sus salarios del mes de julio. En el caso de Vox sí estamos más complicados, es una empresa que está en peores condiciones financieras, si bien gran parte de sus funcionarios ya cobraron su salario de junio, hay 60 funcionarios, más o menos, que todavía no han percibido su pago, totalizando 46 días de atrasos“, indicó Stark, este jueves, en una entrevista con “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

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Detalló que, en el caso de Copaco, la regularización del pago de salarios se dará la próxima semana. Detalló que la empresa cuenta con un total de 2.310 de los cuales 600 funcionarios se acogerán al retiro voluntario.

“La realidad es que la solución de Copaco no viene desde adentro, no es posible hacer una reestructuración o recuperación de la institución solo con los ingresos provenientes de la venta de servicios porque la infraestructura de telecomunicaciones está muy deteriorada y esto generó que, desde hace cuatro años y medio, que los salarios de Copaco empezaron a atrasarse”, dijo el titular de la empresa estatal.

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Asimismo, Stark manifestó: “Debemos ver un plan B (para zanjar la crisis financiera), que probablemente vaya por el lado de ir vendiendo algunos de los inmuebles. Copaco tiene 700 propiedades, no es razonable que una firma de telecomunicaciones tenga esa cantidad, esto genera un riesgo de invasión, la institución ya perdió decenas de hectáreas por invasiones en las últimas décadas y la venta nos permitirá generar un flujo para bajar la cantidad del personal, pagar cuentas y ponernos al día con los salarios“.

Detalló que incluso Copaco debe percibir, de parte del Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (Muvh) y el Ministerio de Desarrollo Social (MDS), millonarias sumas por la venta de sus inmuebles. “La venta al Muvh fue de USD 11 millones y medio, ya nos pagaron USD 2 millones, mientras que, en el caso de MDS, el saldo que queda es de G. 14.000 millones”, comentó.

Los concejales Tomás González, Aldo Maciel y Emilio Espinoza piden celeridad a la Contraloría General de la República para emitir el dictamen sobre la verificación que se realizó al Centro de Salud de San Antonio, en el departamento Central, en el que, según manifestaron los ediles, aún está pendiente de finalización de las obras de adecuación, incumpliendo así con un convenio firmado con el Ministerio de Salud.

Según explicó el concejal González a La Nación/Nación Media, se presentó una denuncia ante la Contraloría el pasado 9 de julio adjuntando documentaciones respecto a las irregularidades cometidas por el intendente liberal, Santiago Aguilera, y como consecuencia, hubo una verificación in situ por parte del equipo del ente contralor, pero hasta la fecha, no hay un informe final sobre el trabajo realizado.

La administración del jefe comunal firmó un convenio en 2022 con el Ministerio de Salud mediante el cual se comprometía a ejecutar obras en el Centro de Salud, de modo que la cartera sanitaria pueda elevarlo a Hospital Materno Infantil y dotarlo del equipamiento y personal necesario.

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Sin embargo, las obras no han culminado y las refacciones realizadas son de mala calidad, según detalló el edil, quien recordó que para esta obra el municipio invirtió más de G. 2.500 millones, no obstante, existen irregularidades cometidas por la gestión de Aguilera que parten desde la adjudicación.

“Instamos a la Contraloría General República a corroborar las irregularidades en esta licitación, pues con una simple revisión in situ se observa la mala calidad y falta de cumplimiento del pliego y base de condiciones de dicha licitación”, expresó el concejal.

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De acuerdo a la denuncia presentada por los tres concejales, existe un sinfín de irregularidades en esta obra, por ejemplo, el aumento por más de G. 419 millones del costo de la obra posterior a su adjudicación, por lo que se sospecha que esta pudo haber sido una maniobra para direccionar la licitación a la empresa adjudicada fijando previamente una oferta más competitiva.

También se habla de retrasos en la entrega de una parte de la obra, la falta de exigencia a la firma para ejecutar la multa por su incumplimiento. En el documento se menciona que la obra no cumple con las especificaciones técnicas, por lo que el centro de salud habría sido “objeto de un supuesto daño patrimonial o estafa”, advirtieron.

Las obras entregadas a la fecha fueron realizadas por una empresa distinta a la que firmó inicialmente el contrato, sostiene la denuncia, y alegan que la subcontratación no era una herramienta que podía aplicarse a este llamado.

“El Ministerio de Salud y la verificación in situ señalaron casos muy peligrosos con respecto a las faltas de pilares importantes para la seguridad de las obras”, sostiene la denuncia que fue remitida a Contraloría.

“Exigimos al intendente que en la brevedad posible cumpla con el convenio en cuanto a la transferencia del título de propiedad a nombre del Ministerio de Salud y la refacción de los 650 m2 del edificio viejo que falta, que justamente el secretario general de la intendencia había confirmado que aún falta esa parte de modo que posteriormente el ministerio pueda cumplir con su parte de equipar y elevar de categoría”, cerró diciendo el concejal.