El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.

Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.

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“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.

Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.

Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.

“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.

Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.

El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.

En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.

No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.

“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.

Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.

El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.

Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.

“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.

Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.

El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.

Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.

“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.

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El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina, dijo que solicitó a los interventores de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este que informen los procesos licitatorios suspendidos, cancelados y en curso.

“Nosotros enviamos una nota a los interventores Ramón Ramírez y Carlos Pereira para que nos mencionen cuáles de los procesos iniciados por las intendencias en los últimos meses van a quedar suspendidos, cancelados y seguirán sus cursos”, comentó Encina, este miércoles, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El alto funcionario se refirió sobre el uso de la figura de la excepción para las adjudicaciones licitatorias: “No hay un límite, pero se puede hacer únicamente si los intendentes lo justifican en forma. Como su nombre lo dice, es un proceso especial excepcional que solamente puede salirse de los procesos ordinarios cuando se justifica la emergencia por la cual se están realizando estos procesos”, comentó.

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De acuerdo a los primeros reportes de la intervención, la administración del intendente esteño Miguel Prieto se caracteriza por el uso excesivo de la citada figura, que permite saltar los procesos ordinarios cuando existe una justificación de urgencia o exclusividad técnica.

Este fue uno de los puntos que llamó la atención a la Contraloría General de la República para requerir la intervención de la municipalidad. “Si es que se produjo algún hecho punible o alguna situación que merezca una investigación penal, el contralor deberá enviar a la Fiscalía”, puntualizó Encina.

Durante una conferencia de prensa realizada el pasado lunes, Ramírez compartió la información de que el líder del movimiento Yo Creo firmó, entre el 27 de mayo y 18 de junio últimos, contratos por más de G. 30.200 millones, y pagó anticipos a las firmas adjudicadas por G. 4.100 millones.

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Ayer, el interventor designado para la Municipalidad de Ciudad del Este ratificaba en conferencia de prensa la repartija de licitaciones de Miguel Prieto a sus operadores y firmas vinculadas a leales.

Los primeros informes recabados, en medio de una resistencia en la provisión de documentos, registran adjudicaciones en 18 días hábiles a su grupo de proveedores favoritos con las que generaron jugosos anticipos, llevándose al bolsillo unos G. 4.100 millones, antes del arribo de los técnicos.

Hasta el último minuto, Miguel Prieto actuó con alevosía en la repartija de contratos a sus operadores y empresas vinculadas a leales en la Municipalidad de Ciudad del Este.

El interventor Ramón Ramírez, designado para el estudio documental de la administración en desastrosas condiciones, minada de denuncias por corrupción, hacía referencia que, en medio de una dilación en el acceso a los papeles, se toparon con datos que les llama poderosamente la atención, principalmente en lo que hace a la adjudicación de licitaciones.

Según Ramírez no puede pasar desapercibido la adjudicación y firma de contratos por más de G. 30.700 millones en el tiempo récord de 18 días hábiles a un grupo reiterado de contratistas. Con esto generaron el pago acelerado en concepto de anticipos por más de G. 4.100 millones poco antes de arribar el equipo interventor.

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Según puede verse en el portal de Contrataciones Públicas, en la lista de privilegiados de Prieto está Fredy Guzmán Martínez con su empresa Servmaq, que es un conocido amigo personal y operador político del intendente del Este.

Coincidentemente, Fredy Guzmán comenzó a ganar contratos en la municipalidad de Ciudad del Este, en tiempos que Prieto se ubicada como intendente. Es así que, en los dos periodos de su amigo Prieto se adjudicó G. 15.857 millones en contratos de alquileres de maquinarias y otros.

Otra proveedora mimada de Prieto es la empresa que reciclaron para convertirla de una disco/pub a una constructora. Se trata de SCDE S.A, originalmente Golden Rouge S.A, un club nocturno que inicialmente tenía su local en la zona de la Super carretera que une Ciudad del Este con Hernandarias.

En la repartija de licitaciones figura Elvio Mareco Barrientos con su empresa MB Constructora, conocido vendedor de frazadas de Ciudad del Este, operador de la campaña política de Miguel Prieto. El amigo frazadero también se estrenó como proveedor en los tiempos que Prieto se ubicaba como intendente y entre el 2022 y 2025 se adjudicó contratos por unos G. 15.000 millones.

El sonado caso de las lomadas “de oro” de Prieto, precisamente involucra al amigo frazadero con un contrato de G. 1.183 millones.

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El interventor de la Municipalidad de Ciudad del Este, Ramón Ramírez, manifestó que entre los hechos llamativos detectados en la gestión del intendente Miguel Prieto figuran millonarias adjudicaciones con anticipos a favor de un grupo reducido de empresas, poco antes de iniciarse esta fiscalización, mientras que los pagos salariales estaban atrasados, incluyendo funcionarios que “ni están en la base de datos”.

“Llama la atención que hay un pequeño número de empresas que son siempre las ganadoras de todos los procesos de licitación”, dijo Ramírez, este martes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Durante una conferencia de prensa realizada ayer lunes, el economista compartió la información de que el dirigente del movimiento Yo Creo firmó entre el 27 de mayo y 18 de junio últimos contratos por más de G. 30.200 millones, y pagó anticipos a las firmas adjudicadas, por G. 4.100 millones.

“También llama la atención la velocidad vertiginosa la adjudicación de un importante número de contratos, hay que aclarar que los mismos tienen vigencia de un año, no son contratos plurianuales por lo cual esta carga financiera debe ser cubierta con los recursos de este 2025. Una parte de las empresas ya percibieron los montos que corresponden al anticipo, esto también se concretó a una velocidad luz″, indicó.

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Ramírez agregó que en la administración de Prieto se visualiza el “uso indiscriminado” del concepto de transferencia para realizar trabajos que deben ser canalizados mediante licitaciones.

“Además de esto tenemos serias dudas sobre los procesos de licitaciones. La Contraloría observó que la conformación, constitución o determinación de los precios de referencia adolecen de muchas deficiencias. Nos estamos centrando en esto, porque son mecanismos para direccionar ganadores o oferentes. También hay partidas que tienen un volumen elevadísimo de gastos, pero que no pasan por el proceso de contrataciones“, puntualizó.

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De acuerdo a los reportes remitidos por la Contraloría, se observan estados financieros con graves inconsistencias, saldos irregulares, clasificaciones erróneas, variaciones injustificadas, incumplimientos de disposiciones legales y consecuente omisión de transferencias de recursos a otros organismos y entidades del Estado.

A la vez, existen inconsistencias y falta de justificación en la asignación y gestión de las transferencias, incumplimiento de los procesos para las contrataciones empleando transferencias para la ejecución de obras, incumplimiento de los procesos legales establecidos para las transferencias a oenegés, irregularidades en las transferencias a comisiones vecinales y a organizaciones sin fines de lucro.

Diferencias en la construcción de obras por falta de ejecución de ítems o por que fueran ejecutadas en cantidades diferentes con recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), royalties y compensaciones, pago efectuado a proveedores sin que estos hayan presentado documentaciones exigidas y sin que estén cumplidas las exigencias legales, entre otras irregularidades.