La Comisión Especial para el estudio de sostenibilidad del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público, presidida por el senador Stephan Rasmussen, resolvió presentar un proyecto de ley por el cual se creará una Comisión Nacional conformada por representantes de los tres poderes del Estado, además de los sectores involucrados en la Caja de Jubilación en el sector público.
El Pleno del Congreso aprobó tratar el proyecto de ley en 15 días, moción de preferencia solicitada por el senador Rasmussen. “Cada vez hay más jubilados por aportante, esto condiciona la sostenibilidad de la caja”, expresó Rasmussen durante su exposición.
Según lo manifestado por Rasmussen, es que dentro de la Comisión Nacional se pueda discutir en detalle sobre cuáles son las posibles reformas y sobre todo, que se busquen consensos para mantener los derechos adquiridos, además de cuidar la sostenibilidad de la caja jubilatoria.
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Durante la sesión ordinaria también se dio a conocer un resumen sobre los aspectos debatidos en las reuniones de la Comisión Especial, creada hace unos meses, junto a varios sectores involucrados, respecto a la situación de la caja jubilatoria.
El senador señaló que se deberán abrir debates precisos, sobre el uso del dinero de la Caja de Jubilaciones, teniendo en cuenta que desde que se creó la caja hay un reclamo importante por parte de jubilados y activos, quienes solicitan informaciones del manejo y la utilidad de sus aportes.
Por otro lado, mencionó que el artículo constitucional que habla sobre las jubilaciones y pensiones del sector público, habla también de la autarquía, que según el senador, es algo que nunca se hizo. “La caja constitucionalmente debería haber sido autárquica, es decir, una persona jurídica diferente al ejecutivo y al Ministerio de Hacienda”, refirió.
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Lanzan la Comisión Nacional de Búsqueda y Localización de Personas
El Gobierno nacional, a través de varios Ministerios encabezados por el Ministerio del Interior, realizó el lanzamiento de la creación de la Comisión Nacional de Búsqueda y Localización de Personas. La creación de esta comisión nacional fue establecida por un decreto firmado por el presidente de la República, Santiago Peña.
La misma consiste en la creación de un registro único de personas desaparecidas y así también, la creación del sistema de alerta, denominada Mafe, y tendría relación con el proyecto que se encuentra en este momento se encuentra en el Congreso Nacional, que ya cuenta con media sanción de Diputados.
“Le llamamos con justicia y también con respeto al sistema Mafe, en homenaje a María Fernanda que fue un dolor muy profundo que todos tenemos después de lo acontecido en Coronel Oviedo. También queremos informar de la constitución oficial del Conade, que tiene como integrantes a la Policía Nacional, a la Dirección Nacional de Migraciones, el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, el Ministerio de Educación y Ciencias, el Mitic, Conatel, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Salud, y el Ministerio del Interior”, detalló el ministro Enrique Riera en conferencia de prensa.
La Comisión Nacional de Personas Desaparecidas (Conade) será presidida por el ministro Riera, como titular de la cartera del Interior, establecido vía decreto presidencial, y el mismo también autoriza a realizar convenios con la Corte Suprema de Justicia, la fiscalía general del Estado y el Ministerio de la Defensa Pública.
Pese a que en el Congreso Nacional se analiza una ley para este fin, la decisión del Poder Ejecutivo se dio manera urgente, señaló Riera, teniendo en cuenta los últimos hechos que conmocionaron el país, como el caso de la joven de 17 años, María Fernanda Benítez, asesinada en la ciudad de Coronel Oviedo.
“No queríamos esperar un minuto más, y los procesos parlamentarios tienen sus trámites, hoy tiene media sanción de Diputados y vamos a tomar conocimiento de ello, veremos de acuerdo a nuestra visión cómo se puede enriquecer esa versión en Senadores y si se modifica, tendrá que volver a Diputados para que pueda sancionar o rechazar, y luego ser promulgado por el Ejecutivo”, refirió.
Agregó que, “no importa quien realmente haga la ley o el decreto, el Ejecutivo está total y absolutamente convencido que esto tiene que arrancar y ya, por eso se constituye el Conade hoy, tenemos trabajo por delante, tenemos protocolos, reglamento que hacer y por eso todos hicieron un gran esfuerzo para estar hoy presentes y darle la importancia que se merece”.
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Stephan Rasmussen, electo vicepresidente del Cono Sur de la ODCA
La Organización Demócrata Cristiana de América (ODCA) celebró su XXIV Congreso los días 4 y 5 de junio en Bogotá, Colombia, donde se eligió al nuevo Comité Directivo para el período 2025-2028. En esta instancia, Stephan Rasmussen, presidente del Partido Patria Querida (PPQ), fue electo vicepresidente para el Cono Sur.
Mientras que la compatriota Christa Rivas, secretaria general del PPQ, fue confirmada en su cargo como secretaria ejecutiva de la ODCA. En tanto que Mariana Gómez del Campo, del Partido Acción Nacional (PAN) de México, fue reelecta como presidenta de la organización.
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Desde la nucleación política destacan que, con la elección de Stephan Rasmussen como vicepresidente del Cono Sur, el Partido Patria Querida asume un rol protagónico en la articulación regional de fuerzas políticas comprometidas con la democracia, el respeto a los derechos humanos y los valores del humanismo cristiano.
“Esta designación reafirma el compromiso del partido con el fortalecimiento institucional y la construcción de una América Latina más libre y justa”, expresa el pronunciamiento de la nucleación política.
Asimismo, informa que, durante el encuentro la cámara alta de Colombia, encabezada por su presidente el senador Efraín Cepeda, rindió un reconocimiento especial a la ODCA por su trayectoria y compromiso con la democracia y el humanismo cristiano en el continente.
A su vez la ODCA expresó su respaldo al titular del congreso colombiano ante los ataques del Poder Ejecutivo de ese país. Así como el Congreso de la ODCA aprobó por unanimidad una serie de resoluciones clave:
• Colombia: Rechazo a las amenazas del gobierno de Gustavo Petro a la democracia, y respaldo al Congreso y a la institucionalidad.
• Ucrania: Condena a los ataques del régimen de Vladimir Putin contra la población civil, y llamado a una acción decidida de la comunidad internacional.
• Papa León XIV: Felicitación por su elección, destacando su defensa de la libertad de prensa, la justicia social y la dignidad humana.
• Cono Sur: Advertencia sobre la debilidad institucional en varios países de la región, y llamado a fortalecer el Estado de derecho y la participación ciudadana.
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“Prieto hizo una defensa política, no técnica; hay hechos gravísimos que ameritan intervención”, sostienen
El diputado Alejandro Aguilera cuestionó la presentación del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ante la Comisión Especial. A su criterio, el jefe comunal no ofreció respuestas técnicas a las denuncias, sino que optó por una defensa política que no logró despejar las numerosas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República.
“El contralor estuvo muy sólido, fue muy concreto en el desarrollo del dictamen. En cambio, el intendente de Ciudad del Este habló con muchas evasivas, haciendo más bien una defensa política antes que una defensa técnica, que es lo que debía haber hecho”, señaló Aguilera.
El legislador calificó de “gravísimas” las irregularidades detectadas por la Contraloría, entre ellas, la admisión pública de nepotismo por parte de Prieto. “Es un corrupto confeso al admitir que cometió actos de nepotismo. Lo dijo en televisión y ayer ante la comisión lo volvió a ratificar”, afirmó ante la 650 AM.
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Aguilera también denunció un faltante de documentos respaldatorios en el uso de más de 42.000 millones de guaraníes y el incumplimiento reiterado de la Ley Orgánica Municipal, específicamente en lo referente a los límites de inversión de capital y gastos corrientes. “Él infringió la ley todos los años, y su excusa fue: ‘infringí esta ley para solucionar un problema’. Pero el camino de la ilegalidad nunca puede ser una justificación”, enfatizó.
El diputado recordó que la Contraloría basa su pedido de intervención en auditorías correspondientes a los ejercicios fiscales 2019, 2020, 2021 y 2022. Según indicó, a partir del 2023 el órgano contralor ya no pudo acceder a la documentación, debido a que la Municipalidad argumentó que los documentos se encontraban en el Tribunal de Cuentas.
“En el informe de la Contraloría se indica que encontraron indicios de hechos punibles en más de 239 casos. Fueron reportados al Ministerio Público, pero muchos están retrasados, otros no fueron investigados y algunos ya fueron sobreseídos”, denunció Aguilera, cuestionando la pasividad de la Fiscalía.
Intervención legítima
Por todo ello, consideró legítimo el pedido de intervención promovido por la Contraloría. “El contralor creyó conveniente que entre un interventor y pueda controlar absolutamente todo”, explicó. El diputado recordó que la función de la Comisión Especial no es probar culpabilidad, sino determinar si existen indicios suficientes que ameriten una intervención.
“Hay cuestiones demasiado graves que afectan al patrimonio de Ciudad del Este. Que existan 239 indicios de hechos punibles es gravísimo, y que el Ministerio Público no haya hecho su trabajo, es aún más grave”, concluyó.
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Diputado Aguilera: “Prieto no convenció, admitió varias violaciones legales”
El intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, se presentó ante la Comisión Especial que investiga el pedido de intervención a su administración. Según reveló el diputado Alejandro Aguilera, integrante de esta comisión, el jefe comunal terminó admitiendo varias de las irregularidades denunciadas, no obstante, trató de defenderlas.
“Realmente no convenció mucho, desde mi punto de vista al menos. Se escudó mucho diciendo, rompí esta ley, para mejorar esto, él admite muchos rompimientos de la ley de su parte. Cuando se le preguntó respecto al faltante de documentos respaldatorios, mostró unas planillas, que no son los respaldatarios que uno como ordenador de gastos debe tener. Hay mucha nebulosa, no supo justificar, convencer ni rebatir los argumentos de la Contraloría”, aseveró.
En contacto con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que la intervención de la Contraloría se basó en el desarrollo de los principales puntos del dictamen por el cual se solicita la intervención, entre los cuales se destaca casos de nepotismo, falta de documentos que justifiquen el gasto de más de G. 40.000 millones, el nivel de gasto corriente que supera al 60 % establecido por la ley y que escala al 70 % en la comuna esteña.
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“En una entrevista que tuvo con un medio de comunicación le preguntaron por la contratación de su prima y él dijo que la Junta Municipal fue la que la contrató, yo le dije que miente, porque la Junta Municipal no es ordenadora de gastos, no tiene atribución de contratar a ningún funcionario, es él el que tiene la potestad absoluta de contratación de personal, entonces es él que termina por contratar a su prima, no la Junta”, dejó en claro.
Luego de haber sido desmentido, Prieto defendió la contratación de su prima, Maribel Alonso Vallejos, quien ocupa el cargo de directora de Impuesto Inmobiliario en la municipalidad, alegando que ella es “demasiado honesta” y que gracias a eso subieron los niveles de recaudación en este aspecto, justificando así la violación a la ley que castiga el nepotismo.
“También se escudó diciendo que cuando eso todavía no existía una ley de nepotismo que prohíbe, que recién en junio entra en vigencia, lo que es mentira, ya desde hace muchísimos años que existe una ley que prohíbe expresamente el hecho que él cometió”, sostuvo. Todo indica que la comisión se reunirá nuevamente la próxima semana, ocasión en la que se decidirá si se realizarán otras diligencias o si ya se emitirá el dictamen.
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El cuestionado jefe comunal dejó a disposición de los miembros de la Comisión unos documentos que serán analizados en los próximos días y contrastados con la Contraloría. Cabe mencionar que el ente contralor no pudo acceder a toda la información necesaria y por eso solicitaron la intervención, instancia en la que se podrá acceder a documentos que no fueron proveídos por Prieto.