La Comisión de Equidad Social e Igualdad de Derechos del Hombre y la Mujer, presidida por la diputada Rocío Abed, concedió dictamen positivo al proyecto de ley “Que establece la obligación de devolver los pagarés al deudor en el acto de pago total de la deuda y establece un régimen sancionador”.

Según la exposición de motivos, la iniciativa legislativa surge ante la necesidad de fortalecer la seguridad jurídica del deudor una vez que ha cumplido con el pago total de una obligación.

Actualmente, a pesar de que el deudor salda su deuda, subsiste una vulnerabilidad al no recuperar el pagaré que firmó. Este título de crédito, al permanecer en poder del acreedor o de terceros, podría ser utilizado de mala fe para iniciar acciones judiciales indebidas o ser negociado, generando un perjuicio grave al ciudadano.

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“El pagaré, como documento formal de la deuda, es la prueba más fehaciente de su existencia, por lo tanto, su devolución al deudor en el mismo acto de la cancelación es el corolario lógico del principio de la buena fe en las transacciones comerciales”, expresa parte del documento.

Agrega que el objetivo de esta ley es proteger al deudor, ya que al exigir la entrega del pagaré, se busca garantizar que la obligación, realmente, se extinga y se elimine cualquier riesgo de litigios futuros basados en un título de crédito ya pagado.

Además, la propuesta normativa establece un régimen sancionador que dota a la ley de la fuerza necesaria para ser efectiva.

En su artículo 1, el proyecto menciona que la propuesta tiene por objeto establecer la obligación ineludible para el acreedor de una deuda quirografaria, instrumentada en uno o más pagarés, de entregar dichos títulos de crédito al deudor en el acto de la cancelación o pago total de la obligación.

Asimismo el artículo 2°, indica que la entrega del pagaré cancelado constituirá plena prueba de la extinción de la obligación. En caso de que el acreedor alegue la pérdida o extravío del título de crédito, deberá entregar al deudor un recibo de pago y una declaración jurada ante escribano público en la que manifieste la extinción de la obligación y la imposibilidad de presentar el documento.

En materia sancionatoria, la norma es contundente. El acreedor que sin causa justificada se niegue a entregar el pagaré será considerado en mora y quedará sujeto a una multa administrativa equivalente al 20 % del monto de la deuda pagada, que será aplicada por la Secretaría de Defensa del Consumidor y el Usuario (Sedeco), previa denuncia del afectado.

La iniciativa, ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores, y se encuentra en su segundo trámite constitucional. Además ya está incluido su tratamiento este martes durante la sesión ordinaria de la Cámara Baja.

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La Cámara de Diputados incluyó en el orden del día de la sesión ordina­ria del próximo martes el pro­yecto de ley “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Paraguay y el Gobierno de los Estados Unidos de América relativo al estatuto de las fuer­zas”, o acuerdo SOFA, que ya cuenta con la aprobación del Senado.

La mesa directiva de Diputa­dos se reunió la semana ante­rior con el encargado de nego­cios de la Embajada de los Estados Unidos, Robert Alter, quien realizó las explicaciones y respondió a las dudas sobre los alcances del acuerdo con los Estados Unidos y Para­guay, relativo al Estatuto de las Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés).

Tras esta reunión, los diputa­dos acordaron tratar y aprobar el acuerdo de cooperación mili­tar. El documento fue suscrito el 15 de diciembre de 2025 en Washington entre Paraguay y Estados Unidos, que establece las condiciones bajo las cua­les el personal militar y civil estadounidense podrá operar temporalmente en territorio paraguayo.

Este acuerdo tiene como obje­tivo principal potenciar la lucha contra el crimen orga­nizado transnacional en Para­guay, permitiendo potenciar las fuerzas de combate a tra­vés de una cooperación tec­nológica, de capacitación y recursos. El tratado establece de manera clara y precisa las condiciones jurídicas aplica­bles al personal militar y civil de los Estados que participe en territorio paraguayo en acti­vidades de cooperación, previamente acordadas a través de las autoridades de Defensa Nacional.

También se estable­cen los términos en que estas personas podrán abarcar el entrenamiento conjunto de las fuerzas de seguridad, la asistencia militar, el fortale­cimiento de las capacidades de defensa nacional y otras acciones mutuamente con­sensuadas, siempre en bene­ficio directo de la seguridad y el bienestar de la ciudadanía paraguaya.

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad este martes el proyecto de ley que establece pensión universal para personas con discapacidad severa.

El estudio en particular se dará en 60 días, ya que se conformará una mesa técnica para analizar alcances, financiamiento, impacto presupuestario y otros ajustes.

Al inicio de sus actividades, los legisladores trataron el proyecto de ley “Que modifica los artículos 3°, 7°, 8°, 10, 12 y 17 de la Ley Nº 7322/2024 - Que establece la pensión universal para las personas adultas mayores y dispone beneficios de acceso e inclusión”.

El diputado colorado Roberto González es el impulsor de la iniciativa que plantea extender la pensión universal a las personas con discapacidad severa de cualquier edad.

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Argumentó que este segmento enfrenta barreras físicas, sensoriales, intelectuales o psicosociales que le impiden integrarse al mundo laboral y sostener una vida digna sin apoyo estatal.

“La Ley 7322/2024 nació con el espíritu de asegurar un ingreso mensual - equivalente al 25 % del salario mínimo - a personas vulnerables que, por su edad o condición, carecen de posibilidades de generar ingresos”, fundamenta el texto.

El proyectista sostuvo que, bajo esa misma lógica, corresponde incluir a personas con discapacidad severa, muchas de las cuales requieren de cuidados permanentes y costosos tratamientos médicos.

“Lo que vengo a plantear es que no se exija edad a una persona con discapacidad para que pueda cobrar el subsidio”, argumentó.

Añadió que, en el caso de la tercera edad, el elemento definitorio es la edad de 65 años, “por la ficción de que al llegar a los 65 declina la capacidad de producción”.

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La Audiencia de Valladolid celebra, desde este próximo martes 2 de marzo, el juicio contra los cinco presuntos integrantes de una red de trata de seres humanos que fue desarticulada en noviembre de 2022 por traer a la capital mujeres desde Paraguay con el fin de someterlas a explotación sexual, actividad que ejercían en condiciones de verdadera esclavitud y bajo un control férreo de los acusados. Los encausados se enfrentan a un conjunto de penas que suman más de 112 años de cárcel.

El juicio por la ‘Operación Tentaciones’ en la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia de Valladolid se extenderá al jueves y viernes, y al mismo la Fiscalía vallisoletana se presenta con un escrito en el que, en distinto grado, imputa al clan paraguayo encausado un total de catorce delitos, según la información del Gabinete de Prensa del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León recogida por Europa Press.

De ellos, cinco son por trata de seres humanos con la finalidad de la explotación sexual de la víctima, en concurso medial con otros tantos de prostitución coactiva, uno de ellos en grado de tentativa; tres delitos de aprovechamiento de la prostitución ajena, un delito de tráfico de drogas en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, un delito continuado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, un delito de blanqueo de capitales, un delito de grupo criminal y un delito de grupo criminal.

La mayor de las penas solicitadas recae en la presunta jefa del entramado, L.C.P, alias ‘Lorena’ o ‘Nicole’, quien se expone a un total de 52 años de cárcel, multa de 9.300 euros, libertad vigilada por espacio de diez años una vez cumplida la sentencia y la inhabilitación especial por espacio de veinte años para cualquier profesión, oficio o actividad, sea o no retribuido, que suponga contacto regular y directo con menores de edad, mientras que su prima, M.A.P.G, podría ser condenada a 25 años, con idénticas medidas que la anterior, y multa de 15.600 euros. Para los otros tres acusados, M.G.G, H.J.A.A. y J.R.A, la acusación pública interesa condenas de 18, nueve años y ocho meses y ocho años de cárcel, respectivamente.

Además, en concepto de responsabilidad civil, se solicita que los cinco, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a cada una de sus víctimas con 80.000 euros por daños morales. A mayores, la supuesta jefa de la organización tendría también que abonar 50.000 euros a las víctimas de cuya prostitución se ha aprovechado.

Por auto de fecha 24 de noviembre de 2022, se autorizó la entrada y registro en varios domicilios de la organización que al menos desde la segunda mitad del año 2021 y hasta finales de noviembre del año 2022 se habría estado dedicando a la captación de mujeres jóvenes con graves problemas económicos y familiares, procedentes de zonas deprimidas de Paraguay, al objeto de financiar y facilitar su llegada, a territorio español, donde eran explotadas en una vivienda en la Avenida de Burgos.

A la cabeza de dicho entramado, tomando todas las decisiones principales, se encuentra la acusada L.C.P, natural de Paraguay, alias ‘Lorena y Nicole’, residente legalmente en España con un permiso de larga duración y principal beneficiaria de toda la actividad delictiva.

El proceso comenzaba por la captación, traslado y acogimiento de las chicas hasta la vivienda mencionada para su explotación sexual. Ya en el piso de la Avenida de Burgos, las ‘turistas’ eran informadas de la deuda contraída que iban a tener que satisfacer trabajando en la prostitución, para lo cual, en primer lugar y como trámite previo, la acusada contrataba los servicios de un fotógrafo profesional que tomaba unas fotografías sugerentes de las mujeres, siempre sonriendo y mirando a la cámara, vestidas con lencería o incluso semidesnudas, al objeto de poder publicitar en las páginas especializadas de contactos sexuales.

La propia acusada asignaba a cada víctima su ‘nick’ o nombre que iba a utilizar en los intercambios sexuales, comenzando de inmediato a prestar los mismos, cuyas citas concertaba ‘Lorena’, fijando el importe, la duración y contenido del servicio sexual contratado.

Las víctimas tenían que estar disponibles las 24 horas del día, arregladas y maquilladas en espera de los clientes y solo podían abandonar el domicilio durante dos horas al día, de una en una, previa solicitud, que no siempre se concedía, debiendo de regresar inmediatamente al mismo si fuera requerida para ello por la presencia de algún cliente.

Normalmente, existía un chat compartido por la acusada y las víctimas, ‘Nicole Relax’, a través del cual se las comunicaba la presencia de un cliente o bien a través de comunicación de WhatsApp directa. Además de los servicios prestados en la vivienda, que era lo habitual, también se ofrecía la posibilidad de salidas a domicilios de clientes y hoteles, con diferentes tarifas y abono del importe del taxi que utilizaría la víctima, que, hasta el pago de la totalidad de la deuda contraída, sólo percibían una pequeña cantidad para poder vivir.

La vivienda utilizada como prostíbulo contaba con tres cámaras de vídeo vigilancia y audio al objeto de poder controlar todo lo que allí sucedía y en especial los clientes que accedían, el tiempo que estaban con las víctimas y si éstas hablaban con los clientes de cosas particulares más allá del servicio contratado.

Dicho inmueble estaba distribuido en nueve habitaciones y tres cuartos de baño, de tal manera que la persona que hacía de encargada tenía una habitación para ella sola a modo de oficina, mientras que el resto de víctimas vivía hacinado en una o dos habitaciones, en literas, ocupando entre cuatro o cinco personas una habitación. El resto de estancias disponibles eran para la prestación de los servicios sexuales.

En la vivienda mencionada, además de prestarse servicios sexuales, como oferta adicional, con unos códigos previamente establecidos en el sector (fiesta, fiesteras, fiesta blanca), para aquellos clientes que lo solicitaran se distribuía droga, concretamente cocaína y en alguna ocasión pastillas de viagra, si bien las víctimas, que no podían negarse a prestar este servicio, no participaban del beneficio generado, que recogía únicamente a la acusada.

En la adquisición y traslado de la droga a la vivienda de la Avenida de Burgos colaboraba el también acusado J.R.A, pareja sentimental de la jefa. La situación narrada se mantuvo prácticamente intacta hasta febrero del año 2022, momento en el que la acusada, obsesionada con su propia seguridad personal, empezó a tomar medidas de protección más eficaces para evitar ser responsabilizada, llegado el caso, de la actividad narrada.

A partir de ese momento, sería su prima y también acusada M.A.P.G, natural de Paraguay y en situación irregular en territorio español, quien asumiría diversas funciones de gestión y control de la actividad para que la anterior pasara a un discreto segundo plano.

En las tareas de captación de mujeres participarían también, siempre según la acusación pública, los otros dos acusados, una mujer con iniciales M.G.G, y el varón H.J.A, quien trabajaba en una empresa de paquetería en Valladolid entregando y recogiendo paquetes principalmente para ciudadanos de Paraguay.

Fuente: Europa Press.