El diputado Rodrigo Gamarra respaldó el reclamo de los médicos por mejores salarios y condiciones laborales, pero sostuvo que una eventual recomposición debe ser responsable, gradual y sostenible. Además, abogó por retomar la mesa de negociación y advirtió que una huelga prolongada terminaría afectando principalmente a los pacientes.

En comunicación con La Nación/Nación media, reivindicó los avances registrados en Salud Pública durante los últimos años, entre ellos la reducción de la carga horaria médica, 13.230 nombramientos y nuevas inversiones en infraestructura. Sostuvo que, aunque persisten reclamos salariales, “contar solamente las carencias” tampoco refleja toda la realidad.

“Siempre voy a considerar legítimo que los médicos reclamen mejores condiciones laborales y mejores salarios. Estamos hablando de profesionales que tienen en sus manos la salud y muchas veces la vida de nuestra gente. El Estado debe aspirar a pagar cada vez mejor al médico, reconociendo su capacitación, especialización, experiencia, responsabilidad y el grado de complejidad de la tarea que realiza”, remarcó.

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Gamarra señaló la necesidad de dejar de estigmatizar los buenos salarios de los profesionales altamente calificados por trabajar en el sector público y advirtió que esta práctica puede favorecer la fuga de talentos al ámbito privado. Sostuvo que un Estado eficiente debe atraer y retener a los mejores profesionales. “Si queremos un Estado eficiente, también tenemos que atraer y retener a los mejores”, remarcó.

El legislador colorado sostuvo que, aunque aún existen carencias y reclamos pendientes, también se debe ver toda la película porque hubo avances importantes en materia salarial, laboral, de infraestructura y contratación de personal. Indicó que no sería exacto afirmar que durante los últimos diez años no existieron reivindicaciones ni avances importantes para el sector médico.

“En 2015 los médicos trabajaban mayoritariamente 24 horas semanales por vínculo y comenzó gradualmente la histórica reivindicación de reducir esa carga a 12 horas manteniendo la misma remuneración. En 2021 se amplió a más hospitales y unidades de salud; en 2022 llegó al Congreso el proyecto que buscaba consolidar este derecho; en 2023 se promulgó la Ley 7.137; entre 2023 y 2025 continuó su implementación y finalmente en 2025 Salud formalizó las 12 horas semanales por vínculo para los médicos asistenciales”, precisó.

Señaló que cobrar el mismo salario por 12 horas que, anteriormente se percibía por 24 no duplica el ingreso mensual, pero sí duplica el valor de la hora trabajada. “Es una conquista importante del gremio y también un esfuerzo presupuestario importante del Estado”, acotó.

Destacó además que hace apenas unos días el Equipo Económico autorizó 11.100 nuevos nombramientos en Salud, de los cuales 9.755 corresponden a personal de blanco. Sumados a los 2.130 ya incorporados. “Estamos hablando de un proceso de 13.230 nombramientos y de una de las mayores acciones de desprecarización laboral realizadas en Salud Pública”, enfatizó.

Gamarra destacó como otro avance importante, la construcción de nuevos hospitales de alta complejidad, algunos de ellos ya funcionando, como el caso del hospital de Coronel Oviedo y Encarnación. “Nuevas inversiones y una cartera de infraestructura hospitalaria que supera los 500 millones de dólares. Por supuesto que falta mucho aún, nadie lo desconoce y el propio Gobierno lo reconoce. Pero contar solamente las carencias sin contar los avances tampoco muestra toda la realidad”, cuestionó.

El diputado dijo además que aún así los médicos están en su derecho de reclamar, así como a debatir y buscar soluciones. No obstante, asegura que se debe evitar la politización de las necesidades y del sufrimiento de la gente. “La salud de un paraguayo no puede convertirse en una herramienta de disputa política. Una cosa es acompañar un reclamo legítimo y otra aprovechar las carencias que sabemos que existen para instalar que nada se hizo o que todo está mal”, dijo.

Por lo que llamó a que este conflicto vuelva cuanto antes a la mesa de negociación. “Debemos medir las consecuencias de las medidas de fuerza: una huelga prolongada termina castigando justamente al que ninguna responsabilidad tiene en esta discusión, el paciente que espera una consulta, una cirugía o un tratamiento”, abogó.

Finalmente, reiteró que su posición es acompañar una recomposición justa y posible, seguir mejorando las condiciones de nuestros médicos y construir una verdadera carrera profesional, mediante el diálogo y sin poner en riesgo la atención de la gente. “Tenemos que discutir cuánto debe ganar mejor un médico, pero contando toda la película, lo que falta, lo que se reclama y también todo lo que ya se conquistó y se está haciendo”, concluyó.

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El diputado Hugo Meza pidió prudencia ante la huelga de médicos iniciada ayer y que se extiende hasta el viernes 28 de agosto, señalando que el tope del déficit fiscal imposibilita responder de inmediato a sus reclamos. Desde el Congreso Nacional insisten en priorizar el diálogo.

“En el parlamento tenemos la capacidad de poder sacar de algún lado algunos excesos (recursos) y trabajar sobre la gradualidad ya que no se les puede dar todo de una vez”, indicó a la 780 AM.

Meza manifestó que “dentro del déficit fiscal debemos ver qué podemos hacer con el Presupuesto General de la Nación 2027 porque con el actual no hay fórmula o espacio para dar cumplimiento a los reclamos. Debemos dialogar y no cerrarnos, buscar un punto de equilibrio y acuerdos para poder satisfacer las necesidades que ellos tiene y que son justas”.

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Los médicos se encuentran protestando por mejores condiciones laborales en los hospitales, garantías en insumos básicos, el reajuste del sueldo a 2,8 salarios mínimos, pago de feriados y nombramientos de los contratados.

“Debemos dialogar, buscar un punto de equilibrio y acuerdo para satisfacer las necesidades que ellos tienen y que son justas. Tenemos que tener también la capacidad de escuchar, una vez que se sientan escuchados, yo no creo en la irracionalidad del gremio médico. Este es un momento no fácil para nuestra economía y el presidente de la República, Santiago Peña, está haciendo un gran esfuerzo para sincerar las cuentas públicas”, comentó.

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La Comisión de Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Cámara de Diputados dictaminó a favor del proyecto de ley que busca establecer la exoneración del 50 % del pasaje para las personas con enfermedades catastróficas.

Específicamente se busca incorporar un régimen especial de exoneración del cincuenta por ciento (50 %) del costo del pasaje en el transporte terrestre para las personas que padecen enfermedades catastróficas, reconociendo las dificultades económicas que enfrentan para acceder en forma continua a los servicios de salud.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), una importante proporción de los pacientes que requieren tratamientos especializados proviene del interior del país, debiendo trasladarse periódicamente a los centros de referencia.

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“El costo del transporte constituye una barrera real para el acceso oportuno y continuo a dichos tratamientos. Si bien la gratuidad total representa una alternativa de protección integral, la exoneración del cincuenta por ciento constituye una medida equilibrada entre la necesidad de brindar apoyo a los pacientes y la sostenibilidad económica del sistema de transporte público”, fundamentan los proyectistas.

Asimismo, un elevado porcentaje de la población paraguaya depende exclusivamente de los servicios públicos de salud, situación que obliga a numerosos pacientes a realizar viajes frecuentes para consultas, estudios, tratamientos de quimioterapia, radioterapia, diálisis, controles especializados y otros procedimientos indispensables para la preservación de su salud y su vida.

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La ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, aseguró que la meta es habilitar para diciembre el cruce desnivelado de Pedrozo, actualmente en construcción y afirmó que los trabajos avanzan con jornadas 24/7. Defendió las actuaciones de la cartera de Estado a su cargo y señaló que la solución fue seleccionada tras analizar nueve alternativas con expertos internacionales en seguridad vial.

La responsable de Obras Públicas acudió esta mañana a la reunión de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, encabezada por el senador Basilio Núñez, que junto a líderes y vice líderes de bancadas, analizaron la situación de seguridad vial en el tramo de la Ruta PY02, a la altura del km 45, zona conocida como Pedrozo, donde días atrás se registró un grave accidente de tránsito que dejó como saldo seis víctimas fatales y varios heridos.

Mencionó además, que el MOPC viene trabajando desde el 2019 y desde febrero de este año avanzó con los procesos de expropiación. De 220 expedientes de expropiación, 150 aceptaron la tasación y otros fueron judicializados. Según explicó, unos 42 expedientes habían impedido el ingreso a propiedades necesarias para avanzar con la obra.

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“Hoy estamos en plena ejecución de las obras. Hemos retirado de manera inmediata el semáforo. Tuvimos inconvenientes para poder acceder a los terrenos para la ejecución de estas obras. Hoy en día están todos entregados. Nosotros desde el mes de febrero entramos en procesos judiciales, pero no hemos parado de trabajar. El 3 de agosto se nos comenzó a liberar un terreno”, comentó.

Señaló que hoy se redujo la circulación de dos carriles a un carril, para garantizar no solamente la seguridad de los usuarios de la vía, también la seguridad de los pobladores de la zona y además la de los obreros que están trabajando incluso en horarios nocturnos.

“El objetivo es entregar en la brevedad las pistas de incorporación, la pista de aceleración y desaceleración que son fundamentales para el ingreso a la carretera y también el compromiso de Ruta del Este y la exigencia que les puse es que el cruce desnivelado pueda estar habilitado para fin de año”, remarcó.

Por otra parte, Centurión confirmó que el Estado tuvo que recurrir a tres expertos internacionales en seguridad vial, que se se encargaron de analizar nueve alternativas para intervenir el cruce de Pedrozo y recomendaron la solución que actualmente se encuentra en ejecución. Según explicó, la selección tuvo en cuenta criterios de seguridad, tiempo de ejecución e impacto social y ambiental.

“Todas las ejecuciones se realizaron bajo normas; aprovecho para mencionar que nuestra administración para la selección del cruce que hoy está en ejecución en Pedroso recurrió en el 2024 al informe, de tres expertos en seguridad vial internacionales. Ellos analizaron nueve alternativas, no una, no dos, nueve alternativas de ejecución de obras en la zona y ha recomendado llevar adelante la ejecución de la obra que hoy está siendo construida por distintos criterios”, explicó.

Agregó que dichos criterios tienen que ver en primer lugar y más importante, la seguridad vial, menor tiempo de ejecución de las obras, menores afectaciones, menores impactos ambientales y sociales, mejor convivencia de este sistema de obras con la comunidad.

Asimismo, Centurión remarcó que se tiene que trabajar de forma coordinada con la Dinatran, los municipios, para el otorgamiento de los registros de conducir, las habilitaciones de los vehículos, teniendo en cuenta los años de los vehículos. Remarcó que la seguridad vial es un sistema complejo y completo.

“Tenemos obligaciones en lo que hace a la infraestructura, debe de ser segura, funcional; pero también el usuario tiene obligaciones, cumplir la normativa de tránsito, cumplir la velocidad máxima impuesta en el tramo donde está transitando. El vehículo debe estar habilitado con las revisiones al día. Es un sistema que tiene que funcionar en todas estas tres aristas para poder garantizar que la no ocurrencia de los siniestros viales”, acotó.

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