La fiscal Fátima Capurro indicó este lunes que continúan las investigaciones en contra de las personas procesadas por el Ministerio Público tras las violentas manifestaciones que se llevaron a cabo durante 16 días frente a la sede del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) por seguidores del excandidato presidencial por el Partido Cruzada Nacional, Paraguayo Cubas.
“Sigue en curso la investigación. Muchos están imputados, algunos están con medidas alternativas. Los últimos están con prisión, y bueno, estamos así con muchos procesados, pero tratando de hacer lo mejor posible y objetivamente el trabajo”, dijo la agente del Ministerio Público.
Consultada sobre situación del dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y conocido agitador efrainista, Marcos Antonio Báez González, detenido el vienes último durante una manifestación en inmediaciones del Panteón Nacional de Héroes, Capurro señaló que está procesado por incitación a cometer hechos punibles.
“También fue procesado por perturbación de la paz pública y amenaza de hechos punibles en la otra unidad de Convivencia. También esa causa llevamos con el Dr. Ángel Ramírez”, dijo la fiscal en comunicación con la radio 1000 AM.
“Yo ya tenía una causa abierta con relación a él por la instigación en redes sociales, y ese día (viernes) se le aprehende a él no solo por la orden de detención, sino sobre otros hechos violentos que ocurrieron en otro lugar”, agregó.
El dirigente efrainista también había participado en el atraco y posterior quema del Congreso Nacional en el año en el año 2017, mientras que en el mes de marzo de 2021 fue filmado agrediendo públicamente a un periodista durante una cobertura de las protestas ciudadanas contra la gestión del actual gobierno, durante la pandemia del covid-19.
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Imputan al intendente de Luque por la muerte de madre e hija en raudal
El fiscal de Luque, Jorge Escobar, presentó imputación contra el intendente de Luque, Carlos Echeverría (ANR), por los delitos de intervenciones peligrosas en el tránsito terrestre y homicidio culposo por el fallecimiento de una madre y su hija, quienes fueron arrastradas por el raudal en dicha ciudad. El proceso penal está a cargo de la jueza de Garantías Cecilia Ocampos, de Luque.
En el lamentable hecho fallecieron Sara Benítez (48) y su hija Nilda Luján Barrios Benítez (19), quienes el pasado 25 de abril en horas de la madrugada fueran arrastradas por el caudal de agua que desemboca en el cauce del arroyo San Juan.
El escrito del acta de imputación refiere que conforme a los datos recolectados se tiene elementos de sospecha que hacen presumir que, al momento en que habría caído el vehículo donde iban madre e hija a la zanja, habría deficiencias en el sistema de seguridad vial, es decir, una nula señalización de advertencias de peligro e instalaciones de protección a peatones y vehículos y carencia de barrera de protección eficaz ante raudales.
Asimismo, el documento del Ministerio Público señala que “en carácter de Intendente Municipal de Luque, Echeverría sería la persona responsable de dirigir y ejecutar obras para la seguridad vial de la ciudad y en ese sentido, no habría realizado las debidas diligencias para disminuir el riesgo en la circulación del tránsito vehicular e inclusive peatonal de la zona identificada como zanja San Juan, situada en el lado derecho de las calles Francisco Solano López y Curupayty de Luque, omisión que generó el fallecimiento de ambas mujeres”, refiere el escrito.
Ahora el juzgado penal de garantías deberá admitir la imputación y fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia de imposición de medidas cautelares donde se definirá si el jefe comunal de Luque va a prisión o es beneficiado con medidas alternativas a la prisión.
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El lunes se sabrá si Pedro Sánchez dimite o no por la investigación a su esposa
El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció sorpresivamente este miércoles que evalúa dimitir y que dará a conocer su decisión el lunes, debido a una investigación judicial sobre su esposa por presunta “corrupción”.
“Necesito parar y reflexionar” sobre “si debo continuar al frente del gobierno o renunciar a este alto honor”, señaló el mandatario en una carta a la ciudadanía publicada en la red social X.
Sánchez, en el poder desde 2018, indicó que comparecerá “ante los medios de comunicación (...) el próximo lunes, 29 de abril” para dar a conocer su decisión, y hasta entonces canceló su agenda pública.
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La investigación preliminar sobre su esposa, Begoña Gómez, por sospechas de tráfico de influencias y corrupción, fue abierta el 16 de abril ante una denuncia de Manos Limpias, un colectivo cercano a la extrema derecha, según anunció este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Las diligencias son “secretas”, indicó la corte.
Sánchez, de 52 años, reelegido por el Parlamento en noviembre, rechazó la denuncia, que a su juicio está basada en hechos “inexistentes”, y la enmarcó en una “estrategia de acoso y derribo” en su contra de “medios de marcada orientación derechista y ultraderechista”, respaldada por los partidos de la derecha y la extrema derecha.
“No soy un ingenuo. Soy consciente de que denuncian a Begoña no porque haya hecho algo ilegal (...), sino por ser mi esposa”, escribió Sánchez.
La investigación
La decisión de la justicia se conoció después de que el medio digital El Confidencial revelara este miércoles que los investigadores examinaban los vínculos de Gómez con con el grupo turístico español Globalia, propietario de la aerolínea Air Europa, cuando esta última mantenía conversaciones con el gobierno para conseguir un rescate durante la pandemia de covid-19.
En aquel momento, Gómez dirigía el IE Africa Center, una fundación relacionada con la escuela de negocios Instituto de Empresa (IE), un cargo que abandonó en 2022.
El Confidencial afirmó que el IE Africa Center firmó en 2020 un acuerdo de patrocinio con Globalia y que la esposa del jefe de Gobierno “se reunió en privado con el consejero delegado del ‘holding’ turístico, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía”.
En noviembre de 2020, el gobierno de Sánchez ofreció una línea de ayuda de 475 millones de euros (507 millones de dólares al cambio actual) a Air Europa, surgida de un fondo de 10.000 millones de euros destinados a apoyar a empresas estratégicas en dificultades por la pandemia.
La compañía española fue la primera de muchas otras que se beneficiaron de ese fondo.
La oposición
Tras la publicación de la carta, el Partido Popular (PP, derecha), principal formación de la oposición, pidió a Sánchez “aparecer ya para dar una explicación razonada de los escándalos que rodean a su partido, a su Gobierno y a su pareja”, en lugar de “desaparecer” hasta el lunes.
El mandatario apuesta “por la victimización y la lástima en lugar de por la rendición de cuentas y la claridad”, subrayó el PP en un mensaje en X, dando a entender que su amenaza podría ser una simple estrategia política.
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Personas del entorno de Sánchez salieron a defenderlo, como la número tres del Gobierno, Teresa Ribera, quien escribió en X: “Tenemos un presidente de primera. Ni él ni su familia merecen esto”.
Horas antes, la número dos del Gobierno, María Jesús Montero, había calificado la denuncia contra la esposa de Sánchez de “prácticas trumpistas”.
El PP utiliza “una denuncia falsa de una organización ultraderechista para difamar e injuriar a la presidencia del Gobierno”, indicó.
Manos Limpias, fundado en 1995, ha estado detrás de varias querellas en los últimos años y ha actuado como parte civil en muchos casos de corrupción.
Se lo considera próximo a la extrema derecha, entre otras cosas por la personalidad de su fundador, Miguel Bernad, antiguo dirigente del partido Frente Nacional, disuelto en 1993.
Acusado de participar en una red de extorsión, Bernad fue condenado a cuatro años de prisión en julio de 2021, pero finalmente fue absuelto en apelación por falta de pruebas.
Fuente: AFP
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IPS ya no puede cometer “los mismos errores” que dejó la administración anterior
El Instituto de Previsión Social (IPS) presentó, el 16 de abril pasado, una denuncia ante el Ministerio Pública al detectar, a través de una auditoría interna, una presunta rosca que solicitaba coimas a los jubilados para falsificar certificados médicos con el fin de “agilizar” los trámites en la Caja de Préstamos de la previsional. El asesor jurídico José González puntualizó las irregularidades detectadas y los desafíos que asume la institución para mejorar la transparencia.
“No podemos caer en los mismos errores que cayó la administración anterior, tenemos que ver nuestros números, todas las falencias que dejó la pasada administración, identificar a los responsables y mejorar”, señaló González en el programa “Fuego cruzado”, por GEN/Nación Media, detallando que esta es la segunda denuncia presentada por IPS ante la Fiscalía, luego de los reportes finales que había remitido la Contraloría General de la República (CGR) sobre otras irregularidades.
A partir de aquel informe, el presidente de la institución, el doctor Jorge Brítez dispuso la realización de la auditoría, el 21 de marzo pasado, que verificó 25 solicitudes de préstamos a partir del mes de febrero, pendientes de aprobación. En tanto, la Contraloría señalaba sobre un crédito que se había sacado para pagar a los proveedores. Posteriormente se sacó otro, el cual no tenía fuente de financiación, y para saldar ese crédito se dejó de cumplir con los proveedores, por lo cual se hablaría de un monto cercano a los USD 250 millones, refirió González.
“Luego se detectaron otras irregularidades como solicitudes de embargo sobre inmuebles del IPS, cuando esto no se dispone reglamentariamente, sin mencionar que se encontró un fideicomiso totalmente descalzado”, indicó González. Aparte, durante 5 años se dejaron de certificar las deudas y, hoy en día, 5.300 títulos de créditos se están empezando a imprimir, que consisten en los aportes de obrero-patronal que se hacen por parte de las empresas, que la anterior administración no judicializó.
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“Ordenar la casa”
El asesor jurídico del IPS detalló que actualmente hay dos causas abiertas en el Ministerio Público, planteadas desde la previsional, una sobre los tres reportes que había hecho la Contraloría y la segunda sobre los resultados de la auditoría externa. “Se encuentran en etapa inicial, están en proceso de investigación, pero consideramos que el Ministerio Público posee los suficientes elementos para presentar una imputación porque se trata de hechos irregulares graves y reportes finales que ha emitido la Contraloría”, expresó González.
“Ahora tenemos que ordenar la casa. Estamos trabajando en la parte inmobiliaria, también queremos implementar un sistema donde todos los asegurados y la ciudadanía puedan saber lo que tiene IPS, cuál es el valor real de lo que están pagando y qué es lo que deberían pagar”, señaló. También se analizarían los mecanismos para realizar un control de los bienes, con lo cual se prevé la posibilidad de contar con mayor transparencia. Todo está siendo informatizado para que en corto plazo se pueda llegar a este tipo de servicios.
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Violencia familiar: quemó la casa de su pareja y solo fue sentenciado a donar G. 500.000
Una mujer denunció la inacción del Ministerio Público y la falta de protección que debe brindar la justicia a las víctimas de violencia familiar. Asimismo, sostuvo que está impotente debido a que es de escasos recursos y no puede contratar un abogado para poder defenderla ante un caso que considera como injusticia.
“Soy víctima de un intento de feminicidio porque mi expareja quemó mi casa cuando mis hijos estaban adentro”, dijo la señora Karen Balovier ante la situación que está atravesando, que actualmente no tiene ni donde guarecerse.
Agregó que su expareja quemó la casa estando dentro ella con sus hijos. Pese al voraz grado de violencia, el expediente solo está caratulado como violencia familiar. Sostuvo que por este motivo se siente “impotente porque no tengo recursos para poder contratar a un abogado”, indicó.
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Añadió que ya solicitó al Juzgado donde atienden su caso que se cambie la carátula de violencia familiar a intento de feminicidio, porque siente mucho miedo que su expareja vuelva y quiera hacerle algo a sus hijos o a ella, manifestó.
Asimismo, Balovier manifestó: “espero que se cambie la carátula y que sea por intento de feminicidio porque él sabía cuando quemó la casa que estábamos mis hijos y yo adentro”, puntualizó la denunciante.
Del mismo modo, la mujer criticó la resolución del juez de Ayolas, Blas Montiel, quien hizo lugar a la suspensión condicional del procedimiento del imputado César Ramón Villar Fretes, que en principio fue procesado por violencia familiar.
Como medida reparatoria, el magistrado dispuso que Villar Fretes realice una donación de G. 500.000, pese a que las víctimas quedaron sin un techo y con mucho miedo a que vuelvan a ser víctimas de algún tipo de agresión.
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