La Asociación Rural del Paraguay (ARP) emitió un comunicado a través del cual respalda las palabras del presidente de la República, Santiago Peña, quien se pronunció en defensa del sector productivo y la matriz de producción de nuestro país. Desde el gremio aseguran que cuentan con la capacidad de producir de manera sostenible, pero que no corresponde la imposición por parte de organismos extranjeros.

“Desde la Asociación Rural del Paraguay acompañamos las palabras del presidente de la República, Santiago Peña. El gremio de productores ganaderos ya ha expresado su postura sobre el reglamento 1115 desde un inicio, entendiendo que es una decisión unilateral de este mercado. Muchos productores están preparados, pero no obligados a ingresar en el esquema que promueve este reglamento”, reza el comunicado.

Asimismo, sostienen que el sector tiene experiencia comprobada en los sistema de trazabilidad de sus productos y han sido impulsores del Sistema de Identificación Animal del Paraguay (Siap), el cual actualmente está vigente en nuestro país como una legislación, que permite la identificación y registros de diversas razas de animales.

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De acuerdo a lo que sostiene el gremio, esta ley posibilitará a los más de 140.000 productores de ganado, ampliar sus posibilidades tanto dentro de nuestro país como en el mercado internacional. “Estamos abiertos a la cooperación técnica, siempre y cuando esto no ponga en riesgo nuestra soberanía ni implique ningún tipo de injerencia sobre el marco legal nacional”, manifiesta.

La ARP deja en claro que quienes quieran producir y exportar al mercado europeo, podrán hacerlo con libertad, pero señalan que esto no los obliga a estar sometidos a políticas extranjeras. El gremio insiste en la generación de vínculos comerciales que respeten la soberanía de nuestro país.

“Además, enfatizamos la necesidad de estar preparados para cumplir con todas las exigencias que nos permitan finalmente poder elegir dónde y a quiénes vender, en beneficio del desarrollo nacional”, culmina el escrito. Este comunicado fue difundido luego de que el mandatario se pronunciara en un evento de Itapúa con productores, en el cual ratificó el compromiso de su gobierno con la defensa de los intereses de nuestro país ante los mercados internacionales.

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A través de un comunicado, la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción (Ucetrama) hizo oficial la decisión de los transportistas que hacen parte de la misma de no unirse al paro anunciado por la Cetrapan.

Este último sector de los transportistas tiene previsto realizar un paro del transporte público los días 20, 21 y 22 de mayo, que afectaría a todos los usuarios del departamento Central.

Ya son dos las organizaciones que no se unirán al paro, la Fetram y la Ucetrama. Cabe destacar que las líneas que hacen parte de la Única Central de Empresarios de Transporte del Área Metropolitana de Asunción son la 2 y 7; 10; 18; 19; 21; 26; 36; 52; 96; 88 y 207, que a su vez garantizan el servicio regular de todas sus unidades.

“Somos conscientes que existen innumerables problemas por resolver en todo este sistema de transporte, ineficiente y perjudicial para todos. Este modelo se encuentra perimido y requiere el mayor de todos nuestros esfuerzos, para adecuarlo a los nuevos tiempos modernos”, dice parte del comunicado.

El pronunciamiento sigue con lo siguiente: “Manifestamos nuestra predisposición como empresarios del transporte para ser parte de esta transformación, ya que la ciudadanía se merece un transporte público eficiente”, menciona en parte del comunicado emitido por la organización.

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En el documento también destacan que desde el punto de vista de la organización existe la predisposición por parte de las autoridades de un diálogo que pueda hacerlos llegar a un acuerdo beneficioso para todos en pos de mejoras en las estrategias de trabajo generales.

Cabe destacar que desde el gobierno continúan buscando también el mecanismo más eficaz para lograr una solución definitiva a este tipo de inconvenientes que se dan con el sector transporte desde hace años, barajado inclusive la posibilidad de transferir el subsidio al pasajero y ya no a los transportistas.

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El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) emitió un comunicado en el que recuerda que los campos comunales son sagrados e inviolables, y están protegidos por la Ley 1863/02 del Estatuto Agrario. Al respecto, el titular de esta institución Francisco Ruiz Díaz manifestó a través de sus redes sociales, que la violación de esta disposición puede acarrear consecuencias penales.

El pronunciamiento institucional surgió a raíz de las últimas denuncias respecto a la ocupación de los campos comunales, conocidos popularmente como la “estancia de los pobres”, por lo cual recuerda a la ciudadanía que las tierras denominadas como campos comunales están protegidas por la Ley del Estatuto Agrario.

En ese sentido, recuerdan que el artículo 30 de la citada normativa, establece que “los campos comunales serán inembargables, imprescriptibles, indivisibles e inalienables, no pudiendo ser destinados a otros fines sino a los establecidos en esta Ley. Es decir, son superficies de tierra de uso gratuito de la comunidad, destinadas al pastoreo o abrevaje del ganado”, cita el comunicado del ente agrario.

Igualmente, el Indert recuerda que en el artículo 32° de la mencionada legislación señala que “el organismo de aplicación Indert, recuperará con la mayor diligencia y eficiencia posible los campos comunales que hayan sido objeto de apropiación indebida, procediendo a la anulación, por vía correspondiente, de los títulos otorgados”, destacan.

Finalmente, recuerdan el artículo 35 del estatuto que establece que el Indert velará por el cumplimiento irrestricto de la ley, por parte de los funcionarios, de las comunidades y de las ciudadanía en general.

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Los Consejos de Presidentes de Comité de Central y Cordillera llevaron adelante una reunión el fin de semana, en la que han decidido no acompañar el pedido de la Coordinadora de Intendentes Liberales sobre el adelantamiento de elecciones partidarias.

Ambas organizaciones de dirigentes de base expresaron su molestia por la decisión inconsulta de los intendentes, quienes intentan acortar el mandato de las autoridades partidarias, tanto a nivel local como nacional. Además, anunciaron que en la semana comunicarán al Directorio sus decisiones a fin de que se tenga en cuenta a la hora de tomar una resolución en el pleno de la conducción nacional.

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Conforme al comunicado que han emitido en conjunto los dirigentes de Comité de ambos departamentos, exponen como argumento para oponerse al pedido de adelantar las elecciones internas partidarias, señalan que tropieza con impedimentos constitucionales y legales.

En tal sentido, señalan el artículo 154 de la Ley 1975/02 que modifica la ley electoral que expresa que se establecen dos periodos para la elección de autoridades nacionales, departamentales y partidarias, por lo que las elecciones partidarias deberán indefectiblemente realizarse en forma conjunta con las internas municipales o en su defecto en el 2027 con más internas presidenciales.

Por otra parte, la Ley 6318/19 en su artículo 3° que habla del sistema de votación electrónica será utilizada de manera obligatoria. Esto obligaría a que en caso de adelantamiento la Justicia Electoral deberá alquilar un año antes las urnas, lo que implicaría una ingente erogación presupuestaria, que el TSJE no tiene previsto.

A todo esto debe sumarse el impedimento de acortar mandatos, situación no prevista en las normativas vigentes, requisito necesario para su aplicación al ser los partidos políticos sujetos de Derecho Público.

En otro apartado del comunicado, aclaran que sí están de acuerdo con la reforma del estatuto partidario. “Estamos a favor porque también venimos analizando de manera permanente la situación del partido, por lo que consideramos que es momento de un análisis profundo de fondo y de forma para realizar todas las modificaciones necesarias de manera a ajustarlo a la realidad actual”, mencionan.

Asimismo, lamentan la falta de un diálogo de representantes de la Coordinadora de Intendentes liberales con las autoridades partidarias de las bases para llevar adelante un petitorio el cual también los afecta directamente.

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