El secretario general de la Organización de Trabajadores y Educadores del Paraguay (OTEP-A), Gabriel Espínola, informó que, para este martes 10 y miércoles 11 de marzo, el sector irá a un paro total de actividades a nivel país, razón por la cual no habrá clases como medida de presión contra una eventual sanción de la versión de Diputados del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

“Las movilizaciones inician mañana martes y se extenderán a todas las instituciones de la República, en todos los niveles y modalidades. Los puntos de concentración ya están previstos y, el día miércoles, un número importante se trasladará hasta la capital“, refirió el gremialista, este lunes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, dijo este lunes que por el momento no se extenderá el permiso de habilitación otorgado para la importación de tomate. El secretario de Estado afirmó que la producción nacional es suficiente para abastecer el mercado interno, por lo que no consideran necesario ampliar el plazo para el ingreso del producto desde el exterior.

En comunicación con el programa “Así son las cosas” de canal Gen y Universo 970 AM/Nación Media, el titular del MAG alegó que los tomates importados no se comercializaron en la medida en la que se esperaba.

Las bolsas asiáticas se desplomaron el lunes y los precios del petróleo se dispararon más del 25 %, superando los 110 dólares el barril, ante los temores causados por la guerra en Oriente Medio, que entra en su segunda semana sin señales de tregua. Con la perspectiva de un impacto de la guerra en la economía global, las bolsas asiáticas extendieron las pérdidas de la semana pasada.

la Bolsa de Seúl, que este año había tenido un rendimiento fuerte por sus empresas tecnológicas, cerró el lunes con una baja de 5,96 %, mientras que la de Tokio cerró con más de 5,19 % de caída. También se registraron fuertes bajas en las bolsas de Hong Kong, Shanghái, Taipéi, Sídney, Singapur, Manila y Wellington.

Autoridades fiscales y policiales investigan un posible caso de feminicidio en Ypané tras el hallazgo del cuerpo de una mujer que presentaba moretones el domingo al mediodía.

María Dolores Alcaraz Ramírez (40) fue hallada muerta a orillas del río Paraguay, en el barrio Tavarory de dicha ciudad. Presentaba heridas de arma blanca y golpes en el rostro. Era conocida en la zona como “Sirena”. Su hermana, Mirta Alcaraz, mencionó que existen antecedentes de violencia en la relación de la fallecida con su pareja. Indicó que desde hace tres años, venía sufriendo agresiones constantes.

El precandidato a la intendencia de Asunción por el movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, señaló que su objetivo es enfocarse en trabajar por la ciudad, sin otros intereses políticos, remarcando la necesidad de un importante cambio en la gestión de la administración municipal para que se puedan dar soluciones reales a los asuncenos.

“Yo me considero que soy el cambio, yo soy el cambio, porque yo vengo de otro aspecto de la sociedad, vengo de un nivel no político, nunca ejercí un cargo político y vengo realmente con muchas ganas de trabajar por mi ciudad. Mi única intención es trabajar cinco años por mi ciudad. Yo no estoy pensando en una apetencia política, ni nada de eso”, indicó a la 1020 AM.

El presidente de la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco), Enrique Duarte, cuestionó duramente el proyecto de ley que plantea otorgar un día de licencia laboral remunerada por cumpleaños a trabajadores del sector público y privado.

En charla con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media, el representante del gremio sostuvo que la iniciativa es “una barbaridad” y advirtió que podría afectar la productividad del país.

El diputado colorado Alejandro Aguilera criticó duramente el aumento en el precio de los combustibles por parte de los emblemas privados y requirió a Petróleos Paraguayos (Petropar) ser un actor clave para poner límites a los abusos y proteger el bolsillo de la ciudadanía.

“La guerra empezó hace algunos días, pero los emblemas privados ya suben el combustible. Petropar es clave, para poner límites a estos abusos y evitar que algunos ganen millones a costa de la gente. El argumento que están utilizando algunos emblemas privados para justificar el aumento del precio del combustible es la guerra en Medio Oriente y eso como mínimo es discutible”, indicó Aguilera a La Nación/Nación Media.

El secretario general de la Organización de Trabajadores y Educadores del Paraguay (OTEP-A), Gabriel Espínola, informó que el sector docente irá a un paro total de actividades a nivel país, este martes 10 y miércoles 11 de marzo, razón por la cual no habrá clases como medida de presión contra una eventual sanción de la versión de Diputados del proyecto de reforma de la Caja Fiscal.

“Las movilizaciones inician mañana martes y se extenderán a todas las instituciones de la República, en todos los niveles y modalidades. Los puntos de concentración ya están previstos y, el día miércoles, un número importante se trasladará hasta la capital“, refirió el gremialista, este lunes, al programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Pese a las diversas reuniones con las autoridades para llegar a un consenso, el sector docente sigue especulando que la Cámara de Senadores pretendería acompañar la versión de Diputados, tras haberse postergado el estudio de la iniciativa ejecutiva, sin plazo establecido (sine die).

“El hecho de que se haya levantado el tiempo del tratamiento del proyecto, que iba a ser el 25 de marzo, nos genera a nosotros de vuelta la desconfianza si en realidad lo que estamos tratando en las mesas técnicas con la Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado y con el vicepresidente de la República, Pedro Alliana, tiene encaminamiento o no”, refirió Espínola.

El proyecto de reforma de la Caja Fiscal, aprobado en Diputados y rechazado por los gremios afectados, establece que el aporte patronal o estatal será del 5 %, el cual será aplicado de forma gradual, iniciando desde un 2 % en el 2027 hasta llegar al 5 % en el cuarto periodo, es decir, en el 2030. Mientras que el aporte personal, de sancionarse la versión Diputados, seguirá en un 16 % para funcionarios con superávit y un 19 % para los sectores deficitarios, en este último caso corresponde a docentes, magistrados y fuerzas públicas.

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Respecto a la edad para acceder al beneficio para los docentes y magistrados se plantea una edad mínima de 57 años para la jubilación ordinaria, con un aporte mínimo de 25 años, y una tasa de sustitución de 70 % hasta llegar a un 85 %.

Mientras que para la extraordinaria se dispone de una edad mínima de 55 años, con un aporte mínimo de 30 años, además de una tasa de sustitución de 70 %. El cálculo promedio tendría como base los últimos 5 o 10 años de aporte, dependiendo de cada caso. Para las fuerzas públicas se propone una edad mínima de 57 años, 25 años de aporte y tasas de 60 % a 85 %. Sus haberes serían promediados con base en los últimos cinco años de servicio.

Por su parte, Carlos Silvero, de la Asociación de Suboficiales Retirados, indicó que hoy prevén una mesa de diálogo entre los miembros con el fin de emitir una sola postura. “Desde el Estado se dice que nuestros derechos adquiridos no serán tocados, pero hay algunas pequeñas lagunas en el proyecto de ley que podrían convertirse mañana en un océano, no están claras las reglas en algunos de los artículos”, comentó.

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La violencia sexual no termina con la agresión, sino cuando las víctimas encuentran puertas cerradas en el sistema de salud. Así lo advierte Karla Gutiérrez, gestora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México, quien sostiene que la falta de atención médica oportuna y libre de estigma prolonga el sufrimiento de las personas sobrevivientes. Desde su experiencia en proyectos de MSF en México, alerta que miles de víctimas enfrentan barreras para recibir asistencia dentro de las primeras 72 horas, un periodo clave para prevenir infecciones, embarazos no deseados y reducir el impacto del trauma. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la especialista insiste en que garantizar atención digna y permanente es una responsabilidad urgente de los Estados.

Por años he escuchado historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: “No sabía a dónde ir” o “tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron”.

Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF), he acompañado a mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas LGBTQI+ que han sobrevivido a la violencia sexual. He aprendido que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma para todas las personas sobrevivientes a este tipo de violencia. Continúa cuando una puerta está cerrada, cuando un servicio no funciona de noche o cuando vives lejos y no tienes un lugar cercano para pedir ayuda. Pasa, a su vez, cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la persona sobreviviente.

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En América Latina, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos en nuestros proyectos en Ciudad de México, Tapachula, en Ciudad Juárez, entre otros. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar, en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos devastadores. Y cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se hace más intensa. En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF atendieron a mujeres horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas. Vimos a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por “el amor de su vida”. Hemos acompañado a mujeres que cruzaron fronteras huyendo de situaciones que ponían en riesgo sus vidas en sus lugares de origen y que, adicionalmente, tuvieron que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.

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Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual. 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (accediendo a profilaxis posexposición), 120 horas que te permitirán acceder o no a anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Lamentablemente, solo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas.

En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos también en Reynosa, Matamoros y Coatzacoalcos, además del Centro de Atención Integral (CAI), Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, atendimos a 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, solo 23 casos, es decir, el 8,8%, fueron atendidos durante las 72 horas posteriores a la agresión.

Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural que se demuestra cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, cuando no hay personal capacitado, especializado y sensibilizado para atender este tipo de casos o cuando la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia.

La violencia sexual es una urgencia médica. Y como toda urgencia, no puede esperar a que amanezca, no puede depender del turno de alguien más, no puede quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no sólo previene infecciones, enfermedades o embarazos no deseados, sino también reduce el impacto del trauma, evita nuevas formas de violencia y salva vidas.

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Mi trabajo me ha permitido ser testigo de la importancia de una atención digna. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, cuando se le explica cada procedimiento con respeto, cuando puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía, recupera un poco de poder.

Pero también he visto lo contrario, he visto cómo el estigma hiere por segunda vez, cómo la desconfianza institucional hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos, cómo el silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha, cuando no te quedan alternativas. Los 261 casos detectados por MSF, por supuesto, son tan sólo una fracción de una realidad más amplia, pero revela las fallas que deben ser atendidas con urgencia: acceso tardío a una respuesta médica y brechas en la respuesta institucional.

Este 8 de marzo no quiero hablar solo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que ese garantice una atención médica oportuna en casos de violencia sexual, con servicios disponibles las 24 horas, insumos médicos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles, con enfoque centrado en la persona sobreviviente, con una oferta de servicios que responda a las distintas necesidades, realidades y contextos de las personas que se enfrentan a la violencia sexual.

No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.

El Ministerio Público, a través de un análisis del Observatorio, difundió un informe donde visibiliza cinco hechos punibles en los que predominan las víctimas mujeres -niñas, adolescentes y jóvenes- registrados entre los años 2021 y 2025 en Paraguay, evidenciando el fuerte impacto que estos delitos generan en la vida de las afectadas.

Durante este periodo de cinco años se registraron 17.305 denuncias de abuso sexual en niños, 6.507 casos de coacción sexual y violación, 782 casos de acoso sexual y 671 casos de proxenetismo. A estos delitos se suman 38.794 denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario y 172.722 denuncias por violencia familiar.

En el contexto del 8M, Día Internacional de la Mujer, que se recuerda hoy, la Fiscalía expone estos hechos punibles que reflejan una problemática estructural que trasciende el ámbito penal. La violencia contra niñas y adolescentes genera profundas consecuencias psicológicas, sociales y económicas que pueden extenderse durante toda la vida de las víctimas.

Comprender estas consecuencias resulta fundamental para dimensionar el impacto real del fenómeno, explicó la psicóloga Soledad Barge, integrante del equipo técnico del Observatorio del Ministerio Público.

La infancia y la adolescencia temprana constituyen etapas clave para la formación de la personalidad, la autoestima y las habilidades sociales. Cuando una niña es víctima de abuso sexual durante estos períodos, se produce una alteración profunda en los procesos de desarrollo psicológico. La exposición a la violencia sexual en la infancia se asocia con mayores niveles de depresión, ansiedad, estrés postraumático y conductas autodestructivas.

El trauma puede manifestarse de diversas maneras, tales como recuerdos intrusivos, miedo persistente, dificultades para confiar en otras personas –especialmente en los adultos–, así como problemas en la regulación emocional.