Ante las denuncias ciudadanas y los hechos ocurridos el lunes 1 de mayo, en torno a los resultados electorales, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón designó un equipo de cinco agentes fiscales para conformar un equipo de trabajo que investigue los hechos denunciados. El titular del Ministerio Público confirmó a Fátima Capurro de la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia de las Personas N.°1 de Asunción, y a Osmar Segovia de la Unidad Especializada del Narcotráfico de Asunción N.° 4.
Así también, designó a la agente fiscal Elena Fiore de la Unidad Penal N.° 4 de la sede 1 de Asunción, a la gente fiscal María Estefanía González de la Unidad Penal N.° 9 de la sede 1 de Asunción, al gente fiscal Ángel Ramírez de la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia de las personas N.° 3 de Asunción.
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Esto, tras el pedido de la agente fiscal Patricia Rivarola, responsable de la Unidad Especializada de Seguridad y Convivencia de las personas, y atendiendo que el Ministerio Público es el encargado de dirigir la acción penal pública, por lo que Rolón anunció que estos fiscales arbitrarán todos los medios necesarios para reunir elementos de convicción en los casos que correspondan, así como también participarán de los procedimientos.
“El artículo N.° 4 de la Ley 1.562/00, orgánica del Ministerio Público, prevé la unidad de actuación de esta institución, la define como ‘única e indivisible sin perjuicio de la división interna del trabajo la cual no afectará su funcionamiento eficiente’. Conforme a la autonomía funcional y administrativa otorgada por la Constitución nacional y los artículos 17, 49 y 50 de la ley 1.562/00 corresponde disponer del uso de sus atribuciones constitucionales y legales. Por lo que el Fiscal General del Estado resolvió esta designación”, reza la Resolución 2.493/23 emitida por el Ministerio Público.
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Fiscalía, Ministerio del Interior y CSJ apuntan a establecer una política integral penal
El Ministerio Público, el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en representación del Poder Judicial, conformaron una mesa interinstitucional con el fin de coordinar acciones para la implementación de una política integral penal. Alberto Martínez Simón, ministro de la CSJ habló de la necesidad de articular esfuerzos en el marco del respeto de los roles propios de cada institución.
“Fue el arranque de una serie de reuniones que vamos a mantener y hoy fue el punto inicial. Hay muchas cuestiones de interés común institucionalmente hablando porque nos involucra a los tres entes, Ministerio del Interior, Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial que tienen a la Corte Suprema de Justicia como cabeza de la institución en temas que hacen a hacen a la seguridad y al servicio de justicia en nuestro país”, explicó.
El ministro detalló que el trabajo de las tres instituciones están vinculados, por lo cual se debe trabajar coordinadamente y poner sobre la mesa las cuestiones que atañen al mecanismo de trabajo de modo a armonizarlo. Martínez Simón señaló que el hecho de que la Corte tenga digitalizados los expedientes, hace necesario que el Ministerio Público y del Interior hagan lo mismo.
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“Debemos coordinar para que esto funcione dentro del respeto de los roles propios, la Policía Nacional en su rol de investigadores de ciertos delitos y crímenes, la Fiscalía como acusador y los jueces como juzgadores imparciales, pero a efectos de que en el ámbito propio de estas tres instituciones se muevan armónicamente debemos tener estas reuniones de trabajo”, manifestó a la 1080 AM.
La conformación de esta mesa de trabajo nació a raíz de una conversación entre el Ministerio del Interior y la Corte Suprema de Justicia, en la que se abordó la necesidad de incorporar la Fiscalía General del Estado y establecer acciones en conjunto que permitan dar una respuesta rápida y eficiente tanto en la seguridad como en la investigación y persecución de los delitos y crímenes.
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Fiscalía pide a la Corte dejar sin efecto restitución de fueros a senadores
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, presentó este martes una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia contra la decisión de la Cámara Alta de restituir los fueros a los legisladores procesados Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola.
Rolón había argumentado días atrás que paralizar procesos en marcha es inconstitucional, debido a que no es una figura prevista en la legislación paraguaya. Los ministros Gustavo Santander, César Diesel y Víctor Ríos integran la Sala Constitucional de la máxima instancia judicial que deberá expedirse sobre esta acción.
En su argumentación contra la Resolución n.° 502 de la citada cámara adoptada el pasado 4 de abril sostiene que “la resolución del Senado tiene el inmediato efecto de detener los procesos, con lo cual pone en ascuas el modelo de juzgamiento, que en esquemas de garantías debe culminar en un plazo razonable, otorgándose nuevo blindaje con la restitución de los fueros a cada afectado, aspecto fundamental, inédito e inadmisible dentro de la Constitución Nacional vigente”.
En su descargo ante la máxima instancia judicial hace referencia al artículo 137 de la Supremacía de la Constitución, donde se establece que “carecen de validez todas las disposiciones y los actos de autoridad opuestos a lo establecido en esta Constitución”.
El documento menciona al artículo 248 de la carta magna referente a la independencia del Poder Judicial. “Al hacerlo de tal manera se ha incurrido en una inobservancia institucional de gravísimas consecuencias, al habilitarse vías operativas que desconocen la seguridad jurídica”, sostiene parte de la acción de inconstitucionalidad.
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También detalla que el caso de Erico Galeano, la fase investigativa está pendiente de acusación y el plazo que tiene el agente Silvio Corbeta para cumplir con este trámite vence el 24 de mayo. El parlamentario se encuentra imputado por lavado de dinero y asociación criminal.
Asimismo, sostiene que el proceso de Hernán Rivas se encuentra en etapa preparatoria a cargo de la fiscala Patricia Sánchez. El legislador está imputado por producción y uso de documentos públicos con contenido falso por el caso de título falso presentado para acceder a cargos públicos.
Mientras que el caso de Rafael Filizzola, imputado por hechos de lesión de confianza a raíz de supuestas irregularidades en la compra de helicópteros, está en proceso de casación. Respecto al caso de Celeste Amarilla, el escrito indica que el Senado se excedió en sus atribuciones al rechazar el oficio que comunicaba la situación judicial de la parlamentaria y al no examinar el mérito sumario como lo indica el artículo 191 de la Constitución.
Por otra parte, requirió una medida cautelar de urgencia para suspender la reposición de fueros, ordenando la continuidad de los procesos que enfrentan los parlamentarios. “Lo que no está permitido o autorizado, le está prohibido. Si la autoridad pública ejerce un poder o una atribución no establecido legalmente, se otorga así misma una facultad extraordinaria, excede su competencia y viola, por ende, el principio de legalidad que la funda”, sostiene el documento.
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Restitución de fueros: paralizar procesos en marcha es inconstitucional
“La atribución de sacar los fueros está en la Constitución Nacional, en el derecho administrativo todo lo no permitido está prohibido, el acto contrario no está permitido en la Constitución”, indicó el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, sentando postura sobre la decisión del Senado en restituir sus fueros a los legisladores procesados Erico Galeano, Hernán Rivas y Rafael Filizzola.
“Esta cuestión tiene muchas aristas, yo creo que fue una solución más bien pasional, merecía una atención exhaustiva, pormenorizada. El paralizar procesos en marcha es un concepto prohibido por el artículo 248 de la Constitución Nacional, hasta la misma normativa constitucional el 137 refiere que es inválida cualquier determinación que rompa con esta estructura”, indicó al programa “Así son las cosas”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Las afirmaciones de Rolón surgieron ante la decisión de los fiscales en presentar requerimientos a los juzgados y la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para que esclarezcan las líneas a seguir.
“Desde este punto de vista es una cuestión que debería ser reclamada en principio a los jueces. Luego veremos en una visión macro si esto es pasible de otra atención superior a través de las vías constitucionales o de inconstitucionalidad que se debe plantear en la Corte Suprema de Justicia. Nosotros precisamos saber cómo ejerce el liderazgo del proceso el Poder Judicial para que nos atengamos a esos términos”, remarcó.
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Rolón aguarda que el Poder Judicial emita un pronunciamiento de manera inmediata sobre el requerimiento del Ministerio Público. El Senado informó de manera oficial este último lunes a dicha instancia judicial la restitución de los fueros a los senadores Galeano, Rivas y Filizzola.
“Sacándole el lado útil a esto, me parece que esta situación se está convirtiendo en un debate jurídico y eso es transcendente para construir república, pero no es bueno que mantengamos la excedencia por mucho tiempo, el país debe trabajar y funcionar. Las autoridades debemos tener la altura de restablecer el orden jurídico si por lo menos está en peligro”, afirmó.
Rolón acotó: “Me parece que esto es síntoma de madurez y así construiremos república. Es importante que la racionalidad y la cordura se recobre, si cometimos errores corregirlos. La armonía y estabilidad hace a la seguridad jurídica y es lo que atrae a la gente para que trate de progresar nuestro país”.
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FGE afirma que la infidencia eventual de uno de los fiscales no contamina investigación
El fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, en una extensa entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media, explicó el proceso de investigación que se realizó en el caso de la filtración de datos de inteligencia, en el cual fue imputado el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, y otros ocho excolaboradores de su gobierno.
El fiscal general avaló el trabajo realizado por el equipo de agentes fiscales, que inició las investigaciones y aseguró que pese a la infidencia que se pudo haber cometido por parte de uno de los fiscales, Aldo Cantero, no contamina el proceso de investigación.
“Los antecedentes dicen que a consecuencia de una denuncia se abrió un equipo de trabajo, encabezado como coordinadora por una fiscal adjunta, tres fiscales más, más técnicos, peritos, expertos que acompañaron 7 meses una tarea, aun admitiendo la posibilidad de una infidencia de un miembro del equipo, evidentemente no altera el producto que presentaron”, aseguró el fiscal general.
En este contexto, explicó que la Fiscalía tiene una estructura, el fiscal general del Estado es la cabeza visible, el último eslabón, antes están los adjuntos, quienes controlan en forma directa la labor de los agentes fiscales que es el agente que debe investigar los hechos y ellos tienen autonomía, la investigación es independiente para cada persona. “Pero en ese caso se formaron equipos de trabajo precisamente por la dimensión social que puede tener el acontecimiento”, indicó.
Agregó que la Fiscalía tiene por único interés conservar las reglas constitucionales y el cumplimiento estricto de las leyes. “Tenemos el privilegio histórico de que el país nos formó para que apliquemos las reglas del derecho y estamos en lo mismo, así es que las garantías para las partes van a observarse en la ley, no tenemos compromisos políticos, ni aliados, ni contrarios, simplemente pedimos a la gente que confíe en las instituciones”, aseveró.
Mensaje a la ciudadanía
Mientras tanto, emitió un mensaje a la ciudadanía, de que la Fiscalía cumplirá con todos los procesos y principalmente el respeto a las normativas procesales para todos los involucrados en este caso.
“Hay que distinguir las áreas de responsabilidad que son muy importantes, y es importante también que la ciudadanía entienda que este nuevo orden constitucional y penal nos obliga en formas distintas a nuevas actitudes”, aseveró el fiscal general, Emiliano Rolón.
La modernidad del Código Penal
Por otra parte, explicó que a los nuevos tiempos se adapta el Código Penal, estableciendo nuevos hechos punibles; en este caso, la filtración de datos confidenciales, de inteligencia o de carácter privado, como se está dando con el caso del expresidente Mario Abdo y sus excolaboradores.
“La modernidad, precisamente el Código Penal vigente, nos trae algunas modalidades que en la historia no existían, el ciberdelito, el narcotráfico que también es reciente, el lavado de activos, son hechos punibles que no son tradicionales nuevos, y entre eso también está asentado en el Código Penal la infidencia en el servicio público, la filtración de informaciones”, refirió.
En este sentido, sostuvo que “son hechos nuevos. Entonces esos ingredientes hacen que todavía en la concepción de la República, el derecho visto del pueblo, la gente no entienda que definitivamente son tipos legales previstos y como tales es deber de la Fiscalía impulsar la investigación”.
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