La violencia sexual no termina con la agresión, sino cuando las víctimas encuentran puertas cerradas en el sistema de salud. Así lo advierte Karla Gutiérrez, gestora de Asuntos Humanitarios de Médicos Sin Fronteras (MSF) en México, quien sostiene que la falta de atención médica oportuna y libre de estigma prolonga el sufrimiento de las personas sobrevivientes. Desde su experiencia en proyectos de MSF en México, alerta que miles de víctimas enfrentan barreras para recibir asistencia dentro de las primeras 72 horas, un periodo clave para prevenir infecciones, embarazos no deseados y reducir el impacto del trauma. En el marco del Día Internacional de la Mujer, la especialista insiste en que garantizar atención digna y permanente es una responsabilidad urgente de los Estados.

Por años he escuchado historias que empiezan con una frase que se repite como un eco: “No sabía a dónde ir” o “tenía mucho miedo de decir lo que me hicieron”.

Como trabajadora humanitaria en Médicos Sin Fronteras (MSF), he acompañado a mujeres, niñas, adolescentes, hombres y personas LGBTQI+ que han sobrevivido a la violencia sexual. He aprendido que la violencia no termina cuando ocurre la agresión: continúa cuando el Estado no garantiza las condiciones y los recursos necesarios para asegurar una atención médica oportuna, integral, de calidad, confidencial y libre de estigma para todas las personas sobrevivientes a este tipo de violencia. Continúa cuando una puerta está cerrada, cuando un servicio no funciona de noche o cuando vives lejos y no tienes un lugar cercano para pedir ayuda. Pasa, a su vez, cuando un servidor público en una ventanilla duda del testimonio, juzga o cuestiona a la persona sobreviviente.

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En América Latina, sobrevivir a una agresión sexual no garantiza recibir atención médica inmediata. Lo vemos en nuestros proyectos en Ciudad de México, Tapachula, en Ciudad Juárez, entre otros. La violencia ocurre en el tránsito migratorio, pero también dentro de las relaciones de pareja, en el núcleo familiar, en espacios cotidianos que deberían ser seguros. No distingue edad, estatus migratorio o situación económica, pero sí hace que las vulnerabilidades de las víctimas sean más profundas y los efectos devastadores. Y cuando el sistema falla, la violencia se prolonga y se hace más intensa. En todos nuestros proyectos activos durante 2025, los equipos de MSF atendieron a mujeres horas, días o meses después de haber sido agredidas, temerosas de solicitar los servicios médicos por miedo a ser señaladas o juzgadas. Vimos a niñas y adolescentes violentadas en espacios donde deberían estar seguras; a mujeres que fueron agredidas una y otra vez por “el amor de su vida”. Hemos acompañado a mujeres que cruzaron fronteras huyendo de situaciones que ponían en riesgo sus vidas en sus lugares de origen y que, adicionalmente, tuvieron que enfrentar múltiples formas de violencia y contextos simultáneos de desprotección. Cada historia es distinta, pero todas comparten algo: la urgencia de ser atendidas.

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Existe una ventana crítica de atención después de una agresión sexual. 72 horas que pueden marcar la diferencia entre prevenir o no una infección por VIH y hepatitis (accediendo a profilaxis posexposición), 120 horas que te permitirán acceder o no a anticoncepción de emergencia para evitar un embarazo no deseado, y hasta seis meses para evitar, diagnosticar y curar enfermedades de transmisión sexual como sífilis. Lamentablemente, solo una minoría logra llegar a las atenciones médicas dentro del plazo inicial de 72 horas.

En 2025, en las actividades de MSF que comprendían proyectos también en Reynosa, Matamoros y Coatzacoalcos, además del Centro de Atención Integral (CAI), Tapachula, CDMX y Ciudad Juárez, atendimos a 261 casos de personas sobrevivientes de violencia sexual. Sin embargo, solo 23 casos, es decir, el 8,8%, fueron atendidos durante las 72 horas posteriores a la agresión.

Perder esta ventana no es un descuido individual, es parte de una falla estructural que se demuestra cuando los servicios no están disponibles las 24 horas, cuando no hay personal capacitado, especializado y sensibilizado para atender este tipo de casos o cuando la atención está fragmentada entre salud, protección y justicia.

La violencia sexual es una urgencia médica. Y como toda urgencia, no puede esperar a que amanezca, no puede depender del turno de alguien más, no puede quedar sujeta a prejuicios. La atención oportuna no sólo previene infecciones, enfermedades o embarazos no deseados, sino también reduce el impacto del trauma, evita nuevas formas de violencia y salva vidas.

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Mi trabajo me ha permitido ser testigo de la importancia de una atención digna. Cuando una persona sobreviviente es recibida sin preguntas que juzgan, cuando se le explica cada procedimiento con respeto, cuando puede decidir sobre su propio cuerpo, algo cambia. En medio del dolor, recupera una parte de su autonomía, recupera un poco de poder.

Pero también he visto lo contrario, he visto cómo el estigma hiere por segunda vez, cómo la desconfianza institucional hace que muchas personas nunca regresen a solicitar servicios públicos, cómo el silencio se convierte en la única opción cuando el sistema no escucha, cuando no te quedan alternativas. Los 261 casos detectados por MSF, por supuesto, son tan sólo una fracción de una realidad más amplia, pero revela las fallas que deben ser atendidas con urgencia: acceso tardío a una respuesta médica y brechas en la respuesta institucional.

Este 8 de marzo no quiero hablar solo de cifras, quiero hablar de responsabilidad. Necesitamos que ese garantice una atención médica oportuna en casos de violencia sexual, con servicios disponibles las 24 horas, insumos médicos esenciales asegurados y personal capacitado en protocolos clínicos sensibles, con enfoque centrado en la persona sobreviviente, con una oferta de servicios que responda a las distintas necesidades, realidades y contextos de las personas que se enfrentan a la violencia sexual.

No garantizar una atención eficaz, integral y de calidad también constituye la cadena de violencia que viven las personas sobrevivientes.

El Ministerio Público, a través de un análisis del Observatorio, difundió un informe donde visibiliza cinco hechos punibles en los que predominan las víctimas mujeres -niñas, adolescentes y jóvenes- registrados entre los años 2021 y 2025 en Paraguay, evidenciando el fuerte impacto que estos delitos generan en la vida de las afectadas.

Durante este periodo de cinco años se registraron 17.305 denuncias de abuso sexual en niños, 6.507 casos de coacción sexual y violación, 782 casos de acoso sexual y 671 casos de proxenetismo. A estos delitos se suman 38.794 denuncias por incumplimiento del deber legal alimentario y 172.722 denuncias por violencia familiar.

En el contexto del 8M, Día Internacional de la Mujer, que se recuerda hoy, la Fiscalía expone estos hechos punibles que reflejan una problemática estructural que trasciende el ámbito penal. La violencia contra niñas y adolescentes genera profundas consecuencias psicológicas, sociales y económicas que pueden extenderse durante toda la vida de las víctimas.

Comprender estas consecuencias resulta fundamental para dimensionar el impacto real del fenómeno, explicó la psicóloga Soledad Barge, integrante del equipo técnico del Observatorio del Ministerio Público.

La infancia y la adolescencia temprana constituyen etapas clave para la formación de la personalidad, la autoestima y las habilidades sociales. Cuando una niña es víctima de abuso sexual durante estos períodos, se produce una alteración profunda en los procesos de desarrollo psicológico. La exposición a la violencia sexual en la infancia se asocia con mayores niveles de depresión, ansiedad, estrés postraumático y conductas autodestructivas.

El trauma puede manifestarse de diversas maneras, tales como recuerdos intrusivos, miedo persistente, dificultades para confiar en otras personas –especialmente en los adultos–, así como problemas en la regulación emocional.

Una explosión en el interior de una discoteca en el norte de Perú dejó este sábado más de 30 heridos, informaron autoridades que investigan las causas, en una región golpeada por el crimen organizado.

El hecho ocurrió esta madrugada en la discoteca Dalí del distrito Víctor Larco Herrera en la provincia de Trujillo, unos 500 km al norte de Lima, informó un comunicado del gobierno regional del departamento La Libertad que catalogó el incidente como “atentado”.

Decenas de personas se encontraban en la discoteca disfrutando de la presentación del grupo de cumbia Amor Rebelde cuando un fuerte estallido alarmó a todos, de acuerdo a un video transmitido por el canal Sol TV Perú de Trujillo.

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“Tenemos 33 heridos ya reportados hasta la actualidad, entre ellos cinco en estado de gravedad”, dijo el gerente regional de Salud, Alberto Florián, al canal de televisión Latina Noticias. La mayoría de los heridos, entre ellos dos menores de edad, que fueron trasladados a dos hospitales fueron atendidos por esquirlas en el cuerpo, agregó.

El gobierno regional señaló que se están “realizando las acciones de investigación y atención necesarias frente a este lamentable suceso”. La provincia de Trujillo es la más afectada por el crimen organizado en los últimos años, por lo que permanece en estado de emergencia desde marzo de 2025.

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El gobierno tomó esta medida por el aumento de delitos como extorsión, homicidios y sicariato. Perú atraviesa una grave crisis de criminalidad. En 2025 se registraron 2.200 homicidios por delincuencia organizada y las denuncias por extorsión aumentaron en 19%, según datos de la policía.

Fuente: AFP

El ministro del Interior, Enrique Riera, indicó que el gobierno de Santiago Peña adquirió escáneres de última generación procedentes de Alemania, que serán empleados para la búsqueda de los secuestrados por los grupos criminales Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) y el extinto Ejército del Mariscal López (EML).

“Esto es una primicia, conseguimos unos escáneres de última generación de Alemania que pueden perforar la vista 40 metros, tenemos algunos índices de inteligencia y vamos a comenzar a buscarlos. Serán presentado de forma oficial el lunes”, indicó el secretario de Estado a la 1020 AM.

“Son de última tecnología, se aplicarían para buscar restos, ya que las tres familias víctimas asumen lo peor. Tenemos todavía lugares que son inaccesibles, hay muchas selvas, animales", agregó Riera, señalando que son dos escáneres que serán utilizados conjuntamente con el Ministerio Público. “Funcionarán las 24 horas de los 7 días de la semana hasta que los secuestrados sean hallados”, comentó.

Actualmente permanecen en manos del EPP, el suboficial de Policía Nacional, Edelio Morínigo, quien fue secuestrado el 5 de julio de 2014. El hecho ocurrió en la localidad de Arroyito, en el departamento de Concepción, específicamente en la zona de la estancia “Macchi Cué”, mientras él se encontraba de cacería con un grupo de amigos.

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También fue raptado por el EPP, el exvicepresidente de la República y dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Óscar Denis. Su secuestro fue el 9 de setiembre del 2020 y ocurrió en el interior de su propiedad, la estancia Tranquerita, ubicada en el distrito de Bella Vista Norte, departamento de Concepción. El pasado 21 de febrero, el grupo criminal presuntamente concretó el secuestro del productor agrícola Almir de Brum, en la zona de Yhú, departamento de Caaguazú.

Mientras que el secuestro del empresario ganadero Félix Urbieta, es atribuido al EML. El rapto se produjo el 12 de octubre de 2016, en la estancia San Francisco, ubicada en la compañía Belén Cué, en el distrito de Horqueta, departamento de Concepción.

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