El director de Declaraciones Juradas de la Contraloría General de la República, Armindo Torres, confirmó que se tienen claros indicios de presunto enriquecimiento ilícito de Luis Paciello, yerno del senador Fernando Lugo. No solo existen inconsistencias en sus movimientos financieros, también existen varias omisiones de bienes que no fueron declaradas ante los entes de control del Estado.
“En ese caso hay un incremento patrimonial no sustentable. No existe correspondencia entre sus ingresos y egresos y varias omisiones de acciones. Hay un indicio de enriquecimiento ilícito que está a cargo del Ministerio Público profundizar”, señaló Torres en contacto con la radio 680 AM.
Indicó que, según los datos cruzados que emergen del sistema de verificación informática, no existe equilibrio entre el deber y haber de su contabilidad. Una de las omisiones de Paciello se refiere a las acciones en tres empresas, en las que figura como socio y representante legal, con un total de G. 5.050 millones en efectivo de capital integrado.
Lea más: Jóvenes marcarán una tendencia determinante en las elecciones, opina legislador
Por otro lado, según información de Tributación, filtrada a los medios, se menciona que entre algunos de los bienes que no tienen justificación, en relación a sus ingresos, están dos departamentos en Asunción (valuados en US$ 100.000 cada uno), otra en la ciudad de San Bernardino, además de un millonario depósito de dinero en una cuenta corriente.
Las declaraciones juradas y el examen de correspondencia de Paciello fueron remitidas por la Contraloría el 25 de octubre del 2020, a la Unidad Penal Nº 8 especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción. Pero, la causa no avanzó pese a que las instituciones de control, incluida la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), alertaron de sospechas de eventuales delitos como lavado de dinero.
Asimismo, el 22 de mayo del 2022, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes (Seprelad) también remitió informes a la Fiscalía, informes sobre las irregularidades y el origen dudoso de los recursos para crear empresas, halladas tras un cruce de datos con la SET.
Lea también: El partido se enfrenta a una estructura mediática, afirma Harms
Dejanos tu comentario
La pesada herencia de Abdo Benítez: deudas, corrupción y falta de transparencia
El expresidente Mario Abdo Benítez criticó al Estado por las deudas con los proveedores, pero “olvidó” que gran parte de la deuda con las vialeras y farmacéuticas corresponden a su administración. Así, volvió a poner en el centro del debate su gestión y la pesada herencia que dejó para las finanzas del Estado y la credibilidad institucional.
Abdo Benítez contó con abundancia de recursos en momentos clave, pero cuyos usos y resultados hoy siguen siendo cuestionados.
Durante la pandemia, Paraguay accedió a un volumen inédito de financiamiento. Se aprobó una ley de emergencia con un préstamo internacional de USD 1.600 millones. Sin embargo, se destaparon diversas irregularidades en la ejecución de esos fondos.
Mientras los hospitales denunciaban carencias básicas, se denunciaban compras fallidas de insumos médicos, irregularidades en procesos licitatorios y sobrecostos, con casos conocidos como insumos chinos, agua tónica y tapabocas de oro.
La serie de falencias durante la pandemia del covid-19 consta en un informe de la Contraloría General de la República, específicamente en la Memoria Anual 2021.
Lea también: Negra herencia del gobierno de Abdo Benítez: lujos, corrupción y nexos turbios
En paralelo, Abdo Benítez impulsó la obra pública, particularmente el rubro vial. El expresidente siempre se jacta de los 4.000 kilómetros de asfalto que hizo, pero olvida mencionar que empresas vinculadas a su entorno, Aldia SA y Createc SA.E, tuvieron una acumulación de ganancias de USD 45 millones entre el 2018 y el 2023. Esto, sin que se vea reflejado en su manifestación patrimonial ante Contraloría
Informes publicados señalan una fuerte concentración de contratos y posibles direccionamientos y abren interrogantes sobre conflictos de interés y uso de la función pública para beneficio privado.
El frente fiscal es, quizás, el punto más difícil de defender. Al cierre de su administración quedó al descubierto una deuda no reconocida de aproximadamente USD 600 millones con proveedores del Estado, incluyendo farmacéuticas y constructoras. Este pasivo, que no había sido plenamente transparentado, condicionó de inmediato al gobierno siguiente y obligó a reordenar pagos urgentes en sectores sensibles como la salud.
A esto se suma una deuda de G. 22.000 millones en el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), específicamente dentro del programa Fonavis, según denunció la administración posterior en agosto de 2023. Además, se reportaron deudas adicionales con la Ande y Essap por aproximadamente G. 25.000 millones.
También el fuerte incremento de la deuda pública, que alcanzó los USD 15.565 millones hacia agosto de 2023, representando cerca del 35 % del PIB. Si bien parte de este endeudamiento se justificó en el contexto de la pandemia, el cuestionamiento central radica en la calidad del gasto y en la falta de resultados proporcionales a los recursos comprometidos.
Otros cuestionamientos a la administración Abdo Benítez son el auge narco tras la liberación de los puertos, la destrucción del Metrobús, su proceso en Seychelles, la mansión que construyó en pandemia.
Es por ello que hoy, cuando el expresidente opina sobre la situación del país, los datos de su gestión reaparecen como un recordatorio incómodo: antes que un problema del presente, muchas de las dificultades actuales tienen origen en su gobierno. Esta es la pesada herencia de Mario Abdo Benítez.
Lea más: La plata de Abdo: millones en duda y nuevas pistas en paraísos fiscales
Dejanos tu comentario
Yolanda Paredes omitió datos en declaración jurada ante la CGR
“Cuando fue electa senadora, cobró USD 50 mil en tres pagos que no están en su declaración jurada”, denunció el legislador Nano Galaverna.
El senador colorado Juan Carlos “Nano” Galaverna denunció que su colega del Partido Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, vendió por USD 160 mil una vivienda perteneciente a la entidad binacional Itaipú, antes de los comicios generales de 2023, y de haber omitido este ingreso en la rendición de sus declaraciones juradas.
“Una senadora de la nación vendió una casa de Itaipú por USD 160 mil, dijo que nunca tuvo casa, pero no la tiene porque vendió una casa ajena. Estoy pidiendo que me pasen los documentos; cuando fue electa senadora, cobró USD 50 mil en tres pagos que no están en su declaración jurada”, mencionó el legislador sin precisar de quién se trataba. Las afirmaciones de Galaverna surgieron en el marco de la reunión desarrollada ayer entre senadores y el ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat, Juan Carlos Baruja, quien acudió hasta el Congreso Nacional con el objetivo de exponer sobre la adjudicación de un departamento en Luque al parlamentario Javier “Chaqueñito” Vera.
“Existe la frase haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Se quiere instalar un relato falaz y mentiroso, queriendo atacar al gobierno de Santiago Peña”, dijo Galaverna.
La senadora Paredes salió al paso de las acusaciones realizadas por Galaverna, lanzando improperios y admitiendo que fue ocupante y poseedora de dicha vivienda perteneciente a la represa.
“Yo no toqué dinero público, sí fui una ocupante poseedora de una casa de Itaipú en el área 1 de Ciudad del Este. Yo sé que estoy molestando en el Congreso, porque les puedo decir a ustedes los delincuentes que son”, dijo. Las declaraciones de Paredes obligaron al titular del Senado, Basilio “Bachi” Núñez, a cortar la transmisión pública realizada a través de los medios de comunicación de la Cámara. “Senadora, no se va a referir así a nosotros; cortaremos la reunión si vamos a continuar así. Usted es la delincuente”, apuntó Núñez.
De acuerdo a las denuncias, la vivienda fue cedida por Paredes a Alberto Ariel Ramírez Britos y a Liz María Auxiliadora Aquino, quienes, por un instrumento jurídico de dudosa procedencia, fueron autorizados a hacer las gestiones ante Itaipú para registrar la casa a sus respectivos nombres.
“La senadora vendió un bien público. En la reunión se exacerbó y nos trató a todos de delincuentes. ¿Quién es la delincuente que se apropió de una casa de la entidad Itaipú?”, mencionó Núñez luego de abandonar la reunión.
Dejanos tu comentario
Llamativa lentitud de Contraloría en varias investigaciones patrimoniales
La celeridad que aplica (como debe ser) la Contraloría General de la República en la investigación de casos de corrupción y en el estudio de bienes correspondientes a algunas autoridades es simplemente extraordinaria, al punto de que en ciertas ocasiones hasta sorprende con algunas filtraciones en plena etapa preliminar de conclusiones. Sin embargo, existen auditorías que llevan años en los cajones de sus oficinas, curiosamente dilatadas y sin mayores explicaciones por parte del ente de control.
Nadie sabe responder, y desde el ente tampoco pueden explicar por qué la Contraloría General de la República (CGR) actúa con una velocidad tal en la investigación de ciertas denuncias de corrupción que atañen a la agenda de determinados medios de comunicación. Sin embargo, otras denuncias con los mismos vicios de irregularidades, pero que no son temas de tapa de un sector de la prensa, son tratadas con una reserva y lentitud particulares.
Hemos visto en los últimos meses que esos temas de agenda mediática generan la reacción inmediata de la Contraloría que, en cuestión de semanas, hicieron sacudir a algunas autoridades con la filtración de datos preliminares de estudios de correspondencia de bienes. Pero en otros casos el reloj no camina y el silencio esconde rigurosamente los avances que pudieran darse o, simplemente, existe un manifiesto desinterés por parte del ente de control.
CLAN ESTIGARRIBIA
En 2023 comenzaron a saltar una serie de datos de investigación con relación a la fortuna amasada por el exintendente de Villa Elisa, hoy gobernador de Central, Ricardo Estigarribia. El historial de Ricardo, como el de su hermano Sergio Estigarribia, actual intendente de esta ciudad, está minado de denuncias de corrupción y de un crecimiento patrimonial extraordinario en el que toda su familia experimentó un ascenso económico sin asidero, al punto de que la madre de los hermanos pasó de humilde modista de barrio a accionista en una sociedad conformada con USD 1 millón en efectivo.
Nuestro medio publicó una serie de maniobras y casos de desfalco en la municipalidad mediante contrataciones directas adjudicadas a familiares del clan Estigarribia. Concejales de la Municipalidad de Villa Elisa han presionado por una auditoría que, pese a un análisis de gastos de apenas seis meses iniciado en noviembre del 2024, al año y medio no ha reportado ningún resultado. Mientras tanto, el negocio continuó con adjudicaciones directas a operadores, excajeros de tránsito, cuñados, etc.
En noviembre de 2024, la Contraloría también inició un estudio de correspondencia de bienes a los hermanos Estigarribia. “Está en etapa de conclusión” es la reiterada respuesta que nuestro medio recibe cada vez que consulta a la Contraloría por la investigación.
CLAN PEREIRA
El caso del clan Pereira de Encarnación es aún más alevoso. El 13 de diciembre de 2022, hace tres años y tres meses, el Ministerio Público solicitó un examen de correspondencia al clan de los hermanos Javier Pereira Rieve (actual gobernador de Itapúa) y Carlos Pereira Rieve (actual diputado por Itapúa).
La investigación se requirió en el marco de una causa abierta a ambos y a su familia por supuesto enriquecimiento ilícito, posiblemente vinculado al narcotráfico, tráfico de armas, contrabando, ordeño de combustible, entre otros hechos.
Hasta ahora la CGR no emitió dictamen con relación al gobernador. Fuentes de la institución hablan de un alevoso blanqueo en el caso de Carlos Pereira Rieve, pese al meteórico ascenso económico del diputado liberal desde que ingresó a la función pública. De una silla, una mesa y una computadora que sumaban una inversión inicial de G. 50 millones en una empresa, en un tiempo récord de dos años constituía otra firma con una inyección de G. 4.150 millones. Tampoco hay respuesta de la Contraloría con relación al clan Pereira Rieve de Encarnación.
ABDO BENÍTEZ
En agosto de 2023, la Contraloría también inició un examen de correspondencia al expresidente de la República Mario Abdo Benítez. En julio de 2024 detectó que las denuncias periodísticas eran ciertas y que las empresas del exmandatario ganaron 70 veces más durante su gobierno, pero las utilidades fueron redireccionadas a fondos de reserva, lo cual hasta hoy día fue confirmado, y la conclusión quedó varada hace un año y medio.
ARNALDO GIUZZIO
La investigación patrimonial al exministro de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y del Interior Arnaldo Giuzzio es otro caso que no convence. Después de conocerse que el secretario del gobierno de Abdo compró una propiedad que declaró por G. 1.200 millones en un año duro de la pandemia (2020), la Contraloría no halló ninguna irregularidad, pese a que las inversiones de Giuzzio superaban sus ingresos y a que las cuotas del préstamo consignado para justificar la adquisición, junto con sus gastos, eran mayores a lo que él percibía como funcionario estatal.
Dejanos tu comentario
DNIT recuerda que declaración del IRP 2025 debe presentarse durante marzo
La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), recordó a los contribuyentes que durante el mes de marzo se debe realizar la liquidación del Impuesto a la Renta Personal (IRP) correspondiente al ejercicio fiscal 2025.
Según informó la institución, un total de 346.519 contribuyentes deberán presentar su Declaración Jurada a través del sistema Sistema Marangatu. La fecha de vencimiento para cada caso se determina de acuerdo con la terminación del Registro Único de Contribuyente (RUC), conforme al calendario perpetuo de vencimientos.
Para la presentación del IRP se deben utilizar dos formularios: el N.º 515, correspondiente a Rentas por prestación de servicios personales, y el N.º 516, destinado a Rentas y ganancias de capital.
En el caso de las rentas derivadas de servicios personales, el impuesto grava los ingresos de fuente paraguaya obtenidos por el trabajo personal, ya sea en relación de dependencia o de forma independiente. Se excluyen de esta categoría conceptos como el aguinaldo, los aportes jubilatorios o de seguridad social.
Dentro de los egresos deducibles, los contribuyentes pueden declarar gastos personales y de familiares a cargo, como alimentación, vestimenta, alquiler y mantenimiento de vivienda, compra de muebles y electrodomésticos, gastos de movilidad, seguros, así como gastos de salud y educación realizados tanto en el país como en el exterior. También se permite deducir la adquisición de un vehículo cada tres años y un inmueble cada cinco años.
Por su parte, el apartado de rentas y ganancias de capital incluye ingresos generados por el patrimonio o por incrementos patrimoniales que no derivan de la prestación de servicios personales. Entre ellos se encuentran la venta o alquiler de inmuebles, premios de loterías, rifas o sorteos desde G. 500.000, la venta de bienes muebles que superen los G. 20 millones en un ejercicio fiscal, así como la venta de acciones, cuotas partes o cesión de derechos.
En estos casos, la normativa permite deducir ciertos gastos asociados a las operaciones, como honorarios de notarios y escribanos, tributos, tasas de registro, costos administrativos y de publicidad, además de honorarios pagados a intermediarios, siempre que las erogaciones estén debidamente documentadas.