Ante el crecimiento sostenido del sector inmobiliario y el interés de inversionistas en llegar al Paraguay, conocer las claves para invertir de manera estratégica se vuelve fundamental tanto para desarrolladores como para nuevos jugadores. La importancia del manejo de la legislación vigente, el comportamiento de la oferta y la demanda, la política económica del país y la situación del crédito hipotecario son puntos a tener en cuenta.

En esta edición de Ellos saben, conversamos con Raúl Constantino, presidente de la Cámara Paraguaya de Desarrolladores Inmobiliarios (Capadei), quien compartió su visión sobre los factores que impulsan el crecimiento del mercado y las principales recomendaciones para quienes buscan invertir con éxito en el rubro.

La clave para invertir en el sector inmobiliario es contar con información completa sobre cómo funciona el mercado en cada país y ciudad, ya que no existe una fórmula única aplicable a todos los contextos, afirmó a La Nación/Nación Media el titular del gremio.

Lo fundamental para invertir en el sector inmobiliario es contar con información precisa y completa sobre su funcionamiento en cada lugar. Conocer las particularidades del mercado local permite tomar decisiones más acertadas y minimizar riesgos.

“Quiero decir, que este sector tiene la característica de que no se puede aplicar una fórmula general, cada país, cada ciudad tiene sus características y necesidades propias, y muchas veces las fórmulas importadas sin tener en cuenta estos factores, no dan buenos resultados”, remarcó.

Como segundo punto, es fundamental conocer la legislación vigente que regula el desarrollo inmobiliario y entender cómo estas normas inciden en cada proyecto. Al mismo tiempo, es necesario asegurar un flujo financiero sólido, que garantice la viabilidad y continuidad de la inversión.

Es clave definir y desarrollar productos inmobiliarios que se adapten a la idiosincrasia de los ciudadanos y a la demanda real del mercado, asegurando que las inversiones respondan a necesidades concretas y sean sostenibles en el tiempo.

Para los inversores extranjeros, sostuvo que deben informarse de como funciona el mercado inmobiliario, conocer el tamaño del mismo, así como dimensionar el comportamiento de la oferta y la demanda.

“Como ya lo expresé anteriormente, cuidado con importar fórmulas, que pueden haber sido exitosas en sus países, pero eso no quiere decir que aquí también lo serán”, dijo. No menos importante es informarse tanto de la política económica que lleva adelante el gobierno y de la situación del crédito hipotecario en el país.

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El sector inmobiliario enfrenta múltiples desafíos que afectan su desarrollo sostenible. “Las dificultades que encontramos en nuestro sector, son varias, como ser falta de previsibilidad de ordenanzas municipales y leyes, escaso crédito hipotecario, infraestructura deficiente y de mala calidad”, añadió.

A esto se le suma el crecimiento de la oferta sin tener en cuenta la demanda real de productos inmobiliarios y escasez de recursos humanos, tanto en cantidad como en calidad. Estas problemáticas requieren estrategias integrales que promuevan mayor estabilidad, eficiencia y profesionalización del sector.

Constantino resaltó que se trata de un mercado que ha tenido la capacidad de diversificar la oferta . “Hoy hay para todos los gustos y bolsillos donde el desarrollador se ubica para decidir el producto a ofertar, es muy personal de cada uno”, explicó.

La posibilidad de decidir el producto a ofertar es una decisión muy personal, pero las opciones se adaptan a diferentes perfiles de compradores e inversores. La flexibilidad no solo amplía las posibilidades de negocio, sino que también contribuye a un crecimiento más equilibrado y sostenido.

Es fundamental recabar toda la información del proyecto antes de tomar decisiones de inversión, incluyendo quién está detrás del desarrollo, su trayectoria en el sector y su solidez financiera, para evaluar la confiabilidad y capacidad de ejecución.

También es clave analizar la situación del terreno donde se desarrollará el proyecto, verificando si existen restricciones, gravámenes o hipotecas que puedan afectar la propiedad o el desarrollo futuro.

Y además, es de relevancia asegurarse de que el precio esté acorde al mercado, considerando la ubicación, la calidad de la construcción y la oferta. “No tener esa información son los errores”, finalizó.

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Una demanda presentada contra Meta reavivó un debate que preocupa cada vez más al mundo del trabajo: la posibilidad de que sistemas de inteligencia artificial no solo aceleren la automatización, sino que también intervengan en la selección de los empleados que perderán su puesto.

Si hasta hace poco la gran preocupación era que la inteligencia artificial eliminara millones de empleos, ahora emerge un escenario aún más inquietante para trabajadores y empresas: que los algoritmos también sean utilizados para determinar quiénes deben ser despedidos. La denuncia presentada contra Meta alimenta ese temor y abre un nuevo frente en la creciente disputa entre tecnología y empleo.

Una noticia de la que se hizo eco el medio RT indica que un grupo de 26 exempleados inició una demanda federal en Oakland, California, en la que acusa a la compañía de haber utilizado herramientas basadas en inteligencia artificial para identificar a los trabajadores que serían desvinculados durante su reciente proceso de reducción de personal.

Según la presentación judicial, los sistemas analizaban indicadores como la actividad registrada en los equipos, el uso del teclado y diversas métricas de desempeño. Los denunciantes sostienen que ese mecanismo perjudicó especialmente a empleados que se encontraban con licencias médicas, familiares o parentales, ya que su menor nivel de actividad habría sido interpretado como un bajo rendimiento.

El caso adquiere especial relevancia porque los demandantes integran el grupo de aproximadamente 8.000 trabajadores -cerca del 10 % de la plantilla de Meta- que fueron despedidos en mayo, en el marco de la estrategia de la empresa de redireccionar mayores recursos financieros hacia el desarrollo de inteligencia artificial.

Además de reclamar indemnizaciones, los exempleados solicitaron a la Justicia que frene una nueva ronda de despidos prevista para el 22 de julio, al considerar que podrían repetirse los mismos criterios cuestionados.

La controversia trasciende a una sola empresa y pone en el centro del debate económico el papel que desempeñará la inteligencia artificial en la gestión del capital humano. Mientras numerosas compañías incrementan sus inversiones en automatización para reducir costos y ganar eficiencia, sindicatos, especialistas en derecho laboral y organizaciones de trabajadores advierten sobre los riesgos de delegar decisiones sensibles en modelos algorítmicos cuyo funcionamiento muchas veces carece de transparencia.

Meta, por su parte, rechazó las acusaciones y aseguró que la inteligencia artificial no tomó las decisiones finales sobre los despidos. La empresa sostiene que los sistemas solo aportaban información de apoyo y que la determinación definitiva correspondió a responsables humanos.

Más allá del desenlace judicial, el caso instala una pregunta que comienza a inquietar a millones de trabajadores en todo el mundo: si los algoritmos ya participan en la contratación, la evaluación del desempeño y la organización del trabajo, ¿están también a las puertas de convertirse en los nuevos árbitros de quién conserva o pierde su empleo? En una economía cada vez más digitalizada, la respuesta podría redefinir las reglas del mercado laboral durante la próxima década.

La jueza de la Niñez y la Adolescencia de Asunción, Natalia Ortellado, rechazó restituir a la niña de dos años —localizada en Resistencia, Argentina— a su padre, quien había iniciado un juicio de restitución internacional en el citado fuero buscando que la menor fuera trasladada a Chile. Con esta determinación judicial, la niña seguirá bajo el cuidado de su madre.

La representante legal del padre, quien hoy está imputado en nuestro país por desacato a una orden judicial y violación del deber de cuidado, puede apelar el fallo. En caso de ser así, un tribunal de apelación del fuero de la Niñez y la Adolescencia tendrá que definir si corresponde confirmar la resolución dictada en primera instancia.

Días atrás, la niña de dos años fue localizada en Resistencia, Chaco, Argentina, y su padre fue detenido en dicho país. Actualmente, la justicia paraguaya solicitó la rebeldía y la captura internacional del hombre. Ahora se tendrá que arbitrar los medios necesarios para lograr su extradición a Paraguay, donde enfrenta el proceso penal por los delitos ya mencionados.

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Según el acta de imputación, el hecho habría ocurrido el 8 de julio de 2026, cuando el ahora procesado retiró a su hija menor de edad en el marco del régimen de relacionamiento dispuesto por una resolución del juzgado de la Niñez y la Adolescencia.

Sin embargo, una vez cumplido el horario establecido para la devolución, no la restituyó a su madre y dejó de responder las llamadas y mensajes.

Posteriormente, el hombre se habría comunicado con la madre para informarle que se encontraba con la niña en la ciudad de San Bernardino, incumpliendo presuntamente el régimen judicial vigente. Con base en los elementos colectados durante la investigación, el Ministerio Público consideró que existen suficientes indicios de la participación del imputado en los hechos y presentó la imputación correspondiente.

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Tres mujeres denunciaron que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) Paraguay, dejó de pagarles sus salarios por seis meses e intentaron que sigan trabajando, por más tiempo, pero decidieron acudir ante el Ministerio de Trabajo para denunciar la situación. Hoy, exigen que la institución pague los salarios, aguinaldos que les adeudan hasta la fecha y una indemnización por sus años de antigüedad.

Según Alba María Cubilla Duarte, que se desempeñaba en la parte administrativa, desde julio de 2025 no recibió pago por parte de la institución que se dedica a realizar investigaciones para entes estatales. Las mismas trabajaron hasta el 2 de enero del 2026, luego decidieron retirarse porque ya no tenían cómo costear gastos de traslados y alimentación.

“Yo cumplí al igual que mis compañeras que también tienen sus años de antigüedad, sin embargo, dejaron de abonarnos pese a que nosotras cumplimos a cabalidad de lunes a viernes, todos los meses hasta el último día de diciembre. El viernes, 2 de enero del 2026, nos volvimos a presentar”, expresó Cubilla, en entrevista con La Nación/Nación Media.

Explicó que el 2 de enero de este año, el director les comunicó que no disponía de los fondos para abonar lo adeudado y que debían tomarse sus vacaciones las cuales pasaron sin percibir remuneración alguna. Al volver el 16 de febrero les exigieron continuar con sus labores habituales. “Nos estuvimos yendo al trabajo haciendo préstamos personales”, detalló.

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La afectada resaltó que tras volver y no habiendo garantías sobre el pago de sus sueldos atrasados, decidieron recurrir al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) para formalizar la denuncia e iniciar la demanda laboral.

“El director nos dijo que no tiene la plata, que no nos va a abonar y que tenemos que seguir haciendo nuestras actividades. Desde allí tuvimos que acercarnos al Ministerio de Trabajo, hacer nuestra denuncia, estamos en este momento en eso, sin cobrar nuestro salario del 2025″, refirió.

Agregó que la representación legal de Flacso Paraguay respondió a la demanda laboral alegando supuesta inmunidad jurídica basada en su Ley de Creación N° 2836. Bajo este argumento, la institución pretende eximirse del pago de salarios devengados, el reconocimiento de la antigüedad y las indemnizaciones correspondientes.

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Cubilla indicó que se trata de un caso grave de violencia laboral que afecta directamente el sustento de sus familias y cuestionó la contradicción de la entidad académica internacional dedicada históricamente a la investigación social, la pobreza y los derechos humanos, pero que vulneran los derechos laborales de sus propios trabajadores.

“Tenemos familia que alimentar y hasta hoy día no nos han abonado ningún guaraní de lo que nos están adeudando. Pedimos ayuda, pedimos que se conozca este tipo de violencia laboral, porque violentan nuestros derechos. Envíe una nota al Ministerio de Educación para solicitar su apoyo queremos que se hagan eco de lo que estamos pasando”, puntualizó.

Las afectadas son Alba María Cubilla Duarte (administradora con 18 años de antigüedad), Letizia (contadora) y María Julia Duarte (secretaria general). Las trabajadoras señalan que la institución justifica el cese de los pagos argumentando la falta de firma de convenios estatales con el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), fondos de los cuales dependía el financiamiento de sus rubros desde el año 2016.

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