El presidente del Partido Patria Querida, el exsenador Stephan Rasmussen, confirmó que durante la Asamblea Extraordinaria Nacional de la nucleación política resolvieron delegar a la Conducción Ejecutiva la facultad de aprobar el acompañamiento a alianzas y concertaciones electorales para las Elecciones Municipales 2026.

Asimismo, señaló que se resolvió delegar a la Conducción Ejecutiva la facultad de aprobar el acompañamiento a candidaturas no electas en internas del partido, candidaturas independientes o de otros partidos o movimientos políticos de la oposición, informó a La Nación/Nación Media.

Explicó que todo esto, atendiendo que la idea es lograr que la oposición unida pueda lograr conquistar la mayor cantidad de distritos posible, llegando con una candidatura única a intendente, así como concretar listas únicas para la junta municipal.

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Resaltó que están bien encaminados, trabajando fuertemente por la unidad para Asunción, buscando concretar un candidato único a intendente para las Municipales 2026. Al respecto, precisó que hasta ahora son cuatro precandidatos, que son Álvaro Grau, por PPQ; Soledad Núñez, Agustín Saguier del PLRA, y Joana Ortega por País Solidario.

“Estamos en conversación entre los cuatro sectores, y también para presentar una lista única a Junta Municipal, entre otros sectores, como el PDP, el PRF, el Encuentro Nacional, y demás, entonces estamos bastante bien encaminados”, acotó.

Señaló que por ahora la discusión se está centrando en la metodología de medición de mejor perfil entre los cuatro candidatos.

“No va a ser una decisión, digamos que sea solamente en cuatro paredes, y se está definiendo la opción de medición, ya sea encuesta o por urna delivery, pero un poco las conversaciones están en que podamos ya medir este año, o a principio del año que viene, y ya tengamos un candidato unido a la oposición que pueda hacer campaña desde principio de año hasta octubre, que son las generales, ahora eso está muy bien encaminado también”, remarcó.

Señaló que están en muy buenos términos de diálogos para buscar nuevamente un candidato único para Encarnación. Recordó que la semana pasada estuvieron por la capital de Itapúa, ya trabajando en la búsqueda de un candidato único a intendencia, a fin de mantener a la oposición como gobierno municipal, ahora que concluye el mandato del intendente Luis Yd que es del PPQ, luego de dos periodos consecutivos.

“También estamos en buenos términos con la gente de Ciudad del Este, con la gente de Yo Creo, también tenemos muy buena conversación con el sector Eduardo de Nakayama, Esperanza Martínez, País Solidario de Yohana Ortega, también con Kathya González y Raúl Benítez. Estamos un poco con el PDP, con Desirée, con Rafa Filizzola, estamos conversando con todo y en muy buenos términos”, acotó.

Resaltó que dentro de PPQ están trabajando bastante bien con un solo equipo, todos juntos. Aseguró que dentro de la nucleación política no hay grandes problemas.

“Estamos bien y ahora, de hecho, hicimos un mapeo de todo el país, y seguramente nos vamos a presentar en cerca de 100 distritos a nivel país, en algunos casos para Junta Municipal e Intendencia; en otros casos solamente para Junta Municipal. En todos los distritos estamos conversando con los otros sectores de la oposición para llegar unidos y para que no se disperse el voto, lo que está muy bien encaminado”, concluyó.

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• Juan Marcelo Pereira
• juan.pereira@nacionmedia.com

El abogado constitucionalista Marcelo Duarte calificó de populista el proyecto que “incorpora la prisión permanente revisable, en el marco de tolerancia cero contra la delincuencia, el crimen y la protección a la ciudadanía”. La propuesta plantea modificar el Código Penal con la elevación de la pena máxima a 90 años para homicidios y delitos graves.

La iniciativa tuvo su entrada oficial en el Legislativo el pasado 29 de julio y es impulsada por el diputado opositor Rubén Rubin. “El mismo es contrario a los fines previstos para las penas en la Constitución Nacional. En el Paraguay no se puede establecer la cadena perpetua o penas similares (más de 30 años), sin antes reformar la Constitución Nacional“, indicó en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

El exsenador del Partido Patria Querida (PPQ), acotó: “La Constitución Nacional no se puede reformar por ley. Este proyecto es inconstitucional debido a que equivale a una cadena perpetua, nadie mayor de edad puede cumplir una cadena de 90 años de cárcel”.

Duarte sustentó su posición citando el artículo 20 de la Constitución Nacional referente al objeto de las penas privativas de libertad. La norma establece que estas penas deben tener como objetivo la readaptación de los condenados y la protección de la sociedad. Además, prohíbe la pena de confiscación de bienes y la de destierro.

“En otros países se considerarían propuestas populistas, ya que buscan agradar a la mayoría de la opinión pública, que está harta de la delincuencia y la impunidad, pero sin tener en cuenta su viabilidad constitucional“, dijo Duarte.

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La propuesta de Rubin también establece la acumulación de condenas y toca 25 artículos del Código Penal. El proyecto refiere que en los casos de pena privativa de libertad de 50 años en adelante, podrá ser revisable de conformidad a lo dispuesto en el artículo 51 de Código Penal.

De acuerdo con el proyecto, los condenados podrán solicitar una revisión si han cumplido al menos dos tercios de la pena, se presume que no reincidirán en delitos o si el condenado lo solicita o consiente expresamente.

“El problema es mucho más complejo de lo que se plantea. No se trata solamente de aumentar las penas. Se trata también de rever el sistema penal y penitenciario, así como la educación, la reinserción social y la contención familiar en los casos de menores y adolescentes, como también la reinserción laboral de los exconvictos de todas las edades", sentenció Duarte.

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El abogado constituciona­lista Marcelo Duarte fue con­sultado sobre las atribuciones que contarán los interventores designados por el Poder Eje­cutivo para indagar las admi­nistraciones de los intenden­tes Miguel Prieto, de Ciudad del Este, y Óscar Rodríguez, de Asunción.

“El trabajo de los interventores es bastante complejo, se concentra en cuestiones de carácter admi­nistrativo imprescindible para que la municipalidad siga fun­cionando, no puede tomar nin­guna decisión de orden polí­tico, ya que no es su función”, afirmó el exsenador en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media. Duarte detalló que el interventor no cuenta con la potestad de realizar despi­dos de funcionarios.

“No es su función, no son adminis­tradores, es la persona encar­gada de establecer lo que se hizo con la administración municipal”, manifestó, acla­rando que el proceso de fis­calización de ambos munici­pios deberá limitarse solo al período de mandato de ambos jefes comunales.

La Cámara de Diputados aprobó el miércoles los pedi­dos de intervención a ambos municipios con amplia mayo­ría luego de analizar los repor­tes de irregularidades detecta­dos por la Contraloría General de la República (CGR).

El abogado constitucionalista Marcelo Duarte fue consultado sobre las atribuciones que contarán los interventores designados por el Poder Ejecutivo para indagar las administraciones de los intendentes Miguel Prieto, de Ciudad del Este, y Óscar Rodríguez, de Asunción.

“El trabajo de los interventores es bastante complejo, se concentra en cuestiones de carácter administrativo imprescindible para que la municipalidad siga funcionando, no puede tomar ninguna decisión de orden político, ya que no es su función“, afirmó el exsenador en una entrevista con el programa “Arriba hoy” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Duarte detalló que el interventor no cuenta con la potestad de realizar despidos de funcionarios. “No es su función, no son administradores, es la persona encargada de establecer lo que se hizo con la administración municipal”, manifestó, aclarando que el proceso de fiscalización de ambos municipios deberá limitarse solo al período de mandato de ambos jefes comunales.

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La Cámara de Diputados aprobó ayer miércoles los pedidos de intervención a ambos municipios con amplia mayoría luego de analizar los reportes de irregularidades detectados por la Contraloría General de la República (CGR). De esta manera, Prieto y Rodríguez quedarán suspendidos en sus funciones una vez iniciado el proceso de fiscalización.

El Poder Ejecutivo cuenta con un plazo de 15 días para designar a los interventores, según establece la Ley 317/94 “que reglamenta la intervención de los gobiernos municipales y departamentales”. Para la intervención de la municipalidad capitalina se maneja el nombre del consejero del Instituto de Previsión Social (IPS) y exministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Carlos Pereira. Mientras que para la intervención a la Municipalidad de Ciudad del Este cobra fuerza el nombre de Ramón Ramírez Caballero.

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