Una nueva auditoría, esta vez expuesta por la Contraloría General de la República, cuando Augusto Airaldi se desempeñaba como contralor, demostró una nueva tragada del presidenciable liberal Efraín Alegre, cuando se encontraba al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Los documentos hablan de un desfalco de US$ 72 millones, que al sumarse a los US$ 37 ya publicados por la Auditoría General de la Presidencia, suma así un total de US$ 109 millones tragados por Alegre.
El senador colorado Martín Arévalo, quien había presentado una denuncia ante el Ministerio Público por la malversación demostrada con la Auditoría del Ejecutivo, señaló que pedirá una audiencia con el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, para apurar las investigaciones en torno a la denuncia, más aún al ver que se suma un nuevo caso de malversación. Así, manifestó que Rolón debe tomar este caso con la seriedad correspondiente, designando los agentes fiscales que deberán hacerse cargo de la denuncia.
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“Esto se va sumando a lo que denuncié a la Fiscalía sobre los US$ 37 millones malversados por Efraín. Realmente es escandaloso todo lo que estamos viendo, más aún porque en su momento ya no se realizó la denuncia correspondiente y ahora observamos que una nueva institución suma otra prueba de malversación”, relató para el programa “Show de Noticias”, por GEN/Nación Media.
Teniendo en cuenta que Alegre es un candidato presidencial, para Arévalo resulta crucial que la situación sea tratada con las diligencias correspondientes, pues si vació el MOPC cuando se encontraba a cargo de la cartera, podría sacar el mismo provecho cuando se desempeñe como presidente de la República. Sentenció que el presidenciable destrozó su propio partido, hizo lo mismo con el MOPC y ahora busca destruir también el país.
“Esto no puede quedar impune y me pregunto por qué hay tanta protección sobre esta persona que tanto daño ha hecho al Estado. Sin embargo, vamos a seguir persistiendo en que se generen las sanciones correspondientes porque, al tratarse de un delito contra el Estado, el hecho no puede prescribir”, afirmó el parlamentario.
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