El exministro, excanciller y analista político Euclides Acevedo indicó que el argumento de la persecución política “no puede ser una coartada a la desprolijidad contable que pueda tener una administración“. Sus afirmaciones surgen ante el intento de salvataje de los parlamentarios de la oposición al intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, ante el pedido de intervención.

“Esto es una fosforescencia de la degradación política que hay en el Paraguay y la degradación del pensamiento en general. La soberanía radica en el pueblo y el pueblo a través del sufragio, esto es una parte elemental. La soberanía también radica en el tributo del ciudadano que tiene que ser honestamente administrado“, dijo Acevedo en una entrevista con el programa ”Fuego cruzado", emitido ayer domingo por el canal GEN/Nación Media.

Los parlamentarios opositores argumentan que el requerimiento realizado de auditar la gestión de Prieto obedece solo a una instrumentación política. Señalan que la Contraloría solo cuenta con la atribución de dictaminar si halla irregularidades en una administración municipal, pero que en el artículo 165 de la Carta Magna no se le habilita a solicitar la intervención de los municipios.

Asimismo, el también exministro de Relaciones Exteriores y exministro del Interior siguió sosteniendo: “Creo que hay opositores, pero no hay una oposición. Esto revela que nuestra democracia está absolutamente debilitada, carente de musculatura, cada vez pierde más masa muscular, porque no hace el ejercicio y no consume lo que tiene que consumir, que son ideas”.

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De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del año 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

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Los créditos aprobados por la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) sumaron USD 144 millones al cierre del primer cuatrimestre de este año, monto que, comparado con el mismo periodo de 2024, representa un incremento de 161 %. La institución considera este incremento como un reflejo de la mayor demanda de financiamiento de parte de sectores estratégicos y como un motor clave para la dinamización de la economía.

De acuerdo con la AFD, este incremento en los créditos aprobados tuvo un impacto significativo en términos de inclusión financiera y generación de empleos, con 2.583 beneficiarios, cifra que duplica los 1.125 registrados en 2024, representando un crecimiento interanual del 130 %. También resaltan que la expansión del crédito impulsó la creación y mantenimiento de 36.139 empleos, lo que triplica los 12.459 puestos de trabajo registrados en el mismo periodo de 2024.

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Desglosado por sectores, el mayor crecimiento de las financiaciones aprobadas se dio en comercio y servicios, con USD 41,4 millones, seguido del sector forestal con USD 24 millones, el industrial con USD 16 millones, que reflejan una mayor asignación a recursos hacia la inversión productiva. Por su parte, el sector vivienda mantuvo una participación importante con USD 48,6 millones.

En cuanto a la diversificación del financiamiento, la AFD observó proyectos que muestran un cambio en la estructura de inversión, señalando como ejemplo aquellos que abarcan expansión de infraestructura comercial, optimización logística, adquisición de tecnología para la producción forestal y modernización de plantas industriales.

“Esta tendencia refleja una evolución en la asignación de recursos hacia sectores de alto impacto en la generación de empleo y el fortalecimiento de la productividad, alineándose con la estrategia institucional de la AFD para promover un crecimiento económico sostenible”, resalta el informe de la agencia.

El gerente general de la AFD, Fernando Lugo, mencionó que anteriormente los créditos se centraban en fondos de corto plazo, con máximos de hasta 3 años, y que la institución puso énfasis en sus esfuerzos en la generación de financiamientos de largo plazo, principalmente para créditos para la vivienda.

“Este promedio de crédito se ha incrementado radicalmente en cuanto al plazo máximo del financiamiento y fue posible gracias al fondeo de la AFD y también ya las instituciones con sus fondos propios, conociendo el funcionamiento de la operativa de largo plazo”, dijo a la 1000 AM.

Destacó que el aporte de la AFD fue generar las condiciones de mercado para que las otras instituciones financieras puedan incursionar en los préstamos de largo plazo.

Recordó que el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) surgió inicialmente para pequeñas y medianas empresas, que permitía garantías adicionales para que las instituciones con fondeo propio puedan animarse a otorgar los financiamientos.

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• Por Nadia Denis (nadia.denis@nacionmedia.com).

El pedido del Poder Ejecutivo para intervenir las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, en proceso en la Cámara de Diputados, generó gran revuelo político y ambos intendentes, y sus respectivos aliados, han salido a defender su gestión, pero, cuáles son los motivos por los cuales se puede solicitar la intervención.

En conversación entre La Nación/Nación Media y el abogado Ricardo Preda, explicó que la existencia de un hecho punible o un indicio del mismo no es el único causal para una intervención; la sospecha de malos manejos administrativos, que no constituyan un delito, también pueden requerir la medida constitucional de la intervención.

“Por ejemplo, si yo utilizo un rubro en otro, es decir, dinero que está para construcciones para pagar salarios de los funcionarios, eso propiamente no es un delito porque no hay un perjuicio patrimonial, pero es una mala administración porque estoy usando incorrectamente los rubros”, detalló.

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Hay un extenso listado de cuestiones que no corresponden a un delito como tal, pero sí habla de una mala gestión del administrador de gastos. Por citar algunos: falta de rendición de cuentas, desorganización en los registros contables y administrativos, inadecuado manejo de bienes patrimoniales, falta de respuesta a requerimientos de órganos de control, entre otros.

“Los defensores de uno de los intendentes, decía que ‘acá no hay perjuicio patrimonial’, yo desconozco porque no profundicé ninguno de los dos casos y no sé si es el caso, pero si una municipalidad paga todo con cheques al portador, eso es una mala administración, no necesariamente es un perjuicio patrimonial porque de por ahí se pagaron deudas que eran reales, pero no está bien que se pague de esa manera porque eso es poco transparente”, sostuvo.

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La intervención es una herramienta que está presente en el artículo n.° 165 de la Constitución y que está regulada por la ley n.° 317/1994. En estas normativas, se menciona la atribución de la Contraloría para cursar la solicitud de las intervenciones, mediante el Ministerio del Interior (Poder Ejecutivo), así como de las Juntas Municipales.

La Cámara de Diputados conformó dos comisiones especiales para investigar los motivos del pedido de intervención y que deberán emitir un dictamen en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de su instalación. Posteriormente, el pleno deberá tratar este punto y definir si presta el acuerdo al Poder Ejecutivo para intervenir la municipalidad.

En caso de aprobarse la intervención, el Ejecutivo deberá designar a un interventor que tiene un plazo de 90 días, con posibilidad de prórroga, y deberá realizar una auditoría administrativa, financiera y legal de la gestión del intendente suspendido. Finalizado este trabajo, deberá remitir un informe recomendando la restitución o destitución del intendente

¿Pero, si el intendente renuncia, sigue en pie la intervención? No, si la renuncia presentada por el jefe comunal es aceptada por la Junta Municipal, la intervención queda sin efecto, no obstante, si existen presunciones de hechos punibles, el Ministerio Público tiene atribuciones para investigar.

“El hecho de que se le destituya o renuncie no cambia en absoluto de que el Ministerio Público va a estar obligado a perseguir esos delitos. Desde el punto de vista de los malos manejos que no constituyan hechos punibles que generan algún tipo de responsabilidad, igual la Municipalidad va a poder reclamar a esa autoridad que hizo incorrectamente, hay acciones civiles establecidas si hay algún perjuicio causado por el administrador, pero que no constituya hechos punibles”, puntualizó Preda a LN.

“Si vos no tenés nada que ocultar no tendrías que temer a una investigación“, dijo el analista político y excanciller Euclides Acevedo sobre la solicitud de intervención de la Contraloría General de la República (CGR) a los municipios de Ciudad del Este y Asunción. Agregó que en el proceso existen tres frentes de batalla: jurídico, administrativo y político.

“El Estado a través de la Contraloría lo que hace es controlar la gestión pública y el manejo del dinero público de los ciudadanos, esto es una responsabilidad irreemplazable del Estado. No se puede obstruir el control del Estado sobre el manejo del dinero”, sostuvo Acevedo, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De esta forma Acevedo echó por tierra el discurso esgrimido por el intendente de Cuidad del Este, Miguel Prieto, y sus aliados, que aseguran que el órgano extrapoder no cuenta con facultades para requerir la intervención y que el pedido obedece a una persecución política.

“No se le puede obstruir a la Contraloría su capacidad de intromisión ante comportamientos que pueden ser irregular o atenten contra la soberanía económica del ciudadano”, remarcó.

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De acuerdo a la Contraloría, en la administración del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, las irregularidades guardan relación con las transferencias de recursos financieros a la subcomisión distrital de Ciudad del Este en apoyo a la actividad llamada “Navidad sustentable” en el ejercicio del 2023.

También hizo mención sobre el examen documental sobre la composición y aplicación de los gastos de capital de la Municipalidad de Ciudad del Este para los ejercicios del 2019 a 2022.

En lo que respecta a la administración del intendente capitalino, Óscar Rodríguez, detalla supuestas irregularidades que se dieron en la gestión presupuestaria de la institución entre el 2021 y el 2024. El contralor citó la emisión del bono G8 por G. 360.000 millones realizada en el 2022 para obras de desagüe pluvial, además de los bonos G9 por G. 195.000 millones en el 2023 que fueron emitidos para pagar deudas de emisiones en anteriores administraciones.

“Tanto Prieto como Nenecho Rodríguez son figuras políticas notables y electoralmente importantes, por lo tanto acá vamos a tener un buen entretenimiento de aquí a las elecciones municipales. Los que dicen que acá no existe nada político, no sé en que país viven, esto tiene una marcada connotación política”, sostuvo Acevedo.

Asimismo afirmó que “las batallas políticas hay que llevarlas sin miedo, sin angustias por eso creo que las renuncias habrían que descartarse”.

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