El viceministro de Rediex, Javier Viveros, se encuentra desarrollando una misión técnica en Japón, junto con la agregada comercial, Paola Subeldía. Ambos mantuvieron una reunión estratégica con Brian Blakely, Lead Investment Officer del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Invest Asia, para abordar un desafío clave: la falta de financiamiento para industrias que quieren crecer y transformar Paraguay.

La conversación giró en torno al fondo fiduciario de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) para el Desarrollo de América Latina y el Caribe (TADAC, por sus siglas en inglés), una iniciativa conjunta entre BID Invest y JICA, que pone a disposición USD 1.000 millones para impulsar proyectos sostenibles en América Latina.

Se trata del primer fondo del sector privado de la agencia con el BID y su fondo más grande para el sector privado en América Latina y el Caribe. Desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) informaron que en ese sentido, Paraguay busca posicionarse como un destino prioritario para estos recursos, promoviendo inversiones en sectores como infraestructura, energía, turismo, salud, economía digital y finanzas sostenibles.

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En febrero se oficializó la creación de este fondo fiduciario, siendo el primer fondo del sector privado de la agencia con el BID y su mayor fondo del sector privado en América Latina. Ante el creciente déficit de financiación, BID Invest decidió adoptar un modelo de negocio ‘Originate-to-Share’ (Generar para compartir), que hace hincapié en la colaboración y la cofinanciación con otras instituciones de desarrollo para movilizar la inversión privada y maximizar la eficiencia del capital.

Este proyecto busca poner en marcha oportunidades de inversión en la región y repartir partes de estas inversiones entre otros activos para que estén en movimiento y no se estanquen, añade el mensaje. “JICA está dedicada a apoyar los esfuerzos del sector privado para resolver problemas sociales en América Latina y el Caribe. Este fondo contribuirá a reducir la brecha financiera necesaria para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en la región”, manifestó en ese momento el presidente de la agencia japonesa, Akihiko Tanaka.

El Viceministerio de Mipymes anunció el lanzamiento de dos plataformas de financiamiento alternativo para las micro, pequeñas y medianas empresas que están proveyendo insumos a las firmas del programa Hambre Cero. Estas permitirán al sector acceder a créditos a corto plazo para seguir operando sin la necesidad de esperar cobrar por sus productos vendidos.

En conversación con La Nación/Nación media, el viceministro de Mipymes, Gustavo Giménez, explicó que una de las grandes necesidades del sector es el acceso a dos tipos de productos financieros. “El primero tiene que ver con productos de corto plazo, para capital operativo. Hoy es muy fácil obtener un crédito para comprar un electrodoméstico o un auto, pero no se consigue un crédito que ayude a solventar los costos operativos de producción o compra de maquinarias”, indicó.

La idea surgió teniendo en cuenta que muchas veces al vender al Estado o a grandes empresas, las mipymes no pueden cobrar al instante y se quedan sin capital operativo. “Para una mipyme eso es absolutamente inviable porque tiene que pagar sus créditos a los 30 días, pero cobra recién a 60 o 90 días; entonces, no hay forma de cuadrar eso”, señaló.

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Giménez puntualizó que con este nuevo programa lo que se busca es dar un respiro a las mipymes mientras aguardan el cobro por sus productos vendidos. En principio está orientada a las que trabajan con las empresas que proveen alimento escolar en el marco del programa Hambre Cero.

“Con esto queremos ofrecerles una plataforma donde puedan registrar esas cuentas por cobrar y nosotros podamos descontar esos documentos de manera inmediata, para que puedan afrontar ese tiempo de pago y seguir creciendo”, mencionó.

La segunda plataforma apunta a un crédito a largo plazo que busca facilitar a los empresarios del sector la adquisición de maquinaria, principalmente. Se pretende actualizar el Fondo de Garantía del Paraguay (Fogapy) para agilizarlo e implementar planes de financiamiento con la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para los empresarios del sector de las mipymes.

En principio, ambas plataformas serán implementadas en el marco del programa Hambre Cero. Es decir, aquellas mipymes que vendan sus productos a las empresas ganadoras de las licitaciones para la alimentación escolar podrán acceder a estos beneficios.

“Si vos sos una mipyme que tiene cédula mipyme y le estás vendiendo a alguna de las 25 empresas ganadoras de la licitación de Hambre Cero, esa cuenta a cobrar vas a poder hacer efectiva a través de la plataforma, eso es básicamente”, puntualizó el viceministro.

Las empresas privadas que ganaron la licitación del programa están obligadas por ley a comprar el 10 % a la agricultura familiar y el 5 % a las mipymes, como mínimo. “Este ecosistema ya es un negocio potencial para nuestras mipymes de casi USD 18 millones y de USD 35 millones para la agricultura familiar, solo para este año”, indicó.

Giménez recordó que recientemente se promulgó la Ley de mipymes y que ahora están trabajando en su reglamentación. Una vez que salga el decreto reglamentario, tendrán el marco normativo para lanzar la plataforma de financiamiento a corto plazo.

Esto se daría a mediados de mayo. En el caso de la segunda plataforma, el tiempo sería mayor, teniendo en cuenta que se sigue trabajando con la AFD, pero el subsecretario de Estado estimó que sería entre junio y julio de este año.

• Preparan plataformas de financiamiento alternativo para las mipymes.
• Esta dirigida a las mipymes que están proveyendo insumos a empresas del programa Hambre Cero.
• La primera plataforma será lanzada en mayo y la segunda entre junio y julio.

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Las elecciones internas del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) deberían realizarse en el año 2026, en coincidencia con los comicios municipales, tal como lo establece la ley electoral. Así lo afirmó de forma categórica el ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jaime Bestard.

“Lo normal sería que se realice en el 2026 en coincidencia con las elecciones internas municipales”, señaló Bestard en comunicación con La Nación/Nación Media, oportunidad en la que explicó que el escenario para la realización de las elecciones liberales en la fecha inicialmente prevista, es de difícil cumplimiento por varias razones.

Uno de estos motivos es la falta de máquinas de votación. “No va a haber, y eso es categórico. Nosotros ya nos expedimos en ese sentido y le dijimos al Tribunal Electoral Independiente del Partido Liberal que no vamos a disponer”, declaró Bestard. Además, explicó que actualmente existe una medida cautelar de la Primera Sala del Tribunal Electoral de la Capital que suspende, por el momento, la realización de dichas elecciones. Esta medida aún está en proceso de apelación, por lo que el proceso aún demorará en resolverse.

El ministro señaló que, considerando los tiempos procesales y las circunstancias actuales, es “muy poco probable” que las elecciones puedan desarrollarse en la fecha originalmente establecida por el PLRA. “Entiendo que también hay un sector muy importante de muchos referentes del Partido Liberal que están en la línea de la no realización de esas elecciones”, añadió.

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Bestard sostuvo que lo más razonable sería postergar los comicios internos para el año 2026, de manera que coincidan con las elecciones municipales, tal como lo establece la legislación electoral vigente. “En esa época nosotros sí vamos a estar absolutamente en condiciones de respaldarles y, además, vamos a estar dentro del marco de la ley”, puntualizó.

Cabe mencionar que el TSJE está en proceso de licitación de máquinas de votación, proceso que estiman finalizaría recién en junio. De acuerdo a lo que pretende la institución, las primeras máquinas recién estarían en nuestro país cerca de fin de año, dispositivos que se destinarán a la capacitación para los comicios del 2026.

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Con el fin de introducir modificaciones al actual régimen de financiamiento de las campañas políticas, mejorar los mecanismos de control y simplificar los procedimientos para partidos, movimientos internos y candidatos, un grupo de diputados presentó el proyecto de ley que modifica varios artículos del Código Electoral.

Los diputados Raúl Latorre, Miguel Del Puerto, Rocío Abed, Daniel Centurión y Hugo Meza presentaron el proyecto “que modifica los artículos 64 inciso a), 66 y 278 inciso b) de la Ley Nº 834/1996, ‘Que establece el Código Electoral’, modificado por las leyes Nros. 4743/2012 y 6167/2018”.

El documento argumenta que existe “una preocupación por la transparencia en el uso de fondos durante los procesos electorales y a las dificultades operativas que han enfrentado las nucleaciones políticas a raíz de la normativa vigente”.

Se menciona también que los controles establecidos en la ley actual, resultan excesivos, complejos o pocos accesibles para las agrupaciones políticas, principalmente en las elecciones.

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Entre las modificaciones planteadas se encuentra el reconocimiento anticipado de los movimientos políticos, ya que la ley actual no contempla un proceso previo de reconocimiento de los movimientos internos antes de la inscripción de candidaturas, y con el cambio se establece formalizar esta etapa, permitiendo a los movimientos gestionar de manera anticipada su identificador tributario y cuenta bancaria.

La digitalización de declaraciones propone que tanto la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), como la Declaración de Intereses Económicos Vinculados (DIEV) se presenten únicamente en formato digital ante los organismos de control, reduciendo el uso de papel y facilitando su análisis.

En otro punto se plantea la presentación individual por candidato, que a diferencia del esquema actual, en el que los movimientos presentan declaraciones de forma general, la modificación exige que cada candidato presente su propia DIGC y DIEV, incluso detallando su participación en sociedades o inversiones económicas.

Igualmente, se incluye mayor transparencia y fiscalización, previendo la publicación obligatoria en un plazo de diez días hábiles de todas las declaraciones e informes recibidos en el portal del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

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En cuanto a las sanciones, se establece más severidad “en caso de comprobarse la falsedad en la declaración de ingresos, el proyecto contempla la suspensión de la participación del candidato por diez años en cualquier tipo de elección, una medida que no figura en la normativa vigente”.

Son varias las modificaciones que plantea este documento que ya se encuentra en la Cámara de Diputados para ser analizado, primeramente por las comisiones asesoras y posteriormente ante el pleno.