Para el senador colorado Martín Arévalo, la campaña del candidato presidencial de la Concertación Nacional, Efraín Alegre, se basa únicamente en un doble discurso, lo cual se deja entrever con su presunta defensa de la propiedad privada, cuando paralelamente decide aliarse con invasores. “Efraín está mintiendo, él necesita votos y quiere que los empresarios acompañen su proyecto, mientras se alía con personas que invaden propiedades privadas”, expresó el legislador.
El parlamentario hizo hincapié en que el presidenciable no podrá cumplir ninguna de sus promesas por la falta de coherencia en las alianzas que busca dentro de diferentes sectores. A esto se suma otro factor: el desfalco dejado por Alegre cuando se encontraba al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), pues para Arévalo, el liberal no tendrá respeto hacia el sector privado si ni siquiera ha respetado lo público.
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“Efraín solo adecua su discurso a ganar votos y caerle bien al sector privado. Seguramente, en sus reuniones con campesinos dice a sus nuevos aliados cuáles serán las próximas propiedades a ser invadidas”, dijo el senador en contacto con Unicanal. Para el parlamentario, el presidenciable liberal recurre a discursos populistas y contradictorios, en su desesperación de captar votos de cualquier manera posible.
Así, remarcó que Alegre está consciente de su gran derrota para las elecciones generales, lo cual lo deja en un intento de moldear sus propuestas electorales con base en la necesidad que tiene. Arévalo puntualizó además que con el candidato de la Concertación no podrá verse ningún respeto hacia la propiedad privada y mucho menos el respeto hacia los pactos políticos realizados en campaña.
“Además, estamos ante una persona que mal administró los recursos públicos”, reiteró el parlamentario, destacando que con el agujero de US$ 37 millones dejado por Alegre se demuestra una vez más su incapacidad en la gestión pública y su único interés político: velar por su enriquecimiento o posicionamiento individual, en detrimento de la estabilidad nacional.
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A dos semanas de las elecciones, españoles se movilizan ante la crisis de la vivienda
España afronta este miércoles una huelga general convocada ante una ola de indignación por la crisis de la vivienda y el poder adquisitivo, temas álgidos a poco más de dos semanas de las elecciones generales en las que Pedro Sánchez se juega la reelección.
Catorce años después de la última protesta similar en la cuarta economía de la zona euro, los observadores estarán atentos al seguimiento del paro en la industria y los servicios, especialmente en el transporte público, donde no obstante se garantizarán servicios mínimos.
También se seguirá de cerca la magnitud de las manifestaciones previstas, sobre todo las de la tarde en Madrid y Barcelona, que podrían servir de barómetro del descontento social de cara a los comicios del 29 de noviembre.
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Los principales sindicatos del país llamaron a esta huelga siguiendo la estela de las protestas por el acceso a la vivienda. El detonante fue el desalojo forzoso de su apartamento en septiembre de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después.
“Es una huelga del pueblo. Yo creo que es la primera vez en muchísimo tiempo que de donde ha salido la convocatoria es desde las mismas calles”, se congratuló el domingo en la radio pública Valeria Racu, portavoz del Sindicato de Inquilinas, asociación clave detrás de la movilización.
De hecho, las protestas, que incluyeron una acampada que por cinco semanas ocupó la céntrica Puerta del Sol en Madrid, dieron pie a la convocatoria de las próximas elecciones generales. Al fracasar en validar un paquete de medidas sobre la vivienda en el Parlamento, el presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez, adelantó los comicios previstos inicialmente para 2027.
“Una huelga contra nadie”
De todas maneras, el Gobierno de izquierda tiene previsto hacer aprobar el jueves, un día después de la huelga, parte de esas medidas en la Diputación Permanente, un órgano que hace las funciones de Parlamento, disuelto por la convocatoria electoral.
“Esta no es una huelga contra nadie, sino a favor de dar respuestas comunes por parte de todas las administraciones a un problema real que existe, que es el del acceso a la vivienda”, aseveró Sánchez el domingo al diario La Vanguardia.
Recordando los avances sociales logrados en España en décadas pasadas cuando “la gente dijo ¡basta! y se organizó y salió a la calle e hizo huelgas”, Sánchez llamó el lunes en la red social X a “proteger” lo logrado. La paralización de actividades, rechazada por la patronal que la ha calificado de protesta “electoral”, ha sido criticada por la derecha y la extrema derecha.
“No la hagan. No la hicieron en ocho años de Gobierno. No la hagan ahora” antes de las elecciones “o ligarán su imagen a Pedro Sánchez para siempre”, advirtió a los sindicatos la semana pasada en un mitin el líder del Partido Popular (PP, derecha), Alberto Núñez Feijóo.
El jefe del PP, partido favorito para ganar las elecciones según las encuestas, calificó de “grave error” continuar con la huelga “69 muertos después”, en referencia a los fallecidos en una colisión de trenes en el centro del país a finales de octubre, un hecho que estremeció la campaña.
“Deberían tener un mínimo de vergüenza” los sindicatos “de corte marxista” y suspender la paralización, pero de no hacerlo “tomaremos nota”, advirtió Santiago Abascal, líder de la extrema derecha, cuyo apoyo podría ser necesario para formar gobierno si la derecha queda lejos de la mayoría absoluta, tal y como señalan los sondeos.
“Gran movilización social”
“Somos conscientes de que es un paro un tanto excepcional”, pero “el gran objetivo es promover una gran movilización social y un sentido común sobre el tema de la vivienda”, se defendió el lunes en el medio digital eldiario.es Unai Sordo, secretario general de uno de los principales sindicatos, Comisiones Obreras (CCOO).
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El salario bruto español alcanza una media de unos 2.460 euros mensuales en 14 pagas, mientras que el alquiler de un apartamento de 50 m2 en Madrid costaba 1.170 euros al mes de media en octubre, según el portal Idealista. Esto supone casi la mitad del salario bruto promedio, una proporción muy alejada del 30% que suelen recomendar los organismos públicos y los profesionales de la vivienda.
Fuente: AFP
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La formalización de tierras, una llave para reducir la pobreza y dinamizar la economía
La seguridad jurídica sobre la propiedad puede impulsar la inversión, facilitar el acceso al crédito y mejorar los ingresos fiscales. Hugo Jiménez, asesor de la UGP, plantea la necesidad de modernizar el sistema de administración de tierras en Paraguay para transformar activos en oportunidades de desarrollo.
Propiedad y desarrollo económico. La pobreza no se limita a la falta de ingresos, también comprende dificultades para acceder a vivienda, salud, educación y condiciones de vida dignas. En este contexto, la formalización de los derechos de propiedad representa una herramienta para mejorar las oportunidades económicas, especialmente en países donde una parte importante de los activos permanece fuera de los registros oficiales.
Para Hugo Jiménez, asesor de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), contar con títulos de propiedad permite que los bienes puedan convertirse en capital, respaldar inversiones y facilitar el acceso al financiamiento.
“Los derechos de propiedad no tan solo son fundamentales para reducir la pobreza sino, además, son instrumentos efectivos para crear riqueza”, sostiene.
El economista peruano Hernando de Soto, citado por Jiménez, plantea que muchas personas en países en desarrollo poseen viviendas y tierras, pero carecen de documentación que permita utilizarlas como garantía para préstamos o inversiones. Esta situación limita su capacidad de mejorar sus activos y generar nuevas actividades económicas.
Paraguay y el desafío de ordenar la tierra. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad 2025 ubica a Paraguay en el puesto 90 de 126 países, con una puntuación de 4,138 sobre 10. El resultado refleja desafíos en materia de seguridad jurídica y administración de los bienes.
Jiménez considera que el país necesita avanzar hacia un sistema integral de administración de tierras que permita actualizar los registros, reducir las dificultades en el mercado inmobiliario y mejorar el ordenamiento territorial.
La creación del Registro Unificado Nacional (RUN), que reúne las funciones de registros públicos, catastro y agrimensura, representa una oportunidad para corregir inconsistencias históricas en los inventarios.
“En los registros de tierras aún están anotadas superficies a nombre de instituciones y empresas que hoy son asiento de colonias enteras o propiedades privadas”, advierte.
El impacto en el agro y los municipios. La regularización de la tenencia tiene implicancias directas para el sector agropecuario. La falta de títulos limita las posibilidades de acceder a financiamiento, invertir en infraestructura y desarrollar plenamente el potencial productivo de los establecimientos.
A esto se suma la situación de miles de familias en asentamientos urbanos y periurbanos, cuyos terrenos carecen de documentación formal, dificultando mejoras en viviendas, servicios sanitarios y acceso al agua segura.
El problema también alcanza a instituciones públicas. Según Jiménez, más de un millar de locales de salud y educación no cuentan con títulos de propiedad, una condición que restringe las inversiones en infraestructura.
En el ámbito municipal, la actualización de catastros constituye otro desafío. El asesor señala que seis de cada diez municipios no tienen catastros actualizados, lo que limita la identificación de inmuebles y reduce el potencial de recaudación del impuesto inmobiliario.
Con las nuevas autoridades municipales ya asumidas, el especialista considera prioritario avanzar en esta tarea para fortalecer los ingresos locales y mejorar la planificación territorial.
“La formalización de la propiedad, no solo ofrece seguridad jurídica, sino que también puede convertirse en una herramienta para ampliar las inversiones, mejorar la productividad y generar condiciones para un desarrollo económico más inclusivo”, concluye Jiménez.
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ARP pide garantías para la propiedad privada tras avance judicial en el caso Pindó
A más de 14 años del inicio del conflicto, la Justicia elevó a juicio oral y público la causa por la ocupación de tierras de Agroganadera Pindó, una decisión que la Asociación Rural del Paraguay (ARP) calificó como un “avance significativo”.
El proceso penal afecta directamente a Jorge Mercado Méndez, imputado como uno de los principales dirigentes de la invasión de inmuebles de la firma agroganadera en el departamento de Canindeyú.
A través de un comunicado que dieron a conocer por redes sociales en la fecha, el gremio rural celebró la resolución del Juzgado de Garantías de Curuguaty que, tras un largo proceso de investigación iniciado en 2012, rechazó los incidentes planteados por la defensa y dispuso la elevación de la causa a juicio oral y público.
“Esta decisión constituye un avance significativo en una causa iniciada en el año 2012, cuya prolongación durante más de 14 años evidencia la necesidad de fortalecer la protección efectiva de los derechos constitucionales”, remarca el comunicado.
Legalidad sobre la ocupación
Así también, la ARP instó a las autoridades a responder a las problemáticas sociales vía políticas públicas legítimas y no al margen de la ley. En el documento se señala que el artículo 109 de la Constitución Nacional establece categóricamente que “la propiedad privada es inviolable”.
Remarca que su respeto constituye “una garantía esencial del Estado de Derecho y una condición indispensable para la inversión, el trabajo y el desarrollo de la producción nacional”.
“Las reivindicaciones sociales deben encontrar respuestas mediante políticas públicas y procedimientos legítimos, sin que la ocupación de inmuebles o la comisión de hechos punibles puedan convertirse en mecanismos para adquirir o legalizar derechos de propiedad al margen de la Constitución y las leyes”, manifiesta una parte del escrito.
Asimismo, refiere que la seguridad jurídica exige mucho más que el reconocimiento formal de los derechos. “Requiere una actuación oportuna y eficaz de las instituciones del Estado, la prevención de hechos ilícitos y el cumplimiento de las resoluciones judiciales. La agricultura, la ganadería y la agroindustria necesitan estabilidad, previsibilidad y garantías para desarrollar inversiones que generan empleo, riqueza y oportunidades para el Paraguay”, expresa en su pronunciamiento.
En juicio se establecerán responsabilidades
Resalta además que, la apertura a juicio oral constituye un avance procesal y no una declaración de culpabilidad; teniendo en cuenta que las responsabilidades deberán determinarse con pleno respeto al debido proceso.
De esa manera el gremio señala que es fundamental el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico nacional, sin excepciones ni actuaciones al margen de la ley, con pleno respeto a la Constitución Nacional, los tratados internacionales ratificados, el Código Civil, el Código Penal y demás disposiciones legales aplicables, conforme al orden de prelación establecido en el artículo 137 de la Constitución Nacional.
“En esencia, no se solicita un trato particular ni una intervención política, sino que el Poder Judicial cumpla con sus funciones constitucionales, garantizando la independencia judicial, el debido proceso, la igualdad ante la ley y la correcta administración de justicia”, remarca el comunicado.
Finalmente, exhorta a los poderes del Estado a garantizar la protección efectiva de la propiedad privada, fortalecer la seguridad jurídica y asegurar que las actividades productivas puedan desarrollarse dentro de un marco de legalidad y paz social.
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TSJE lanza la campaña nacional “Soy joven, quiero votar”
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), liderado por Jorge Bogarín, lanzó este viernes la campaña nacional denominada “Soy joven, quiero votar” que tiene como finalidad potenciar la participación del sector juvenil en las próximas elecciones generales del 2028. La campaña iniciará el próximo 2 de noviembre y finalizará el 30 de diciembre del presente año.
“Estamos lanzando esta campaña, soy joven, quiero votar que abarcará los 263 distritos del país. Esta campaña busca concienciar a los jóvenes a actualizar sus datos de domicilio a fin de poder ingresar al padrón electoral para las elecciones nacionales y departamentales del 2028″, afirmó el director de la Unidad de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic, en una conferencia de prensa.
Cerca de 87.000 jóvenes deberán concretar el proceso. “Para la actualización de estos datos, tienen tiempo hasta el 30 de diciembre del 2026, es decir, nos quedan dos meses para esta actualización”, manifestó Ljubetic.
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Mencionó que los funcionarios del TSJE en el cumplimiento de la campaña nacional, visitarán los centros educativos, colegios y universidades con el objetivo de que los “alumnos actualicen sus respectivos domicilios para ubicarlos en el padrón electoral en el distrito que les corresponde y en el local de votación más cercano a sus domicilios”.
Añadió que también los funcionarios se ubicarán en los lugares de alta concurrencia ciudadana para facilitar la actualización de datos de los jóvenes inscriptos en forma automática. “Asimismo las oficinas distritales del Registro Electoral de toda la república estarán habilitadas para realizar la actualización de domicilios de los jóvenes inscriptos de manera automática y reiteramos que los jóvenes que vayan a cumplir 18 años hasta el mes de abril del 2028 tienen tiempo hasta el 30 de diciembre del 2026 para actualizar los datos”, puntualizó.
“Aclaramos que estos jóvenes que son en su mayoría menores de edad, requerirán las firmas de sus padres o tutores para esta actualización. La Dirección de Partidos y Movimientos Políticos notificará de esta campaña a todas las organizaciones políticas a fin de que puedan acompañar y fiscalizar el proceso de actualización del domicilio, si lo consideran pertinente. Que a fin de otorgar a esta actualización de domicilio las mismas garantías que tiene la inscripción normal en el Registro Cívico Permanente, los formularios de actualización se deberán completar en presencia y con las firmas de dos funcionarios de la Justicia Electoral”.
Para consultar información en el RCP, los interesados podrán ingresar al sitio web https://rcp.tsje.gov.py/ institucional e introducir su número de cédula de identidad, a fin de verificar si cuentan con datos de domicilio registrados o si necesitan actualizarlos. En caso de requerir una modificación, deberán acudir al Registro Electoral o Centro Cívico más cercano a su domicilio de martes a domingo, incluso feriados desde 07:00 con la cédula de identidad y un documento que certifique el domicilio.