El Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), lanzó el llamado a licitación pública internacional para el diseño y construcción del Parque Tecnológico, infraestructura central del proyecto denominado “Distrito Digital”, que se desarrollará en una superficie de seis hectáreas en inmediaciones del Parque Ñu Guasu, dentro del predio de las Fuerzas Armadas.

La convocatoria que está nominada como Licitación Pública Internacional MITIC PAAD N° 01/2025 (ID: 468760), ya se encuentra disponible en el portal de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas donde podrán acceder a los documentos y detalles del proceso. La entrega de ofertas está prevista para el lunes 30 de junio del 2025.

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De acuerdo a la información oficial, el Distrito Digital será un espacio destinado al desarrollo de la economía del conocimiento, donde el Gobierno, la academia y el sector privado —incluyendo startups, pymes y centros de investigación— colaborarán estratégicamente para fomentar la innovación tecnológica, mejorar la competitividad empresarial y acelerar la transformación digital del país.

Para comprender mejor sobre lo que implicará esta iniciativa estratégica que es impulsada por el gobierno de Santiago Peña, La Nación/Nación Media conversó con Cinthia Facciuto, directora general de Innovación Productiva y Economía Digital del Mitic. Explicó que es una estrategia que busca una transformación del país para ser un referente de la economía del conocimiento.

“El Distrito Digital nace recreando un entorno especializado para impulsar políticas públicas, donde se articule la infraestructura tecnológica, los servicios digitales, las redes de conocimiento, los mecanismos de apoyo para los startups, que son las bases de la innovación en este entorno”, sostuvo.

Informó que la licitación pública internacional busca ejecutar un presupuesto de 20 millones de dólares, unos 160 mil millones de guaraníes, con el método llave en mano; donde además de entregar la obra civil debe también estar incluido toda la tecnología para su puesta en funcionamiento a mediados del 2027.

Agregó que en el lugar se instalarán empresas tecnológicas, instituciones académicas que se encargarán del desarrollo del conocimiento; obviamente, también las iniciativas del Gobierno que trabajarán en las políticas sobre economía digital.

Mencionó que este parque tecnológico estará gobernado por un modelo de triple hélice, que son el Gobierno, la academia y el sector privado. Este último estará representado por las industrias y los startups, sobre todo las empresas y emprendimientos de base tecnológica.

Esta licitación arranca con el diseño y construcción del espacio la academia, que por un lado será la Universidad Privada Taiwán Paraguay (UPTP); pero también las facultades de la Universidad Nacional a nivel país podrán tener a disposición laboratorios para poder fortalecer las prácticas de los futuros ingenieros y mejorar el perfil de los egresados.

“El parque tecnológico será una ciudadela, donde la academia representada por la UPTP y las academias a nivel nacional que quieran ser parte, de hecho, ya la Universidad Nacional de Asunción y todas las universidades públicas ya están en conocimiento, vamos a generar 10 laboratorios de diferentes tecnologías para aplicar. El edificio en sí será inteligente, además para la movilidad de los traslados internos será con vehículos eléctricos”, acotó.

Remarcó que la idea es empezar a posicionar justamente a Paraguay en el nivel de hub tecnológico, para que desde el país se pueda exportar servicios y no más exportar profesionales. “No queremos más que nuestros profesionales migren y vayan a prestar servicios en otros países, cuando realmente nosotros tenemos mucho que dar desde acá”, explicó.

Finalmente, señaló que esta obra es del Paraguay, no es del Gobierno, no es de la academia, no es del sector privado. “Es del país y somos todos dueños de esta joya única, por lo cual tenemos que justamente adueñarnos de este proyecto para que salga lo mejor posible para poder posicionar a Paraguay a nivel internacional”, concluyó.

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El senador Dionisio Amarilla, se refirió en torno al proceso de licitación para la compra de 28.000 máquinas de votación por parte del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), que serán utilizados en las internas partidarias y municipales de 2026.

“Hay que darle el voto de confianza al concepto de institucionalidad, tanto a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Es innegable que estas dos instituciones gozan de mucho prestigio en materia de resultados dados en los últimos tiempos", indicó Amarilla, este viernes, en una entrevista con el programa “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Las afirmaciones del legislador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) surgen en medio del discurso esgrimido por sus correligionarios de la oposición y la disidencia colorada consistente en un presunto direccionamiento de la licitación a favor de empresas vinculadas supuestamente a dirigentes del oficialismo colorado.

“La Dirección de Contrataciones Públicas se ha ganado un prestigio importante en materia de control de procesos. Esperamos que esto concluya en buena forma y que las dudas se disipen durante el proceso de recepción y evaluación de ofertas“, dijo Amarilla.

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La alianza entre la oposición y la disidencia colorada cuenta con respaldo de medios de comunicación afines que pretenden instalar una “narrativa” sobre la posibilidad de supuestos fraudes electorales y la existencia de peligrosos escenarios para la democracia, rumbo a las municipales del 2026.

“Mucho no hay que preocuparse de estas narrativas, son estrategias que utilizan algunos amigos para tratar de posicionarse mediáticamente antes que contribuir con propuestas sólidas. Debemos apostar a dar musculatura a las instituciones”, indicó Amarilla.

El jueves 22 de mayo, a las 9:00, en la sede central del Tribunal Superior de Justicia Electoral se prevé la apertura de sobres en la licitación de las máquinas de votación que demandará una inversión de USD 93 millones, tras las reiteradas protestas y suspensiones que se registraron a lo del proceso de adquisición.

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• Por Aníbal Saucedo Rodas

Nunca será suficiente insistir sobre algunos puntos centrales del buen gobierno. Así que, continuando con lo ya publicado semanas atrás, diremos que el poder no es un fin en sí mismo. Es un medio para facilitar el bienestar colectivo, la cohesión social y el crecimiento económico armónico e inclusivo. Y para acceder a ese poder, en un ambiente democrático, se tiene que transitar por el camino de la política, en su definición más idealizada, que es la búsqueda del bien común. Ese bien común que marca el rumbo ético de la política, manifestada en su forma práctica en un orden que garantice la dignidad para todos.

Algunos definen la política como la búsqueda y permanencia en el poder. Pero no debe entenderse esta afirmación desde una perspectiva utilitarista del “poder por el poder”. Ese poder precisa ser legitimado en su ejercicio mediante respuestas adecuadas a problemas concretos, en cuya formulación y en su proceso de decisión se debe contar con una amplia y activa participación ciudadana.

El poder político se ejerce desde un gobierno. Ese gobierno, cuyo mandato es limitado, tiene la responsabilidad legal y la obligación moral de diseñar, planificar y ejecutar acciones duraderas que favorezcan la solución de aquellas necesidades y problemas que obstaculizan el crecimiento social, económico y cultural de una población determinada. Esas acciones, que deben ser formuladas desde el Estado, se denominan políticas públicas.

Aunque toda la teoría construida desde la filosofía y las ciencias políticas discrepan en cuanto a los límites, o interrelaciones, entre lo público y lo privado, desde mi propia concepción considero que un Estado mínimo, desprovisto de atribuciones y funciones sociales, solo ahondaría la ya profunda brecha entre los que nada tienen y los que demasiado acumulan. Me quedo con la definición de que la “res pública”, la cosa pública, es la cosa del pueblo, el bien común, la comunidad, donde no puede soslayarse un interés común o una comunidad de intereses.

La práctica ha demostrado que la “mano invisible” del mercado fue, y sigue siendo, incapaz de nivelar las profundas desigualdades que se viven dentro de una sociedad, donde a muchos se les niega derechos humanos básicos, como los derechos al trabajo, la salud, la educación y una vivienda digna.

El bien común nunca podrá ser construido desde la sumatoria de los egoísmos particulares. Es el Estado, con los medios democráticos a su disposición, el que debe articular políticas públicas que colaboren a mitigar el dolor de los desposeídos, explotados, marginados y vulnerables, restituyéndoles su dignidad y sus derechos violentados por la implacable lógica de la oferta y la demanda.

Las políticas públicas, por tanto, deben ser planificadas de manera interdisciplinaria y con la participación de quienes serán los beneficiarios de estos programas. Muchas veces se fabrican recetas desde los gabinetes técnicos y, al aterrizar a la realidad, se generan los más estrepitosos fracasos. Aun peor, cuando se replican proyectos sin analizar nuestro entorno cultural, político y social.

Consecuentemente, las políticas públicas deben ser realistas, coherentes con las necesidades de cada comunidad; duraderas, que puedan sostenerse en el tiempo más allá de los gobiernos de turno (políticas de Estado); sostenibles, creándose las condiciones que les permitan mantenerse a sí mismas más allá de los conflictos e intereses coyunturales.

Resumiendo: Las políticas públicas son acciones que tienen como eje de su estructuración el bien común, y como fundamento de su existencia, la defensa de los más débiles y desposeídos, desde un Estado garante de la equidad y la justicia social.

Las políticas públicas son un instrumento insustituible de la democracia. La naturaleza democrática de un Gobierno se mide por sus políticas para combatir la pobreza. Porque la pobreza es su más radical negación. Buen provecho.

La empresa del diputado Carlos Pereira Rieve, fue una de las firmas que formó parte en la provisión del hormigón en la obra del edificio derrumbado en Encarnación y que se cobró la vida de dos personas, de una mujer y de su nieta. Sobre esto, el senador Dionisio Amarilla expresó su parecer y cuestionó el actuar del legislador de su partido.

“En un país serio, el señor Pereira, cuanto menos, estaría poniendo su banca a disposición y también se sometería a la investigación fiscal. Evidentemente, este señor bastante bravucón por cierto, no solamente sigue trabajando en su empresa, siendo que le prohíbe la Constitución Nacional”, enfatizó.

Amarilla recordó que la Carta Magna solo admite a los parlamentarios a ejercer la docencia o a realizar investigaciones científicas, no así, dedicarse a actividades empresariales. Asimismo, el senador liberal indicó que Pereira no es el único que aún sigue operando en el sector privado.

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“El diputado Pedro Gómez también vende a la Gobernación de Itapúa, esperemos que la justicia haga su trabajo porque políticamente, aparentemente, tiene una suerte de manto de protección de parte de sus colegas también y como es otra Cámara, nosotros no podemos hacer más que este tipo de manifestaciones”, señaló ante la 650 AM.

En una conferencia de prensa, en conjunto con su plantel societario y gerencial de la empresa, Pereira había reconocido que su hormigonera proveyó el concreto y que además ellos hicieron las losas, es decir, los que iban a ser los pisos del edificio que se derrumbó al no aguantar los 8 niveles que elevaron en altura sobre una estructura preparada solo para 5 pisos, no obstante, hasta el momento no ha habido consecuencias legislativas ni desde la justicia hacia el legislador del Partido Liberal.

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