Ante la falta de respuestas a los pedidos de informes, los legisladores plantearon un proyecto de ley que busca sancionar a los que desacaten las solicitudes del Congreso. El senador Hugo Richer informó que la Comisión de Legislación del Senado dictaminó a favor del proyecto de ley que plantea la remisión obligatoria de los pedidos de informes al Congreso por los entes públicos.
Se trata del proyecto de ley “Que sanciona el desacato de un pedido de informe del Poder Legislativo”, el proyecto ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. El proyecto modifica el artículo 3 de la Ley 5453/2015 que reglamenta el artículo 192 “del pedido de informes” de la Constitución Nacional, que otorga la potestad a los congresistas de solicitar información a los entes públicos y funcionarios.
La idea de la ley es establecer sanciones, según lo explicó Richer, por lo que se introduce la figura del desacato. Señaló que los altos funcionarios que no cumplen con esta obligación cometerán el delito de desacato y se los podrá sancionar.
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La propuesta legislativa presentada por los senadores Blas Llano y Fernando Silva Facetti y el senador colorado Javier Zacarías Irún, señala en su artículo 1, que el que incumpliere con un pedido de informe del Congreso será castigado con pena privativa de libertad de seis meses a dos años de multa.
Agrega que si el autor en caso de que se trate de un funcionario público cometiere el hecho de desacato, mediando reiteración del pedido, la pena será aumentada hasta cinco años de pena privativa de libertad y el mismo será inhabilitado para el ejercicio de cargos públicos por cinco años.
También establece que la cámara respectiva, cuyo pedido de informe hubiere sido incumplida, deberá informar el hecho a la Fiscalía penal de turno, para que este impulse el procedimiento respectivo bajo el presupuesto de la flagrancia.
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Hidrocarburos: piden informes sobre perforaciones en el Chaco
En búsqueda de hidrocarburos, se realizaron perforaciones en la zona de departamento de Boquerón, por lo que la Comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados presentó un pedido de informe sobre la situación. Se trata del proyecto Tapir I, cuyos trabajos de excavación iniciaron el pasado 12 de enero en la zona del Chaco.
El diputado Edgar Chávez, presidente de la comisión asesora, explicó que de acuerdo a las informaciones que manejan, el objetivo de este proyecto sería la excavación de más de 3.000 metros de profundidad.
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“Estas labores constituyen una importante oportunidad para contar con hidrocarburos nacionales en superficie; tenemos entendido que se pretende llegar a unos 3.750 metros de profundidad, con un tercer pozo”, explicó el legislador.
Mientras tanto, indicó que no se cuenta con mucha información sobre estos trabajos por lo que desde la Comisión de Energía y Minería se presentó el pedido de informe para contar con todos los detalles del proyecto de excavación.
“Más detalles vamos a tener una vez que nos reunamos con el viceministro de Energía y Minería del MOPC, Mauricio Bejarano; hasta el momento enviamos la solicitud de informe”, mencionó el diputado Chávez.
Los trabajos se están realizando por la compañía energética internacional Molecular Energies, que está ejecutando la excavación de un pozo exploratorio de hidrocarburos en la Concesión Pirity en el Chaco, Paraguay.
La compañía Molecular tiene una participación del 50% en la Concesión y el otro 50 % es de la CPC, compañía energética estatal de Taiwán. Molecular es el operador, de acuerdo a publicaciones sobre este proyecto.
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Diputados aprobó pedido de informes a la caja jubilatoria municipal
La Cámara de Diputados aprobó en la última sesión plenaria el proyecto de resolución por el cual solicitan informes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, por iniciativa del legislador colorado Rubén Roussillón, representante de Presidente Hayes.
De acuerdo al informe de la Cámara Baja, este documento busca cuantificar los municipios aportantes a la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal, ordenados por departamentos. Además, pide detallar las demandas presentadas por la entidad contra gobiernos locales, con especificación de municipios, año de presentación y la deuda reclamada.
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Otros puntos incluidos en la propuesta son la especificación del total de municipios asociados, ordenados por departamentos; el detalle de quiénes se encuentran al día con sus aportes, y quiénes adeudan y en el caso de los municipios deudores, el detalle del total de la deuda por cada municipio, a la fecha, con discriminación de capital e interés.
El documento requiere además identificar los municipios con los que se concertó refinanciamiento de deuda mediante acuerdos o convenios, con detalle de los montos adeudados. Finalmente, el pedido de informes pide los estados contables y la ejecución presupuestaria de ingresos y gastos al cierre del primer cuatrimestre del año 2024. La iniciativa tuvo visto bueno en el espacio de las mociones de tratamiento sobre tablas.
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Sanción de ley contra nepotismo debería darse en mayo, dice Núñez
El senador Basilio Núñez informó que ha iniciado conversaciones con sus colegas de otras bancadas para dar tratamiento al proyecto de ley contra nepotismo que ya cuenta con media sanción por parte de Diputados. El legislador indicó que es de vital importancia que las comisiones de la Cámara Alta avancen en el estudio de dicha iniciativa.
“El tratamiento no debería pasar mayo, ya estamos llegando este mes, entonces las comisiones se deben mover”, manifestó el líder de la bancada de Honor Colorado en conversación con varios medios de prensa. Al respecto, mencionó que planteó propuestas a sus pares a modo de avanzar en una legislación que es necesaria para sancionar el nepotismo y sobre el cual existen tres proyectos.
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“Estaba comentando con el senador Eduardo Nakayama de aprovechar que ya hay una media sanción de Diputados, entonces podemos ver con los colegas y hacer la modificación respectiva si es necesaria y si estamos de acuerdo, damos media sanción con modificaciones, eso vuelve a Diputados, ahí ellos vuelven a aprobar y así la ley ya es enviada al presidente de la República”, explicó.
Expulsión a Vallejo
Asimismo, Núñez afirmó que no corresponde el planteamiento de pérdida de investidura para la diputada Rocío Vallejo, cuya hija se encuentra como comisionada en la misión paraguaya ante la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, Estados Unidos.
“No corresponde la pérdida de investidura en este caso de la diputada Rocío Vallejo teniendo en cuenta nuestra legislación. No es tráfico de influencias, no corresponde la de Rocío ni la de otros de acuerdo a nuestra legislación actual, amenazar a cualquier parlamentario con el ‘cháke’ con una ley que no establece eso sería totalmente fuera de lugar. No va a pasar”, aseveró.
No obstante, el senador mencionó que el tráfico de influencia y los casos de nepotismo son hechos que trascienden al Partido Colorado dado que hubo denuncias de dichos hechos en diferentes organizaciones políticas, por lo cual el Congreso tiene la obligación de establecer una legislación que sancione y tipifique estos actos.
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Documento fraguado en oficina paralela, enviado a EE. UU. para provocar sanción
La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.
- Por Cinthia Mora
El acta de imputación firmada por los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación criminal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fiscal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje funcionaba en una oficina paralela ubicada dentro mismo de la Seprelad.
En la improvisada dependencia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcionario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desempeñaba como asesor de inteligencia financiera del Ministerio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directamente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.
La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innegables, que la base del Informe de Inteligencia utilizado contra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utilizando como base el documento secreto redactado en esa oficina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernández, ambos funcionarios ajenos a la institución y sin atribución legal para realizar tales funciones.
Entre las evidencias que sustentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electrónicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de despacho de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utilizado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.
Con esta estrategia, los cerebros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.
INFORMACIÓN FALSA
El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incrimina a la exviceministra Carmen Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expresas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remitido en carácter de información espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).
En los archivos de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron registrados los metadatos (huellas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.
Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluyeron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la persecución penal del expresidente Horacio Cartes.
En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRANCISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribuyéndole la compra de cigarrillos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstancia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de cigarrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.
PERSEGUIR Y PROVOCAR SANCIONES
La remisión por parte de la Seprelad de un informe elaborado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fiscal y sustentado con evidencias colectadas durante la investigación.
El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fiscales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontánea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.
Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipulan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser utilizado como elemento probatorio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdiccionales dentro de un eventual juicio o en cualquier otra etapa de un debido proceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completamente por fuera de la ley.