El director general de Control Interno de la Auditoría del Ejecutivo, Héctor Godoy, confirmó la veracidad de las documentaciones de auditoría realizada durante el gobierno de Fernando Lugo y que revela un perjuicio de US$ 37 millones en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cometido por Efraín Alegre, actual candidato a mandatario por la Concertación.
“Sí, es real. El trabajo surge de un pedido en ese momento del ministro de Obras, Cecilio Pérez Bordón, el 28 de junio, según consta en la nota del MOPC. Empieza con una resolución del auditor general Alberto Cabrera, nos llevó prácticamente cuatro meses más, se entregó el 22 de diciembre a la Presidencia y al MOPC”, mencionó en una entrevista realizada en el programa “La caja negra”, emitido por Unicanal.
Las declaraciones de Godoy surgieron tras las afirmaciones del también presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), quien negó la auditoría realizada a su gestión sosteniendo de que solo se trata de una persecución política, “una novela, historias fraguadas” publicadas desde Nación Media.
El documento de auditoría, que fue cajoneado por un periodo de 10 años y que nunca fue remitido a los organismos de control y fiscalización, destapa casos de planillerismo, de obras paradas, rapiña de combustibles, maquinarias, licitaciones amañadas y otras perlitas.
“El trabajo culminó una vez determinado la revisión y elevado a consideración de nuestras máximas autoridades, en este caso el presidente de la República (Fernando Lugo). Los administradores de cada institución pública son responsables por los recursos que le son destinados y por sobre todo es el responsable de velar por el correcto uso de los mismos. Si hubiere alguna situación tipificada como un hecho ilegal debería ser remitido a la instancia del Ministerio Público”, puntualizó.
El documento se encuentra firmado por el propio Godoy, quien ejerció en su momento la jefatura del equipo de auditores integrado por Norah Rapallini, Yoni Coronel, Luis Cardozo Olmedo y el entonces supervisor José Adorno Caballero.
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Por otra parte, indicó que los resultados de la auditoría en su momento se mantuvieron bajo una total confidencialidad y limitado al mandatario de turno debido a que no se contaban con las normas de transparencia vigentes que permite a la ciudadanía poder acceder a las documentaciones públicas.
Según la conclusión final del informe secreto, la recomendación hecha por el equipo fiscalizador constaba de dos puntos principales. El primero iba dirigido al ministro de Obras Públicas, recomendando que coordine las medidas correctivas presentadas en el documento.
El segundo instaba al presidente de la República a impulsar una investigación sobre el origen, causa y responsable de las presuntas irregularidades, de modo de deslindar las responsabilidades y además aconsejaba al mandatario elevar el informe a la Asesoría Jurídica de la Presidencia y de la Procuraduría General de la República.
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