El ministro del Interior, Enrique Riera, destacó el proceso de cambio en la institución policial que dejará un modelo diferente y, principalmente, que garantice la seguridad ciudadana. El secretario de Estado realizó esta valoración al considerar los dos años de gestión del gobierno de Santiago Peña.

El ministro aseguró que, al término de este Gobierno, la policía va a estar institucionalizada, mejor equipada y capacitada, así como más depurada. “El mensaje mío es de esperanza porque el Gobierno estableció cuatro prioridades: la educación, la salud, el empleo y la seguridad, y se estableció que si no hay seguridad no hay inversión, si no hay inversión no hay desarrollo, entonces, a mayor seguridad, mayor desarrollo”, dijo en entrevista para La Nación/Nación Media.

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Como uno de los principales logros de esta cartera de Estado, Riera destacó la puesta operativa de la Policía Nacional, con la inversión en formación y equipamiento. “Hay que señalar se pudieron adquirir cerca de 600 camionetas 0 kilómetros, más de 8.000 chalecos antibalas, se pudo lograr la compra de más de 1.000 motocicletas, además de eso se triplicó la cantidad de Linces, que hoy tiene 700 motos y 1.400 Linces. Otro logro también fue la decisión del Gobierno de quintuplicar el número de ingresantes en la Policía, lo que equivale pasar de 1.000 policías por año ingresado a 5.000 policías por año”, señaló.

Agregó que, manteniendo este ritmo, en los próximos tres años se llegarán a los 50.000 policías, “y eso responde a estándares internacionales, establecido en los organismos internacionales más importantes del mundo, que establecen una mínima de 300 policías por cada 100.000 habitantes”.

Siguiendo la misma línea de cambio institucional, se refirió a la nueva ley de modernización después de 30 años, ya que la ley 222 data del año 1993, y la actual ley con un año de vigencia hace que sea una Policía totalmente cambiada. Esta nueva normativa incluye beneficios para los integrantes de las fuerzas de seguridad, pero también un estricto cumplimiento de sus obligaciones.

“Vamos a dejar una policía fortalecida institucionalmente, una policía más depurada, porque también hay que mencionar que en la nueva ley vigente se establecen muchos beneficios sociales para la policía, pero paralelamente la obligatoriedad de pasar por el polígrafo para los ascensos, quiere decir que van a llegar a los cargos superiores aquellos que no cuentan con cuentas pendientes o conductas deshonestas”, remarcó.

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Una de las principales preocupaciones de la ciudadanía es la seguridad en las calles, a lo que el ministro comentó que “al aumentar el número de policías, de 5 veces más por año, es cierto que a dos años tenemos la primera dotación de 5.000 policías que salieron el año pasado y estamos recién a 7 meses de esa implementación y a diciembre de este año salen los siguientes 5.000 policías, es decir que, a los dos años de Gobierno, va a coincidir con dos dotaciones, 10.000 policías más”.

Resaltó que el objetivo es tener mucha más seguridad en el corto, mediano y largo plazo, por lo menos en los tres años de gestión que queda el presidente. “Hay un plan trazado que se está ejecutando puntualmente y que está generando para nosotros grandes resultados en otras áreas que no eran típicamente policiales, pero que sí estaba faltando”, aseguró.

Por otra parte, habló de las proyecciones en materia de seguridad, mientras destacó que las grandes inversiones ya vienen dando resultados. “Nuestros números son buenos, en el sentido que hemos reducido porcentajes importantes en todos los delitos sin excepción y particularmente en Capital y Central. La mezcla de Linces, patrulleras y las inversiones de más de 5 millones de dólares en 2.800 equipos de comunicación que tienen 11 canales, permiten la simultaneidad de las operaciones y la concentración de policías en los lugares donde suceden los eventos”, mencionó.

Detalló que se está trabajando en potenciar el Sistema 911, que permite con tecnología tener la información en tiempo y forma para poder responder de una mejor manera. “Nosotros creemos que el día que podamos completar, toda la dotación, tendremos la posibilidad que las patrulleras, las motocicletas y las patrullas puedan hacer algo que hoy la ciudadanía nos reclama, que es la mayor y mejor presencia al interior de los barrios”, sentenció.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones realizó la apertura de sobres con las ofertas técnicas y económicas para el diseño y construcción del Hospital General de San Estanislao (Santaní), en el departamento de San Pedro. Cinco consorcios presentaron propuestas para ejecutar este proyecto que beneficiará a los habitantes del norte del país.La obra será financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en coordinación con el Ministerio de Salud, que elaboró el programa médico arquitectónico junto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) mediante un trabajo multidisciplinario.

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“Tantos años de lucha hoy se están volviendo una bella realidad”, expresó Christian D’Ecclesiis, coordinador de la Oficina Administrativa de la subsede de la Gobernación en San Estanislao.

Por su parte, la arquitecta Leticia Herreros, encargada de la Unidad Ejecutora de Infraestructura Pública (UEP-IP) del MOPC, destacó que “este hospital, que por tanto tiempo fue añorado, contará con unos 23.000 m² para dar respuesta a los pobladores de San Pedro y otras ciudades aledañas”.

En esta etapa participan un total de 5 consorcios empresariales, el Consorcio Tai Santaní (Tecnoedil S.A. Constructora, Implenia S.A., Ascent S.A.); el Consorcio San Estanislao CSE (Jiménez Gaona y Lima S.A., Itasa S.A., Proel Ingeniería); el Consorcio HSE (Constructora Isacio Vallejos S.A., MM S.A., Benito Roggio e Hijos S.A.); el Consorcio Hospitalario HCD (Sociedad Constructora Chaco S.A., Constructora Heisecke S.A., Ricardo Díaz Martínez); y el Consorcio Concret Mix – CDS (Concret Mix S.A., Corporación del Sur S.A.).

El futuro hospital contará con 189 camas censables, distribuidas en 157 para internación general y 32 para cuidados intensivos.

Dispondrá de servicios de urgencias, quirófanos, ginecología y obstetricia, internación, terapia intensiva, atención ambulatoria con 31 consultorios, laboratorios, diagnóstico por imágenes, áreas administrativas, albergue, estacionamiento, espacios verdes y helipuerto.

La construcción se realizará en un terreno de cinco hectáreas donado por el actual gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, en la ciudad de San Estanislao. La inversión total ronda los USD 60 millones, de los cuales USD 30,25 millones se destinarán al diseño, construcción y mantenimiento.

El plazo previsto es de 30 meses —seis para el diseño y 24 para la obra—, más 18 meses adicionales de mantenimiento tras la entrega provisoria. Con esta iniciativa se beneficiará a la población de San Pedro, así como al sur de Concepción, Amambay y Canindeyú, informó el MOPC.

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La suspensión temporal de una cono­cida cadena de minimercados que abre las 24 horas debido a irregula­ridades encontradas ha suscitado reacciones de diversa índole. Muchos consu­midores expresaron su complacencia porque la medida se adoptó para proteger a los clien­tes, en tanto que otros, con intereses políticos, la criticaron porque va contra los intereses de los dueños del diario Abc Color, que son pro­pietarios del comercio. Ese diario, que nació con la bendición del dictador Alfredo Stroess­ner y fue clausurado por el mismo por fallar a sus intereses, reaccionó en forma airada con­tra las autoridades acusándolas de persecu­ción e intensificó la campaña política contra el presidente Santiago Peña, lejos de mos­trar interés en la protección de los consumi­dores que están peligrando su salud por las anormalidades sanitarias encontradas en los comercios aludidos.

Luego de detectar la venta de productos ali­menticios ya vencidos, en mal estado y que ponen en riesgo la salud en muchos locales comerciales, además de encontrar en varias farmacias medicamentos con alerta sanitaria cuya venta está prohibida, se tomaron drásti­cas medidas. Las irregularidades se encon­traron también en las sucursales del mini­mercado, donde había mayonesas, quesos, yogures, embutidos, panificados vencidos, carnes envasadas al vacío con etiquetas irre­gulares y con aspecto de descomposición.

Una de las autoridades de la Secretaría de Defensa del Consumidor (Sedeco) manifestó que lo encontrado representa un riesgo para la salud y la vida de los consumidores. “Por eso retiramos de inmediato los productos y suspendimos temporalmente las activida­des de los locales afectados, hasta que regu­laricen su inventario y eliminen cualquier artículo en mal estado”, explicó Sara Irún, titular de Sedeco.

La alerta sanitaria es un aviso público sobre un riesgo potencial para la salud o un hecho adverso que exige acciones urgentes para proteger a la gente.

La protección de los consumidores adop­tando las medidas requeridas son funda­mentales, y no admiten discusión de nin­guna laya. Es como vacunar a los niños en forma urgente o llevar a cabo medidas de protección en pandemia para que no se expanda una enfermedad determinada y sus efectos nocivos. La Unión Industrial Para­guaya (UIP) salió a apoyar la medida adop­tada por los organismos estatales, resaltando que la protección de los derechos del consu­midor y el cumplimiento de las normas son esenciales para un mercado formal, transpa­rente y competitivo. Apuntó que los controles y fiscalizaciones contribuyen a garantizar la calidad de los productos y servicios, fortale­cer la confianza y promover la competencia. Resaltó que las medidas que se tomen se tie­nen que hacer con criterios de proporcionali­dad, difusión adecuada y enfoque correctivo. Y que se deben evitar impactos irreversibles en las cadenas de valor, el empleo y las inver­siones

Por su lado, la Cámara Paraguaya de Super­mercados (Capasu) indicó en un comunicado que “aunque los incumplimientos deben ser sancionados con firmeza, las medidas deben ser transparentes y cautelosas para no com­prometer la estabilidad comercial ni generar temor a la arbitrariedad, lo que podría desin­centivar inversiones”.

Los centros comerciales tienen la obliga­ción de dar cumplimiento a las normas, además de cuidar la salud de su clientela, de acuerdo con las normas existentes. Por ello cualquier reacción contraria a una medida de corrección no condice con la protec­ción adecuada que deben ejercer. El hecho de que el Estado tome medidas correctivas contra los comercios que cometen irregula­ridades, antes que asustar a posibles inver­sionistas, es una garantía de la seriedad de las instituciones y de las autoridades del país.

Es un indicio claro de que se procura el cumplimiento de las leyes y señal de que el bien común está por encima de las simpa­tías políticas o de cualquier índole. Si los sancionados reaccionan negativamente y recurren a los ataques lo único que se puede pensar es que no les importa la suerte de las personas, sino solo sus intereses económi­cos, lejos de aceptar las normas vigentes y el cuidadoso respeto de su clientela. Con ese tipo de actitudes contrarias al interés de la ciudadanía no inspiran la confianza que requiere cualquier tipo de comercio de parte de los consumidores.

El mencionado diario, que por muchos años fue amigo de la dictadura –solo hay que mirar sus ediciones de los primeros años–, en lugar de protestar porque se le exige pro­teger a los compradores de sus supermerca­dos, debería ocuparse de amparar los dere­chos de la gente.

El ministro del Interior, Enrique Riera, habló sobre las relaciones entre Paraguay y Estados Unidos y valoró la cooperación y el apoyo que está brindando a nuestro país el gigante norteamericano. Para el secretario de Estado, este vínculo se está traduciendo en beneficios especialmente para las carteras de seguridad.

“Permanentemente hay personas que tratan de dañar una relación que tiene más de 100 años y yo no sé cuántas veces un canciller llegó a un secretario de Estado, que está muy cerca del presidente Donald Trump, como pasa ahora. Las relaciones con los Estados Unidos están más firmes que nunca, creo que están en su mejor nivel, y la prueba es todo el apoyo que está dando a las Fuerzas Armadas”, expresó.

En conversación con varios medios de prensa, Riera manifestó que puede hablar con pruebas sobre la solidez de las relaciones bilaterales, dado que recientemente estuvo en el Quantico, Estado de Virginia, donde está ubicada la academia del Buró Federal de Investigaciones (FBI) por sus siglas en inglés.

“Estuve en el mítico Quantico del FBI con 15 policías jóvenes seleccionados por su coeficiente intelectual y entrenados por el FBI, que van a venir a instalarse en Paraguay, entonces los hechos que estamos viviendo, al menos en el área de seguridad, dan que nosotros estamos mejor que nunca”, ratificó.

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El ministro también se refirió sobre el reciente informe publicado de la Oficina de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos, que advirtió sobre retrocesos de nuestro país en esta materia, sobre esto, Riera señaló que considera razonable que la institución de dicho país se exprese de acuerdo a su perspectiva.

“Por el momento yo no veo nada que realmente sea preocupante, todos son testigos de que hay una libertad absoluta. Los que vivimos la época de Alfredo Stroessner sabemos la diferencia que existe hoy para que cada uno haga y diga lo que quiera, con absoluta libertad, lamentablemente algunos paraguayos vemos solo las cosas que no funcionan, pero en las materias que nos ocupan a nosotros estamos mejorando día a día”, concluyó.

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