Bajo el lema de “Por tierra, territorio, trabajo y soberanía”, unos 12.000 campesinos de varias ciudades del interior y acompañados de indígenas de diversas comunidades comenzaron a marchar por las calles de Asunción y avanzar hacia la Plaza de la Democracia, donde a estas horas se realiza el acto central.
La marcha anual de la Federación Campesina (FNC) en la capital del país forma parte de la edición número 29, en la que una vez más, se realizará el pedido anual de la reivindicación de los derechos por el acceso a la tierra propia.
En la mañana de este jueves, los campesinos entregaron una nota a las autoridades del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), exigiendo el cumplimiento de las normas electorales a fin de garantizar la transparencia durante el desarrollo de los comicios del 30 de abril próximo.
Posteriormente, llegaron al exSeminario Metropolitano para luego partir hasta la avenida Eusebio Ayala con destino al microcentro de Asunción, donde se realizó el acto central de la convocatoria.
La marcha está siendo acompañada por un gran dispositivo de seguridad integrado por la Policía Nacional y la Patrulla Caminera, de manera a resguardar el orden en el tráfico y evitar cualquier tipo de incidentes que puedan darse durante el desarrollo de la misma.
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OIT aprueba convenio para garantizar trabajo decente en plataformas digitales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) un histórico convenio internacional orientado a garantizar condiciones de empleo decente para los trabajadores de plataformas digitales, un sector en crecimiento a nivel global que incluye a repartidores, conductores y prestadores de servicios contratados mediante aplicaciones.
La decisión fue adoptada durante el plenario de la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en el marco de la asamblea anual de la OIT, donde representantes de gobiernos, sindicatos y empleadores respaldaron el texto con 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones.
La sesión fue presidida por el ministro de Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo, en un hecho considerado histórico por organismos laborales internacionales, debido al avance que representa en la regulación de nuevas formas de empleo vinculadas a las tecnologías digitales.
El convenio, resultado de varios años de debates y negociaciones, establece un marco de protección para los trabajadores de plataformas, con el objetivo de equipararlos al resto de empleados en aspectos fundamentales como salario mínimo, acceso a la seguridad social y protección frente a despidos arbitrarios.
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Entre los principales derechos reconocidos figuran la libertad sindical y el derecho a la organización, la negociación colectiva entre trabajadores y empresas, además del acceso a mecanismos de protección social y coberturas básicas.
Asimismo, el documento contempla garantías relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo, el derecho a una remuneración justa por las tareas realizadas y mayor transparencia sobre los algoritmos utilizados por las plataformas para asignar viajes o pedidos.
Otro de los puntos destacados es la protección frente a decisiones automatizadas que puedan afectar el acceso al trabajo, así como la creación de mecanismos para reclamar y defender derechos laborales.
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OIT adopta convenio inédito para proteger a trabajadores de plataformas digitales
La Organización Internacional del Trabajo (OIT), un organismo de la ONU, adoptó ayer viernes el primer acuerdo en el mundo sobre la protección de los trabajadores a tiempo parcial de las plataformas digitales. En 2023 el Banco Mundial estimó que había hasta 435 millones de trabajadores de plataformas digitales (gig online) en el mundo, que en gran medida han quedado fuera de las protecciones laborales.
El crecimiento de estas plataformas durante las últimas décadas ha abierto nuevos mercados para las empresas y creado oportunidades de empleo e ingresos, “ofreciendo cierta flexibilidad a algunos trabajadores y caracterizándose por bajas barreras de entrada”, según la OIT. Pero las condiciones a veces dejan que desear, ya que están reguladas por contratos de prestación de servicios o autónomos, en vez de ser asalariados de las empresas.
Las compañías que están detrás de las aplicaciones controlan el trabajo por encargo mediante algoritmos que asignan tareas, fijan la remuneración, evalúan el desempeño e incluso despiden a los trabajadores. Esto les permite, en muchos casos, ignorar aspectos como los requisitos de salario mínimo, la seguridad en el lugar de trabajo y el acceso a la seguridad social.
El acuerdo de la OIT tiene como objetivo ampliar las protecciones laborales a millones de personas en todo el mundo que trabajan a través de plataformas digitales, en ámbitos como el reparto de comida y los servicios de transporte. Según el texto, se aplica a todos independientemente de su situación laboral.
“Exigir responsabilidades”
El convenio marca “un punto de inflexión para los trabajadores de plataformas”, afirmó Lena Simet, asesora principal de justicia económica de Human Rights Watch, que siguió las negociaciones. Establecería “la primera norma mundial para proteger sus derechos y exigir responsabilidades a las plataformas de trabajo digitales”, señaló.
El convenio fue adoptado en la 114ª Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada en Ginebra. “Delegados, ¿puedo entonces considerar que la conferencia adopta el convenio en su totalidad? Adoptado”, declaró el presidente de la conferencia, Juan Castillo, mientras hacía sonar el mazo.
El texto fue aprobado por 406 votos a favor, 8 en contra y 36 abstenciones. Entre los países que votaron en contra figuran Estados Unidos y Nueva Zelanda, mientras que Argentina, Bangladesh, Reino Unido, India, Rusia y Chile están entre los que se abstuvieron.
Países como India, Bangladés y Estados Unidos estimaron que el convenio debía aplicarse de manera flexible. El representante de India llamó a preservar “la flexibilidad de los Estados miembros para diseñar y adaptar políticas en función de su contexto socioeconómico y de su desarrollo tecnológico”.
“Esto es especialmente importante para apoyar el crecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas y de las start-ups”, precisó. Estados Unidos recomendó “prudencia respecto a la adopción de regulaciones vinculantes en sectores de la economía en rápida transformación”. Esto es válido para las plataformas “donde normas demasiado rígidas obstaculizan la innovación y perjudican a los trabajadores a los que se supone deben ayudar”, señaló el representante estadounidense.
El texto pide a los Estados miembros que adopten medidas para garantizar derechos fundamentales, como “la libertad de asociación”, la negociación colectiva, “la eliminación de toda forma de trabajo forzoso u obligatorio” y “la abolición efectiva del trabajo infantil”. La OIT es única en el sistema de las Naciones Unidas, ya que sus 187 Estados miembros están representados por igual por gobiernos, empleadores y trabajadores.
Fuente: AFP.
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Argentina se ubica entre los “10 peores países del mundo” sobre derechos de trabajadores
Argentina y Panamá se sumaron a Ecuador entre los “10 peores países del mundo” para los derechos de los trabajadores, según un estudio de la Confederación Sindical Internacional (CSI) divulgado este lunes. Estas tres naciones latinoamericanas integran el grupo junto a Bielorrusia, Egipto, Esuatini, Birmania, Nigeria, Túnez y Turquía, según el último informe Índice Global de los Derechos.
“Argentina se incorpora este año a la lista de los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría 5, segundo año consecutivo de deterioro de su calificación”, apuntó la CSI. “Las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han vuelto cada vez más represivas y hostiles con el gobierno de extrema derecha del presidente Javier Milei”, sostiene el estudio.
El informe recordó que “Argentina ha instituido un protocolo antibloqueo para mantener ‘el orden público en caso de bloqueos de carreteras’, por el cual se autoriza a hacer un uso indiscriminado de la fuerza policial”.
“La calificación de Argentina ha empeorado por segundo año consecutivo, situándose en la categoría 5, el peor nivel alcanzado en el Índice por este país sudamericano. Esto representa un descenso brusco y sin precedentes de la categoría 3 a la 5 en apenas dos años”, señala el estudio. El grupo 5 corresponde al de los países con “derechos no garantizados”.
Este retroceso obedece a la “existencia de violaciones regulares de los derechos a una situación en la que los trabajadores no tienen garantizados sus derechos”.
En el caso de Panamá, la CSI señaló que “trabajadores y sindicatos de este país centroamericano carecen de garantías en cuanto a sus derechos básicos, y se enfrentan a una opresión constante por parte de los empleadores y del Estado”.
Sobre Ecuador, el informe apuntó que “los legisladores ecuatorianos promulgaron en 2025 una ley que permite ejercer la vigilancia sin disponer de una orden judicial, así como interceptar comunicaciones y recopilar datos privados”.
Los países del grupo 5 “son los peores países del mundo para trabajar. Si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos”, indica el estudio.
Uruguay, una “excepción”
Brasil, Costa Rica, El Salvador, Perú y Trinidad y Tobago están en el grupo 4, sobre países con “violaciones sistemáticas de derechos”.
Bahamas, Bolivia, Chile, Jamaica, México y Paraguay aparecen en el grupo 3, con “violaciones regulares” de derechos.
En el grupo 2 (“violaciones repetidas”) aparecen España, Portugal y República Dominicana.
El único país latinoamericano en el grupo 1 (“violaciones esporádicas”) es Uruguay, junto a Alemania, Austria, Dinamarca, Islandia, Irlanda, Noruega y Suecia.
El estudio pone de relieve que Uruguay constituye “una excepción en una región caracterizada en gran medida por la represión sindical y la explotación”.
En general, América Latina “ha seguido siendo la más mortífera para los trabajadores y sus representantes, con ejecuciones extrajudiciales registradas en Colombia y México”.
“En cerca de 9 de cada 10 países se ha vulnerado el derecho de huelga y se ha impedido el registro de sindicatos. En aproximadamente la mitad de los 25 países de la región se ha detenido o encarcelado a trabajadores”, señala la CSI.
Luc Triangle, secretario general de la CSI, señaló que “el Índice 2026 revela que la crisis de los derechos de los trabajadores ya no se limita a unos pocos países: ahora se encuentra en el centro de las democracias”.
“Los gobiernos ya no protegen a los trabajadores y, en algunos casos, contribuyen a debilitar sus derechos”, apuntó.
Este informe, elaborado por la CSI desde 2014, clasifica a 151 países sobre la base de 97 indicadores que se apoyan en convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y en su jurisprudencia.
Fuente: AFP.
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Líderes del Mercosur quieren destrabar comercio y acelerar la competitividad
Empresarios, gremios y autoridades debatieron en Asunción los desafíos que frenan el libre comercio dentro del bloque y la necesidad de avanzar hacia un Mercosur más integrado, moderno y competitivo.
Paraguay se convirtió esta semana en el epicentro del debate regional sobre integración y competitividad del Mercosur, al reunir en Asunción a líderes empresariales, gremiales y autoridades de los países miembros del bloque para analizar los desafíos que aún frenan el comercio intrazona. La ocasión fue oportuna para ahondar igualmente las oportunidades para fortalecer la integración regional.
El encuentro se desarrolló en la Casa de la Integración de CAF y reunió a representantes de Paraguay, Argentina, Brasil, Uruguay y Bolivia, en el marco de la agenda impulsada por el Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur.
Uno de los principales ejes del debate giró en torno a las barreras no arancelarias, restricciones comerciales y la necesidad de mejorar la seguridad jurídica para impulsar la competitividad regional y atraer inversiones privadas.
“El comercio no solo mueve productos, también mueve ideas que se convierten en proyectos compartidos. Es el tejido que transforma a los vecinos en socios y a las fronteras en puentes”, afirmó el presidente Santiago Peña durante su participación.
El mandatario sostuvo además que Paraguay apuesta por un comercio más libre y justo, capaz de generar oportunidades tanto para grandes empresas como para emprendedores y pequeños comerciantes.
Por su parte, el presidente pro tempore del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur y titular de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay, Ricardo dos Santos, advirtió que el bloque todavía enfrenta desafíos estructurales que dificultan consolidar un verdadero libre comercio regional.
“Debemos asegurar que las decisiones técnicas y debates logísticos de fondo se traduzcan en políticas públicas de facilitación comercial inmediatas”, señaló.
Durante la jornada también se debatieron temas vinculados a infraestructura logística, integración regional, clima de negocios y oportunidades que plantea el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.
El ministro de Industria y Comercio, Marco Riquelme, destacó el potencial industrial paraguayo y aseguró que el país trabaja en fortalecer áreas clave como ordenamiento territorial, financiamiento y capacitación para impulsar el desarrollo productivo regional.
El encuentro concluyó con el traspaso de la presidencia pro tempore del Consejo de Cámaras de Comercio del Mercosur a la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, reafirmando el compromiso de continuidad e integración entre las entidades empresariales del bloque.