El presidente de la República, Santiago Peña, encabezó el acto que inicia un proyecto que beneficiará a un sector de la población de la ciudad de Luque, obras de protección hídrica y acondicionamiento del entorno en los márgenes del arroyo Paso Carreta. Esta obra será ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), bajo la titularidad de Claudia Centurión, quien también participó de este acto.

“Para mí tiene un significado especial venir aquí a la comunidad, venir acá a este barrio donde no solo queremos eliminar el problema de la inundación, sino que queremos generar un cambio en esta comunidad, con espacios públicos, porque eso es lo que una familia vulnerable y humilde muchas veces no tiene. La gente humilde necesita de espacios públicos”, refirió el mandatario durante su intervención.

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Este proyecto de infraestructura que impulsa el Gobierno será para la contención de inundaciones en esa zona, pero también con un enfoque social, ya que se incluyen la construcción de espacios públicos de recreación para la población que se encuentra en los alrededores.

Para estas obras se proyecta una inversión de G. 53.463 millones, en una primera etapa, que intervendrá 1.980 metros del cauce, desde el puente de la calle Paso Bogarín hasta las inmediaciones del Club Mariscal López. Se construirán muros de protección, canales de hormigón y alcantarillas, con el objetivo de mejorar el drenaje pluvial y reducir los riesgos de inundaciones que afectan a los pobladores de la zona.

Para las obras destinadas a los espacios públicos, se prevé la construcción de camineros, veredas accesibles, iluminación solar y espacios de recreación, junto con el mejoramiento de las plazas Villa Adela y San Pedro, que contarán con juegos infantiles, áreas de ejercicios y canchas deportivas.

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La Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados analizó este lunes el proyecto de ley que busca renovar la emergencia nacional por consumo de sustancias psicoactivas.

Con esta medida se busca fortalecer las políticas públicas de prevención, tratamiento, rehabilitación y reinserción social de las personas afectadas por las adicciones.

La iniciativa surge tras el vencimiento, el pasado 6 de junio, de la declaración de emergencia anterior.

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Su fundamentación sostiene que las circunstancias que motivaron aquella medida persisten y requieren una respuesta sostenida, coordinada e integral por parte del Estado.

Durante el tratamiento en la comisión asesora, se recordó que se realizó una audiencia con representantes de distintas instituciones, que coincidieron en la importancia de renovar la declaración de emergencia.

Además, se planteó la necesidad de introducir modificaciones al texto para precisar las competencias y responsabilidades de cada organismo.

Se apunta asimismo a fortalecer la coordinación interinstitucional, incluida la participación del Ministerio del Interior.

Considerando estas propuestas, el bloque asesor resolvió postergar el dictamen para realizar consultas con el proponente y avanzar en la elaboración de un texto consensuado.

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“Yo creo que me tiene que complementar a mí un candidato con el perfil más técnico”, sostuvo de manera contundente el segundo del Ejecutivo y aspirante a mandatario por el oficialismo, Pedro Alliana, en el marco de la puja por la definición de su dupla rumbo a los comicios internos partidarios fijados para diciembre del 2027.

“Si es posible alguien que no sea del interior de la República porque yo también ya represento a la gente del interior”, manifestó a los medios de comunicación descartando prácticamente de la definición al titular del Consejo de Gobernadores y jefe departamental de Guairá, César Sosa, quien cuenta con pretensiones de ocupar la candidatura a vicepresidente de la República.

a Policía Nacional realizó este lunes el lanzamiento de un Dispositivo Especial de Seguridad para la cobertura de entidades financieras y bancarias, con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad ciudadana.

“En primer lugar, tendremos control de barreras en puntos vulnerables, críticos, donde vamos a estar teniendo personal de prevención como así también elementos tácticos”, explicó el comisario Juan Agüero, en conferencia de prensa.

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) llevó a cabo un encuentro territorial en la Costanera Norte de Asunción el pasado 25 de octubre, encabezado por la ministra Claudia Centurión, para presentar a las familias locales el plan de reasentamiento e indemnización del Distrito Eco Inclusivo. La titular de la cartera enfatizó el alcance humano del proyecto al señalar: “Detrás de este proyecto hay familias, historias y sueños que queremos acompañar; no se trata solo de construir viviendas, sino de toda una infraestructura urbana para que Asunción sea una ciudad más linda y segura, sin miedo a las inundaciones”.

La agente fiscal Verónica Valdez indicó que el juicio oral y público contra el exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, acusado por cohecho pasivo agravado por su presunto vínculo con el capo narco brasileño Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua, seguirá el próximo 3 de noviembre. Este lunes se realizó la presentación de evidencias que para el Ministerio Público no guardan relación con la causa judicial.

“Hoy se produjeron las evidencias que fueron incautadas de la casa de Giuzzio que estaban pendientes. El Ministerio Público no consideró hacer resaltos con respecto a estas evidencias y la defensa sí leyó la parte que le pareció pertinente”, indicó al canal GEN y Universo 970 AM. Valdez agregó que “fueron evidencias documentales encontradas y que la defensa consideró hacer resaltos. Son documentos que para el Ministerio Público no tienen vinculación con el hecho”.

En el marco de su agenda de seguridad en Washington, el presidente Santiago Peña sostuvo un encuentro con el director de la CIA, John Ratcliffe, para fortalecer la cooperación internacional en inteligencia, combatir el crimen organizado y resguardar las inversiones locales. Durante su mensaje, el mandatario enfatizó que la seguridad constituye la base indispensable para el desarrollo económico y la protección de las familias paraguayas, al tiempo de ratificar que Paraguay ejerce su soberanía con libertad, se mantiene fiel a sus aliados internacionales democráticos y rechaza cualquier intento de injerencia o presión externa en sus decisiones.

“La seguridad del Paraguay se construye sobre principios que compartimos con nuestros aliados. Con esa convicción, en Washington me reuní con John Ratcliffe, director de la CIA, como parte de nuestra agenda de seguridad”, expresó el mandatario, este lunes, en una publicación en redes sociales respecto al encuentro con Ratcliffe, que tuvo lugar el jueves 22 de octubre en Washington D. C., durante su visita oficial a los Estados Unidos desarrollada entre el 21 y el 23 de octubre.

El Ministerio de Justicia dispuso la intervención de la cárcel de Emboscada tras la fuga de dos reos en la madrugada del domingo. En el caso ya hay cuatro guardiacárceles detenidos, sospechosos de ser cómplices del hecho.

Pero, al margen de los agentes penitenciarios que están siendo objeto de investigación, no se descarta que haya más funcionarios involucrados. “Acá hubo complicidad. Estamos seguros de que hay más responsables que deberán responder a la justicia”, expresó este lunes el ministro Rodrigo Nicora, en diálogo con el programa “Arriba hoy” de canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

Ante las denuncias mediáticas sobre un supuesto esquema de apriete y cobro a sus funcionarios, el presidente de la Cámara de Senadores, Basilio Núñez, confirmó que remitirá el caso al Ministerio Público. Un grupo de funcionarios de Delgado denunció que la legisladora exigía millonarios pagos para nombramientos, bonificaciones e incluso para no ser despedidos de sus funciones.

“Ante las denuncias publicadas en las últimas horas contra la senadora Zenaida Delgado, informo que desde la Presidencia del Congreso Nacional se presentará una denuncia ante la Fiscalía para que se investigue el caso y la eventual participación de otras personas. Es fundamental que la justicia actúe con celeridad e imparcialidad”, confirmó Núñez a través de sus redes sociales.

La iniciativa popular plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.

La abogada, espe­cialista en derecho penal, gobernabili­dad, gerencia política y ges­tión pública Dannia Ríos Nacif defendió la iniciativa popular que plantea hasta 20 años de cárcel para quienes interfieran, alteren o dañen la percepción natural del niño acerca de la sexualidad o su identidad biológica.

“El proyecto de ley propone modificar el artículo 135 del Código Penal incorporando un apartado nuevo, el 135c. Este apartado tipifica como abuso infantil la elabora­ción, distribución, promo­ción o difusión de materiales o actos dirigidos a niños que interfieran, alteren o dañen su percepción natural sobre la sexualidad, el ejercicio de ella o su identidad biológica de los mismos”, afirmó Ríos Nacif en una entrevista con el diario La Nación/Nación Media.

Añadió también que “estas conductas atentan contra el desarrollo armónico del niño, el mismo bien jurídico pro­tegido en los casos de abuso sexual en niños, denominado indemnidad, el cual consiste en el derecho del niño a no sufrir interferencias o daño en el proceso de formación adecuada de la personalidad”.

Mencionó que a través de la propuesta se “busca prote­ger el derecho constitucio­nal del niño, contemplado en el artículo 54 de la Cons­titución Nacional, que obliga a la familia, la sociedad y el Estado, que incluye a todas las instituciones, funciona­rios y autoridades, a garanti­zarle su desarrollo armónico e integral, protegiéndolo, entre otras cosas, contra el abuso”.

Detalló que la incorpora­ción del artículo 135, inciso c, “abuso bajo otras formas”, no modificará ni reducirá las penas y conductas ya tipifica­das en los artículos 135a y 135b.

“Se mantienen según la ley vigente (Ley n.º 7394/24). Solo se agrega una figura penal nueva que protege el mismo bien jurídico”, afirmó.

Con relación al cuestiona­miento de la senadora opo­sitora Esperanza Martínez, quien sostiene que la inicia­tiva adolece de serios proble­mas constitucionales y que restablece penas más bajas para los abusadores sexua­les, la abogada dijo que “esas afirmaciones no se ajustan a la verdad. El proyecto no reduce ninguna pena. Las penas por abuso sexual en niños se man­tienen conforme a la ley vigente (Ley n.º 7394/24).

El texto se elaboró origi­nalmente en el año 2023 y, mediante el trámite corres­pondiente, será incorporado al marco legal vigente”. Agregó que “en cuanto a la constitu­cionalidad, precisamente el proyecto se fundamenta en el derecho constitucional que protege al niño en su etapa de desarrollo (artículo 54 de la Constitución Nacional). Por lo tanto, este derecho no puede dejar de ser atendido, tratándose del sector más vulnerable. Invocar dere­chos de adultos para intro­ducir estas ideas en niños, atenta contra ese derecho y, en última, prevalece el inte­rés superior del niño”.

Consultada sobre si el pro­yecto apunta a impedir toda forma de acceso a la infor­mación sobre diversidad sexual y género, Ríos Nacif argumentó que “el proyecto no prohíbe que los adultos accedan a información ni que discutan estos temas entre mayores de edad.

Lo que busca es impedir que se introduzcan en la educación y en actividades dirigidas a niños, aque­llos contenidos que inter­fieran en la formación de su identidad biológica y sexual, atentando contra su indemnidad. El objetivo es la protección del niño”.

La iniciativa popular amparada en el artículo 123 de la Constitu­ción Nacional y las leyes, se encuentra impulsada especialmente por padres de familia y cuenta con el respaldo de las organizacio­nes como Fedapar, Fenapep, Frenvifa, Recnapy y Somos Muchos Muchos Más. “También cuenta con el apoyo de sectores confe­sionales, sectores de la Iglesia católica como evangélica y la firma de más de 50.000 ciudadanos”, comentó Ríos.

La abogada puntualizó también que requerirán al Congreso Nacional que dé celeridad al tratamiento y sanción del proyecto de ley, en respeto a las 50.000 firmas ciudadanas que dan aval a su presentación.

“En las próximas semanas se acompañará el trámite legislativo, se mantendrá informada a la ciudadanía y se continuará el diálogo con los legisladores para que el proyecto sea estudiado y apro­bado, protegiendo el desarrollo armónico de los niños en cumpli­miento al artículo 54 de la Constitución Nacional”, argumentó.