El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, se refirió a la decisión del Senado de retirarle la administración y ejecución del programa Hambre Cero en las escuelas a las gobernaciones de Concepción y Alto Paraná. La propuesta deberá ser evaluada próximamente por Diputados y genera un fuerte rechazo por parte de los jefes departamentales, quienes alegan que centralizar la iniciativa será un retroceso.

“Acá todos tenemos que ponernos en la línea del compromiso de proteger la sostenibilidad del programa. Debo decir que el ministerio, por supuesto, no tiene por qué ser consultado si los senadores consideraron que no es necesario, pero en este caso en particular no fue requerida la opinión del Poder Ejecutivo, como suele ocurrir en otras ocasiones", manifestó al programa “Fuego Cruzado” del canal GEN/Nación Media.

Rojas acotó: “Siempre es importante someter el planteamiento a discusión por ambas partes, para tratar de ver coincidencias y proteger el programa. Debemos ver cuáles son las razones reales, si son realmente cuestiones circunstanciales nada más o si hay hechos reales. Estamos muy pendientes de lo que pueda decidir el Congreso Nacional y ojalá que realmente sea lo más conveniente y que no haya una suerte de confrontación que perjudique a Hambre Cero“.

Leé también: Núñez rechaza ocultamiento de datos sobre licitaciones con dinero de Taiwán

En caso de que la propuesta del Senado logre su sanción y posterior promulgación por parte del Poder Ejecutivo, la provisión de la alimentación escolar en ambos departamentos quedará a cargo del Ministerio de Desarrollo Social.

Semanas atrás, el Consejo de Gobernadores, liderado por César Sosa, mantuvo un encuentro con el presidente de la República, Santiago Peña, donde argumentaron que la decisión de los senadores obedece a disputas políticas, teniendo en cuenta que no existen denuncias formales sobre irregularidades en la administración y ejecución del programa emblema impulsado por el gobierno del economista Santiago Peña.

Te puede interesar: Líder Amarilla salpicado a red narco busca apoyo institucional del PLRA

A efectos de contradecir sin argu­mentos al Poder Ejecutivo, algunos medios y sectores con “analistas” claramente estatis­tas, vienen insistiendo sobre la necesidad de aumentar el déficit fiscal e incluso subir los impuestos, sin tomar en cuenta lo que ello significa. Sin el adecuado análisis acerca de las consecuencias que acarrearía tal decisión apelan a una trampa que significará la caída no solo de las finanzas publicas, sino que tam­bién afectará a la política, sumado a un golpe mortal a la economía del país.

El gobierno del presidente Santiago Peña es claro con referencia a esta situación. Es pre­ciso seguir reduciendo el déficit fiscal dada su importancia para el presente y el futuro del país. Pero, y como dijimos, existen sectores que desean pan para hoy y hambre para mañana. No les interesa mantener el equilibrio finan­ciero ni monetario Para ellos, hay que subir el déficit fiscal sin correspondencia alguna con la realidad económica y si hay que aumentar los impuestos habría que hacerlo sin titubear.

Si fuera por ellos, subirán el déficit fiscal al punto de salir de la la Ley de Responsabili­dad Fiscal para llegar a más del 3 por ciento mediante una ley especial que le daría carta blanca al Estado para elevar los topes de gastos establecidos durante el presente gobierno.

Esta es una trampa. Al respecto, estamos segu­ros que el Gobierno no pisará el palito como se dice coloquialmente. La expresión trampa tiene absoluto sentido. Ninguna persona de bien con conocimientos básicos de finanzas y economía estaría de acuerdo con elevar el déficit fiscal porque se sabe que termina en el más absoluto desquicio de las finanzas y en la inestabilidad monetaria. Más allá de lo que establece la ley respectiva, en el corto plazo no se podrán soportar los nuevos egresos, lo que supone un escenario dantesco del que ningún país desearía encontrarse y sucederá en este gobierno, situación que algunos desean ocurra.

Gastar más de lo que se recauda como pro­puesta y, peor aún, llevarla a la práctica desde el poder público es un acto antipatriótico. Es iniciar un camino hacia el infierno por el cual se podrá saber cuándo empieza pero nunca cuándo termina, como en efecto la experien­cia muestra en otros países que han padecido largas décadas soportando los alucinantes des­varíos populistas del estatismo. Habiéndose ingresado en aquel escenario, se exacerbarán los ánimos políticos. En cualquier momento podrían formarse nuevas mayorías en el Con­greso que tendrán la llave de aumentar los ingresos sin que el poder Ejecutivo pueda hacer algo, excepto vetar esas nuevas leyes, lo que supondría agotar la confianza entre ambos poderes, precisamente la ante sala de situaciones que los adversarios del Gobierno desean que suceda.

El Presupuesto de Gastos es una herra­mienta que no está disponible para su uso únicamente por el Poder Ejecutivo. El Con­greso es el que decide finalmente con su aprobación los gastos estatales y se ha visto que Ejecutivo tuvo que poner frenos a esas multimillonarias erogaciones mediante la fijación de topes presupuestarios con la revi­sión de la debida disponibilidad financiera, el monitoreo del flujo de caja y otros mecanis­mos buscando equilibrar ingresos y egresos.

Ese equilibrio que en este momento le per­mite al país su crecimiento y haber obtenido sus dos grados de inversión, ocurre porque el Ejecutivo lleva a cabo bien su tarea, acom­pañado por el Congreso, especialmente con el bloque afín al Gobierno. Pero no siempre puede darse de ese modo. Es más, hasta puede ocurrir una diferencia entre los miembros de un mismo sector, como en efecto sucedió con el tratamiento de las cajas fiscales, donde el Ejecutivo propuso un proyecto y luego fue modificado en el Senado. Los escenarios son cambiantes en la política, como sabemos ocu­rre en todas partes.

En relación al déficit fiscal y los gastos, en este momento el Ejecutivo ha dicho dos cosas que no pueden pasar desapercibidas. Lo primero es que ante el escenario en que se encuen­tran las finanzas públicas debido a la merma en la recaudación se hace imperativo reducir los gastos para cumplir con el déficit progra­mado, esto es, volver cuanto antes a no más del 2,5 por ciento del déficit con relación al producto interno bruto (PIB). Y segundo, que ante esta situación, el Gobierno no está dispuesto a elevar los impuestos aunque ello implique soportar el asedio populista de algunos sectores y “analistas” que desean se incremente el déficit para luego ver qué hacer con la economía. Insistimos, esta es una trampa. Hay que evitarla y ni siguiera consi­derarla. De ocurrir significaría ingresar a una espiral inflacionaria junto con el exponen­cial aumento del endeudamiento y más gastos que terminará por debilitar al gobierno hasta dirigirlo a su fracaso, como precisamente algunos desean y demasiado. Aumentar el déficit fiscal y los impuestos es una trampa económica y política.

La mesa directiva de la Cámara de Senadores definió el orden del día de la próxima sesión ordinaria, que incluirá el estudio del proyecto de ley del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo (Caja Parlamentaria), junto con iniciativas de carácter social, económico y territorial, pedidos de informes, pensiones graciables, expropiaciones y acuerdos internacionales.

La reunión fue encabezada por el presidente de la Cámara Alta, senador Basilio Núñez, con participación de líderes y vicelíderes de bancadas, acordaron los temas que serán analizados en la sesión ordinaria de este miércoles.

Uno de los puntos más importantes a ser analizados tiene que ver con la propuesta de reforma de la Ley de la Caja Parlamentaria, que cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

Le puede interesar: Radares subterráneos serán utilizados para búsqueda de secuestrados

Entre las principales propuestas de modificación que incluye la iniciativa aprobada en la cámara Baja establece que queda prohibido el financiamiento del Estado, de tal modo a que no reciba más aportes estatales, buscando que sea autosostenible. También, el documento eleva la edad mínima de jubilación, quedando en 55 años de forma extraordinaria, y 60 años de manera ordinaria.

Otros puntos a ser analizados tienen que ver con la transparencia en precios de combustibles, protección del consumo de carne y ampliación presupuestaria.

Además analizarán varios proyectos de resolución mediante los cuales se solicitarán informes a distintas instituciones del Estado y entes autárquicos. Seguidamente, tratarán el Mensaje N.º 3.339 de la Cámara de Diputados, que remite la Resolución N.º 4.123, por la cual se rechazan las modificaciones introducidas al proyecto de ley que declara el 2 de mayo como Día Nacional de la Microbiota.

Los líderes de bancada acordaron además incluir los proyectos relacionados con sistemas de alerta temprana y temas de política internacional, entre ellos el proyecto de Resolución presentado por el senador Ramón Retamozo, que exhorta al Gobierno de Estados Unidos al levantamiento de sanciones que afectan al exvicepresidente Hugo Adalberto Velázquez Moreno y a otros ciudadanos paraguayos.

Además, se incluirá para el análisis los instrumentos internacionales vinculados al Mercosur, educación superior y cooperación consular como ser:

• Convenio regional de reconocimiento de estudios, títulos y diplomas de educación superior en América Latina y el Caribe.
• Acuerdo Mercosur de coproducción cinematográfica y audiovisual.
• Protocolo de cooperación y facilitación de inversiones intra-Mercosur.
• Acuerdo sobre el mecanismo de cooperación consular entre los Estados partes del Mercosur y Estados asociados.

Siga informado con: Recortar bonificaciones ya se viene analizando desde la semana pasada, asegura legislador

La disidencia colorada no logró tapar la grieta generada en el sector en la puja entre los aspirantes a la intendencia de Asunción, el senador Arnaldo Samaniego y el diputado Daniel Centurión, tras un acercamiento para negociar una candidatura única, en medio de acusaciones y agravios, en que el abdismo habría rechazado las condiciones impuestas por los Samaniego.

Desde el movimiento Causa Republicana, liderada por la senadora Lilian Samaniego, exigieron al movimiento Colorado Añetete, comandando por el expresidente de la República, Mario Abdo Benítez, que la candidatura única para la intendencia capitalina sea cedida a Arnaldo Samaniego.

A la par, exigieron al abdismo que la disidencia instale la figura de Lilian Samaniego para la vicepresidencia de la República en las elecciones generales del 2028. A cambio, los hermanos ofrecieron a Centurión un eventual lugar en el Senado.

Las exigencias fueron realizadas en un encuentro reciente que duró más de cinco horas entre los Samaniego, Centurión, Abdo Benítez y el también senador Luis Pettengill, con la ausencia del presidenciable Arnoldo Wiens, hecho que evidenció su rechazo hacia el fracasado intento de pacto.

Lea también: Anexo C: “En poco tiempo vamos a poder concluir los entendimientos”, adelanta canciller de Brasil

Desde el abdismo calificaron los requerimientos como excesivos y alegan que solo constituye un intento de concentración de poder más que la búsqueda de unidad en la disidencia para enfrentar el 7 de junio al precandidato del movimiento Honor Colorado, Camilo Pérez, en las internas partidarias.

El pasado 22 de febrero, Centurión tildó a Arnaldo Samaniego como una “decepción política” y lo acusó de maquillar las encuestas a su medida. A la vez, manifestó que los hermanos Samaniego buscan espacios de poder supuestamente para realizar negociados.

“Arnaldo Samaniego para mí es una decepción política. Hay que mirar a ese equipo (movimiento Causa Republicana) y preguntarse qué es la disidencia. La disidencia es la confrontación dialéctica con el oficialismo colorado, la defensa de banderas, principios y valores, ese es el concepto político”, indicó Centurión en una entrevista con la 1020 AM. “O defienden una causa o solo buscan espacios de poder para hacer negocios y ganar plata”.

Te puede interesar: Mejora la salud de Camilo Pérez y desde el lunes retomará su campaña