Desde las dos cadenas mediáticas que fueron soportes publicitarios y cómplices por pecado de omisión de los graves hechos de corrup­ción perpetrados en el gobierno de Mario Abdo Benítez (2018-2023), hoy quieren crear un clima adverso, de visceral antagonismo a la gestión del presidente Santiago Peña. Y lo hacen desde sesgados puntos de vista que tra­tan de ungirlos a la categoría de relatos univer­salmente válidos. Incontrastables, demole­dores.

Es lo que afanosa e infructuosamente ambicionan. Pero, para ellos, el periodismo ya no es lo que era. Nos referimos al tiempo en que recuperaron la memoria de lo que esta profe­sión representa para la sociedad, la democra­cia y la construcción del pensamiento crítico. Habían recuperado la memoria –insistimos– por razones que nunca quedaron muy claras, porque, durante más de una década, fueron aliados y apologistas de la dictadura del gene­ral Alfredo Stroessner, recibiendo, a cambio, ingentes beneficios que les permitieron amon­tonar la fortuna que actualmente impúdica­mente ostentan.

Y en este conflicto de intereses bien demar­cados, la verdad es la primera víctima. Dentro de ese esquema, para que sus prédicas tengan algún éxito, algunos hechos son magnificados, en tanto que otros son intencionalmente ocul­tos, creando una imagen que carece de con­sistencia, pues las falsedades son tan obvias como torpes, y sus autores –obnubilados por sus deleznables propósitos– ni siquiera se pre­ocupan en armar un cuadro que pueda tener alguna credibilidad, disimulando con inteli­gencia y talento su distorsionada narrativa. Así que, cuando la verdad es la primera víctima en esta campaña inmoral que atenta con los prin­cipios mínimos del periodismo, la segunda es, indefectiblemente, la credibilidad.

No es una crisis ética que estamos enfocando por primera vez, pero lo volvemos a hacer, por­que la situación se torna, también, cada vez más reincidente, poniendo en práctica la vieja estrategia nazifascista del “miente, miente, que algo queda”. Partamos de la base de que nadie está exento de la crítica, pues la perfec­ción humana no existe. No estamos, conse­cuentemente, negando el derecho al cues­tionamiento que, de manera alguna, puede ser restringido o cortado abruptamente. Sin embargo, estamos muy lejos de que vivamos bajo un régimen autoritario, como pretenden proyectar estos medios y algunos desaforados militantes de la oposición política e, incluso, determinados referentes sociales. Basta con recordar que, ante el mínimo señalamiento de ciertos actos reprochables cometidos por auto­ridades de la dictadura depuesta en febrero de 1989, la represión era inmediata: periodis­tas presos o exiliados y medios suspendidos o clausurados.

Stroessner no tuvo contemplación ni siquiera con el diario del que fue su aliado por años, cuando su director decidió cambiar de línea editorial. Varias son las explicaciones de este giro brusco de posición. No obstante, lo con­creto es que se volvió crítico al sistema cuando este empezaba a agonizar. Pero el tiranosaurio, como diría Augusto Roa Bastos, todavía podía dar sus últimos coletazos, aunque, probable­mente, ya de la mano de su círculo más íntimo formado por el llamado “Cuatrinomio de Oro”, siendo uno de sus miembros justamente Mario Abdo Benítez, padre, progenitor del expresi­dente de la República y abonado personaje de estos conglomerados mediáticos. Este perma­nente recordatorio no tiene más intención de que conozcan las nuevas generaciones quiénes fueron sus actuales supuestos “paladines de la justicia y la honestidad”.

Está claro dónde pondrán sus fichas, todas ellas, en las elecciones municipales que se desarrollarán en Ciudad del Este, del inten­dente Miguel Prieto, destituido mediante sólidas pruebas fundadas en una amplia y profunda investigación de la Contraloría General de la República, corroborada, luego, por el interventor designado por el Poder Ejecutivo para verificar las denunciadas irregularidades. Los comicios internos ten­drán lugar el 5 de octubre de este año, y las generales el 9 de noviembre. Serán operado­res, estos medios, del candidato del defenes­trado jefe comunal, quien representará al movimiento político denominado Concien­cia Democrática Esteña Yo Creo. En tanto que la Asociación Nacional Republicana pro­pondrá oficialmente a un postulante de con­senso como el más fuerte. Decimos el más fuerte, porque, como se trata de un partido que ajusta su estatuto al Código Electoral, cualquiera que esté afiliado podrá inscri­bir su candidatura. Tratarán de instalar a toda costa que estamos ante la madre de todas las batallas, pretendiendo transportar los resultados de estas justas electorales al 2028, como presagio de lo que podría ocurrir entonces.

Esto lo harán, claro está, si triunfa el candidato de estos medios periodísti­cos. De lo contrario, habrá sido apenas una elección más. Una situación que solo puede darse en un modelo democrático, modelo al que estos medios –desesperada y paradóji­camente– tratan de desacreditar a cualquier precio, con tal de intentar desprestigiar al presidente Santiago Peña.

El fiscal Silvio Corbeta describió que, desde la imputación del destituido intendente esteño Miguel Prieto, su defensa técnica presentó varios incidentes, se intentó desprestigiar la labor del Ministerio Público pese a las pruebas institucionales, y se buscó mover el expediente a Ciudad del Este, fuera de la competencia especializada. El 20 de agosto, la Corte destrabó el caso Tía Chela y se habilitó al juez Humberto Otazú para fijar fecha para la audiencia preliminar en que se resolverá si los acusados van a juicio oral y público.

“Cuando el Ministerio Público formuló la imputación (el 19 de julio de 2023), la defensa de Prieto realizó numerosas declaraciones diciendo y señalando que hubo dictámenes favorables de la Contraloría acerca de esta licitación en particular, pero hoy en día se sostiene totalmente lo contrario. Constantemente se intenta desprestigiar el trabajo que hemos realizado, señalando una suerte de persecución político, judicial, siendo que todas las informaciones se basan en elementos de administraciones anteriores, incluso, cuando él fue procesado, ni siquiera este gobierno asumió y no tiene sentido sostenerlo“, afirmó Corbeta, este viernes, en una entrevista con el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción detalló que, para la formulación de la imputación, el equipo fiscal tuvo a consideración los dictámenes emitidos por la Contraloría General de la República (CGR), la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) y la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), que evidenciaron graves inconsistencias en el proceso de la compra de 25.000 cestas de alimentos, durante la pandemia, a través de la firma proveedora Tía Chela SRL, estimando un perjuicio patrimonial de G. 1.769.790.000 para la Municipalidad de Ciudad del Este.

“La causa judicial se encontraba paralizada, pero eso no respondía a una cuestión aleatoria, sino a cuestiones dilatorias que fueron presentadas en su momento. En este sentido, la primera situación que nunca se pudo concretar en la investigación es la aplicación de medidas cautelares, entonces, uno difícilmente pueda solicitar o obligar a los procesados a ser sometidos a las prerrogativas del caso. Lo primero que se realizó fue evitar la aplicación de medidas cautelares que fueron solicitadas con la imputación del Ministerio Público en julio del 2023″, recordó Corbeta.

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El agente fiscal mencionó que “cuando el Ministerio Público acusa, allá por junio del 2024, inmediatamente se presentaron acciones de inconstitucionalidad para detener el proceso. La Corte Suprema de Justicia nunca otorgó ningún tipo de medida cautelar para suspender el curso del proceso y, lógicamente, por una simple presentación de una acción no es motivo suficiente para suspender las resultas del proceso”.

“Presentaron un montón de incidencias con el objeto de que la causa sea derivada fuera de la competencia natural del juzgado, en este caso, es una competencia especializada en la materia de delitos económicos y siempre han intentado llevar el expediente en Ciudad del Este y todas estas cuestiones son hoy en día consideradas como actos que responden a una mala fe procesal”, puntualizó Corbeta.

Los procesados en la causa son Miguel Prieto Vallejos y Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, en calidad de autores. En tanto, Buenaventura Morínigo, Emili Vanessa Florentín Páez, Robert Osmar Florentín Silvero, Maggi Elizabeth Fariña Almada, Sebastián Martínez Insfrán, Alex Samhat, Higinio Acuña, Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez y Nelson Alexis Segovia Acevedo están sindicados por el hecho de lesión de confianza, administración en provecho propio, en calidad de cómplices y de asociación criminal, en calidad de coautor.

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Por primera vez Europa no ha registrado incautaciones de cocaína con origen en Paraguay durante 2025, según el informe de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sobre el comportamiento del tráfico marítimo de cocaína entre 2019 y 2025.

El documento detalla que, hasta la fecha, las estadísticas marcan cero decomisos en puertos europeos de cargamentos procedentes de nuestro país, un hecho sin precedentes en el periodo analizado. En contraste, los años previos muestran un flujo constante de incautaciones.

En 2019, Paraguay fue origen del 1,85 % de las aproximadamente 202 toneladas de cocaína decomisadas en Europa, lo que representa 3.720 kilos de la cocaína incautada. En 2020, la participación subió a 2,94 % de unas 213 toneladas, llegando a los 6.103 kilos de la sustancia ilícita que partió desde nuestro país.

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El salto más notable ocurrió en 2021, cuando se alcanzó un 10,57 % sobre un total de 303 toneladas, equivalente a más de 32 toneladas de droga que surcó de puertos paraguayos con destino a Europa.

La tendencia decreció un poco en 2022, con un 2,63 % de las 323 toneladas decomisadas, es decir, un total de 7.481 kilos, pero volvió a subir en 2023 llegando a los 13.523 kilos decomisados, impulsado por cargamentos récord detectados en Bélgica y España.

En 2024, la cifra cayó de forma drástica al 0,89 % de las 405 toneladas incautadas en el continente, un total de 3.600 kilos fueron incautados el 3 de septiembre en Portugal, y la mejor estadística se ha logrado en el 2025, de los 77.859 kilos de cocaína que fue decomisada en Europa, ninguno corresponde a Paraguay.

Cabe mencionar que durante el gobierno de Mario Abdo se flexibilizaron los controles en puertos y la gestión de Arnaldo Giuzzio al frente de la Senad, desmanteló las bases de la institución que se encontraban en las zonas portuarias y como resultado se obtuvo los kilos y kilos de cocaína decomisada. Ya durante este Gobierno, se volvieron a instaurar y endurecer los controles que llevaron a cero la incautación de cocaína.

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El titular de Petróleos Paraguayos (Petropar), Eddie Jara, manifestó que mediante las gestiones impulsadas en los dos años del gobierno de Santiago Peña, se evitó una posible quiebra técnica de la firma estatal. Detalló que encontraron balances financieros “muy golpeados” con gastos que podrían haber llevado al ente a convertirse en la siguiente Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco).

“Cuando llegamos (agosto del 2023) encontramos a Petropar en el puesto cuarto o quinto en participación de mercado. Se destruyó el valor del posicionamiento de la marca Petropar, lo que generamos hasta el 2018 y esto es lo que quiso el Gobierno anterior“, sostuvo a la 1020 AM.

Asimismo, Jara acotó: “Hay indicadores como los estados financieros, las ventas a la red, cuanto vendía y debía cada operador exponen que no había gestión. Hay que ver qué foco tenía el gobierno de Abdo Benítez y preguntarnos si ese interés estaba relacionado a quien financió su campaña política“, indicó.

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Recordó que durante el gobierno de Horacio Cartes, dejaron a la administración de Abdo Benítez una Petropar bastante saludable, con un patrimonio positivo con una caja equivalente a USD 200 millones.

“Los estados financieros de Petropar actualmente están reflejando las gestiones que venimos realizando desde agosto del 2023. Nosotros encontramos balances golpeados. Si se mantenía la tendencia de lo que se venía gastando y como se venía manejando la empresa, hoy éramos Copaco”, refirió.

Detalló que entre las acciones que fueron implementadas bajo el gobierno de Peña para sacar nuevamente a flote la institución fue la erradicación de la superpoblación de funcionarios. “Encontramos que de 800 personas, Petropar pasó a tener 1300 personas durante el periodo 2018-2023. Lo primero que hicimos fue sacar gente. Sacamos casi 500 personas en los primeros tres meses de la a. Era imposible pagar tanto”, cuestionó.

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