El titular del sindicato de asistentes fiscales, Justo Duarte, se refirió a la denuncia realizada por el titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón Fernández, sobre la orfandad en la que se encuentran algunas sedes zonales, señalando que se debe a la carencia presupuestaria y de recursos humanos de la institución para dar respuestas a la ciudadanía.
“Yo no creo que el doctor Rolón desconozca el trabajo de las unidades penales, hace años está como magistrado, profesor de la Universidad Nacional de Asunción, es una excelente persona, lo que sí podría desconocer es la problemática presupuestaria que el Ministerio Público vive hace cinco años, para este año hay un pequeño aumento, pero no soluciona todos los problemas”, dijo a Universo 970 AM/Nación Media.
Las declaraciones de Duarte surgieron tras las afirmaciones de Rolón Fernández, quien a través de sus redes sociales reveló que las sedes fiscales de Itauguá, Villa Elisa y San Antonio, ciudades del departamento Central, estaban vacías. El funcionario aclaró que en una de las sedes sí estaban cumpliendo funciones en el horario correspondiente y que incluso hicieron procedimientos de aprehensión e imputación.
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“Hay zonas donde solo existen dos unidades penales para toda una ciudad. Las unidades entran cada 8 días de turno y no tienen los funcionarios necesarios, el organigrama es un agente fiscal, tres asistentes fiscales, dos secretarios fiscales y un auxiliar fiscal, y hoy en algunas unidades solo tenemos un asistente fiscal, un secretario y dos auxiliares, entonces ¿cómo nosotros vamos a poder dar respuesta a la ciudadanía?”, evidenció.
Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación de Fiscales, fiscal Belinda Bobadilla, dijo que esperan que el fiscal general Rolón Fernández desarrolle el plan de organización interna que comentó durante su asunción al cargo.
“Se nota que existe de su parte la necesidad de tener una buena estructura organizacional para poder emplear toda la fuerza humana en la prestación de servicios. Había anunciado que se seguirían dando cambios a nivel de fiscales y de los funcionarios, para luego adentrarse en las causas que son las más emblemáticas del Ministerio Público”, enfatizó.
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Metrobús: “El daño no solo es patrimonial, se pagó por una obra que no tenemos”, dice fiscal
“Arnoldo Wiens pagó con plata del Estado para destruir infraestructuras del Estado que estaban siendo construidas en el marco de un proyecto que venía hace más de 20 años”, dijo la fiscal Yeimy Adle al defender la acusación y pedido de juicio oral y público para el exministro de Obras Públicas en el marco de la fallida obra del metrobús.
“Nosotros queremos que se esclarezca el caso, que sea debatido en un juicio oral, que se conozcan las pruebas que tenemos. La defensa también presentará las suyas y tendrá oportunidad en la audiencia preliminar de ofrecer todas las pruebas de descargo que tengan”, indicó la agente de la Unidad Especializada en Delitos Económicos, este miércoles, en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
Adle detalló que Wiens, al asumir el cargo de ministro de Obras Públicas en agosto del año 2018, durante el gobierno de Mario Abdo Benítez, tenía la obligación de resguardar el patrimonio estatal y garantizar la continuidad de las obras del metrobús, adjudicadas a la firma portuguesa Mota Engil.
“Al asumir la administración del Ministerio de Obras Públicas, el proyecto ya estaba en un avance físico de aproximadamente 40 % y, poco más de dos meses de asumir como ministro, firma el 23 de octubre del mismo año (2018) con la empresa Mota Engil un documento al que le llamaron acta de entendimiento, donde acordaron la suspensión de las obras, y el Ministerio de Obras Públicas solicitó la sustitución de los trabajos del contrato con otros trabajos que estaban destinados solamente para rehabilitar el tránsito en la zona del tramo 3 de metrobús”, manifestó.
Agregó que para destruir las obras existentes, la administración de Wiens destinó la suma de 8.030.693.029 de guaraníes (más de 8.000 millones), con el solo fin de habilitar el tránsito vehicular. “Se contaba con financiamiento vigente, frentes disponibles y el respaldo de la Municipalidad de Asunción, pero prefirieron soterrar lo construido. En abril del 2020 dispuso la demolición de las seis estaciones del corredor central, que están indentificadas como las estaciones 19 al 24, por las cuales el Estado había pagado G. 6.924.624.006”, lamentó la fiscal.
Añadió que, antes de demoler las obras, Wiens había requerido al entonces contralor Sergio Coscia, quien hoy ejerce su defensa, un parecer jurídico. “Se le señaló que para proceder a esa demolición tenía que tener un dictamen técnico previo. Le preguntamos al MOPC si fue realizado ese dictamen técnico, a la Procuraduría y Contraloría, si recibieron el documento y todas las respuestas fueron negativas y él igualmente procedió a la demolición de las estaciones y dispuso el destino de los materiales que debían ser utilizados en el sistema troncal para otros fines y esos materiales tenían una protección especial de acuerdo a la Ley 5133″, comentó.
Señaló que los materiales para la obra debían ser destinados para otros fines, una vez que haya finalizado el metrobús y con la autorización del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que financió la obra. “El proyecto no terminó, no se tuvo la autorización, pero Wiens dispuso que los mismos materiales sean llevados a los hospitales para el relleno de estacionamientos y otros fines que no correspondían”, precisó.
Detalló que fueron destinados para la construcción de la obra más de 180.000 millones de guaraníes. Agregó que el daño patrimonial ocasionado por Wiens, quien se encuentra acusado por lesión de confianza y daño a obras construidas, es de aproximadamente 14.995 millones de guaraníes.
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“No tenemos el metrobús”
“Ese es el monto, pero tenemos que tener en cuenta que lo que quedó inutilizado es mucho más porque no tenemos el metrobús, se pagó más de 180.000 millones de guaraníes por la obra que finalmente no tenemos. La acusación también sostiene que, después de esto, Arnoldo Wiens tenía alternativas para continuar con el proyecto, reconducirlo, tenía el informe de intervención que el mismo había dispuesto que se realice, el cual le aconsejaba que tenía que continuar con el proyecto, pero no se continuó”, refirió.
Añadió que, de acuerdo al marco penal, el dirigente abdista se expone a una condena de hasta siete años y medio de cárcel. “La admisión de la imputación contra Wiens fue por lesión de confianza, pero, como todos sabemos, los tipos penales son provisorios en esta etapa y, recién al finalizar el juicio oral y público, un tribunal de sentencia fija precisamente cuáles son los tipos penales que fueron demostrados. Para el Ministerio Público también existe el daño a obras construidas porque las obras fueron soterradas y las seis estaciones formaban parte de una estructura técnica de un sistema de transporte público y esto perdió funcionalidad”, indicó.
Refuta argumento de la prescripción
Con relación al argumento de la prescripción que plantea de forma insistente la defensa de Wiens, Adle recordó que la citación a indagatoria realizada el 4 de octubre de 2023 interrumpió formalmente el cómputo del tiempo, postura que ya fue ratificada tanto en primera como en segunda instancia judicial.
Con la acusación presentada dentro del plazo reglamentario, el caso queda pendiente de la fijación de la audiencia preliminar, donde el Juzgado Penal de Garantías deberá resolver la admisión de las pruebas para elevar la causa a juicio oral.
“Claramente nuestra ley penal dice que un acto interruptivo de la prescripción es la citación a la indagatoria del inculpado, al señor Wiens se le citó por primera vez en esta causa el 4 de octubre del 2023 y los hechos por el que se encuentra hoy en día acusado se iniciaron el 23 de octubre del 2018, se le citó días antes de la prescripción. Esto cortó el plazo de prescripción y se cuenta de nuevo 5 años después de eso, entonces la causa no prescribió”, argumentó.
Refirió también que “es una posición de la defensa que ya fue resuelta en primera y segunda instancia porque eso ya habían planteado cuando presentaron el recurso de reposición”.
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Administración Central ejecutó G. 39,6 billones de su presupuesto a julio
La ejecución presupuestaria acumulada de la Administración Central alcanzó G. 39,6 billones al cierre de julio, equivalente al 47 % del presupuesto vigente de G. 84 billones, según el informe financiero del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Del total ejecutado, el 65 % se concentró en Servicios Personales y Transferencias, que representaron el 36 % y 29 %, respectivamente.
En el primer rubro se incluyen principalmente las remuneraciones de docentes, personal de blanco y miembros de las Fuerzas Públicas. Las transferencias, por su parte, financiaron programas sociales, además de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal.
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Con siete meses transcurridos del ejercicio fiscal, queda un saldo de G. 44,5 billones para los últimos cinco meses del año. El MEF señala que este margen permitirá intensificar la ejecución de programas y proyectos previstos para el cierre del ejercicio.
El Poder Ejecutivo concentró G. 37 billones, equivalentes al 94 % del gasto ejecutado por la Administración Central. Dentro de este monto, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) tuvo la mayor participación, con 33 %, equivalente a G. 12 billones.
La ejecución del MEF estuvo vinculada principalmente al pago de jubilaciones y pensiones de la Caja Fiscal, transferencias a gobiernos subnacionales y el cumplimiento de compromisos de deuda pública.
Le siguieron el Ministerio de Educación y Ciencias (17 %), el Ministerio de Salud Pública (15 %), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (10 %), el Ministerio de Desarrollo Social (8 %) y el Ministerio del Interior (7 %).
En cuanto a las fuentes de financiamiento, los Recursos del Tesoro Público aportaron G. 26 billones, equivalentes al 67% de lo ejecutado, destinados principalmente a programas sociales y de inversión pública.
Entre los programas financiados se destacan la Pensión Universal para Adultos Mayores, que recibió G. 1,8 billones, y Tekoporã Mbarete, con G. 323.000 millones, ambos administrados por el Ministerio de Desarrollo Social.
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Niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela: ¿qué dice la ley sobre los límites de la disciplina?
Un niño de 10 años habría sido encadenado por su abuela materna en una vivienda, según una denuncia presentada ante la Policía y difundida inicialmente por C9N. El caso ya se encuentra en conocimiento del Ministerio Público y de la Defensoría de la Niñez, que deberán determinar las circunstancias del hecho y las eventuales responsabilidades.
Según el reporte policial, una familiar del menor se presentó en la comisaría acompañada del niño y relató que lo encontró en la vía pública luego de que este saliera de la vivienda. Al observar que tenía una cadena colocada en una de sus manos, la mujer habría procedido a retirársela y posteriormente comunicó lo ocurrido a las autoridades.
La Fiscalía y la Defensoría de la Niñez fueron informadas del caso para activar las medidas correspondientes. El niño quedó provisoriamente bajo el cuidado de su tía, mientras que la abuela quedó a disposición de las autoridades.
De acuerdo con el relato de los intervinientes, la mujer habría manifestado que recurrió a esa medida porque ya no podía controlar al niño y que este no obedecía sus indicaciones.
¿Hasta dónde puede llegar la disciplina?
El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que trasciende la investigación puntual: ¿hasta dónde puede llegar un adulto cuando intenta corregir la conducta de un niño?
En Paraguay, los niños y adolescentes son sujetos de derechos y cuentan con protección especial frente a cualquier forma de violencia o vulneración. Las medidas de disciplina o corrección no pueden utilizarse como justificación para someterlos a situaciones que afecten su integridad física o psicológica.
La normativa paraguaya establece además el principio del interés superior del niño, que debe orientar las decisiones de las autoridades y de quienes tienen a su cargo su cuidado. Esto significa que una persona adulta no puede disponer de cualquier mecanismo bajo el argumento de estar disciplinando a un menor.
Cuando una medida implica violencia, sometimiento o una afectación de sus derechos, corresponde la intervención de las instituciones encargadas de su protección. El caso podría configurar una situación de maltrato.
No obstante, será la investigación la que deberá establecer qué ocurrió exactamente, durante cuánto tiempo estuvo el niño en esa situación, cuáles fueron las circunstancias y qué responsabilidad corresponde a los adultos involucrados.
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El caso queda bajo investigación
La prioridad de las instituciones intervinientes será garantizar la protección del menor y determinar las medidas necesarias para resguardar sus derechos.
La denuncia también vuelve a poner de relieve la importancia de que situaciones de posible violencia o vulneración contra niños sean comunicadas a las autoridades, en lugar de recurrir a medidas que puedan poner en riesgo su integridad.
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MEF desembolsa más de G. 232.000 millones para pagar a proveedores y acreedores del Estado
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) desembolsará este jueves G. 232.029 millones para el pago a proveedores y acreedores del Estado, en el marco del calendario de transferencias administrado por la Dirección General del Tesoro Público (DGTP).
Según informó la cartera económica, los recursos permitirán honrar compromisos correspondientes a las Fuentes de Financiamiento 10 (Recursos del Tesoro), 20 (Recursos del Crédito Público) y 30 (Recursos Institucionales), en función de las Solicitudes de Transferencias de Recursos (STR) presentadas por las instituciones públicas entre el martes 4 y el miércoles 5 de agosto.
Del monto total, G. 176.283 millones serán desembolsados con cargo a la Fuente 20, destinada principalmente al pago de proveedores y acreedores del Estado. En tanto, G. 55.473 millones corresponden a la Fuente 30, que contempla pagos a proveedores, acreedores y conceptos de caja chica.
Por su parte, la Fuente 10 representa G. 273 millones, destinados al financiamiento de caja chica, gastos reservados y la gratuidad de la educación superior. El MEF recuerda que las transferencias se realizan de manera continua, conforme las instituciones públicas presentan sus solicitudes y estas cumplen con los requisitos administrativos establecidos para su procesamiento.
El pago oportuno a proveedores constituye un mecanismo clave para sostener la liquidez de las empresas que mantienen contratos con el Estado, especialmente aquellas vinculadas a obras públicas, adquisición de bienes y prestación de servicios. Asimismo, contribuye a reducir atrasos en la cadena de pagos y a garantizar la continuidad de la ejecución presupuestaria de los organismos públicos.
El calendario detallado de desembolsos puede consultarse en el portal institucional del MEF, dentro del apartado Consulta Ciudadana – Calendario de Pagos – Pago a Proveedores, así como en el sitio web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).