Desde la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) explicaron que tomará unos seis meses diseñar el sistema para la implementación de las tobilleras electrónicas a personas con algún tipo de medida judicial. Se debe analizar el mecanismo que utilizará en cuanto a tecnología, así como también quién financiará la compra de estos dispositivos.
“Llevará unos seis meses de trabajo, de diseño, de todo lo que se va a licitar, hablando en términos generales, ya sea con una ley de la DNCP u otra modalidad, también se debe definir la institución que comandará el uso de este sistema”, explicó el director de la mencionada institución, Pablo Seitz, en conversación con la 650 AM.
Seitz indicó que se iniciará una serie de trabajos interinstitucionales y se pedirá la colaboración en cuanto a información por parte de empresas del sector privado que dispongan de esta tecnología; esto, de modo a tener conocimiento sobre el funcionamiento de las tobilleras y el sistema que se debe montar para la aplicación del control.
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“Una pregunta fundamental es si resulta conveniente convocar a una licitación pública internacional o nacional, si es solamente la compra de un producto o instalación de toda una solución tecnológica, estimo que es eso y no comprar solo la tobillera, sino todo un centro de monitoreo y esa es la información que se debe buscar”, detalló.
Contrataciones públicas dispone de una herramienta denominada RSI, que consiste básicamente en audiencias públicas donde se pueden compartir entre instituciones públicas y el sector privado la información y detalles que se precisan, mecanismo que se implementará en esta fase del trabajo.
Seitz adelantó que la DNCP seguirá ese paso y no así una licitación o compra directa, dado que a través de la RSI se debe obtener la información necesaria para el diseño de un Pliego de Bases y Condiciones (PBC), así como también el sistema de financiamiento, esto es, si el Estado costeará este servicio o será la persona que busque ser beneficiada con esta medida.
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“La DNCP ofrece la herramienta de RSI y de esa manera podrá acercarse de manera transparente al mercado privado para tener la información de qué hay en cuanto a soluciones tecnológicas y de oportunidades para trabajar con el sector privado en este punto”, puntualizó.
La ley de uso de tobilleras electrónicas ya está vigente desde el 2017; no obstante, no se ha avanzado en su reglamentación y, por ende, aún no ha podido ser aplicada. El pasado miércoles 15, las autoridades del Ministerio del Interior, Ministerio Público, Contrataciones Públicas, entre otras, mantuvieron un encuentro con el objetivo de determinar el mecanismo para finalmente poder aplicar esta legislación.