El candidato presidencial por la Concertación, Efraín Alegre, presentó este martes 14 su propuesta Vivir sin miedo, un supuesto plan de combate a la inseguridad que tiene como uno de sus referentes a Rafael Filizzola, exlegislador y exministro del Interior, conocido por chicanear causas en las que estaba siendo investigado, tales como las famosas “comisarías de oro” y los costosos helicópteros.

La chapa de la Concertación decidió incluir como experto en materia de seguridad y lucha contra la criminalidad al marido de la actual senadora Desirée Masi y fundador del Partido Democrático Progresista, cuya gestión está acompañada de una serie de irregularidades que guardan referencia con la sobrefacturación y lesión de confianza en adquisiciones para el Ministerio del Interior que causaron perjuicios al Estado en orden a los G. 51.200 millones.

Uno de los casos emblemáticos por lo que es señalado Filizzola es la adquisición de “comisarías de oro”, el que mediante chicanas buscó agotar el plazo procesal para luego pedir la prescripción del caso, petición que fue rechazada por el Tribunal de Apelaciones. Solo por ese caso se habría perjudicado al Estado unos G. 1.200 millones aproximadamente.

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También durante su gestión entre el 2008 y 2011 (hasta que fue destituido por el entonces mandatario Fernando Lugo debido a las denuncias) se adquirieron helicópteros también a precio de “oro”, dado que mientras Uruguay pagó US$ 500.000, Filizzola pagó en nombre del Ministerio del Interior por cuatro aeronaves US$ 3,3 millones, las que resultaron inservibles.

Filizzola fue blanqueado por el proceso de las comisarías de “oro” tras chicanear por 10 años, mientras que la causa por la adquisición de helicópteros no registra novedades, pero mientras tanto, ya lleva adelante un supuesto plan contra la inseguridad para el próximo periodo de gobierno.

El caso de las comisarías de oro hace referencia a la firma del contrato en fecha 2 de diciembre del 2010 para la refacción de 24 comisarías que costarían G. 1.131.812.500. La empresa adjudicada para esta obra fue Todo Verde Emprendimientos de Alejandro Apolonio Giménez, quien debería culminar los trabajos en un plazo de entre 60 y 90 días.

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En enero del 2011 se pagó la totalidad de lo acordado, no obstante, el fiscal que investigó el caso concluyó que dicho llamado a licitación se realizó sin que hubiese algún requerimiento formal de las personas responsables de cada área, la pesquisa también destapó que ni siquiera hubo un estudio técnico previo a la realización de las obras en cada comisaría.

En el 2016, Filizzola se valió de una acción de inconstitucionalidad, a la que la Corte Suprema de Justicia le dio luz verde, y logró que el proceso se cajonee por más de cinco años. En cuanto a la adquisición de los helicópteros, la Fiscalía sostuvo que Filizzola adjudicó a la empresa Proibérica a pesar de que no reunía los requisitos previstos en el pliego de bases y condiciones, causando un perjuicio de G. 50.000 millones.

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