La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, sostuvo que la propuesta planteada en el Congreso de la Nación para otorgar un día libre y remunerado a empleados, por el día de su cumpleaños, no es oportuna, ya que debe ser una decisión empresarial y no una imposición a través de una ley.

“Yo creo que esta propuesta está desacoplada de la agenda que nosotros manejamos dentro del Poder Ejecutivo. Nuestra agenda laboral es clara y precisa. Sobre esta propuesta, consideramos que estos beneficios algunas empresas ya los dan en sus contratos de trabajo. Esto debe ser un beneficio empresarial y no una ley nacional”, aseveró a la 1080 AM.

Resaltó que la cartera laboral y visión del Ejecutivo está enfocada en velar por el cumplimiento de los derechos ya establecidos para los trabajadores, sin dejar de lado la importancia del descanso.

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Tras su designación como ministro jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Javier Giménez recibió el fuerte apoyo tanto del presidente, Santiago Peña, como del vicepresidente, Pedro Alliana. Ya durante la reunión del Consejo de ministros, el mandatario destacó el trabajo de Giménez al frente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC).

Peña destacó que el objetivo de su gestión es acercarse más a las familias vulnerables, misión ahora otorgada al jefe de Gabinete. “Iniciamos este segundo tiempo con el corazón puesto en cada familia paraguaya. Por eso designé a Javier Giménez como jefe de Gabinete”, refirió a través de sus redes sociales.

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Reafirmó su apoyo y respaldo al trabajo que pueda desarrollar Giménez en este nuevo cargo para contribuir con los planes y proyectos del Gobierno. “Confío en tu entrega para redoblar nuestra gestión. Tenés todo mi respaldo. Esta es la etapa decisiva y vamos a dejar todo en la cancha hasta que Paraguay se levante como el gigante que es”, puntualizó.

Por su parte, el vicepresidente Pedro Alliana, también resaltó el cambio realizado por el presidente dentro de su Gabinete. “Felicito al ministro Javier Giménez por asumir el desafío de liderar la jefatura de Gabinete de mi compañero presidente Santiago Peña, un rol estratégico para fortalecer la coordinación y el impulso de las políticas públicas”, refirió a través de las redes sociales.

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El Gobierno nacional impulsa una instan­cia de diálogo previo al tratamiento del proyecto de reforma de la Caja Fiscal, con el objetivo de fortalecer la iniciativa y sumar consen­sos entre los sectores involu­crados. El vicepresidente de la República, Pedro Alliana, soli­cita formalmente al Senado la convocatoria a una reunión de trabajo con gremios, sectores afectados y legisladores para este lunes 9 de febrero, un día antes de que el proyecto sea tratado en la Cámara Alta.

La propuesta legislativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, está incluida en el orden del día del Senado para el martes 10 de febrero. Sin embargo, desde el Poder Ejecutivo consideran clave abrir un espacio de diá­logo político y técnico antes del debate en plenaria, atendiendo la sensibilidad del tema y su impacto directo sobre miles de funcionarios públicos y las finanzas del Estado.

“En conversación con el pre­sidente del Congreso, Basilio ‘Bachi’ Núñez, solicitamos que el lunes se convoque una reu­nión de trabajo con los distin­tos sectores, a fin de dialogar sobre la reforma de la Caja Fis­cal”, señala Alliana a través de sus redes sociales. El vicepresi­dente remarca que la intención es escuchar planteamientos, aclarar dudas y evaluar even­tuales ajustes al texto apro­bado por Diputados.

Alliana explica que el pedido apunta a que las comisiones del Senado mantengan reu­niones previas con los actores involucrados, antes del trata­miento en sesión. “Yo pedí que las comisiones se reúnan antes de tratar. El martes se está con­vocando al Senado, pero antes quieren tener un diálogo. Si se quiere proponer algunas modi­ficaciones o sugerencias, estuvi­mos coordinando eso”, indica.

La reforma de la Caja Fiscal es considerada una de las iniciati­vas más relevantes de la agenda económica del Gobierno. El sis­tema previsional estatal regis­tra un déficit creciente desde hace más de una década, impul­sado principalmente por regí­menes especiales, jubilaciones tempranas y una relación cada vez más desfavorable entre aportantes activos y beneficia­rios. De acuerdo con datos ofi­ciales del Ministerio de Econo­mía y Finanzas, el déficit de la Caja Fiscal supera actualmente los USD 300 millones anuales y es cubierto con recursos del Tesoro, lo que genera presión sobre el presupuesto general.

El proyecto plantea ajustes en parámetros como la edad de jubilación, los años de aporte y la tasa de reemplazo, ade­más de cambios específicos en algunos regímenes especiales. Estas propuestas han gene­rado preocupación y rechazo en varios gremios del sector público, que reclaman mayor participación en la discusión y advierten sobre posibles efec­tos en derechos adquiridos.

En este contexto, el llamado al diálogo busca descomprimir tensiones y enviar una señal política de apertura. Desde el oficialismo sostienen que la reforma es necesaria para garantizar la sostenibilidad del sistema y evitar un colapso futuro, pero reconocen que el consenso social y político es clave para avanzar.

El encuentro previsto para este lunes se perfila así como una instancia decisiva para acercar posiciones antes del debate en el Senado. La expectativa del Gobierno es que el intercam­bio permita introducir mejoras al proyecto sin desnaturalizar su objetivo central: corregir el déficit estructural de la Caja Fiscal y asegurar su viabilidad a largo plazo.

“La reforma es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, dijo David Jara.

“Esta reforma no los perju­dica. Muy por el contrario, es la única alternativa real que tenemos para salvar la Caja Fiscal y garantizar que mañana puedan jubilarse”, fue el mensaje lanzado por el diputado colorado David Jara a los sectores afecta­dos por la iniciativa que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados.

“Acá lo más importante es que puedan cobrar efectiva­mente sus haberes. La segu­ridad social solo puede ser digna si es sostenible”, dijo el legislador en medio de los anuncios de la continuación de movilizaciones en varios puntos del país teniendo en cuenta que el tratamiento del proyecto en la Cámara Alta se prevé para el martes 10 de febrero.

“Nos encaminaríamos a una quiebra que aún estamos a tiempo de evitar, pero única­mente si tomamos decisiones responsables y estructura­les”, advirtió el parlamenta­rio en caso de que la propuesta de reforma no prospere en el Congreso Nacional.

Las afirmaciones de Jara surgen teniendo en cuenta las declaraciones de legis­ladores opositores y disi­dentes colorados, quienes alegan que la iniciativa es solo un “parche” y que su tratamiento se dio supues­tamente de manera apresu­rada constituyéndose en un “atropello a los derechos de las personas”.

A dichas afirmaciones se suman las amenazas prove­nientes principalmente de los gremialistas docentes como el abdista Silvio Piris, señalado por percibir casi G. 48 millones mensuales en haberes, quien amenazó con la aplicación del voto castigo contra el oficialismo colorado en las elecciones municipales y de ir a una huelga para trun­car el inicio de clases previsto el 23 de febrero, en caso de concretarse la sanción de la reforma.

Mediante el Decreto N.º 5306, el Poder Ejecutivo dispuso la creación de una comisión para el desarrollo de industrias convergentes y una tarifa especial de la Administración Nacional de Electricidad (Ande), para las empresas que integran el sector.

Al respecto, el titular del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, mencionó a la 1.000 AM que esta es una medida que tiene por objetivo impulsar la instalación y el desarrollo del país de industrias convergentes, orientadas a actividades de operadores de hiperescala, excluyendo a las actividades de minería de criptoactivos.

En el decreto se fijó una tarifa diferencial para las empresas que integran el rubro y en el cual se detalla que las industrias convergentes son aquellos ecosistemas productivos de alta sofisticación técnica. El Ministerio de Industria y Comercio (MIC), así como el Mitic, habían remitido un informe técnico, según el documento.

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A su vez, comentó que el decreto no vulnera los reglamentos de la Ande. “Uno tiene que mirar cuál es el excedente que se tiene y cuánto se transfiere al lado brasilero y cuánto nosotros dejamos de lado el potencial”, dijo Villate.

Añadió que pensando en el crecimiento industrial de nuestro país, se debe aprovechar el excedente de energía que tenemos. “Lo que busca este decreto es justamente posicionar al país aprovechando la energía y la potencia para hacer la atracción de las industrias que ayuden lo que es la competitividad país y que ayuden a generar mano de obra”, resaltó.

En ese misma línea, destacó que la energía puede convertirse en un valor agregado para seguir exportando. “No solamente en lo que hace a los commodities como la soja, sino también lo que son los servicios manufacturados o por qué no, cómputos de inteligencia artificial”, dijo sobre lo que busca el decreto.

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Las industrias son aquellas que integran de manera intensiva el recurso energético estable y renovable como insumo crítico para la generación de valor, ya sea a través de infraestructura computacional de vanguardia, procesos de manufactura avanzada o síntesis físico química de vectores sostenibles.

Asimismo, se caracterizan por operar bajo estándares de calidad certificados, regímenes de producción continua y por generar encadenamientos productivos, manteniendo al mismo tiempo la flexibilidad necesaria para incorporar innovaciones tecnológicas disruptivas.

La medida tendrá validez por 15 años y establece una tarifa para el Grupo de Consumo de Energía Eléctrica para Industrias Convergentes en los niveles de extra alta tensión hasta 500 kV, muy alta tensión hasta 220 kV, alta tensión 66 kV y media tensión de 23 kV.

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