El presidente Luiz Inácio Lula da Silva dijo este viernes que Brasil no aceptará un trato de “país de pacotilla”, después de que el gobierno de Estados Unidos designara como grupos terroristas a las dos mayores facciones criminales del gigante suramericano.

“No aceptamos que nos traten como niños. No aceptamos que nos traten como si fuésemos un país de pacotilla”, dijo en un evento oficial el izquierdista, visiblemente enojado.

A pesar de la oposición del ejecutivo de Lula, el gobierno estadounidense designó el jueves como organizaciones terroristas a los grupos criminales Primeiro Comando da Capital (PCC) y Comando Vermelho (CV).

“No jueguen con la soberanía de este país, no jueguen con nuestra democracia”, advirtió Lula.

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El mandatario, que buscará la reelección en las elecciones de octubre, había reiterado su oposición a esta medida durante su visita este mes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca.

Brasil lleva años combatiendo el PCC y el CV, las facciones más poderosas del crimen organizado y el narcotráfico, desde su aparición en cárceles brasileñas.

La decisión de Estados Unidos tuvo lugar dos días después de que Trump recibiera en privado al gran rival de Lula en los comicios, el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. El legislador aseguró haberle pedido al republicano que tomara esa medida.

Con la llegada de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025, Estados Unidos empezó a designar como terroristas a bandas criminales como los cárteles mexicanos de Sinaloa o Jalisco Nueva Generación, o el Tren de Aragua venezolano.

Esa designación permite, a juicio de Washington, extender todo tipo de operaciones -policiales, de inteligencia y contrainsurgencia- a los líderes de esas bandas ya sus intereses, en todo el mundo.

• Fuente: AFP

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El Poder Ejecutivo acaba de poner en marcha el ambicioso pro­grama Cielo Guaraní Soberano para combatir desde las altu­ras de la atmósfera al crimen organizado internacional y fortalecer la seguridad en todo el territorio paraguayo. El blindaje del espacio aéreo y la lucha contra los crimina­les tiene el apoyo del Gobierno de los Esta­dos Unidos de América que colaborará con datos de inteligencia y la asistencia técnica requerida.

La cooperación norteamericana será de fundamental importancia porque mediante su ayuda el Paraguay podrá dejar de lado la actual vulnerabilidad de sus fron­teras aéreas y se podrá ir consolidando como un elemento importante en la segu­ridad de esta parte de la región sudameri­cana.

Hay que destacar que la asistencia técnica es parte del respaldo político demostrado por el Gobierno del país del norte hacia la admi­nistración del presidente Santiago Peña. Y, por encima de las declaraciones positivas y las buenas intenciones, primarán los hechos prácticos y medidas concretas de extraordi­naria importancia para nuestra nación. La colaboración efectiva que ejercerá el país del norte se desprende del compromiso que ha realizado para intensificar el intercambio de información y la asistencia técnica que brin­dará al Gobierno paraguayo. Con respecto al tema, el encargado de negocios de EE. UU. en Asunción, Robert Alter, resaltó que “Paraguay mantiene una estrategia sólida para fortalecer el monitoreo de su espacio aéreo”.

La cooperación norteamericana se cen­trará en tres capítulos: Tecnología de van­guardia, inteligencia operativa y capacita­ción de élite. Esta capacitación consistirá en programas de formación para las fuer­zas de nuestro país en la tarea del combate a delitos considerados complejos. Por otro lado, se considera tecnología de vanguardia la ayuda que realizarán las fuerzas estadou­nidenses en sistema de radares y monitoreo aéreo en tiempo real. En tanto que la inte­ligencia operativa se concretará en el inter­cambio de datos críticos de gran importan­cia para la detección y respuesta inmediata frente a los vuelos que están fuera de la legalidad, como los que desarrollan los nar­cotraficantes para sus fines delictivos.

Para la realización de los operativos con­tra la delincuencia se utilizarán los aviones Super Tucano que se tienen, lo mismo que el equipo de radares con sus respectivos sis­temas de mando y control.

Las medidas adoptadas por el Gobierno se tienen que entender en medio del contexto histórico de la lucha contra el narcotrá­fico y el crimen organizado, que ha tenido varias etapas. Algunas caracterizadas con importantes medidas y trabajos realizados por los organismos especializados y otras con extrañas posturas de dejadez de algu­nas administraciones anteriores que con su pasividad colaboraron con el delito.

No hay que olvidar que durante el gobierno de Mario Abdo se retiró el control fiscal de los puertos, se sacaron los escáneres para detectar drogas de los puertos privados que quedaron sin control, no se compraron radares para detectar vuelos irregulares ni se adquirieron aeronaves para la vigilan­cia aérea. Eso convirtió al Paraguay en un lugar propicio para el delito, por lo que se han dado numerosos casos de contrabando de toda suerte de sustancias prohibidas hacia países de Europa principalmente.

Con las nuevas normas de este gobierno, la Fuerza Aérea desarrolla operativos para detectar aeronaves sospechosas a las que obligan a su aterrizaje. Ya en tierra, realizan su tarea la Senad, la Fiscalía, la Policía y el Ejército, según los casos.

Además del control nacional, para hacer más efectivo el trabajo, se hace el cruza­miento de datos de inteligencia con las autoridades de Argentina, Bolivia y Bra­sil, países con los que se tiene convenios de cooperación para el efecto.

Mediante el acuerdo con los Estados Uni­dos, el Gobierno paraguayo podrá ejercer una mejor tarea en la persecución de los narcotraficantes a fin de eliminar el crimen internacional, lo que ayudará a un combate más efectivo contra el delito que no tiene fronteras.

El respaldo del país del norte es uno de los principales logros alcanzados por la admi­nistración del presidente Santiago Peña. Y constituye uno de los mejores beneficios que está obteniendo el Paraguay para la seguridad de sus fronteras y la persecución de los delincuentes que han contaminado seriamente estas tierras. Por ello la ciuda­danía tiene que valorarlo y prestar su apoyo teniendo en cuenta que el país aprovechará las ventajas que vienen de parte de una nación amiga, que es una las más grandes potencias del mundo.

La Administración Nacional de Electricidad (Ande) obtuvo la calificación más alta en el Nivel de Madurez Optimizado, destacándose entre más de 400 empresas públicas evaluadas.

Este importante reconocimiento refleja el compromiso institucional con la eficiencia, la transparencia y la mejora continua en sus procesos de gestión.

La excelente calificación alcanzada posiciona a la estatal como una de las entidades líderes, obteniendo 4,01 puntos en la evaluación del sistema de control interno realizada por la Contraloría General de la República y la Auditoría General del Poder Ejecutivo.

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Este histórico resultado constituye un motivo de orgullo institucional y refleja el firme compromiso de la Ande con la transparencia, la mejora continua, la eficiencia en la gestión y el fortalecimiento permanente de su Sistema de Control Interno, señalaron autoridades del ente.

Con este importante reconocimiento, la Ande se posiciona como referente de excelencia en la administración pública paraguaya, consolidando una gestión moderna, responsable y orientada a brindar servicios cada vez más eficientes y de mayor calidad a toda la ciudadanía.

Destacaron que este logro sin precedentes en el país fue posible gracias al trabajo en equipo, al compromiso y a la dedicación de los funcionarios administrativos y operarios técnicos, quienes, con profesionalismo y vocación de servicio, contribuyen diariamente al fortalecimiento y crecimiento de la institución.

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El Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) designó hoy jueves al Abog. Pablo José Morínigo Cáceres, como nuevo director jurídico de la previsional.

Morínigo Cáceres fue designado en reemplazo del Abog. Enrique Arturo Galeano Moreno, según resolución 036-006/2026 y lleva la firma del titular de la institución, Dr. Isaías Ricardo Fretes.

Galeano permaneció en el cargo por casi dos meses, tras la salida de José González Maldonado, este último investigado por el Ministerio Público

Morínigo se desempeñaba como funcionario de la Procuraduría General de la República, cargo desde el cual llega a la nueva función en el ente previsional.

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Igualmente, el nuevo jefe jurídico forma parte del Tribunal de Conducta de la Asociación Nacional Republicana (ANR).

Una de las prioridades de la institución sería la verificación de los contratos de abogados externos vinculados al área jurídica.

Otra de las actividades a ser encaradas por la nueva jefatura de la dirección jurídica será igualmente la revisión de los alquileres de inmuebles pertenecientes al IPS, auditoría que actualmente está a cargo de la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) que es el órgano técnico-normativo de control interno que asiste a la Presidencia de la República.

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