Para el inicio de este proceso, el subcontralor Augusto Paiva se reunió este lunes con la mesa directiva de la Cámara Baja con el fin de elaborar la próxima calificación de la instancia legislativa. Foto: Gentileza.
Cámara de Diputados será evaluada por la CGR en el marco de Mecip 2015
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La Contraloría General de la República (CGR) inició el proceso de evaluación a la Cámara de Diputados en el marco de la implementación del Modelo Estándar de Control Interno del Paraguay (Mecip 2015). Para el inicio de este proceso, el subcontralor Augusto Paiva se reunió este lunes con la mesa directiva de la Cámara Baja con el fin de elaborar la próxima calificación de la instancia legislativa.
En este contexto, también un equipo técnico de la entidad contralora inició su proceso de evaluación, la segunda, de acuerdo a las explicaciones del vicepresidente primero de la Cámara de Diputados, Ángel Paniagua, tras la reunión con el subcontralor que se desarrolló en la fecha en la presidencia de la Cámara Baja.
“Es la segunda vez que el personal técnico de la Contraloría se encuentra evaluando la gestión del plantel de funcionarios con que cuenta la Cámara de Diputados; actualmente estamos entre las cinco instituciones mejor calificadas de entre todas las instituciones públicas del Estado, que no hubiera sido posible sin el trabajo profesional y responsable de los funcionarios”, refirió el diputado Ángel Paniagua.
Esta evaluación se reflejará en la próxima calificación en la cual se evalúa el desempeño de los funcionarios con respecto a las Normas de Requisitos Mínimos para el Sistema de Control Interno, de acuerdo al informe de Diputados. En este contexto, la vicepresidenta segunda, la diputada Norma Camacho, sostuvo que este control es muy importante, y teniendo en cuenta que en la primera evaluación la institución legislativa logró alcanzar la máxima calificación, indicó que seguirán acompañando este tipo de controles.
“El control interno, en cualquier institución, es muy importante; es una herramienta de prevención de cualquier irregularidad, sea administrativa o de gestión; desde la Cámara de Diputados acompañamos este trabajo y manifestamos nuestra voluntad política de continuar con este proceso”, apuntó la legisladora.
Mientras tanto, el subcontralor Augusto Paiva destacó que la Cámara Baja se encuentra entre las cinco mejores instituciones, y lo ideal es que la institución se debe mantener y mejorar esa calificación. “Estamos muy atentos al trabajo institucional; debo aclarar que no se trata de una auditoría; es un proceso para que la Cámara de Diputados siga fortaleciendo su mecanismo de control interno”, apuntó el representante de la Contraloría.
Diputados consideran inconstitucional proyecto de prisión permanente revisable
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Por Lourdes Torres - Periodista - lourdes.torres@nacionmedia.com.
Los diputados de la bancada oficialista, Rocío Abed y Derlis Rodríguez, coincidieron en manifestar que el endureciendo las penas no ayuda a reducir la criminalidad, en relación al proyecto de ley de Rubén Rubin que plantea la prisión permanente revisable, que señalan como inconstitucional porque en esencia es una cadena perpetua.
En comunicación con La Nación/Nación Media, la diputada Abed, líder de la bancada oficialista, comentó que los casos de crímenes que tuvo por víctimas a niñas como Melania y María Fernanda, han destrozado la moral y verdaderamente interpela a todos como sociedad, porque el sistema falló y no se pudo proteger a esas niñas.
Indicó que, si bien esta situación genera un sentimiento colectivo, lo que corresponde es llevar adelante un pensamiento reflexivo en el ámbito legislativo. Señaló que el proceso de creación de leyes es dinámico, se debe tener mucho cuidado sobre todo en el Derecho Penal, y tener en cuenta que la norma se debe fundamentar en principios de racionalidad, justicia y estabilidad del sistema legal.
“El proyecto presentado y muy promocionado por el colega, al que le pone el rótulo de la figura de Prisión Permanente Revisable, pero en realidad el contenido del proyecto es totalmente diferente. No tiene los elementos, los principios, ni las características de ese tipo de sanción penal. El proyecto del colega plantea una cadena perpetua simple y llanamente bajo otro título”, explicó Abed.
La diputada Rocío Abed se opuso al planteamiento que busca establecer penas de 90 años. Foto: Gentileza
Derecho a la reinserción social
Señaló que el planteamiento deviene inconstitucional, en razón de que al establecer penas excesivamente elevadas (90 años) no se abre la posibilidad, en ningún caso, de prever un margen de acceso a uno de los preceptos constitucionales consagrados en su artículo 20, que es el de la reintegración del individuo a la sociedad.
“Debemos evitar caer en el populismo punitivo. Si bien, la Prisión Permanente Revisable es una figura interesante, adoptada por varios países democráticos, esta debe basarse en dos principios fundamentales: 1) la proporcionalidad de la pena frente a crímenes particularmente aberrantes y 2) la posibilidad de revisión que garantice el respeto a la dignidad humana”, puntualizó.
Agregó que estaría de acuerdo en una propuesta seria, estudiada y a luz de lo que establece el artículo 20 de la Constitución Nacional, con el aporte de expertos, la cartera competente y legisladores podría ser factible, legítima y sobre todo compatible con la Carta Magna. Teniendo en cuenta la doble finalidad constitucional de las penas privativas de libertad, las cuales son la protección de la sociedad y, por el otro, la readaptación del condenado.
Reducir la prisión preventiva
A su turno, el diputado Rodríguez indicó a esta redacción que esta semana última tuvieron dos audiencias públicas, donde contrariamente al planteamiento de su colega Rubin, están analizando la posibilidad de mantener las penas privativas e incluso ver la forma de reducir incluso las prisiones preventivas, atendiendo la alta aglomeración de personas privadas de libertad en las cárceles, que están con el doble de su capacidad.
“Limitar la prisión preventiva a un máximo de 2 años busca reducir la sobrepoblación en las penitenciarías, garantizar los derechos fundamentales y mejorar la eficiencia del sistema judicial. La reforma no beneficia a corrupción ni a delincuentes, sino que busca promover una justicia más justa, rápida y respetuosa de los derechos humanos”, explicó.
El diputado Derlis Rodríguez considera que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen la Constitución. Foto: Archivo.
Igualmente, coincidió que lo que se debe trabajar más profundamente son en los planes de reinserción de las personas privadas de libertad. “Tenemos situaciones como las que se tuvo recientemente en Caazapá, justamente porque el sistema penitenciario no trabaja en lo que la Constitución y las leyes dicen que es la reinserción social del recluso”, señaló.
Por lo expuesto es que considera también que el planteamiento de su colega va en contra posición a lo que establece las leyes. “Por sobre todo, no es lo que el espíritu constitucional tiene. Además, debemos recordar que cualquier cambio legislativo debe estar en armonía con los principios fundamentales que rigen nuestra Constitución”, refirió Rodríguez.
Finalmente, indicó que la Constitución Nacional coloca un fuerte énfasis en la rehabilitación y reintegración de los condenados, lo cual es reflejado en el artículo 20. “Este enfoque busca no solo proteger a la sociedad, sino también ofrecer a los infractores la oportunidad de redimirse y contribuir positivamente a la comunidad, un principio que se encuentra en el corazón de la justicia restaurativa”, concluyó.
Hay una alta demanda comercial de explosivos utilizados en canteras para la elaboración de materiales de construcción; que obliga a la Dimabel solicitar una ampliación presupuestaria para compra de insumos. Foto: Archivo
Diputados analizará pedido de ampliación para Dimabel para compra de explosivos
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Este martes, la Cámara de Diputados tiene previsto analizar un proyecto de ampliación presupuestaria para el Ministerio de Defensa Nacional, destinada a la adquisición de materias primas para explosivos.
El general Melanio Servín, titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) explicó que este pedido es para responder a la alta demanda comercial de explosivos, en el ámbito de la construcción.
En conversación con La Nación/Nación Media, señaló que el año pasado tuvieron un recorte a la propuesta de presupuesto para este año, y esoestá obligando ahora a solicitar de vuelta una ampliación, debido a la alta demanda comercial. Tienen recursos para aguantar un tiempo más pero no para llegar a fin de año.
La propuesta que ahora es impulsada por el Poder Ejecutivo propone una ampliación presupuestaria de G. 36.989.084.573, con Recursos Institucionales (Fuente 30), para el Ministerio de Defensa Nacional.
Estos recursos serán destinados a la adquisición de materias primas para la producción y comercialización de explosivos, accesorios y productos afines, en cumplimiento con la Ley N° 7411/2024 sobre armas de fuego, municiones, explosivos y artículos pirotécnicos. Este proyecto está en su primer trámite constitucional.
El general Melanio Servin, titular de la Dirección de Material Bélico (Dimabel) explicó las razones de la ampliación presupuestaria solicitada al Congreso. Foto: Archivo
Recursos insuficientes
El general Servín explicó que el año pasado recibieron un presupuesto total de G. 72 mil millones, de los cuales un poco más de G. 50 mil millones fue destinado a explosivos, pero ya entonces habían quedado cortos o insuficientes, en razón al aumento de la demanda por uso comercial de explosivos en el Paraguay.
“Ya el año pasado recurrimos a ampliaciones con transferencia de créditos, todos de fuente 30, para poder tener los explosivos de uso comercial, para todas las canteras del país. Hay un crecimiento aproximado del 15 % anual. Por eso, para este año se había pedido aproximadamente un presupuesto de 130 millones de guaraníes”, explicó.
Indicó que, si no se logra esta ampliación, en unos 30 a 60 días comenzarán a tener problemas para el flujo en la reserva y eso puede repercutir en el ámbito de la construcción/economía del país.
“Por eso, ya habíamos solicitado este presupuesto de G. 130 mil millones, pero lastimosamente se nos dio un presupuesto de un poco más de G. 70 mil millones este año, lo cual es totalmente insuficiente. En este momento, estamos cumpliendo gracias a las transferencias de fuente 30 de las Fuerzas Armadas para cumplir con la demanda. Es por eso, que solicitamos ahora esta ampliación de vuelta”, explicó.
Remarcó que ahora, nuevamente están presentando en el anteproyecto del Presupuesto General para el 2026, de vuelta el presupuesto de G. 135.000 millones, para no tener que volver a recurrir a ampliaciones el próximo año.
Llegando al tope
Respecto al stock con el que cuentan para este año, señaló que ya hay materiales que están llegando al tope, por ello ya están recurriendo a la transferencia de créditos de las Fuerzas Armadas, siempre en lo que hace a fuente 30 y con ello están cubriendo mínimamente las necesidades.
“Acá lo ideal es tener materiales en guarda por lo menos para abastecer entre 6 a 8 meses, para poder garantizar los materiales que son primordiales para todo lo que son la construcción tanto para el Estado, como para el sector privado. Hay que recordar que toda la fabricación de cemento, cal, concreto, que se producen en las canteras, el 98 % utiliza explosivos”, acotó.
Finalmente, dijo que el proyecto de ampliación ya estaría contando con dictamen favorables de las respectivas comisiones asesoras de la Cámara Baja, por lo que espera que este martes logre la media sanción correspondiente.
Contraloría confirma auditoría más compleja al IPS
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La directora de Control Gubernamental de la Contraloría General de la República (CGR), Gladys Fernández, explicó que a partir de ayer se puso en vigencia el nuevo plan financiero de auditoría, que prevé una auditoría financiera al Instituto de Previsión Social (IPS), cuyos resultados se conocerán en 2026. Este plan se aplica luego de la presentación del dictamen sobre el ejercicio fiscal del 2024 por parte del contralor general Camilo Benítez ante el Congreso Nacional.
“Está previsto, no solamente esa auditoría financiera, sino también combinada a una auditoría que van a participar otras áreas de apoyo, como la de contrataciones, de bienes patrimoniales, una auditoría integral. Se va a incluir también el fondo de jubilaciones, que a partir de este mes también está previsto que podamos controlar”, indicó para “Así son las cosas” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
AUDITORÍA FINANCIERA Y DE CUMPLIMIENTO
“La modalidad va ser una auditoría financiera y de cumplimiento, cuando hablamos de auditoría financiera, es una auditoría más compleja, abarca muchos aspectos, porque en la misma definición de la auditoría financiera tiene que tener errores, sesgos y fraude, quiere decir que el auditor tiene que identificar riesgos de fraude”, agregó la directora del ente contralor.
Señaló que una auditoría financiera, es más compleja y llevará más tiempo, teniendo en cuenta que abarca más rubros, más áreas, se aplican más procedimientos, no se trata de una fiscalización puntual, inmediata y rápida, que “tiene un procedimiento, pero que también se sustancia en evidencias mucho más fuertes, mucho más convincentes, mucho más confiable”. Mientras que la auditoría convencional es una verificación del grado de cumplimiento de las normativas legales y en vigencia.
TIEMPO DEPENDE DE LA INSTITUCIÓN
El tiempo estimado para concluir esta auditoría, depende de la institución, si es que coopera, y, en este caso, el presidente, Jorge Brítez, solicitó la auditoría, “lo que es un primer gran paso”, de acuerdo a la directora de la Contraloría. “El presidente presentó un pedido de auditoría financiera justamente a los fondos de IPS y, como nosotros, recién ahora, todos los auditores estaban abocados a la culminación del informe principal que presenta el contralor al Congreso, se estaban culminando las auditorías, y quedó esta auditoría (del IPS) que comience este mes, que en una semana ya estaríamos comunicando”, detalló Fernández.
Viceministro de Salud aclara observaciones de la Contraloría sobre compras irregulares
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El viceministro de Atención Integral a la Salud, Saúl Recalde, se refirió a las observaciones realizadas por la Contraloría General de la República en una auditoría correspondiente a los ejercicios fiscales 2023 y parte del 2024, que detectó supuestas compras de medicamentos vencidos y destinados a pacientes fallecidos.
Según explicó Recalde, las irregularidades señaladas por la Contraloría corresponden a procesos administrativos y de compras iniciados en años anteriores, y en muchos casos involucran gestiones previas al actual equipo del Instituto Nacional del Cáncer (Incan), cuya estructura fue renovada casi en su totalidad.
“Hoy puedo asegurar que los contratos vigentes ya contemplan el canje de medicamentos por vencer”, afirmó el viceministro, al tiempo de señalar que los registros deficientes en años anteriores incidieron directamente en el desorden de las compras.
Respecto a la supuesta compra de medicamentos para pacientes fallecidos, Recalde sostuvo que en algunos casos se trató de adquisiciones realizadas bajo el objeto de gasto 915, que contempla recursos para cubrir situaciones judiciales como los amparos. “Estos informes van directamente a la asesoría jurídica y luego a la dirección financiera. Puede haber ocurrido que la notificación de compra ya haya llegado tarde”, explicó.
El viceministro también advirtió que actualmente el 25 % del presupuesto del Incan se destina a cumplir con recursos de amparo, y que diariamente se reciben alrededor de 40 de estas medidas judiciales. En ese sentido, consideró clave mejorar el ordenamiento del sistema de compras y establecer un trabajo coordinado con la Defensoría.
Finalmente, señaló ante la 1020 AM que la implementación del Registro Nacional de la Red Oncológica y la aprobación de protocolos específicos permitirán optimizar los procesos de adquisición de medicamentos y garantizar una mayor transparencia.