A menos de dos meses de las elecciones generales, los candidatos al Congreso Nacional exponen parte de sus propuestas a la ciudadanía. Al respecto, el candidato a diputado por la Alianza Encuentro Nacional en representación del departamento Central Raúl Benítez manifestó que trabajará en tres ejes principales si llega a ocupar una banca.
El político especificó que parte de su tiempo empeñará en la mejora del servicio de transporte público, ya que actualmente es uno de los que más reproches ciudadanos recibe. En ese sentido, dijo que se enfocará en el uso eficiente de los subsidios para ver un real “progreso” en el transporte.
“Trabajamos en tres ejes principales, por los que lucharemos en la cámara. Uno de ellos es el transporte público, ya que suben los montos de subsidio, pero no hay mejora”, precisó el político en contacto con la 1140 AM.
En ese marco también habló de que se debe promover un mayor uso de movilidad eléctrica en paralelo al servicio de transporte. “Debemos exigir la transparencia del billetaje electrónico y promover un Paraguay eléctrico” , sostuvo.
Otra de sus propuestas y eje de campaña es la educación pública. Benítez indicó que se debe pelear por reivindicar la situación que atraviesa este sector sumamente importante para el desarrollo del país. “Debemos llegar a la Cámara de Diputados con la misma lucha e ir peleando por la educación pública”, aseveró.
En cuanto a su candidatura, contó que decidió apostar por el Encuentro Nacional ya que es un partido que refleja sus convicciones y siendo joven asegura que tiene el deseo de devolver esperanza a sus contemporáneos, ya que hoy muchos dejaron de creer en la política partidaria.
“El Encuentro Nacional no me condicionó, mis luchas son las mismas y me permitieron tener un lugar. Uno de los desafíos es volver a recuperar la esperanza de la gente. La desesperanza inmoviliza a los jóvenes y hace que no nos involucremos”, aseveró.
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Proponen ley para implementar educación cívica obligatoria en todas las escuelas
Un total de siete diputados presentaron un proyecto de ley denominado “Ley de Educación Cívica”, que busca establecer un marco jurídico para la implementación obligatoria en todo el sistema educativo del país. El objetivo es formar ciudadanos responsables y comprometidos con conocimiento profundo de sus derechos, deberes y obligaciones establecido en la Constitución Nacional.
Los proyectistas son el legislador independiente Jatar Fernández, junto con sus pares colorados Raúl Latorre presidente de la Cámara Baja; Saúl González; Santiago Benítez; José Domingo Adorno; Yamil Esgaib; y María Ida Cattebeke.
De acuerdo a la exposición de motivos, la propuesta resalta que la educación cívica no se limita a la transmisión de conocimientos, sino que se centra en inculcar valores aceptados socialmente y desarrollar competencias para la participación activa en espacios públicos y políticos.
Señalan que esta formación debe comenzar desde la primaria y extenderse hasta el final de la escolarización obligatoria, promoviendo discusiones sobre temas públicos y políticos relevantes para la realidad social del país.
“La educación cívica busca que el ciudadano no solo sea capaz y útil para sí mismo, sino también para la sociedad donde nace, se desarrolla y muere”, destacan los legisladores en el documento.
Además, se enfatiza que la Constitución de 1992 establece como deber del Estado garantizar la formación intelectual, moral y cívica de sus ciudadanos, lo que convierte a este proyecto en una herramienta clave para cumplir con ese mandato.
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Liderazgos positivos
El proyecto también resalta la oportunidad de liderar un cambio de paradigma en Paraguay, fomentando una ciudadanía informada que participe, activamente, en la gestión del poder público y el bien común.
“Es necesario que las futuras generaciones comprendan que de ellas depende generar los espacios de poder y gestionarlos en beneficio de la comunidad”, señala la exposición de motivos.
El proyecto de ley está estructurado de la siguiente manera:
Objeto: Complementar la Ley General de Educación, asegurando que los estudiantes adquieran conocimientos sobre la Constitución Nacional, los derechos y garantías que ofrece, las obligaciones ciudadanas y los límites al poder del Estado en el marco de un Estado social de derecho.
Obligatoriedad: La educación cívica será de carácter obligatorio en todas las instituciones educativas, ya sean públicas, subvencionadas o privadas. Desde la primaria, se incluirá el estudio de la Constitución, mientras que en la secundaria se incorporarán contenidos de derecho civil, penal y laboral.
Finalidad: Garantizar que los ciudadanos estén informados sobre sus derechos y obligaciones, promoviendo una participación informada en el poder público, como lo establece la Constitución.
Ejecución: El Ministerio de Educación y Ciencias será el encargado de implementar la ley, proporcionando los recursos técnicos y pedagógicos necesarios. La puesta en marcha deberá completarse en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigencia de la ley.
Los legisladores proponentes consideran que la iniciativa busca no solo incluir la educación cívica como una asignatura más, sino integrarla de manera transversal en el currículo escolar, fomentando el debate y la reflexión sobre la realidad social y política.
“Con esta propuesta, buscamos formar ciudadanos que no solo dominen conocimientos técnicos o humanísticos, sino que también estén comprometidos con el ejercicio de la soberanía popular y la construcción de una sociedad más justa y participativa”, detallan los proponentes en el documento que justifica la presentación del proyecto.
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Congreso destinará fondo del obelisco a la reparación de sus ascensores
El presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, informó este viernes que tomó la decisión de reprogramar los recursos económicos destinados para la construcción de monumentos históricos a la renovación total del sistema de ascensores del Legislativo.
Entre las obras históricas que se deseaban impulsar con un fondo total de G. 4.280 millones figuraban la construcción de un obelisco y estatuas conmemorativas de la Guerra del Chaco en las inmediaciones del puente Héroes del Chaco, que conecta Asunción con Nueva Asunción, sobre el río Paraguay.
La propuesta para la construcción del obelisco fue presentada por la Comisión Nacional de Puesta en Valor y Recuperación del Patrimonio Tangible de la Historia del Paraguay del Senado, que preside el senador Colym Soroka, con el objetivo de rendir homenaje a los fallecidos en la contienda chaqueña. El monumento, cuya construcción finalmente no prosperará, iba a tener una altura de 40 metros y estatuas de figuras como el soldado desconocido o las enfermeras que asistieron a los combatientes.
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La decisión anunciada por Núñez en sus redes sociales fue dada a conocer tras el incidente registrado ayer jueves en la Cámara de Diputados, donde cuatro funcionarios quedaron atrapados en el elevador en el segundo piso del edificio parlamentario, por aproximadamente una hora. El personal de enfermería y policial logró rescatar a tres mujeres mayores de edad, que padecen de hipertensión, y a un hombre.
El pasado 28 de julio, el Poder Ejecutivo vía Decreto n.º 4309 había oficializado la ampliación presupuestaria para el Congreso Nacional por un monto total de G. 4.280 millones. En este paquete se incluía un fondo de G. 1.880.000.000 para el Centro Cultural de la República El Cabildo, que se destinaría a una obra ubicada en el terreno colindante a la Casa Bicentenario de la Música “Agustín Pío Barrios”, en la calle Cerro Corá entre Tacuary y Estados Unidos, actualmente utilizado como estacionamiento, que se planteaba para la sala de ensayos de la Orquesta Sinfónica de la Orquesta del Congreso de la Nación - OSIC.
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Abren sumario a sobrinos de senadora liberal acusados de planillerismo
El titular del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, comunicó este jueves la apertura de un sumario administrativo para Iris Rebeca Giménez Cabrera e Iván Ramiro Giménez Cabrera, acusados por planillerismo. Ambos son sobrinos de la senadora liberal Noelia Cabrera Petters.
“Desde que asumí, digo y sostengo que no vamos a tolerar ningún hecho de planillerismo, provenga de donde provenga, pero también damos a los funcionarios la posibilidad de la defensa que se encuentra consagrada en nuestra Constitución Nacional“, comentó Núñez.
Iván Ramiro e Iris Rebeca Giménez Cabrera fueron contratados en agosto del 2023 para prestar servicios en el Poder Legislativo, específicamente en la Comisión de Derechos de Personas con Discapacidad del Senado. Según las publicaciones periodísticas, ambos no se presentaban en sus puestos de trabajo y acudían regularmente durante el horario laboral, de abril a julio de este año, al estudio jurídico del abogado Milciades Centurión; supuesta pareja de la parlamentaria.
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Iván Ramiro percibe un salario de G. 13.500.000 mientras que su hermana Iris Rebeca recibe un sueldo de G. 8.00.000. “Vamos a recabar todos los datos, se pedirá el informe del trabajo periodístico que será la función del juez sumariante para determinar quiénes son los culpables, si ambos estaban en alguna comisión, si estaban a cargo de algún senador o si estaban sobre un régimen especial”, dijo el parlamentario.
Núñez detalló que el sumario tendrá una duración aproximada de 30 días y se verá la suspensión del cobro de salario para ambos. “Con manos firmes se instruye un sumario y que tenga una celeridad para que la ciudadanía sepa que sucede con los recursos públicos“, sentenció.
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Reforma del transporte público: reducir tiempo y eliminar reguladas, principales objetivos
El proyecto de ley “que establece la rectoría sobre el transporte terrestre y modifica y amplía disposiciones de la Ley 1590/2000, relativas al transporte público metropolitano de pasajeros”, cuenta con 122 artículos. Fue presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional y la Cámara de Senadores estableció el 3 de setiembre para su tratamiento en el pleno legislativo. El documento ya ingresó a la Cámara Alta y fue derivado a las comisiones asesoras.
“Actualiza el marco institucional del sector de transporte, organiza la elaboración de políticas y planificación e instaura, para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros, nuevos principios rectores y un marco regulador con orientación a la calidad y bienestar de personas usuarias, promoviendo un servicio eficiente, seguro, accesible, sostenible e integrado para el desarrollo económico del país”, establece el primer artículo.
El órgano rector del Sistema Nacional de Transporte y el encargado de elaborar, proponer y ejecutar las políticas y disposiciones del Poder Ejecutivo, referentes a las infraestructuras y servicios básicos para la integración y desarrollo económico, será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
El Viceministerio de Transporte, en función desconcentrada, estará a cargo de la regulación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros. Se incluye a la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran), y los municipios del área metropolitana.
Este proyecto de ley, impulsado por el Poder Ejecutivo, busca innovar el sistema del tansporte público, otorgando al usuario una movilidad 24/7; reducir el tiempo de espera; un menor gasto para el usuario; con viajes asegurados, seguridad y calidad. Como un servicio imprescindible, se apunta a la garantía de un servicio continuo y regular, erradicando las habituales reguladas.
Datos claves
- Reformas
La propuesta establece el diseño de un nuevo modelo operativo; la incorporación progresiva de buses eléctricos (1.000 unidades) y a diésel de bajas emisiones; mejoras significativas en la infraestructura vial como la renovación de la avenida Mariscal López, la duplicación del tramo Mariano Roque Alonso–Aeropuerto y obras en la ex Ruta 1 que contempla la implementación de carriles exclusivos y paradas renovadas.
- Innovaciones
Se establece separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses; por lo que el Estado contratará la flota y definirá que esos buses son bienes afectos al sistema.
Se pretende la incorporación de tecnología y mejorar la planificación urbana para transformar la experiencia del usuario.
También una integración tarifaria, monitoreo en tiempo real y que cada persona pueda saber desde su celular cuándo llega su bus.
Se incluirá incentivos para que más mujeres se sumen como conductoras.
- Concesiones (artículo 31)
1) Deberán otorgarse por medio de un contrato y previa licitación pública.
2) Serán por plazo determinado, contado a partir de la fecha de celebración del respectivo contrato.
3) Podrán ser gratuitas, onerosas o subvencionadas de conformidad con las políticas tarifarias aprobadas por el Poder Ejecutivo.
4) Serán otorgadas por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, por intermedio del Viceministerio de Transporte, quien actúa en calidad de Concedente en representación del Estado.
5) Se suscribirán, para el caso del componente de operación, con sociedades de objeto específico, en carácter de concesionarios.
6) Se extinguirán por vencimiento del plazo contractual, por terminación anticipada atribuida a cualquiera de las partes, rescate, quiebra, concurso de acreedores, disolución y liquidación del concesionario, y por los demás hechos o circunstancias previstos en el contrato de concesión.
- Provisión de flotas
La flota para la prestación del servicio de transporte público metropolitano de pasajeros no podrá contar con buses de más de 15 años de antigüedad, computados a partir del año modelo de cada unidad. En caso de que una unidad supere este límite durante el periodo de prestación del servicio, deberá ser retirada y reemplazada por otra. El Viceministerio de Transporte podrá determinar la antigüedad promedio de la flota en los niveles que permitan una mayor estandarización del servicio en su conjunto. (Artículo 49).
El contrato de concesión para la prestación de los servicios de provisión de flota tendrá una duración máxima de 15 años. (Artículo 50).
- Tarifas
1) Asequibilidad: considerará la capacidad de pago promedio de las personas usuarias.
2) Equilibrio y Sostenibilidad: reflejará el monto necesario para remunerar los costos de operación que se le imputen en el diseño tarifario, para garantizar la eficiencia y sostenibilidad financiera.
3) Integración: incluirá los costos de los diversos servicios y modos de transporte público con el objeto de facilitar el logro de una sola tarifa al usuario o pasaje integrado incluyendo eventuales trasbordos.
4) Beneficios tarifarios: contemplará beneficios para grupos poblacionales específicos establecidos en leyes especiales tales como: estudiantes secundarios, personas adultas mayores y personas con discapacidad, entre otras.
5) Uso frecuente: considerará incentivos de uso del servicio de transporte público de pasajeros tanto para personas usuarias, con descuentos o exoneraciones a partir de montos determinados de gasto mensual en viajes, como para empresas, con la utilización de bonos o vales de transporte al personal, entre otros. (Artículo 64).
Fuente: MOPC
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