La retórica totalitaria del esposo de Soledad Núñez, actual candidato a senador y fabricante de oenegés, Bruno Defelippe, sigue siendo motivo de discusión entre sectores de la sociedad. El periodista y docente universitario José “Pepe” Costa manifestó que no se puede obviar lo sucedido y dejar de analizar la peligrosidad de ese tipo de planteamientos, más aún en un contexto político en el cual se debate la instalación de un nuevo gobierno.
“Cuando los dictadores, a lo largo de la historia llegaron al poder, lo primero que hicieron siempre es atacar a dos instituciones fundamentales: la justicia y la prensa. Es decir, acabar con la libertad de expresión es algo que está en la agenda de quienes tienen una mentalidad autoritaria y un afán de concentrar el poder para arremeter en contra de la sociedad”, señaló el experto para el programa “Arriba Hoy”, por GEN/Nación Media.
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Afirmó que cuando aparecen tesituras que establezcan ese tipo de planteamientos deben existir atenciones maximizadas para permanecer en alerta. Pepe Costa afirmó que con formulaciones similares, el país se encuentra ante el inminente peligro de una regresión en materia de libertades, cuando uno de los elementos fundamentales encontrados dentro de la transición democrática son las libertades, entre ellas, la de expresión.
“Pedir cualquier tipo de censura contra medios de comunicación o periodistas constituye algo que va absolutamente en contra de lo que es una institucionalidad democrática y una República. Creo que todos los actores de la sociedad civil debemos estar alertas cuando se habla de censuras en sus diversas formas porque son planteamientos que tienen un tufo autoritario”, sentenció.
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Por otra parte, con respecto al silencio de determinados grupos periodísticos y actores políticos, el comunicador aseveró que eso puede constituir una condena para ellos mismos y su libertad de expresión el día de mañana. Más aún cuando ciertos medios han sufrido el atropello y la persecución durante la dictadura, por lo cual observa como algo inconcebible que hoy en día guarden silencio ante las expresiones deleznables de un candidato político.
La postura de Pepe Costa se enmarca en las expresiones vertidas por el esposo de Soledad Núñez, cuando afirmó en un programa de televisión que el diario La Nación se debería prohibir solo porque publica encuestas de diversas consultoras en las que los candidatos de la Concertación se encuentran muy desfavorecidos, no coincidiendo así con su línea política.
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Síndrome de Timisoara
- Por Felipe Goroso S.
El 16 de diciembre de 1989, miles de personas salieron a las calles de Timisoara, en Rumania, para protestar contra la dictadura de Nicholai Ceausescu. Unos días después de la masacre de Timisoara, Ceausescu pronunció un discurso en Bucarest ante cien mil personas, que acallaron al excéntrico tirano con gritos de “¡Timisoara!” y “¡Abajo los asesinos!” Ceausescu intentó escapar del país con mil millones de dólares, pero fue capturado y ejecutado.
Con la partida de Ceausescu, los periodistas occidentales estaban invitados a ver los horrores de su régimen. Ya el día del derrocamiento de Ceausescu, los habitantes de Timisoara estaban desenterrando fosas comunes. Hubo sesenta y cinco muertos y cerca de trescientos heridos el primer día de manifestaciones, el 17 de diciembre. El 22 de diciembre de 1989, se mostraron diecinueve cadáveres encontrados en una tumba poco profunda como víctimas de la dictadura. La agencia de noticias yugoslava Tanjug citó un número de muertos de 4.630, cifra recogida más tarde por otras agencias de noticias europeas, varias de ellas con cierto prestigio. Robert Maass tomó una infame fotografía de un hombre no identificado llorando sobre los cuerpos de una madre y un bebé. Aunque en aquel momento se suponía lo contrario, más tarde se supo que el hombre que lloraba y la mujer muerta no eran los padres del bebé muerto. Un mes después, resultó que los cadáveres eran de personas que murieron antes de que se produjera la protesta: la madre murió de cirrosis y el bebé de síndrome de muerte súbita del lactante.
Se había montado el espantoso escenario principalmente para los medios de comunicación. Las cadenas de noticias de todo el mundo repitieron imágenes sin editar (y obviamente, sin verificar ni corroborar) provenientes de la televisión rumana, lo que aumentó la desinformación. Para entonces, los periodistas de la AFP constataban en privado que la cifra de 70.000 muertos registrada en toda Rumanía era probablemente muy exagerada. Menos de un año después, se cuestionaba las imágenes transmitidas por los canales de todo el mundo. Al poco tiempo, se confirmó que los muertos mostrados habían sido desenterrados en un “cementerio de pobres” para darle verosimilitud a la “noticia”. Algunos huesos eran de animales y los cadáveres maquillados y puestos sobre el suelo para que los corresponsales los fotografiaran.
Siguió la controversia y Timisoara se convirtió en sinónimo de manipulación y sensacionalismo de los medios. Es una noticia falsa que ilustra claramente y obliga a algunas preguntas, muy oportunas, por cierto: ¿Pueden los periodistas escapar de los intentos de manipularlos? ¿Puede el público entregar su confianza a los intereses corporativos, comerciales de las líneas editoriales de grupos mediáticos que abiertamente asumen posiciones políticas repletas de saña y animadversión?
Hay mentiras tan gruesas que parecen ser verdad, sobre todo si van acompañadas de “documentos”. Las espeluznantes fotos de la carnicería de Timisoara recorrieron el mundo, en una época en la que no había redes sociales, ni preocupación por la “posverdad”, ni verificadores de hechos. Entonces todo entraba, y alguno diría que esa escuela del periodismo tiene sus adoradores en Paraguay hasta hoy y goza de muy buena salud.
En fin, en aquella época estaba muy claro dónde estaba la fuente de las mentiras, quién inventaba las “noticias” sin ninguna clase de escrúpulos. Una “noticia” así tapa otras realidades, como la corrupción del gobierno de Mario Abdo Benítez sobre la cual se sigue manteniendo un silencio tan cómplice como criminal.
Tras el descubrimiento del fraude de Timisoara, se la consideró como “el primer triunfo mundial de la sociedad del espectáculo”. Ignacio Ramonet habló de “medios necrófilos”, ávidos de crímenes, matanzas y toda clase de desgracias. “La falsa fosa común de Timisoara es probablemente el mayor engaño desde la invención de la televisión”, escribió el periodista. Ahora ya estamos acostumbrados a que nos engañen, pero entonces fue una sorpresa, sobre todo para los menos avispados en este tipo de montajes.
La mentira es una industria que genera beneficios, tantos más cuanto más gruesa es y más se adorna con términos apocalípticos, como “dictadura”, “atropello”, “copamiento” y otros. Por el contrario, la verdad ni se compra ni se vende.
La frenética obsesión por obtener y difundir informaciones no verificadas o directamente falsas se conoce como el síndrome de Timisoara. El permanente ánimo de espectacularización, dramatismo y morbo de la puesta en escena de la información pueden poner en entredicho el sacrosanto deber de proveer al público información veraz y fidedigna. Es en este punto que sobreviene la cuestión deontológica de los límites de la información: ¿es posible, en nombre del legítimo derecho a informar, decirlo todo y, lo que se dice, decirlo magnificándolo y sobre todo sin haberlo chequeado porque el ánimo de ensuciar es más fuerte que la obligación de publicar la verdad?
Tras el descubrimiento del fraude de Timisoara, se la consideró como “el primer triunfo mundial de la sociedad del espectáculo”.
La frenética obsesión por obtener y difundir informaciones no verificadas o directamente falsas se conoce como el síndrome de Timisoara.
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Plantean proyecto para transparentar millonarios financiamientos de oenegés
Un proyecto de ley que será estudiado en el Senado podría poner fin al millonario negocio montado por algunos sectores a través de organizaciones que se dicen sin fines de lucro, pero que en la realidad equivalen a empresas que manejan millonarios fondos. Entre los casos más escandalosos que trascendieron en los últimos tiempos están la red de oenegés de los excandidatos de la Concertación, Bruno Defelippe y Soledad Núñez, que mueven millones y el Centro de Información y Recursos para el Desarrollo (CIRD) que rapiñaron fondos públicos en pandemia con sueldos para clan del presidente de la organización.
- Unidad de Investigación Nación Media
En los próximos días deberá iniciar el recorrido legislativo del proyecto de ley que establece el control del financiamiento, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro (OSFL).
El proyecto generó ya molestias en algunos sectores incluso antes de su presentación. Varios de esos sectores están directa o indirectamente vinculados con personas que están ligadas a verdaderas redes de oenegés que manejan millonarios fondos, como los excandidatos de la Concertación, Bruno Defelippe y Soledad Núñez.
DEBERÁN REGISTRARSE
Como primer punto, el proyecto de ley alcanzará a las asociaciones inscriptas con capacidad restringida, las asociaciones que tengan por objeto el bien común, las asociaciones de utilidad pública, las fundaciones, los organismos no gubernamentales, las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, las agencias especializadas, los organismos internacionales reconocidos por la república y demás personas jurídicas extranjeras, así como cualquier persona física o jurídica o estructura jurídica, que reciban o administren fondos públicos o privados, de origen nacional o internacional, a ser destinados o de alguna manera guarden relación con sectores de competencia del Estado, las gobernaciones, las municipalidades, de los entes autárquicos, autónomos.
Es decir, el proyecto alcanzará a aquellas organizaciones que manejen fondos en relación directa con las actividades públicas. Todas estas organizaciones, de acuerdo con el proyecto de ley, deberán inscribirse en el Registro Nacional de Organizaciones sin Fines de Lucro (OSFL), que dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas.
MÁS CONTROLES Y TRANSPARENCIA
Un punto resaltante del proyecto de ley es que las OSFL deberán registrar en sus estatutos sociales las identidades de sus constituyentes, además de su objeto, sus fuentes de financiamiento como también con un libro de registro del financiamiento nacional o extranjero, público o privado.
También deberán registrar detalladamente el uso y destino de los fondos que reciban con sus correspondientes facturas y documentos respaldatorios. Además, deberán llevar una lista pormenorizada de todos los profesionales, técnicos, especialistas, personal de cualquier índole, otras OSFL o de cualquier otra persona jurídica, nacionales o extranjeros, que sean contratados o de cualquier manera cumplan tareas o presten servicios vinculados al uso y destino de los fondos que reciban las OSFL.
Otra obligación será la de la presentación de informes semestrales ante el Ministerio de Economía. Y los organismos y entidades del Estado, las municipalidades o entidades binacionales no podrán firmar convenios con OSFL que no estén registradas y al día con sus obligaciones.
MILLONARIOS NEGOCIOS
Un claro ejemplo de las redes que se han generado con las OSFL pare recibir millonarios fondos es la dupla de excandidatos de la Concertación, compuesta por Soledad Núñez y Bruno Defelippe.
La pareja inició su camino como voluntarios, pero con el tiempo tejieron una extensa red de negocios que operan bajo el disfraz de organizaciones sin fines de lucro, todas articuladas por la empresa de Defelippe, bajo la apariencia de “alianzas”, y que cuentan con la participación de un selecto grupo de amigos. Esta intrincada red moviliza miles de dólares provenientes de organismos multilaterales, con la correspondiente contrapartida estatal, alimentando proyectos millonarios que generan lucrativos financiamientos destinados a consultorías y emprendimientos, mayormente dirigidos hacia los miembros de esta influyente élite.
Lo que en sus inicios fue un modesto voluntariado, evolucionó rápidamente hacia un próspero esquema de negocios, aprovechando proyectos públicos relacionados con áreas como el emprendedurismo, la tecnología, la innovación e incluso la contratación de personal docente. Todo ello, presentado bajo la apariencia de promover la “gobernanza” y la “democracia”, permitió a la pareja de candidatos consolidar su base política, siempre amparados en el manto de las organizaciones no gubernamentales (ONG).
El epicentro de esta expansión de las oenegés que operan alrededor de proyectos públicos, movilizando sumas millonarias de guaraníes, se encuentra en Koga Impact Lab, empresa fundada por Defelippe en 2015 con una financiación inicial de USD 900 mil del Fondo Multilateral de Inversiones (Fomin) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y otros USD 700 mil de contrapartida local. Desde Koga se desprenden múltiples entidades, como la Asociación de Emprendedores del Paraguay (Asepy), responsable de presionar préstamos y promover iniciativas polémicas como las bicisendas en Asunción, entre otras.
La red de organizaciones derivadas de Koga, como la Red de Inversiones Ángel y Sistema B, se entrelaza con diversas instituciones públicas como el Mitic, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Industria y Comercio, principalmente Conacyt, obteniendo fondos para proyectos que, en muchos casos, benefician directamente a su círculo cercano.
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Milei escudriña pagos de indemnizaciones a víctimas de la dictadura
El gobierno de Javier Milei anunció una “auditoría integral” de las compensaciones otorgadas a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura argentina (1976-1983) después de casos de “irregularidades en el tratamiento o el pago”.
En un comunicado publicado el lunes por la noche, el Ministerio de Justicia anunció que auditará “todas las solicitudes realizadas en nombre de las leyes de reparación”, a la luz de varios procesos judiciales sobre compensaciones otorgadas fraudulentamente.
Las indemnizaciones por violaciones de derechos humanos durante la dictadura (detención, exilio o desaparición de un familiar, por ejemplo) están previstas por varias leyes llamadas “de reparación para las víctimas del terrorismo de Estado” promulgadas durante las décadas de 1990 y 2000.
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En los últimos años, varios procedimientos judiciales han revelado fraudes, incluido un caso famoso en el que cinco personas fueron acusadas a finales de 2023 como una organización criminal que había utilizado documentos y testimonios falsos.
El gobierno peronista anterior (2019-2023) también había iniciado acciones legales e investigaciones contra “bandas” especializadas en obtener este tipo de reparaciones.
El actual Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, precisó que había “más de 100 casos” sospechosos de haber recibido alrededor de 150.000 dólares, basados en documentos o testimonios irregulares.
“En 2021, las solicitudes de indemnización para familiares de desaparecidos ascendían a 7.996 casos. Y para exiliados, 14.400 casos. En el caso de los exiliados, hay mucho fraude sobre quién estaba y quién no estaba”, declaró el ministro en el canal televisivo LN+.
“Se habla de sumas incalculables. Hay muchos (casos) legítimos pero también muchos pecadores. Se ha pagado una cantidad enorme de dinero y queda por pagar. Pero quiero encontrar quiénes son los pecadores”, añadió Cuneo Libarona.
Tras la medida, la vicepresidenta Victoria Villarruel, cercana a los militares, llamó en sus redes sociales a “auditar el curro (negocio espurio) de los derechos humanos” y “revisar las millonarias indemnizaciones que se dieron”.
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El exsecretario de Derechos Humanos (2019-2023) Horacio Pietragalla señaló en sus redes que el caso fraudulento que motivó la medida fue denunciado por su gestión, y consideró que la decisión del gobierno “es una estrategia para no dar respuestas a los expedientes actuales, dilatar las obligaciones del Estado, no reconocer a las víctimas del terrorismo de Estado y cubrir (con) un manto de sospecha a nuestra gestión”.
Fuente: AFP
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Latorre será orador en importante reunión de políticos del mundo
El presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay, Raúl Latorre, fue invitado a participar de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), que se desarrollará en la ciudad de Budapest, en Hungría.
El evento se celebrará los días 25 y 26 de abril próximos, ocasión en la que Latorre participará junto a otros legisladores y líderes de todos los países del mundo, en especial de Europa.
A través de sus redes sociales, el legislador, que pertenece a la bancada oficialista, confirmó que acudirá al evento en calidad de orador. “Podremos llevar la voz de Paraguay a uno de los eventos más grandes e influyentes del mundo de los líderes, que defienden los valores de la democracia”, expresó.
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A este evento asistirá también el senador colorado Gustavo Leite, quien había manifestado que el principal tema que se abordará en este encuentro es el avance de las políticas globalizadas, una preocupación de varios sectores políticos.
La Conferencia de Acción Política Conservadora es una reunión de políticos conservadores, la más grande e influyente del mundo. Esta asamblea fue lanzada en 1974, y reúne a cientos de organizaciones conservadoras, miles de activistas, millones de espectadores y a los mejores y más brillantes líderes del mundo.
La CPAC es el tercer evento político y de prensa del año, detrás del Estado de la Unión y la cena de Corresponsales de la Casa Blanca, lo que pone a la CPAC en el centro de los medios de comunicación durante los días que dura el evento.
Según publicación del Daily New Hungary, en la reunión del CPAC participarán un senador estadounidense, dos congresistas estadounidenses y los líderes de varios partidos europeos.
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