En el cierre del quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrado del 22 al 24 de junio del 2026 en la Ciudad de Panamá, el Estado paraguayo planteó que la lucha contra el crimen organizado debe convertirse en una prioridad regional basada en la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre Estados.

El gobierno de Paraguay estuvo representado por el vicecanciller Víctor Verdun y el primer secretario, Luis Jerónimo Sann Irún, quienes coincidieron en el planteamiento de dejar de lado las diferencias ideológicas para enfrentar amenazas transnacionales que afectan la seguridad, la democracia y el desarrollo de las naciones.

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Este encuentro multilateral se desarrolla bajo el lema "América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá“, y con el tema ”Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros“.

Al respecto, Vedun señaló que la inseguridad es el principal problema de la región; si bien, indicó que América Latina suele considerarse una zona de paz por la ausencia de guerras, recordó que solo el año pasado hubo unas 100.000 víctimas de crímenes violentos, de los cuales el 30 % fueron víctimas vinculadas al crimen organizado.

“Estamos ante un problema endémico que es la falta de seguridad. Escuchamos a uno de los panelistas decir cómo las generaciones jóvenes se están desencantando del sistema democrático, por la falta de respuesta y una que usualmente se nos achaca es la falta de respuesta efectiva contra la ola de inseguridad. No podemos olvidar que sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento”, remarcó Verdún.

Uno de los conceptos más fuertes que planteó el vicecanciller paraguayo es que el crimen organizado afecta a todos los países sin distinción ideológica y que la cooperación debe estar por encima de diferencias políticas. Sostuvo que ante esto, el principal desafío es construir confianza entre los jóvenes, independientemente a las ideologías políticas.

“El crimen organizado nos afecta a todos, afecta a todas nuestras sociedades en sus diversas gamas de delitos. Así que tenemos que eliminar el componente ideológico de la lucha contra el crimen organizado. Construir confianza entre los actores gubernamentales, particularmente entre nuestros organismos de seguridad y entre nuestros organismos de inteligencia”, acotó.

En tanto que, el primer secretario Sann Irún, destacó el papel de los países observadores y de la cooperación internacional para dotar a los Estados de mayores capacidades institucionales frente a amenazas complejas y transnacionales.

Remarcó que Paraguay agradece y valora el respaldo técnico y financiero que los observadores aportan a los proyectos de la OEA. Teniendo en cuenta que su cooperación impacta directamente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Estados para enfrentar amenazas complejas y transnacionales, como la lucha contra el crimen organizado, la trata de personas, los desafíos emergentes de la ciberseguridad, entre otros.

“Frente a un panorama global marcado por múltiples retos e incertidumbres, Paraguay reafirma que el éxito de nuestra acción colectiva radica en el respeto mutuo a las realidades nacionales, las prioridades de cada Gobierno y fundamentalmente el bienestar directo de nuestras comunidades”, acotó.

Asimismo, destacó que el Estado paraguayo renueva el reconocimiento por el constante apoyo a las misiones de observación electoral de la OEA. “El Paraguay las ha defendido siempre como una herramienta insustituible para el perfeccionamiento, blindaje y transparencia de nuestros sistemas democráticos”, remarcó.

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El Gobierno de Paraguay, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se une a una iniciativa estadounidense sobre la declaración conjunta de respaldo al Gobierno democrático de Bolivia, difundida el 23 de junio por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que está respaldada por un total de 16 países, en que se manifiesta la preocupación por los últimos bloqueos en la nación andina, dentro de un intento de debilitar su democracia.

El texto de la siguiente declaración fue emitido por los Gobiernos de Paraguay, los Estados Unidos de América, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá y Perú.

“Manifestamos nuestra profunda preocupación por los efectos de los bloqueos violentos de carreteras sobre la democracia y el estado de derecho en Bolivia. Los continuos esfuerzos por debilitar y derrocar al gobierno legítimo y democráticamente electo del presidente Rodrigo Paz representan una grave amenaza para el orden constitucional y la estabilidad democrática en el país y en el hemisferio”, señala el documento.

Continúa: “Una minoría violenta pretende desconocer la voluntad expresada por la mayoría de los bolivianos en las urnas hace apenas unos meses, rechaza la disposición del gobierno al diálogo y ha mantenido bloqueos de carreteras durante más de siete semanas, privando al pueblo boliviano de acceso a alimentos, atención médica, combustible y otros artículos de primera necesidad. Estas acciones han afectado gravemente la vida cotidiana de millones de ciudadanos y han puesto en riesgo derechos fundamentales”.

“Asimismo, se han registrado muertes de civiles bolivianos como consecuencia de las restricciones a la libre circulación en las vías, que les han impedido acceder oportunamente a medicamentos, hospitales o centros de salud. Por otra parte, manifestantes han causado lesiones a agentes de policía en el ejercicio de sus funciones. La violencia no puede subvertir el orden constitucional”, agrega.

Puntualiza también el respaldo “al gobierno boliviano constitucionalmente elegido e instamos a los grupos movilizados a priorizar el diálogo y la negociación dentro del marco constitucional establecido, como herramienta fundamental de la democracia”.

“Defender la libertad, la democracia y la seguridad hemisférica exige compromiso y cooperación. En este contexto, reafirmamos nuestro compromiso de continuar trabajando para fortalecer la estabilidad y preservar el orden democrático en nuestra región, y expresamos nuestra solidaridad con el gobierno democrático del presidente Paz y con el pueblo de Bolivia”, concluye.

En una entrevista con la agencia AFP, ayer martes, el expresidente Evo Morales insinuó sobre la posibilidad de “una guerra civil” al acusar al gobierno de Rodrigo paz por su “política neoliberal”, que en noviembre pasado puso fin a 20 años de gobiernos de izquierda. El exmandatario, en su refugio en la región selvática del Chapare donde permanece fugitivo, ordenó que se levanten los bloqueos tras decretarse el estado de excepción, el sábado pasado, para emplear las fuerzas armadas para despejar los cortes que generaban un desabastecimiento de alimentos y medicinas.

“No me voy a rendir”, dijo Morales, días después de que el gobierno amenazara con intervenir en el Chapare, su bastión político en el departamento de Cochabamba (centro), para capturarlo. “El que negocia su sobrevivencia no es digno”, agregó. La entrevista tuvo lugar en el poblado de Lauca Eñe, tras atravesar varios puestos de control para llegar hasta Morales.

Decenas de seguidores del dirigente cocalero permanecían en los alrededores de su refugio, algunos provistos de armas rústicas. Sobre el exmandatario pesa una orden de captura por un supuesto caso de trata de menor, que él niega y denuncia como “persecución” política.

Pregunta: ¿Cuál es su balance de las últimas semanas de protestas?

Respuesta: Es una sublevación contra el modelo neoliberal y el estado colonial. Y el resultado es un gobierno sin autoridad. Para mí, esto va a continuar. Esta “mentirocracia” causa mucha reacción del pueblo boliviano.

P: ¿El fin de los bloqueos es un triunfo del gobierno?

R: El gobierno se salvó por prebendas (a sectores) que negociaron a puertas cerradas. Solo quedaban bloqueos aquí en el Trópico de Cochabamba, que tiene mucha disciplina. Declaramos un cuarto intermedio (una pausa), pero no negociamos.

P: ¿Cree que el gobierno va a intervenir en el Chapare?

R: No hay motivo para intervenir, no hay bloqueos. Saben que aquí va a haber problemas, estamos bien organizados. Saben que compañeros se van a defender, nos van a defender. Nosotros no queremos que haya muertos, heridos.

P: ¿Qué hará si intenta hacerlo?

R: Con toda esta política neoliberal y estado colonial, están forzando que haya una guerra civil. El que negocia su sobrevivencia no es digno. Yo nunca negocié. Defender la hoja de coca es defender la soberanía, la dignidad del pueblo. La guerra de la coca es mucho más que la guerra por agua o por gas. Cualquier intervención militar, policial, (los campesinos) van a resistir.

P: ¿Qué responde a la acusación de supuesta trata de menor?

R: Proceso inventado. No encuentran nada de narcotráfico, de corrupción. Es un tema totalmente político. Como Evo no es corrupto, ni está ligado al narcotráfico, tratan de usar el tema de ‘pedófilo’. A la gente le causa risa.

P: ¿Qué vislumbra para los próximos meses en Bolivia?

R: Si no se resuelve el tema estructural, que es el tema económico, en cualquier momento cualquier sector se va a movilizar. Si no hay plan de cómo reactivar la economía estatal, entonces seguirá habiendo levantamiento y convulsión.

P: ¿Apoya el pedido de renuncia del presidente Paz?

R: Se ha generalizado ese pedido. Yo dije que tal vez una salida política constitucional sea convocar a elecciones. Pero nunca hemos pedido la renuncia. Aquí es evitar que se privatice la luz, el agua, la telecomunicación, los recursos naturales, la salud, la educación. Ese es el pedido.

Con información de AFP.

DESDE MI MUNDO

• Por Carlos Mariano Nin
• marianonin@gmail.com

Confieso que cada vez que escucho la palabra “sanción” asociada a la libertad de expresión, algo me incomoda. No me gusta.

No porque crea que todo está permitido, ni porque piense que el insulto sea una virtud. Tampoco porque considere que la grosería deba convertirse en argumento.

Me incomoda porque conozco la historia.

Las sociedades no suelen perder sus libertades de un día para otro. No ocurre con una explosión ni con un decreto espectacular.

Casi siempre sucede de manera gradual, con pequeñas concesiones. Con castigos que parecen razonables. Con decisiones que muchos celebran porque afectan a alguien con quien no simpatizan.

Hasta que un día descubrimos que el miedo se volvió costumbre.

Lo sabemos de sobra los paraguayos. Lo aprendimos durante décadas de dictadura, cuando el silencio fue ocupando espacios que antes pertenecían a la palabra, al pensamiento y a la crítica.

Esta semana, la FIFA decidió retirar de forma definitiva la acreditación mundialista al periodista paraguayo Jorge “Chipi” Vera, luego de sus exabruptos contra un árbitro tras la expulsión de un jugador de la selección paraguaya. Dijo en palabras lo que muchos pensamos.

Pero no voy a defender los insultos.

Las palabras tienen consecuencias y quienes trabajamos en los medios sabemos que la responsabilidad forma parte del oficio. En la radio y en la televisión existen normas, horarios de protección al menor y organismos encargados de velar por su cumplimiento.

Pero mientras observaba la polémica, mi preocupación caminaba por otro lado.

Pensaba en el poder, en quién establece los límites y quién tiene la capacidad de aplicarlos.

Porque el fútbol dejó hace tiempo de ser solamente fútbol. Se convirtió en una estructura global con influencia económica, política y cultural sobre millones de personas. Una organización capaz de decidir quién participa, quién accede y quién queda fuera.

Y allí aparece una cuestión que merece atención.

Cuando las instituciones más poderosas comienzan a regular cada vez más aspectos de la expresión humana, la línea entre la disciplina y el control se vuelve difusa.

La FIFA no es la única. El fenómeno atraviesa a buena parte del mundo moderno. Plataformas digitales, corporaciones, gobiernos y organismos internacionales avanzan sobre espacios que antes pertenecían al debate público, al disenso o simplemente al derecho de equivocarse.

La intención suele presentarse como razonable: promover el respeto, evitar excesos, mantener la convivencia.

Sin embargo, la historia enseña que la libertad rara vez desaparece por un acto dramático. Generalmente se desgasta por acumulación o por pequeñas renuncias. Por la costumbre de obedecer antes de hablar.

Por eso este episodio trasciende a un periodista y a una organización deportiva.

Habla de una época.

Una época en la que las herramientas para sancionar crecen más rápido que las herramientas para escuchar y muchas personas empiezan a medir cada palabra no por convicción, sino por temor a las consecuencias.

Y cuando el miedo ocupa el lugar de la conciencia, la libertad comienza a encogerse sin hacer ruido, imperceptible al comienzo. Así como una luz que se apaga lentamente mientras todos seguimos mirando hacia otro lado.

Pero esa… es otra historia

En el marco del 34.° aniversario de la Constitución Nacional de 1992 y de la conmemoración del recientemente instituido Día de la Constitución Nacional, el presidente de la República, Santiago Peña, encabezó este lunes el acto de apertura de la exposición “4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay”, realizada en el Archivo Nacional de Asunción. La Carta Magna se promulgó el 20 de junio de 1992 y se derogó la de 1967.

“Hoy conmemoramos el nacimiento de un Paraguay verdaderamente nuevo. Nuestra Constitución de 1992 es el texto que trajo democracia, pluralismo y el respeto a nuestros derechos después de décadas de autoritarismo. Este texto es el alma de nuestra democracia", expresó el mandatario en su cuenta de X. “Tenemos desafíos y deudas pendientes, pero esta Carta Magna es la herramienta que nos permite resolver nuestras diferencias en paz y seguir construyendo juntos el futuro”.

“Conocer nuestra historia es la mejor manera de defender nuestra democracia. La muestra ‘4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay’ es un recorrido completo por los documentos originales que forjaron nuestra nación. Les invito a visitarla con acceso libre y gratuito en el Archivo Nacional, de lunes a viernes de 7:00 a 19:00 y los sábados de 11:00 a 20:00″, puntualizó Peña.

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El jefe de Estado estuvo acompañado por la primera dama, Leticia Ocampos, autoridades nacionales, representantes de los tres poderes del Estado y convencionales constituyentes que participaron en la redacción de la Carta Magna vigente, quienes reflexionaron sobre el proceso constituyente, la consolidación democrática y la vigencia de los valores republicanos que dieron forma al Paraguay contemporáneo.

El jefe de Estado resaltó que la Constitución hizo posibles avances históricos para el Paraguay, como la alternancia política, el fortalecimiento de la participación ciudadana, el equilibrio entre poderes del Estado y la ampliación de derechos para sectores históricamente postergados. También valoró los logros alcanzados durante las últimas décadas bajo la vigencia del orden constitucional, señalando que el país logró fortalecer sus instituciones, ampliar oportunidades y avanzar en la reducción de la pobreza y la inclusión social.

Por su parte, el convencional constituyente José Antonio Moreno Ruffinelli compartió un relato sobre uno de los episodios menos conocidos del proceso de implementación de la Constitución de 1992.

Recordó las conversaciones mantenidas con el entonces presidente Andrés Rodríguez en los días posteriores a la aprobación de la nueva Carta Magna y relató cómo el diálogo entre las autoridades permitió superar una situación de incertidumbre institucional en torno a la jura de la Constitución.

A su turno, el convencional constituyente José Félix Fernández Estigarribia recordó el trabajo desarrollado por la Convención Nacional Constituyente entre diciembre de 1991 y junio de 1992, señalando que la nueva Constitución fue concebida para garantizar que las libertades recuperadas por el Paraguay perduraran en el tiempo.

Subrayó que la Carta Magna introdujo mecanismos destinados a limitar la concentración del poder, fortalecer el rol del Congreso, proteger la libertad de expresión y ampliar los derechos ciudadanos, sentando las bases de una democracia pluralista y participativa.

El convencional constituyente Emilio Camacho definió a la Constitución de 1992 como un gran pacto político, social, económico y cultural, construido a partir del consenso entre distintos sectores de la sociedad paraguaya.

Destacó que la Constitución ha logrado mantenerse vigente a pesar de las crisis y desafíos enfrentados por el país durante más de tres décadas, garantizando elecciones libres, el respeto a las libertades fundamentales y la plena participación política de los ciudadanos.

Camacho también valoró la promulgación de la ley que instituye el Día de la Constitución Nacional y señaló que su principal aporte consiste en promover el conocimiento y la difusión de los principios constitucionales entre las nuevas generaciones.

La jornada concluyó con un recorrido por la exposición “4 tiempos de la República. Las constituciones del Paraguay”, una muestra documental que propone un recorrido histórico por las constituciones de 1870, 1940, 1967 y 1992, a través de documentos originales, fotografías, publicaciones y testimonios conservados por el Archivo Nacional de Asunción.

A 34 años de su promulgación, la Constitución de 1992 fue recordada como el instrumento que permitió consolidar la democracia paraguaya, fortalecer las instituciones republicanas y garantizar los derechos y libertades que hoy forman parte de la vida democrática del país.

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