La Cámara de Senadores convocó a una sesión extraordinaria para el próximo 9 de marzo con el fin de tomar juramento a Emiliano Rolón Fernández como nuevo fiscal general del Estado (FGE) tras el fenecimiento del mandato de la actual titular del Ministerio Público, Sandra Quiñónez. El encuentro está fijado para las 8:30 y será el único punto a tratar en el plenario.
Al respecto, Rolón fue designado el pasado mes de diciembre por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de una terna elaborada por el Consejo de la Magistratura (CM), que incluyó a la exministra de Justicia Cecilia Pérez, quien se desempeña actualmente como ministra en la misión permanente de Paraguay ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el magistrado Gustavo Santander.
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A inicios de febrero pasado, Rolón presentó su renuncia como magistrado tras desempeñarse por 27 años como miembro del Tribunal de Apelación en lo Penal, Cuarta Sala. Semanas atrás, Rolón Fernández y Quiñónez ya habían iniciado el proceso del corte administrativo y dialogado en torno a los aspectos positivos y las deficiencias de la institución en el marco del proceso de transición
Rolón Fernández es doctor en Ciencias Jurídicas, abogado, notario y escribano público, egresado de la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Fue varias veces candidato a ministro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). También se desempeñó como juez de Primera Instancia en lo Criminal y en el año 2008 fue declarado inamovible como miembro del Tribunal de Apelación en lo Criminal.
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Ñemby: Fiscalía allanó vivienda y rescató a un perro víctima de crueldad
Tras una serie de denuncias, el Ministerio Público allanó una vivienda en la ciudad de Ñemby y rescató a un perro en terribles condiciones de salud, que pasaba todo el día atado y presentaba graves heridas en todo el cuerpo. Las autoridades abrieron una causa penal contra la propietaria por presunta crueldad animal.
El procedimiento estuvo encabezado por la agente fiscal Lourdes Bobadilla, quien junto con una comitiva policial y la Dirección de Defensa Animal llegaron hasta una vivienda ubicada en el barrio Villa Anita de Ñemby. La intervención se realizó tras una serie de denuncias por las pésimas condiciones en la que se encontraba el perro.
Los técnicos de la dirección de defensa y protección animal se encargaron de inspeccionar al can que presentaba lesiones severas en la piel y los ojos, además, aparentemente estaba bajo de peso. Al llegar al sitio se encontraba atado a la intemperie pese a que la jornada fue bastante lluviosa.
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“El animal, un perro mestizo de pelaje marrón, presentaba lesiones en los ojos y en la piel, según la denuncia presentada. Mediante la información proporcionada por los denunciantes se pudo individualizar el inmueble donde se encontraba la mascota”, detallaron en el informe de la Fiscalía.
En el sitio lograron identificar a una persona como la presunta propietaria del animal y la misma será convocada para prestar declaración en el marco de la investigación que quedó abierta por un supuesto hecho de maltrato animal, previsto en la Ley de Protección y Bienestar Animal.
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Senadores impulsan ley “Deisy Giménez” para unificar la Justicia en casos de violencia contra la mujer
Senadores de diferentes bancadas presentaron este lunes un proyecto de ley que busca crear juzgados y tribunales especializados en materia de violencia contra las mujeres. La iniciativa se denomina Ley “Deisy Giménez” en recordación a la joven víctima de feminicidio en la ciudad de Lambaré.
Son proyectistas los parlamentarios: Esperanza Martínez, Juan Eudes Afara, Yolanda Paredes, Blanca Ovelar, Rafael Filizzola, Arnaldo Samaniego y Lilian Samaniego.
Según fundamentan los congresistas, la propuesta pretende fortalecer la implementación de la Ley N° 5.777/16, de protección integral a las mujeres. Para ello se plantea la creación de una jurisdicción especializada que evite la dispersión de los casos entre distintos fueros (civil, penal, niñez y adolescencia, laboral) y las resoluciones divergentes entre juzgados.
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Reparar las fallas en casos de feminicidio
El proyecto se sustenta en datos del Ministerio Público que indican que entre enero de 2023 y octubre de 2026 se registraron 130 víctimas de feminicidio en el país (42 en 2023, 31 en 2024, 37 en 2025 y 20 en lo que va de 2026), además de más de 170 tentativas y más de 250 hijas e hijos que quedaron en situación de orfandad.
Se aclara que se reproduce el texto de un proyecto ya aprobado por el Senado el 2 de octubre de 2024 que no llegó a convertirse en ley. Se prevén incorporar dos ajustes: la actualización del cronograma de implementación (2027, 2028 y 2029) y una cláusula que remite al Código Penal la sanción de denuncias falsas.
Así también se menciona que el archivo o sobreseimiento de una causa no implica, por sí solo, que la denuncia fue falsa.
La senadora Esperanza Martínez propuso que la futura ley lleve el nombre de Deisy Paola Giménez Segovia, trágica víctima de un feminicidio que conmocionó al país.
Se quiere reparar de esta forma “el abandono y las fallas de las instituciones que deben garantizar la seguridad y la protección de las mujeres”.
“No alcanza con lamentar cada feminicidio. El Estado tiene que responder con instituciones capaces de prevenir, proteger y actuar a tiempo”, remarcó la parlamentaria del Frente Guasú.
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La violencia no da tregua: registran 20 feminicidios y 36 huérfanos en lo que va del año
El Programa de Datos Abiertos del Ministerio Público reveló un alarmante balance sobre la violencia de género en el país, registrando 20 víctimas de feminicidio en lo que va del año. Estas muertes violentas han derivado en la apertura de 19 causas penales, debido a que uno de los expedientes investiga el trágico asesinato de dos mujeres de forma simultánea.
La radiografía de la violencia expone una problemática sistémica que trasciende el asesinato, sumando 28 víctimas de tentativa de feminicidio. Asimismo, la Fiscalía reportó una muerte violenta caratulada provisionalmente como homicidio, seis casos de agresiones graves cometidas por exparejas y cuatro causas por tentativa de homicidio que afectaron a víctimas colaterales, entre ellas, un niño.
El perfil de las víctimas y agresores en relación con las edades se tiene que el rango etario de las víctimas fatales es desgarrador, abarcando desde los 12 hasta los 80 años, incluyendo a una menor que ni siquiera alcanzaba los 12 años de edad. Por su parte, los agresores tienen edades comprendidas entre los 18 y los 80 años.
En cuanto a la nacionalidad y la comunidad indica que 18 de las mujeres asesinadas eran de nacionalidad paraguaya, una de origen brasileño y dos pertenecían a comunidades indígenas. A su vez, la violencia destruyó familias enteras: 14 de las víctimas eran madres, dejando un saldo de 36 hijos huérfanos, de los cuales 26 son menores de edad (considerados víctimas indirectas).
Geografía y temporalidad del horror
El departamento Central se consolida como el epicentro del peligro para las mujeres, concentrando 12 de las 20 víctimas. El resto de los casos se distribuye en Concepción (3), Canindeyú (2), Asunción (1), Alto Paraná (1) y Caazapá (1).
Temporalmente, los meses más críticos fueron enero, con 6 reportes, y marzo, con 4. El resto de los crímenes se distribuyó entre julio (3), mayo (2), agosto (2), abril (1), septiembre (1) y octubre (1). En cuanto a los días de la semana, la violencia no dio tregua: los lunes y viernes registraron la mayor incidencia con 4 casos cada uno, mientras que los domingos, martes, jueves y sábados sumaron 3 casos por día.
El entorno y el arma
Los datos echan por tierra la idea de que el peligro está únicamente en la calle. El 75 % de los feminicidios (15 casos) ocurrió dentro de una vivienda, mientras que 5 se perpetraron en la vía pública.
Respecto a los métodos utilizados, los atacantes recurrieron principalmente al uso de armas blancas en 11 de los casos. Las armas de fuego cobraron la vida de 6 mujeres, mientras que las causantes de las muertes restantes fueron la asfixia (1 caso) y traumatismos por golpes severos (2 casos).
Vínculo con el atacante y situación procesal
El círculo más cercano sigue siendo el más peligroso. Las parejas actuales (8) y las exparejas (8) representan el 80 % de los agresores. El resto de los crímenes fue cometido por conocidos (2), un padrastro (1) y un propio hijo (1).
En el ámbito judicial, 15 presuntos responsables ya se encuentran formalmente imputados por el Ministerio Público. La impunidad por vía del suicidio se dio en 5 de los autores, quienes se quitaron la vida tras cometer el crimen. Por último, un sospechoso que contaba con orden de captura internacional fue detenido en Brasil, país donde será sometido a la Justicia.
El informe del Ministerio Público recuerda que la violencia de género no se limita al asesinato; engloba todo acto o acción sistemática que cause daño psicológico, físico o sexual, así como las amenazas, la coacción y la privación de la libertad, tanto en el ámbito público como en la intimidad del hogar.
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Acusan por cohecho pasivo y piden juicio oral contra exfiscal de Emboscada y su auxiliar
La fiscal Yeimy Adle acusó por cohecho pasivo agravado al exfiscal de Emboscada, Bernardo Javier Elizaur Aguirre, y a su exauxiliar, Lilian Andrea Florenciano Alfonso. El caso investiga una supuesta negociación de dinero para beneficiar a un procesado por lesión grave. Ante esto, el Ministerio Público solicitó que la causa sea elevada a juicio oral y público.
De acuerdo con el escrito acusatorio, los procesados habrían solicitado inicialmente G. 7.000.000 a la abogada defensora Corazón de María Corrales (representante de Mauricio Soel Méndez Gómez), a cambio de presentar un sobreseimiento provisional. Posteriormente, el monto habría aumentado a G. 10.000.000 para otorgar una salida procesal favorable. La investigación sostiene que Florenciano mantenía las comunicaciones con la defensa, mientras que Elizaur tenía a su cargo la decisión sobre el requerimiento fiscal.
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El 21 de septiembre de 2025, ante la falta de pago, el entonces fiscal acusó formalmente a Méndez por lesión grave y producción de riesgos comunes. La fiscal Adle señala que dicha acusación se presentó sin contar con los elementos médicos que la propia Fiscalía consideraba indispensables, pues el diagnóstico de la víctima seguía pendiente y aún no existía un dictamen del médico forense. “Esta secuencia revela que la posición procesal de la Unidad Fiscal no respondía a la existencia de elementos objetivos de convicción, sino que estaba supeditada al pago solicitado a la defensa”, indica el escrito.
El 13 de octubre de 2025, durante una entrega vigilada autorizada judicialmente, la abogada defensora y la hermana del procesado acudieron a la sede fiscal de Emboscada. Florenciano recibió G. 7.000.000, dinero que posteriormente fue hallado en el cajón del escritorio que utilizaba, quedando pendientes los G. 3.000.000 restantes. Tras recibir el pago, la exauxiliar condujo a las mujeres al despacho de Elizaur, quien manifestó que se allanaría a un pedido de suspensión condicional del procedimiento por dos años. Toda la conversación quedó registrada durante el operativo.
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