El agente fiscal Silvio Corbeta explicó los principales elementos con que cuenta el Ministerio Público para sustentar la acusación contra el exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, que están presentando durante el juicio oral que se desarrolla en la etapa de producción documental. Sostuvo que la comuna esteña no adquirió la totalidad de las mercaderías que figuran en los documentos, por lo que califica como “una licitación fraguada”.

El fiscal Corbeta mencionó durante una entrevista para el medio digital El Observador, que los informes de la Dirección Nacional de Contrataciones Pública (DNCP) y la Contraloría respaldan los cuestionamientos al procedimiento utilizado. También señaló que la empresa adjudicada “Tía Chela” no contaba con todo el stock declarado al momento de la recepción.

Mencionó además que durante el mismo tiempo, o el mismo periodo de tiempo fueron adjudicadas otras dos empresas más, entre marzo y abril del 2020, a la par que fue adjudicada Tía Chela, donde también se compraron más kit de alimentos.

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“Para nosotros, como Ministerio Público, es una licitación fraguada, o sea una licitación simulada; debido a que no se compró la totalidad de las mercaderías que figuran en las documentaciones de compra por parte de la Municipalidad. Esto no es una cuestión subjetiva mía, ni de ninguno de los colegas que me acompañan”, precisó.

El fiscal remarcó que esta acusación fiscal está sustentada en el informes de la DNIT que hizo una trazabilidad, y se pudo detectar que Tía Chela, no tenía todo el stock de estas mercaderías al momento en que supuestamente se hicieron estas notas de recepción.

Asimismo, mencionó además que la Municipalidad de Ciudad del Este utilizó de manera incorrecta la vía de excepción para las compras investigadas. “Esto tampoco es una cuestión subjetiva del Ministerio Público, ni mía, ni de ninguno de los agentes fiscales; sino que esto está sustentado en dictámenes tanto de la Contraloría como de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas”, remarcó.

En ese sentido, explicó que durante la pandemia este mecanismo debía estar vinculado a acciones de prevención y mitigación del coronavirus. Indicó que esas adquisiciones podían realizarse mediante una licitación pública para garantizar mayor transparencia. Señaló que el Ministerio Público sostiene que el procedimiento utilizado no ofreció las condiciones de transparencia requeridas.

El fiscal Corbeta vinculó el caso de Tía Chela, que fue para compra de kits de alimentos con la causa conocida como “Tajy”. Sostuvo que en ambos procesos se habría recurrido a la vía de excepción y se convocó a empresas vinculadas entre sí.

Explicó que en el caso Tajy también participaron firmas relacionadas con personas cercanas a la empresa adjudicada. El fiscal afirmó que incluso se repitió el uso de facturas de una misma empresa como respaldo de las operaciones.

No obstante, aclaró que el Ministerio Público no sostiene que los kits no hayan sido entregados, sino que cuestiona la vía utilizada para la contratación. Explicó, que la Municipalidad pudo haber recurrido a una licitación pública, con mayor cantidad de oferentes y condiciones para garantizar una mayor transparencia en el proceso.

“Para el Ministerio Público no existió esa transparencia y por eso no solo en este caso, el mismo modus operandi, se siguió en el segundo caso que está llevando a juicio oral el caso Tajy. Se hizo por la vía de la excepción, se convocó a empresas vinculadas a la señora Emili Vanessa Florentín propietaria de Vanemi S.A. Se invitó a a la empresa Tajy que fue la adjudicada, que era el tío de la señora Florentín, se invita a Vanemi y se invita al cuñado de la señora en ese entonces, el cuñado de la señora Florentín, es el señor Ayala que era un DJ”, precisó.

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María Dinora Mendoza, de 103 años de edad, declaró en el juicio oral y público que enfrentan el exaccionista de Mocipar, Dany Durand, y otros acusados en el caso del presunto esquema de estafa que afectó a numerosas personas.

La mujer relató cómo, tras finalizar su primer contrato, buscó continuar con los pagos para acceder al departamento que planeaba regalarle a su única hija.

La testigo explicó al Tribunal de Sentencia que el primer contrato terminó en el año 2015 y que, al finalizar el mismo, le ofrecieron artículos para el hogar.

Ella rechazó la propuesta porque su objetivo era seguir con el plan del inmueble: “Mis sueños estaban en el departamento. Yo me armaba todo en mi cabeza, cómo le iba a hacer el regalo, cómo le iba a hacer la entrega del departamento a mi hija”, señaló la víctima.

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Mendoza relató que consultó con una funcionaria si era posible continuar con el contrato y recibió una respuesta afirmativa. Posteriormente, acudió a una oficina ubicada sobre la avenida Presidente Franco donde, según recordó, fue recibida por un hombre a quien le explicó que iba para firmar un nuevo documento. El empleado le pidió que esperara y se retiró durante unos 15 o 20 minutos; al regresar, le indicó que la persona encargada de atenderla no se encontraba y que llevarían el contrato directamente a su domicilio.

La declaración fue seguida de cerca por el presidente del Tribunal de Sentencia, Matías Garcete, quien dejó su asiento para formularle las preguntas debido a las dificultades de audición de la mujer.

Mendoza también relató que, tras no recibir la contraprestación por la que había abonado más de G. 20 millones, evaluó acudir a la Justicia para buscar una reparación. Sin embargo, lamentó que algunas personas le recomendaron no hacerlo debido al poder económico y político de Dany Durand.

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Ciudad del Este. Agencia Regional.

En la Fiscalía de Ciudad del Este se abrió proceso contra un joven de 21 años por el supuesto hecho punible de estafa que se habría cometido mediante transferencias amañadas vía PIX. El sospechoso habría utilizado aparentes transferencias a través del citado sistema para obtener dinero de un cambista.

Para convencer a su ocasional víctima, el joven exhibía comprobantes de operaciones que posteriormente habrían sido canceladas o anuladas, según el escrito de imputación de la fiscal Julia González Medina, de la Unidad Penal 1.

Según los antecedentes, el primer hecho habría ocurrido el 30 de agosto de 2026, en inmediaciones de la Rotonda Reloj, en el microcentro de Ciudad del Este. En esa ocasión, el joven llegó al lugar, solicitó 475 reales a la víctima y manifestó que pagaría mediante PIX.

Luego habría mostrado desde su celular un comprobante de transferencia, ante esa supuesta prueba recibió el dinero. De esa forma, el dinero que aparentemente transfería se convertía en efectivo real.

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El segundo episodio se habría registrado el 24 de septiembre, en el mismo puesto de trabajo. Esta vez, el hoy imputado habría solicitado 2.500 reales y se repitió el procedimiento, haciendo creer a la víctima que el pago vía transferencia había sido realizado.

Mediante maniobras similares, la misma persona habría inducido a su víctima a entregarle un total de 2.975 reales (G. 2.800.000 al cambio actual). Posteriormente, habría cancelado las operaciones y conservado el dinero recibido, ocasionando un perjuicio patrimonial al cambista.

La fiscal Julia González reunió las evidencias para solicitar la detención del joven e imputarlo. La conducta fue calificada como estafa, en calidad de autor, y la representación fiscal solicitó un plazo de cuatro meses para concluir las diligencias investigativas.

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La agente fiscal Sandra Ledezma, coordinadora designada por la Fiscalía General para las Elecciones Municipales, informó que en el segundo corte del control que lleva adelante el Centro de Monitoreo Ministerio Público se contaba con un total de 18 detenidos por distintos hechos. Entre los casos figuran presunta compra de votos, violación del secreto del voto y usurpación de identidad. También se registraron denuncias por toma de fotografías al voto y personas que intentaron sufragar más de una vez.

Durante una conferencia de prensa desde el Ministerio Público mencionó que todos los casos continúan bajo investigación de la Fiscalía y no descartó que el número de detenidos podría ir en aumento.

En ese sentido, recordó que en el primer corte de la mañana se registraron 4 detenidos, que para el segundo corte se sumaron otros 14 detenidos, lo que hace un total de 18 detenidos. Al respecto, fue detallando cada caso, conforme a la localidad y fiscales intervinientes:

• Guairá: la fiscal Jaqueline Ortiz ordenó la detención de 3 personas por violación al secreto al voto.
• Mayor Otaño: la fiscal Mabel Martínez dispuso la detención de 1 persona por fraude electoral, se presentó a votar con cédula de otra persona.
• Itakyry: el fiscal Fernando Galeano dispuso 1 detenido por toma fotográficas de su voto en el cuarto oscuro.
• Comunidad Itanará Canindeyú: el fiscal Rodrigo Gianninotto recibió denuncias de que 3 indígenas de la parcialidad Avá Guaraní utilizaron la cédula de otra persona para votar. Se procedió a la aprehensión de personas por usurpación de identidad art. 317 Ley 834/96 del Código Electoral Nacional.
• Luque: la fiscal Sophia Galeano ordenó la detención de una persona en la Escuela Cañada San Rafael y otro en el Colegio Héroes de la Patria por sacar fotos al voto.
• Minga Guazú: el fiscal Enmanuel Santacruz ordenó la detención de 1 persona por toma fotográfica en el cuarto oscuro.
• Limpio: el fiscal Víctor Villaverde dispuso la detención de 2 personas por compra de votos.
• Pdte. Franco: el fiscal Alberto Torres dictó la detención de 1 persona por la compra de votos.
• Asunción: la fiscal Sandra Ledesma ordenó la detención de 1 persona que tenía 9 papeletas e intentaba depositarlas en la urna.

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Durante el monitoreo correspondiente al segundo corte de las jornadas electorales, las autoridades fiscales intervinieron ante diversas irregularidades reportadas en distintos puntos del país. Entre los reportes figuran casos de supuesto voto asistido y firma anticipada de papeletas en la Universidad Católica de Asunción y el colegio CPB de Encarnación, además de una denuncia sobre cámaras que apuntarían hacia el cuarto oscuro en un local de votación de J. Augusto Saldívar.

Mencionó que se recibieron denuncias por presunta compra de votos en Tomás Romero Pereira y en el Colegio Inmaculada Concepción, donde también se reportó la venta de bebidas alcohólicas en las inmediaciones de un local electoral. En Pirayú recibieron una denuncia por la presencia de dos puestos de comando político (PC) ubicados a menos de 200 metros del local de votación, mientras que en otro caso se denunció que una persona habría intentado votar en nombre de otra.

Entre otros hechos reportados, la Fiscalía mencionó la verificación policial de un toldo ubicado dentro del Colegio Verbo Divino, que supuestamente correspondía a la ANR, pero que finalmente no fue atribuido a ningún sector.

En Encarnación también se recibieron pedidos de allanamiento a raíz de disputas entre grupos políticos, mientras que en Ciudad del Este fueron incautadas credenciales presuntamente falsas. La Fiscalía indicó además que continúa monitoreando los reportes y denuncias difundidas a través de las redes sociales.

Sobre el caso puntual registrado en el Colegio María Auxiliadora de Loma Pytã, donde se habría detectado a una persona con varias papeletas previamente firmadas, indicó que la persona ya se encuentra detenida y será convocada este lunes para continuar con el proceso penal. También se investigará a los miembros de mesa para determinar si tuvieron participación en la firma de las papeletas.

Asimismo, explicó que los 18 detenidos fueron aprehendidos en flagrancia; pero que en comparación al reporte de la Policía Nacional, que habla de 24 detenidos, aclaró que algunos de ellos contaban con órdenes de captura por hechos anteriores y fueron identificados en los locales de votación y que no tienen que ver con delitos electorales.

Entre los elementos incautados durante los procedimientos figuran celulares, papeletas y cédulas de identidad. Las personas detenidas deben ser puestas a disposición del juez penal de garantías dentro del plazo establecido de 24 horas.

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