El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) realizó este lunes una reunión evaluativa de las capacitaciones realizadas en el interior del país con miras a las elecciones generales a realizarse el 30 de abril. En este encuentro se destacó la buena predisposición de los funcionarios de la institución electoral en su rol de capacitadores, según la institución.
Estos trabajos se realizaron en las oficinas de Registros Electorales, a cargo a cargo del Centro de Información, Documentación y Educación Electoral (CIDEE). En la primera etapa se desarrollaron temas como la divulgación del uso de las máquinas de votación, funciones de coordinadores de local de votación y junta cívica.
Este martes 21 proseguirán las capacitaciones en la sede central de la máxima institución electoral, dirigidas a funcionarios de las distintas dependencias, según el director del CIDEE, Joel Céspedes, quién destacó el compromiso y la responsabilidad de los trabajadores del TSJE de cara a los comicios nacionales y departamentales.
“Vamos a capacitar al 100% de los funcionarios, para que estén preparados, vamos a trabajar con todas las direcciones. Vamos a iniciar una divulgación masiva, esperando que toda la ciudadanía y todos los sectores políticos utilicen el servicio que les brindamos”, indicó Céspedes.
Asimismo, adelantó que el 8 de marzo la institución proseguirá con la segunda etapa de las capacitaciones, que consistirá en instrucción correspondiente a los miembros de mesa. “Es importante acotar que las instrucciones se realizan también para ampliar el conocimiento de los funcionarios que vienen realizando las tareas de capacitadores desde sus diferentes áreas de trabajo”, dijo finalmente.
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Trabas en proceso de licitación de máquinas de votación podría resolverse la próxima semana
El director de Financiamiento de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, indicó que la medida cautelar presentada por una empresa en el marco del proceso de licitación de las máquinas de votación, ya estaría siendo definida la próxima semana.
Una empresa había presentado la medida cautelar ante el Tribunal de Cuentas, que la hizo lugar; esta fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), por lo que el proceso se encuentra en la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Creemos nosotros que, si esta cuestión se soluciona en el transcurso de la próxima semana, y estamos confiados que va ser así, porque actualmente esta medida cautelar está en estudio de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, tenemos conocimiento que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas contestó inmediatamente el traslado que se corrió con respecto a la medida cautelar”, indicó en entrevista al programa Cara o Cruz.
Detalló que también ya se corrió traslado a la parte actora, y esta contestación ya se estaría dando la próxima semana para responder. “A partir de ahí creemos nosotros en la celeridad que van a imprimir los miembros de la Corte que integran esta Sala Penal”, refirió el alto funcionario electoral.
Por otra parte, mencionó que, a raíz de esto, el proceso licitatorio se encuentra parado. “Fuimos superando y salvando cada una de las etapas, cada una de las observaciones y creímos nosotros que ya estábamos encaminados como para la apertura de sobres, de la recepción de sobres que tuvimos y después de esto teníamos que pasar ya a la verificación técnica de las máquinas de votación y posterior recomendación del Comité de Evaluación al máximo órgano electoral”, manifestó.
Actualmente, el proceso está parado en la etapa de evaluación cualitativa de los documentos presentados por las empresas, una vez que se destrabe en la Sala Penal se debe pasar a la revisión técnica, donde cada empresa presentó cinco muestras de las máquinas que pretenden ofrecer.
“Nosotros tenemos que hacer pruebas de funcionalidad, es decir, pruebas de votación, si la batería resiste, tenemos que ver todo lo relacionado al secreto del voto, de que el voto no pueda ser tasable, que es algo muy importante y a todos los requisitos de la Constitución Nacional y las leyes”, sentenció.
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Demora con máquinas de votación forzaría a renegociar presupuesto el próximo año
El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, estima que todavía se tiene un ajustado plazo para cumplir con el calendario previsto para la adquisición de las máquinas de votación, proceso que en este momento está paralizado por una medida cautelar presentada por una empresa que no está en competencia. Caso contrario, la demora para este año obligaría a renegociar el presupuesto no ejecutado para este compra.
“Teniendo en cuenta lo último que sabemos, que es la suspensión decretada por una medida cautelar, con respecto a los plazos estamos justos, pero creo que vamos a llegar”, dijo el funcionario, este miércoles, en entrevista para el programa “Arriba hoy” de GEN y Universo 970 AM/Nación Media.
El proceso está trabado por una medida cautelar decretada por el Tribunal de Cuentas, segunda sala, a pedido de una empresa que protestó por un requisito de antigüedad en la provisión del servicio ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sin embargo, la firma estuvo ausente del trámite convocado por la Justicia Electoral.
El funcionario electoral, explicó que la Sala Penal es el órgano o la instancia competente para entender el grado de apelación, que es en el momento, ya que la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) apeló la medida cautelar resuelta u ordenada por el Tribunal de Cuentas, entonces esto sube a la Sala Penal y es esta instancia la que debe resolver. Este incidente, debe ser resuelto en la brevedad, de acuerdo al director electoral.
Falta apertura de ofertas
“Para nosotros tiene que ser lo antes posible, ahora mismo estamos trabados en la verificación documental, pasado esto tenemos que trabajar en la verificación técnica de las muestras que presentaron. Cada empresa presentó cinco máquinas y tenemos que hacer las pruebas técnicas de esas máquinas, eso nos va a llevar una semana, una semana y media”, indicó Ruiz Díaz.
Posteriormente, el informe elaborado tras esta etapa, debe ser remitido al Comité de Evaluación, que volverá a evaluar y establecer qué empresas pasan a la segunda etapa, que es la apertura del sobre económico, y “eso lleva otra vez su tiempo”. Luego queda la etapa de la adjudicación de la empresa seleccionada para proveer las máquinas.
“Tenemos la etapa de adjudicación, donde se pueden presentar otra vez protestas, tenemos la firma de contrato y, a partir de ahí, se da la orden para la producción de máquinas de votación. Entonces, para nosotros también estos plazos que estamos perdiendo son los que nos van a faltar al final. Si recibimos las máquinas en el país, para noviembre o diciembre, estamos bien”, sentenció.
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Basilisa Vázquez exige investigación sobre millonarios cursos del PLRA
La abogada liberal Basilisa Vázquez explicó que presentaron la denuncia penal ante el Ministerio Público para que se investigue el millonario faltante de fondos destinados a capacitación en el Instituto José P. Guggiari, dependiente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
“Estamos cansado de que se meta la mano y nadie se haga responsable de las deudas y las tragadas en el partido. Porque si uno mete la mano en la cuenta de tu partido, no sos un ladrón simplemente, sos un reverendísimo ladrón”, sentenció la apoderada liberal durante una comunicación con La Nación/Nación Media.
Mencionó que la denuncia penal ya está en poder de la agente fiscal Natalia Silva, que tendrá a su cargo investigar qué se hizo con los fondos que son finalmente proveídos por el Estado al Partido Liberal.
“Nosotros que hacemos política queremos custodiar los fondos del partido principalmente, ser transparente con la gente para que de esa manera podamos criticar a otros que no son de nuestro partido. El partido recibe fondos del Estado, es dinero de los contribuyentes, porque Hacienda (hoy Ministerio de Economía y Finanzas) nos transfiere esa plata, que es exclusivamente para usar en capacitaciones”. explicó.
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Cursos por G. 180 millones
Vázquez indicó que el presidente del PLRA, Hugo Fleitas, realizó presuntamente, en los últimos meses del año 2024, cuatro o cinco cursos que costaban G. 180 millones.
“Nadie sabe quién participó en ese curso, cuál fue el objetivo de esos cursos. Sin embargo, corre la versión con quien hace los cursos y gasta 10 millones de guaraníes, entonces se reparte el resto que ellos presupuestan en el instituto”. agregó.
La abogada Vázquez remarcó que desde siempre su lucha fue la transparencia del PLRA, recordó que así lo hizo con Efraín Alegre; y así va a ser con Hugo Fleitas, y no le harán callar ni Alcides Rivero, ni Ricardo Estigarribia, ni nadie que venga. “Voy a seguir con este mismo sistema. No voy a callarme ante estas barbaridades que están consistiendo”, enfatizó.
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Respecto al proceso de investigación, señaló que el Ministerio Público puede allanar la sede del partido si necesita más documentaciones; así como puede solicitar una observación al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para saber cómo están viendo la administración del partido.
“Es facultad ya de la investigación, por lo tanto, nosotros estamos a disposición de la investigadora Natalia Silva, o quien sea el que investigue. Si hay algún cambio, nosotros estamos ahí. No vamos a retroceder. Vamos a seguir con esta cuestión. De ninguna manera nos vamos a dar un paso atrás”, sentenció.
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TSJE urge concluir licitación para cumplir apretado calendario electoral este año
El director de Financiamiento Político de la Justicia Electoral, Christian Ruiz Díaz, explicó que la institución requiere de la recepción de las nuevas máquinas de votación hasta diciembre para poder cumplir con su calendario de capacitaciones y auditorías. Por lo que urge que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) defina la medida cautelar impuesta al proceso de licitación por una empresa que carece de la experiencia establecida como requisito.
“Hace 15 días, el Tribunal de Cuentas hizo lugar a una medida cautelar solicitada por una empresa que había presentado una protesta contra la adenda número 3 al pliego de bases y condiciones, en donde nosotros establecimos como criterio una experiencia de 10 años para aquellas empresas que sean fabricantes de máquinas de votación”, explicó el funcionario electoral, este viernes, en entrevista a la 1020 AM.
La empresa protestó ese requisito argumentando que era excesivo, solicitando que se baje a 5 años. Esta protesta fue rechazada por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), alegando que la empresa no es fabricante, sino proveedor de software, por lo que no existía agravio.
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La preocupación se agudizó
“La empresa presentó una reconsideración y, antes de resolver la DNCP, antes de agotar las instancias internas, ya recurrieron al Tribunal de Cuentas y les otorgó la medida cautelar que suspende el proceso de licitación. En esa etapa estamos actualmente, la DNCP apeló esta resolución con la cual se otorga la medida cautelar. La apelación atiende la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia”, indicó.
Ruiz Díaz sostuvo que esta situación ya se vuelve muy preocupante debido al tiempo que se está perdiendo para el calendario previsto. También compromete en la parte presupuestaria, teniendo en cuenta que la empresa adjudicada debe cumplir con la entrega de 5.000 máquinas para que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) realice la transferencia de los pagos.
“La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es la que tiene que resolver, no manejo los plazos, pero son plazos importantes. Si estábamos preocupados, esa preocupación se agudizó, teniendo en cuenta que esta etapa, esto que nos está pasando ahora, no estaba dentro de lo presupuestado por llamar de cierta manera”, manifestó.