El economista Ramón Ramírez, interventor de la municipalidad de Ciudad del Este, realizó una evaluación de su gestión en general en estos 37 días que se lleva adelante la intervención. Brindó un adelanto de los principales hallazgos respecto a la administración del intendente Miguel Prieto.

Ramírez informó durante una entrevista con Radio Concierto, de la capital del Alto Paraná, que están ejecutando una auditoría al sistema informático del área de recaudaciones y los primeros reportes que están recibiendo son preocupantes. Indicó que no hay un sistema de auditoría al propio sistema que permita la trazabilidad en las ejecuciones de cobro.

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“Esto quiere decir que alguien puede tocar la cuenta de un contribuyente, por ejemplo, en la cuenta de Benigno puede poner pagado y luego puede modificar. No existe una ruta para saber quién modificó las cuestas. No sabemos las personas que no pagaron, pero que figuran como pagado, o viceversa; no existe la trazabilidad de este sistema”, comentó.

Ante esta grave situación, indicó que decidió realizar la auditoría informática del sistema, porque los primeros reportes han sido muy preocupantes y estarán presentando en el reporte, con las sugerencias de un plan de mejoramiento que debería ser aplicado cuanto antes.

Ramírez remarcó que al terminar su intervención su reporte no se va a centrar en presunciones, sino que se sustentará en hechos puntuales, documentaciones que esté fehacientemente comprobado y en esa línea se encuentra actualmente trabajando.

“Si bien, hay varias situaciones que se prestan a la presunción, pero la naturaleza de nuestro trabajo nos obliga a reducir todas esas presunciones”, enfatizó.

Asimismo, reconoció las dificultades que están sorteando, de tal modo que el servicio municipal no se vea afectado, pese a la notarias directrices para obstruir la intervención.

El interventor valoró que pese a las grandes trabas que están poniendo algunos funcionarios municipales para llevar adelante la gestión municipal; destacó que hay otros funcionarios que “se ha puesto verdaderamente la camiseta de la institución”, y está permitiendo cumplir con los servicios.

En cuanto a las recaudaciones, señaló que sí están con indicadores negativos en relación a los meses del año pasado. Aclaró que el mes de julio, siempre ha tenido la particularidad de ser los meses de menor recaudación en el histórico.

No obstante, instó a la ciudadanía a acercarse a realizar los pagos de sus tributos, de tal modo a que el municipio tenga el oxígeno necesario para cumplir con sus obligaciones.

“El ambiente de desconfianza en el municipio es tremendo. Nosotros a puertas cerradas, nos dicen que tratan de colaborar al máximo. Pero también nos dicen que, al salir por esa puerta, reciben fuertes presiones y fuertes observaciones”, comentó.

Indicó que la presión se da en todas las escalas o los niveles del funcionariado, desde el funcionario menor o modesto hasta los niveles superiores.

El interventor aseguró que toda la información que está reportando está respaldada en hechos demostrables y documentaciones. Indicó que encontró 22 cajas chicas distribuidas en toda la administración, lo que involucraba a unos 150 millones de guaraníes, entre todas las asignaciones ya sea de G. 5 millones a G. 15 millones.

Explicó que, de acuerdo a su experiencia en otras instituciones, la distribución de las cajas chicas por direcciones, solo se debe dar si existe un control estricto. Ya que en la administración en general están concentradas en la dirección de administración y finanzas.

“Sorprende aquí la segmentación de esa figura, podría decir que en algunos podría ser necesarias, para una respuesta rápida. Pero eso hace que el uso sea de forma discrecional”, acotó.

Como interventor, señaló que ahora está en constante control bajo su director de finanzas que lleva adelante un diario monitoreo del área de tesorería y recaudaciones, sobre todo.

El interventor Ramírez ratificó una vez más que en materia de las licitaciones y los procesos de contratación promovidos por el intendente Prieto, mantienen un patrón de “ganadores consuetudinarios”.

Entre los que puso como, por ejemplo, la firma de SERMAQ, de Fredy Guzmán Martínez Báez, socio de tragos de Miguel Prieto, quien, desde el inicio de la gestión del hoy jefe comunal cesado, tuvo en menos de tres años contratos por 13 mil millones de guaraníes.

“Sus esquemas de llamados son calcados, hacían obras con contratos abiertos, con montos mínimos y máximos, pero al final todos se hacían con el precio máximo. Son cuestiones que hacen que se presuman el direccionamiento en las Contrataciones Públicas”, explicó.

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El director de Financiamiento Político del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Christian Ruiz Díaz, comunicó que desde este jueves corre el plazo de 7 días hábiles para que las dos empresas cuyas ofertas fueron rechazadas presenten sus protestas ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) en el proceso licitatorio de 28.000 máquinas de votación electrónica.

“Desde hoy corre el plazo que vencerá el próximo viernes (8 de agosto). Las protestas deben ser presentadas ante la DNCP, que luego nos notificará dentro del plazo de 3 días. A partir de la notificación, el TSJE tendrá un periodo de 5 días para contestar las protestas. A partir de ahí quedará de vuelta en campo de la DNCP, que tendrá 35 días para resolver”, comentó en el programa “Así son las cosas” del canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

De las tres empresas oferentes, el Consorcio Paraguay Democrático, compuesto por SmartMatic, Excelsis y Celex, superó el análisis técnico. En tanto, las ofertas de las firmas Consorcio Comitia - Msa y Miru Systems Co. Ltd fueron rechazadas por incumplimientos documentales y técnicos en las pruebas de funcionalidad exigidas.

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Si ninguna de las descalificadas presenta protesta, la apertura del sobre dos está prevista para el sábado 30 de agosto. Las citadas firmas han sido rechazadas por el TSJE por cuestiones sustanciales, formales y técnicas, señaló Ruiz Díaz. Una de las exigencias establecidas en la licitación para la provisión de las máquinas de votación es que tenga una pantalla LCD táctil que no necesite calibración. Sin embargo, Comitia S. A. presentó un dispositivo que requiere calibración.

Otra de las fallas es que los boletines de voto podían volver a imprimirse, es decir, la máquina carecía de elementos de seguridad para que un boletín usado vuelva a ser utilizado. Respecto a la firma coreana Miru System, tuvo ciertas dificultades con la exposición al calor.

“A todas le sometimos a pruebas de calor, teniendo en cuenta el clima en Paraguay, tenemos un cuarto acondicionado por el INTN (Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología), ahí introducimos una máquina de votación, la coreana no resistió el calor, lo que implicó que salgan borrosos los boletines”, mencionó Ruiz Díaz.

El pasado 15 de julio, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmó oficialmente el calendario electoral rumbo a las elecciones municipales de 2026. Según lo resuelto, las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se llevarán a cabo el domingo 7 de junio de 2026, mientras que las elecciones municipales se realizarán el domingo 4 de octubre del mismo año.

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Los ministros del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín y Jaime Bestard, justificaron la decisión de adquirir nuevas máquinas de votación, argumentando que la medida representa una inversión estratégica que permitirá al Estado ahorrar más de USD 100 millones en los próximos procesos electorales.

Jorge Bogarín sostuvo que las elecciones municipales y generales pasadas se realizaron con máquinas alquiladas, lo que implicó un costo de entre USD 30 y 33 millones por cada proceso. En cambio, con la compra actual estimada en USD 93 millones, se podrán cubrir al menos diez elecciones, lo que generaría un ahorro considerable para las arcas públicas.

“Estamos en presencia de un ahorro para el país de más de USD 100 millones y creo que es una inversión fundamental para lograr la autonomía e independencia de la institución y para la credibilidad de las autoridades que son electas en estas condiciones”, aseguró.

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En la misma línea, el ministro Jaime Bestard señaló que depender del alquiler limita la soberanía del TSJE sobre los procesos electorales. “Cuando se alquila, las máquinas se retiran al terminar el evento. Incluso, durante una interna o elección general, la empresa puede llevárselas por otros compromisos, generando desconfianza en la ciudadanía”, explicó.

Bestard también destacó que ser propietarios de las máquinas y de la tecnología brinda tranquilidad y permite reaccionar con agilidad ante eventuales elecciones imprevistas. Afirmó ante la 1020 AM que, si se audita y fiscaliza adecuadamente, el sistema electrónico ofrece mayor seguridad que el voto con papeletas dado que el acta no se puede alterar.

Ambos ministros coincidieron en que la adquisición busca fortalecer la institucionalidad electoral, aumentar la credibilidad del sistema y garantizar mayor transparencia en el desarrollo de los comicios.

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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) informó este miércoles que concluyó la evaluación técnica de las ofertas para la adquisición de 28.000 máquinas de votación electrónica, en cumplimiento de la Ley 6318/19. Las mismas serán usadas en los comicios internos partidarios, en las elecciones generales municipales del 2026 y en las presidenciales del 2028.

De las empresas oferentes, el Consorcio Paraguay Democratico, compuesto por SmartMatic, Excelsis y Celex, superó el análisis técnico. Las ofertas de las firmas Consorcio Comitia - Msa y Miru Systems Co. Ltd fueron rechazadas por incumplimientos documentales y técnicos en las pruebas de funcionalidad exigidas.

Desde el ente electoral detallaron que se establecerá un plazo de 7 días hábiles para que las empresas puedan formular sus protestas. Luego, la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas tendrá un periodo de 35 días para expedirse sobre las eventuales protestas. Las citadas empresas han sido rechazadas por cuestiones “sustanciales, formales y técnicas”.

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Superado el citado proceso, se pasará al analisis de las ofertas económicas presentadas por las empresas que finalmente deberán ser analizadas para la etapa de adjudicación. El precio de referencia establecido en la licitación es de USD 93 millones.

El TSJE aguardaobtener para este año un total de 5.000 máquinas de votación par iniciar el proceso de capacitación a la ciudadanía y a los miembros de los partidos políticos, además de avanzar en la capacitación interna de sus funcionarios.

El pasado 15 de julio, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) confirmó oficialmente el calendario electoral rumbo a las elecciones municipales de 2026. Según lo resuelto, las elecciones internas simultáneas de las organizaciones políticas se llevarán a cabo el domingo 7 de junio de 2026, mientras que laselecciones municipales se realizarán el domingo 4 de octubre del mismo año.

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