El senador Fernando Silva Facetti encabezó una mesa de trabajo con el propósito de analizar la ejecución de la Ley de Emergencia Penitenciaria en su rol de vicepresidente de la Comisión de Prevención, Lucha contra el Narcotráfico y Delitos Conexos. El legislador manifestó que es necesario que se dé cumplimiento a la voluntad política y legal del Congreso, que tiene que ver con la contratación de funcionarios por concurso público.
Además, explicó que la Ley de Emergencia Penitenciaria no solamente autorizaba a los policías y los militares a tomar activa participación en la custodia externa de los penales, sino que también permitía la contratación de funcionarios, haciendo la salvedad de que esto debía ser vía concurso, priorizando el nivel de profesionalización de los futuros funcionarios.
Por su parte, Cristina Bogado, ministra de la Secretaría de la Función Pública, expresó que las normas establecidas deben ser aplicadas y cumplidas mediante el debido proceso. También remarcó que los funcionarios que fueron contratados sin pasar por un concurso deberán aprobar un examen para fijar su continuidad, procedimiento que se llevará a cabo en la brevedad posible, a decir de la ministra.
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Finalmente, Alberto Benítez, ministro de Justicia, indicó que el mecanismo legal para el concurso será analizado por las instituciones vinculadas y posteriormente se realizarán los procesos reglamentarios correspondientes; la mesa de trabajo instalada se llevó a cabo en la sala de reuniones de la presidencia del Senado.
Con la sanción de la mencionada ley, se busca urgentemente recontratar a casi 1.000 guardiacárceles, por lo que se amplía el Presupuesto General de la Nación (PGN) y se establecen los objetivos del plan de seguridad penitenciaria. La justificación para aprobarse la ley estuvo relacionada con el alto grado de hacinamiento y la incidencia de la criminalidad organizada en el sistema penitenciario, lo cual demandaría un mayor grado de vigilancia y control.