En el cierre del quincuagésimo sexto período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos, celebrado del 22 al 24 de junio del 2026 en la Ciudad de Panamá, el Estado paraguayo planteó que la lucha contra el crimen organizado debe convertirse en una prioridad regional basada en la cooperación internacional, el fortalecimiento institucional y la coordinación entre Estados.

El gobierno de Paraguay estuvo representado por el vicecanciller Víctor Verdun y el primer secretario, Luis Jerónimo Sann Irún, quienes coincidieron en el planteamiento de dejar de lado las diferencias ideológicas para enfrentar amenazas transnacionales que afectan la seguridad, la democracia y el desarrollo de las naciones.

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Este encuentro multilateral se desarrolla bajo el lema "América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá“, y con el tema ”Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados miembros“.

Al respecto, Vedun señaló que la inseguridad es el principal problema de la región; si bien, indicó que América Latina suele considerarse una zona de paz por la ausencia de guerras, recordó que solo el año pasado hubo unas 100.000 víctimas de crímenes violentos, de los cuales el 30 % fueron víctimas vinculadas al crimen organizado.

“Estamos ante un problema endémico que es la falta de seguridad. Escuchamos a uno de los panelistas decir cómo las generaciones jóvenes se están desencantando del sistema democrático, por la falta de respuesta y una que usualmente se nos achaca es la falta de respuesta efectiva contra la ola de inseguridad. No podemos olvidar que sin seguridad no hay inversión y sin inversión no hay crecimiento”, remarcó Verdún.

Uno de los conceptos más fuertes que planteó el vicecanciller paraguayo es que el crimen organizado afecta a todos los países sin distinción ideológica y que la cooperación debe estar por encima de diferencias políticas. Sostuvo que ante esto, el principal desafío es construir confianza entre los jóvenes, independientemente a las ideologías políticas.

“El crimen organizado nos afecta a todos, afecta a todas nuestras sociedades en sus diversas gamas de delitos. Así que tenemos que eliminar el componente ideológico de la lucha contra el crimen organizado. Construir confianza entre los actores gubernamentales, particularmente entre nuestros organismos de seguridad y entre nuestros organismos de inteligencia”, acotó.

En tanto que, el primer secretario Sann Irún, destacó el papel de los países observadores y de la cooperación internacional para dotar a los Estados de mayores capacidades institucionales frente a amenazas complejas y transnacionales.

Remarcó que Paraguay agradece y valora el respaldo técnico y financiero que los observadores aportan a los proyectos de la OEA. Teniendo en cuenta que su cooperación impacta directamente en el fortalecimiento de las capacidades institucionales de los Estados para enfrentar amenazas complejas y transnacionales, como la lucha contra el crimen organizado, la trata de personas, los desafíos emergentes de la ciberseguridad, entre otros.

“Frente a un panorama global marcado por múltiples retos e incertidumbres, Paraguay reafirma que el éxito de nuestra acción colectiva radica en el respeto mutuo a las realidades nacionales, las prioridades de cada Gobierno y fundamentalmente el bienestar directo de nuestras comunidades”, acotó.

Asimismo, destacó que el Estado paraguayo renueva el reconocimiento por el constante apoyo a las misiones de observación electoral de la OEA. “El Paraguay las ha defendido siempre como una herramienta insustituible para el perfeccionamiento, blindaje y transparencia de nuestros sistemas democráticos”, remarcó.

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El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, en contacto con la Embajada de la República del Paraguay en el Estado Plurinacional de Bolivia, mantiene un constante seguimiento a la situación de los paraguayos que se encuentran varados en el vecino país; a raíz de la profunda crisis social marcada por protestas y bloqueos de rutas en distintos departamentos.

Desde hace varias semanas, el gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta una de las movilizaciones sociales, que han provocado severas dificultades para el tránsito terrestre, afectando el transporte de pasajeros, el abastecimiento de productos y la circulación entre ciudades. Esto no solo afecta a los ciudadanos bolivianos, sino que llevó a las autoridades paraguayas a activar mecanismos de asistencia consular para ciudadanos que quedaron varados en territorio boliviano.

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Por tanto, la Cancillería nacional informó a través de un comunicado que la Embajada paraguaya en Bolivia se encuentra realizando el seguimiento y brindando asistencia a los paraguayos varados en las localidades de Confital y Panduro, a raíz de los bloqueos de rutas registrados en el país. Cabe mencionar que estas localidades no son aleatorias, son puntos estratégicos de la Carretera Troncal de Bolivia, la principal ruta que conecta el oriente (Santa Cruz) con el occidente (La Paz, Oruro) y las salidas hacia los puertos del Pacífico (en Chile y Perú).

Las autoridades diplomáticas paraguayas confirmaron además que hay otros connacionales que permanecen en la zona fronteriza entre el Perú y Bolivia; que de igual forma están recibiendo asistencia de la Embajada de la República del Paraguay en el Perú.

Ante las protestas y cortes de rutas, que ya lleva varias semanas y que afectan a distintas regiones de Bolivia, el Gobierno paraguayo activó estos mecanismos de asistencia para connacionales varados y reiteró la recomendación de no viajar al vecino país.

“Las autoridades paraguayas reiteran la recomendación a los ciudadanos nacionales de evitar trasladarse a Bolivia mientras persista la situación de conflictividad y las protestas que se vienen desarrollando desde hace varias semanas, atendiendo a las dificultades para el tránsito terrestre y el desplazamiento dentro del país”, concluye el comunicado de la Cancillería.

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La Organización de Estados Americanos (OEA) vive momentos turbulentos a una semana de su 56.ª asamblea general en Panamá, con presiones de Washington en todos los frentes, incluida la secretaría general, bajo el mando del surinamés Albert Ramdin. El gobierno de Donald Trump dice que la OEA debe mejorar su gestión interna, ser más ágil y más alineada con su agenda conservadora, centrada en la seguridad regional.

Washington no ha entregado aún su contribución a la organización, de en torno a los 47 millones de dólares, lo que representa prácticamente la mitad de su gasto corriente, según datos oficiales de la organización del mes de junio. Para 2027 no hay una partida específica para la OEA en el proyecto de presupuestos estadounidenses.

Situada a apenas unas cuadras de la Casa Blanca, la OEA y sus cerca de 500 empleados viven una situación delicada. “La solicitud de presupuesto (...) concentra la financiación en siete organizaciones internacionales, incluida la OEA, que promueven directamente los intereses de Estados Unidos”, precisó explicó un portavoz del Departamento de Estado a la AFP bajo anonimato.

Pero según un documento interno del Congreso, la situación es más ambigua. El gobierno Trump “ha solicitado 5.000 millones de dólares para un nuevo Fondo de Oportunidades America First, que (...) podría utilizarse para proporcionar una cantidad no especificada de fondos a organizaciones internacionales”.

Esta situación se asemeja a la presión financiera que ejerce Estados Unidos sobre la ONU, y deja amplio margen al Departamento de Estado para financiar los proyectos que le interesen, y eso incluye a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las fuentes consultadas explican que el año pasado, Washington esperó a la segunda mitad del año para desembolsar paulatinamente su parte.

“Es como una espada de Damocles sobre tu cabeza”, explicó a la AFP una fuente del Consejo Permanente de la OEA, bajo anonimato. “Si retrasan mucho el pago, eso crea una situación que la organización tiene que hacer préstamos internos de tesorería”, añadió. “Algunos países pagan por adelantado y eso ayuda, pero a largo plazo se crea una situación que no es sostenible”, indicó. Esa presión se traslada al plano diplomático.

La agenda de la asamblea permanente de Panamá, del 22 al 24 de junio, se vio muy complicada por las objeciones de Estados Unidos. El representante estadounidense, Leandro Rizzuto, un multimillonario cercano a Trump, fue confirmado en octubre de 2025 por el Senado. Rizzuto consiguió descarrilar una propuesta sobre los derechos de los afrodescendientes en la región, que estaba siendo consensuada en el seno del Consejo Permanente.

Luego la invitación de organizaciones exteriores a la OEA provocó una crisis en el seno del Consejo, que tuvo que dedicarle dos sesiones al tema para desbloquear la situación. Estados Unidos sorprendió al resto de representantes del Consejo (33 presentes en la actualidad) con una exigencia: sacar de la lista a organismos como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).

Invitar a ese tipo de organizaciones a la asamblea general es una medida de cortesía, que habitualmente no genera mayores problemas. Esas instituciones no votan ni participan activamente en el encuentro de los cancilleres. La insistencia de la legación estadounidense causó revuelo y obligó a protagonizar varias votaciones consecutivas. Sus demandas fueron finalmente rechazadas con amplias mayorías.

El Consejo Permanente de la OEA ha recogido el gran cambio de ciclo político en América Latina, y los debates a menudo son dominados por las voces de los gobiernos conservadores. El gobierno de Trump no está solo en sus discursos beligerantes en el seno del Consejo Permanente. El secretario general de la organización también pasa por momentos delicados. Ramdin tuvo que desprenderse de su jefa de gabinete, Xaviera Jessurun, inmersa en una investigación por corrupción en su país, Surinam.

Washington le revocó su visado diplomático. Jessurun dejó su cargo “por circunstancias fuera de control”, explicó Ramdin, según publicó un medio de comunicación surinamés, StarNieuws. La salida de esta alta funcionaria deja en mala posición a Ramdin, y con el suspense en torno a la financiación sin resolver.

Fuente: AFP.

El titular de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), Agustín Encina Pérez, firmó un convenio con el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, en Washington D.C., Estados Unidos.

De esta manera se formaliza la cooperación entre ambas instituciones en torno al programa “Avanzado de Profesionalización en Gestión Estratégica de Compras Públicas“, el cual involucrará ofertas académicas del Instituto Técnico Superior de Compras Públicas (ITSCP) y la Escuela de Gobierno de la organización internacional.

El Programa Avanzado está dirigido a funcionarios públicos y sociedad civil de los Estados Miembros del organismo.

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Incluye diversos ejes temáticos como:

• gestión de contratos públicos
• compras públicas sostenibles
• valor por dinero
• inteligencia artificial en las contrataciones públicas
• compra pública de innovación, entre otros.

Desde la DNCP se informó que los cursos podrán realizarse mediante la modalidad virtual, en las plataformas digitales del instituto y de la Escuela de Gobierno, tanto en español como en inglés.

“Este acuerdo constituye un paso fundamental para la DNCP, como representante del Paraguay, en el nuevo rol asumido al frente de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG), al concretar una de las iniciativas propuestas al inicio de la actual gestión: la profesionalización de los actores intervinientes en los procesos de adquisiciones”, destaca un comunicado de la DNC.

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