El presidente del Congreso Nacional, Basilio “Bachi” Núñez, refutó las críticas de legisladores de la oposición y constitucionalistas aliados que califican como un atropello a la Constitución Nacional al proyecto de ley que pretende impulsar la reglamentación del artículo 189, referente a la senaduría vitalicia.

“Yo les sugiero que lean la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que es la que interpreta y custodia la Constitución Nacional. En su fallo habla bien claro que los senadores vitalicios no tienen impedimentos para ser senadores activos. Si la máxima instancia judicial en dos oportunidades ya se pronunció, quiénes somos nosotros para opinar lo contrario”, dijo el titular legislativo, este miércoles, a través de una conferencia de prensa.

Núñez sostiene que ningún expresidente de la República está inhabilitado para ejercer un cargo público o electoral, y lo que se busca es reglamentar para que los mismos tengan una participación activa en la política.

“Este proyecto de reglamentación habilitará a todos los expresidentes de la República. No podemos nosotros a exmandatarios, que son senadores vitalicios, que es un cargo honorifico, una distinción sacarle la posibilidad de seguir sirviendo al país", refirió.

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El parlamentario también rechazó la tesis de que una eventual ley no tendría efecto retroactivo. “Se nota un desconocimiento, sugiero leer a otros constitucionales y constituyentes de nuestro país y de otros como la Argentina para que tener mayor luz. A la vez, que se lea la sentencia de la Corte”, sentenció.

El proyecto de ley fue presentado por Núñez el pasado lunes, a días del receso parlamentario, que iniciará el 21 de diciembre y se extenderá hasta el próximo 1 de marzo. La iniciativa deberá ser girada a las diferentes comisiones asesoras de la Cámara de Senadores para sus dictámenes correspondientes y posterior tratamiento en plenaria.

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• HOY.COM.PY

En la Cámara de Diputados fue presentado un proyecto de ley “De indemnización a víctimas de sentencias judiciales en los juicios conocidos como ‘mafia de los pagarés’”, con el propósito de reparar los perjuicios ocasionados por resoluciones judiciales que afectaron gravemente a ciudadanos inocentes.

El proyecto fue presentado por el diputado colorado David Jara, explicó como fundamentación de motivos que el Estado paraguayo, como garante de los derechos ciudadanos, tiene la obligación constitucional de responder y reparar los daños causados por sus agentes en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales.

El legislador argumentó que el caso conocido como “mafia de los pagarés”, representa una situación excepcional de responsabilidad estatal, en la que múltiples personas fueron víctimas de sentencias judiciales abusivas y perjudiciales, pronunciadas en el marco de juicios ejecutivos tramitados en los juzgados de paz del distrito capital.

El documento establece que, por única vez y de manera excepcional, el Estado otorgará una indemnización económica a las víctimas, en reconocimiento al derecho a una compensación justa y adecuada, previsto en el artículo 36 de la Constitución Nacional.

• Por Lourdes Torres, lourdes.torres@nacionmedia.com.

Paraguay fue anfitrión del 180.° Período Ordinario de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que se desarrolló en Asunción, del 22 al 26 de setiembre. En un balance de lo que ha dejado esta actividad internacional, el juez paraguayo Diego Moreno destacó la relevancia histórica y simbólica de que el tribunal interamericano sesione nuevamente en el país, a 20 años de la primera visita.

En una charla con La Nación/Nación Media, Moreno señaló que este encuentro no debe quedarse en gestos protocolares, sino convertirse en una oportunidad para que el Estado paraguayo asuma acciones concretas en favor de las víctimas del sistema, refuerce el cumplimiento de las sentencias y fortalezca la democracia y el Estado de derecho.

Recordó que una sentencia que no se cumple es una sentencia que no repara a las víctimas, que no logra evitar futuras violaciones y que no hace justicia en el plano de la realidad.

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Tiene un impacto muy grande; la Corte IDH es un tribunal que, desde hace varios años, tomó la decisión de sesionar, siempre que sea posible (lo que por lo general se da dos veces al año), fuera de su sede, que es la ciudad de San José, en Costa Rica.

La primera visita fuera de la sede se dio precisamente hace 20 años, y Paraguay fue el primer país en el que la Corte IDH celebró un período de sesiones fuera de San José. Estas visitas permiten dar a conocer el trabajo del Tribunal, acercar a la Corte IDH a la gente de cada país, mantener audiencias de supervisión de cumplimiento de sentencias pendientes en cada país, llevar a cabo seminarios de divulgación y otros eventos que hacen a la labor de la Corte IDH.

En Paraguay, esta es la tercera vez. La primera fue en 2005, hace 20 años; la segunda, si mal no recuerdo, en 2014, y ahora, 20 años después de aquella primera sesión, volvemos a sesionar acá. Por eso es que esta visita ha resultado tan simbólica.

Tiene una enorme relevancia. En primer lugar, con esta invitación, el Estado paraguayo, con todos los desafíos y hasta las críticas que puedan hacerse, exterioriza un gesto importante que consiste en invitar a la Corte IDH a sesionar acá.

La Corte IDH visita los países por invitación de los propios Estados, y este es un gesto que hay que destacar. Ahora bien, no todo puede quedar en gestos. Esta debe ser una ocasión para que el Estado adopte acciones concretas que evidencien un compromiso con las víctimas del sistema, con el cumplimiento íntegro de las sentencias y con generar condiciones más propicias para la promoción y protección de las libertades fundamentales en el país. Ahí tenemos desafíos enormes.

Las evalúo de forma muy positiva. Hubo un esfuerzo muy grande de distintos actores locales que tuvieron que realizar un enorme trabajo de coordinación y articulación con la Secretaría de la Corte IDH para que todo saliera de la mejor manera posible. Percibo que mis colegas, jueces y juezas, y todo el personal de la Corte IDH están muy contentos, porque sienten la hospitalidad y el cariño del pueblo paraguayo.

También hubo un espacio de diálogo con la sociedad civil, en el que algunos actores pudieron dar a conocer sus reclamos; reuniones protocolares y de trabajo con distintas autoridades, audiencias públicas, deliberaciones, etc. En fin, ha sido un periodo muy movido y con mucho trabajo, pero enormemente productivo. Mucha gente a nivel local, en coordinación con la Secretaría de la Corte IDH, se ha esmerado muchísimo para que esto sea un éxito.

Creo que la relación entre Paraguay y la Corte IDH se tiene que fortalecer día a día. Somos parte de la Convención Americana desde 1989, y en el año 1993 reconocimos la competencia de la Corte IDH, decididos a dejar atrás un pasado de violaciones graves y sistemáticas a los derechos, aunque, por supuesto, los retos persisten.

Pero somos parte de la OEA desde mucho antes, desde su fundación formal en 1948, e incluso desde las primeras conferencias americanas de fines del siglo XIX. Estos vínculos se tienen que fortalecer con acciones concretas que evidencien un compromiso de nuestro Estado y de nuestra sociedad con la democracia, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Considero muy positivo el gesto del Gobierno de invitar a la Corte IDH a sesionar en nuestro país, pero ese gesto, por supuesto, se tiene que complementar con acciones concretas en favor de las víctimas y del fortalecimiento de la democracia y el Estado de derecho.

Hay varios desafíos. Creo que colectivamente todos los pueblos de las Américas debemos seguir trabajando para fortalecer el sistema interamericano de protección de derechos humanos como una instancia coadyuvante para construir mejores instituciones democráticas, que tengan siempre como principio rector el respeto irrestricto de la dignidad humana.

He expresado públicamente mi preocupación e interés, como ciudadano (no solo como juez), de que no solo Paraguay, sino todos los países, cumplan a cabalidad las sentencias de la Corte IDH. Pero ya harán mis colegas las evaluaciones del caso sobre los avances y desafíos que aún persisten a nivel nacional, en razón de que yo no puedo intervenir en casos contra el Estado paraguayo, ni siquiera en instancia de supervisión de cumplimiento de sentencias.

Lo que sí le puedo decir, a nivel regional, es que, si bien tenemos avances importantes, debemos seguir trabajando de forma colectiva para lograr el pleno cumplimiento de todas las sentencias de la Corte IDH en todos los países de la región. Una sentencia que no se cumple es una sentencia que no repara a las víctimas, que no logra evitar futuras violaciones y que no hace justicia en el plano de la realidad.

Altas. Estoy muy contento porque se hizo un gran esfuerzo para poder trabajar de buena manera y mostrar que en Paraguay se pueden hacer bien las cosas. Quiero agradecer a todas las instituciones y personas que se esforzaron tanto para que la Corte IDH pudiese sesionar en Paraguay.

Solamente mantener el compromiso firme que asumí ante los Estados que forman parte de la Convención, y ante la opinión pública interamericana, de que voy a dejar hasta la última gota de sudor para trabajar porque los Estados cumplan con sus obligaciones internacionalmente contraídas en materia de derechos humanos, y que se proteja siempre a las víctimas.

De paso, me gustaría dejar el nombre de mi país en alto, haciendo el mejor trabajo posible como juez de nacionalidad paraguaya. Aunque no represente a mi país, porque el cargo lo ejerzo a título personal, no por eso dejo de ser el juez nacional de Paraguay en la Corte IDH, y eso constituye un estímulo y una responsabilidad enorme.

A tres años de presentarse, la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia integrada por Víctor Ríos, Gustavo Santander y César Diesel hizo lugar parcialmente a la acción de inconstitucionalidad promovida por Gerardo Bermúdez, directivo de la firma Montego Trading S.A. y Crown City Online Paraguay S.A., y sobrino de Hernán Bermúdez, alias “Comandante H” o “El Abuelo”, líder de un cartel de droga en México y quien fue expulsado de nuestro país días atrás.

Con la determinación adoptada por la Corte, el juicio oral y público para los principales directivos de la firma Montego Trading S.A. quienes deben ser juzgados por violación a la ley de juegos de azar quedará suspendida hasta tanto se vuelva a estudiar en la cámara de apelación otros incidentes que habían presentado los acusados.

Están procesados en el presente caso Carmen Carolina Duarte y Erik Fernando Martín Vázquez, también directivos de la firma Montego Trading S.A. Lo más llamativo de la resolución es que la acción de los acusados en el presente proceso penal se presentó en el año 2023, pero la sala constitucional de la Corte decidió resolver dicha acción cinco días después de iniciarse el juicio oral, lo que se presume es que el sobrino del capo narco mexicano tendría fuertes vínculos con algún integrante de la máxima instancia judicial.

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Debido a la presente resolución, el tribunal de sentencia integrado por Cándida Fleitas, Laura Ocampo y Fabian Weinsensee, quienes tampoco gozan de buena reputación, tuvieron que posponer la prosecución del juicio oral. Es importante mencionar que este mismo colegiado, con el voto en disidencia de Fleitas, había otorgado permiso para viajar a Bermúdez a México, y todo apunta a que era para poder resguardar la llegada de algún familiar del líder del cartel de México, Hernán Bermúdez, alias “Comandante H” o “El Abuelo”.

De acuerdo con la acusación fiscal, el perjuicio ocasionado por los acusados al Estado sería de G. 1.500 a 1.800 millones.

Bermúdez con otros casos

Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino del supuesto jefe narco Hernán Bermúdez alias “Comandante H” o “El Abuelo”, cuenta igualmente con otro proceso penal en nuestro país y es por violación de la ley de juegos de azar.

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