El senador del Partido Hagamos Patrick Kemper señaló que si corresponde una reducción de la tarifa de Itaipú para nuestro país, así como Brasil ya lo hizo, esta reducción se debe trasladar a los usuarios paraguayos en sus facturas de la Ande.
El titular de la Comisión de Industria, Comercio y Turismo del Senado manifestó que una reducción de la tarifa para el usuario paraguayo será de gran ayuda atendiendo a que los precios de la canasta familiar y servicios en general tuvieron aumentos en todo el año 2022 y el poder adquisitivo perdió su valor notablemente.
“Entiendo la posición de la Ande que quiere mantener o aumentar sus utilidades en caso que se reduzca, porque esas utilidades significarán mayor inversión para los planes que tienen para el sistema eléctrico paraguayo, pero mi posición es que, si trasladamos esa reducción a las facturas de los paraguayos, no solo vamos a darle un alivio al bolsillo de las familias, sino que será un atractivo para inversiones en fábricas, en industrias, el impulso a pequeñas y medianas empresas que significan mano de obra y empleo para nuestros compatriotas”, argumentó Kemper.
Dijo además no estar de acuerdo con la posición de autoridades de la Administración Nacional de Electricidad (Ande) de mantener los costos actuales de la tarifa, un poco más de 20 dólares por kWh al mes y que, si eventualmente se reduce como lo hizo Brasil a menos de 13 dólares KWh al mes, esa reducción debe trasladarse a la factura de los paraguayos. Kemper agregó que el gobierno debe tener más empatía con la gente, por la situación actual del país, con una alta inflación y el aumento del costo de vida.
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Títulos falsos: comisión especial trabajará en varias etapas
El senador Patrick Kemper preside la comisión especial para investigar presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, y este miércoles presentó un informe al pleno de la Cámara de Senadores sobre el esquema de trabajo que desarrollarán los integrantes de la comisión durante las indagaciones. En este sentido, indicó que el trabajo estará dividido en varias partes.
“Va estar dividido el trabajo, inicialmente en varias etapas, que va ser presentado en nuestra próxima reunión de la semana que viene, nuestra primera reunión de trabajo formal. Queremos dividir ese trabajo en varias etapas donde primero abordaremos un diagnóstico institucional y normativo, se definen los objetivos generales específicos, cuáles son las instituciones que van a ser parte del proceso de investigación o recabación de información”, refirió el senador durante la sesión ordinaria.
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En este sentido, la comisión involucra al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes), a la Contraloría General de la República (CGR), a la Secretaría de la Función Pública, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), entre otras instituciones.
“Creemos poder completar un mapa institucional, una matriz de competencia, una matriz de responsabilidades legales, nos costó mucho encontrar un lugar donde tengamos toda la información junta, y creemos que ese va ser uno de los aportes dentro de nuestro informe final”, expuso Kemper.
Además, se desarrollará una etapa “para tener un censo nacional de universidades, instituciones y carreras, ya que nos cuesta mucho poder encontrar en un solo lugar todo. Estamos preparando una batería de informes que probablemente vamos a comenzar a enviar desde mañana o el viernes, para poder tener informaciones oficiales de instituciones que son parte de este proceso”.
Como resultado de esa etapa de informes, el objetivo es desarrollar una base de control académico, también definir las falencias, y en una siguiente etapa avanzar en una auditoria forense de títulos y certificados con el fin de identificar la autenticidad documental. También se incluye la investigación sobre un posible esquema de venta o comercialización, donde se pretende determinar sobre la intermediación para la obtención de los títulos.
Ya en el informe final, el senador señaló que el objetivo es dejar un plan nacional de acción “donde se pueda tener un informe técnico, un informe jurídico, un informe legislativo, de responsabilidades, una base de riesgo institucional, una agenda legislativa para presentar al pleno del Senado”.
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Núñez cuestiona proyecto de divorcio exprés: “Estará enlenteciendo algunos casos”
El presidente del Congreso Nacional, Basilio Núñez, manifestó que el oficialismo impulsa la postergación del proyecto “que modifica el artículo 5 de la Ley n.° 45/91 ‘que establece el divorcio vincular del matrimonio“, más conocido como ”divorcio exprés". El proyecto de ley figura entre los puntos más resaltantes a ser tratado por la Cámara Alta en la sesión ordinaria de este miércoles.
“Este proyecto de ley nace de un sector progresista, va contra lo tradicional, contra la familia. En vez de darse un divorcio exprés, estará enlenteciendo más algunos casos”, indicó Núñez a los medios de comunicación, antes del inicio de la reunión legislativa.
La propuesta es impulsada por los senadores Lilian Samaniego, Arnaldo Samaniego, Eduardo Nakayama, Blanca Ovelar, Natalicio Chase, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain y José Oviedo. De acuerdo a los proyectistas tiene como finalidad simplificar, agilizar y abaratar los procesos de disolución matrimonial por mutuo consentimiento.
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El proyecto de ley ya cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de Equidad y Género para su aprobación con modificaciones. “Nosotros vamos a pedir la postergación o iremos por su rechazo“, comentó Núñez.
Puntos propuestos
La iniciativa mantiene el requisito de haber cumplido al menos un año de matrimonio para solicitar el divorcio, los cónyugues deberán comparecer personalmente ante el juez quien intentará inicialmente una reconciliación, establece una audiencia de ratificación entre los 30 a 60 días posteriores para confirmar la decisión.
También establece que de no existir la ratificación de la voluntad de divorciarse el expediente será archivado y no podrá reabrirse hasta después de un año, la sentencia solo podrá dictarse cuando exista consentimiento mutuo y perseverante de ambas partes, se exigirán documentos como certificados de nacimiento, de matrimonio y copia de cédula de identidad.
A la vez propone como condición de admisibilidad que los cónyugues no deberán poseer bienes comunes o deberán encontrarse bajo el régimen de separación de bienes, el proceso no impondrá costas judiciales a las partes, una vez cumplido todos los requisitos y presentada la documentación exigida el juez deberá dictar sentencia en un plazo máximo de 3 días.
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Senado abre investigación sobre emisión de títulos superiores presuntamente falsos
El senador Basilio Núñez, presidente de la Cámara de Senadores, encabezó la instalación de la Comisión Especial de Investigación de carácter transitorio para el estudio de los hechos relacionados con la emisión, comercialización y utilización de títulos, diplomas y certificaciones de educación superior, formación técnica, profesional y de posgrado, presuntamente falsos o irregulares, que se llevó a cabo este lunes en la Cámara Alta.
Como primera medida, se conformó la mesa directiva, que quedó integrada por el senador Patrick Kemper, como presidente; la senadora Esperanza Martínez, como vicepresidenta; y el senador Dionisio Amarilla, como relator.
Asimismo, integran la comisión los senadores Blanca Ovelar, Derlis Maidana, Lizarella Valiente, Juan Carlos Galaverna Ortega, Zenaida Delgado, Rafael Filizzola, Celeste Amarilla, Noelia Cabrera y Yolanda Paredes.
Ruta de Trabajo
Tras su designación como presidente de la Comisión, el senador Patrick Kemper explicó que durante la reunión se definieron los lineamientos iniciales de trabajo y los mecanismos que permitirán recepcionar denuncias ciudadanas.
“Conversamos sobre los canales que vamos a habilitar para que cualquier ciudadano pueda presentar denuncias, así como sobre una plataforma virtual que estaremos socializando próximamente. Básicamente, hemos definido la hoja de ruta del trabajo que desarrollaremos”, señaló.
Indicó además que la comisión convocará a representantes de las distintas instituciones vinculadas al ámbito educativo y desarrollará una labor investigativa con el objetivo de elaborar un informe final dentro del plazo inicialmente establecido de seis meses, periodo que podría ampliarse si las circunstancias así lo requieren. Adelantó que el informe incluirá recomendaciones y eventuales propuestas legislativas.
Entre las primeras convocatorias previstas figuran autoridades del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), del Consejo Nacional de Educación Superior (CONES), así como representantes de universidades públicas y privadas. No obstante, aclaró que aún no se definieron los días ni los horarios de las reuniones de la comisión.
Por su parte, la senadora Esperanza Martínez sostuvo que uno de los primeros casos a ser investigados debería ser el de la Universidad Sudamericana, atendiendo a las denuncias que la involucran.
Según manifestó, dicha institución habría expedido alrededor de 2.500 títulos en un periodo de tres a cuatro años en unas veinte carreras, por lo que consideró necesario que sea uno de los primeros casos analizados para desarrollar una metodología de investigación.
Añadió que la comisión buscará identificar y exponer posibles mecanismos de corrupción que pudieran haberse instalado dentro del sistema de educación superior.
A su turno, el senador Dionisio Amarilla ratificó las expectativas generadas en torno a la comisión y destacó la importancia de profundizar las investigaciones.
Consideró que una de las primeras medidas debería ser solicitar al Ministerio de Educación y Ciencias un informe detallado sobre el registro de títulos de grado y posgrado expedidos en los últimos años.
La senadora Lizarella Valiente enfatizó que la situación resulta especialmente grave para quienes han obtenido sus títulos mediante años de esfuerzo, inversión y sacrificio personal.
Asimismo, advirtió que el uso de títulos presuntamente irregulares para el ejercicio profesional o para acceder a beneficios dentro de la función pública podría configurar un perjuicio para el Estado paraguayo, por lo que consideró necesaria la participación del Ministerio Público.
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“Paraguay necesita una política energética clara para sostener su desarrollo industrial”
El presidente de la Unión de Ingenieros de la ANDE (UIA), Manuel Mettel, sostuvo que nuestro país necesita avanzar hacia una política energética de largo plazo que permita aprovechar de manera eficiente un recurso que considera cada vez más estratégico.
En conversación con Universo 970 AM/Nación Media, recordó que Paraguay dispone actualmente de energía limpia y renovable proveniente de las hidroeléctricas, pero advirtió que se trata de un recurso limitado que debe ser administrado con criterios de sostenibilidad y desarrollo económico.
Según explicó, la postura de la UIA respecto a los decretos derogados estuvo vinculada al análisis de los efectos que podrían generar contratos con tarifas por debajo de los costos reales de suministro y con plazos de vigencia muy extensos. A criterio del gremio, este tipo de esquemas podría trasladar costos futuros al resto de los usuarios y generar distorsiones en el sistema eléctrico nacional.
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Mettel señaló que uno de los principales desafíos es que Paraguay se aproxima a una etapa en la que necesitará incorporar nuevas fuentes de generación interna para atender el crecimiento de la demanda energética. Estas alternativas, sostuvo, tendrán costos superiores a los de la generación hidroeléctrica actual, lo que obliga a planificar cuidadosamente la utilización de la energía disponible.
En ese escenario, considera fundamental que las decisiones sobre tarifas y condiciones de suministro se apoyen en criterios técnicos y financieros sólidos. En particular, destacó el rol de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) en la definición de los mecanismos que regirán para futuros proyectos industriales.
El empresario recordó que la carta orgánica de la ANDE establece parámetros para la fijación de tarifas y para garantizar la sostenibilidad financiera de la institución. Entre los objetivos se encuentran asegurar recursos suficientes para cumplir con sus compromisos financieros, mantener la calidad del servicio y ejecutar las inversiones necesarias para expandir la infraestructura eléctrica.
Asimismo, indicó que la discusión energética no debería centrarse únicamente en proyectos específicos, sino en una visión integral sobre cómo utilizar la energía como herramienta de desarrollo económico.